Por Alejandro Meléndez

• En su Segundo Informe de Gobierno, Claudia Sheinbaum celebró la “Prosperidad Compartida”, la baja de homicidios y un Poder Judicial electo. No mencionó a las más de 130 mil personas que siguen sin localizar ni los 12 años del caso Ayotzinapa.

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 01 de septiembre de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo compareció ante el pueblo de México a 23 meses de haber asumido el cargo. Recorrió cifras de recaudación, salarios, becas, hospitales, trenes, fertilizantes y una caída de 51 por ciento en homicidios dolosos. Dijo que el gobierno no reprime, que se respeta la libertad de expresión y que “la seguridad es fruto de la justicia”. Agradeció el cambio en el Poder Judicial “porque se nota claramente la diferencia entre el pasado y el presente”.

En las más de 8 mil palabras del discurso no hay una sola referencia a las personas desaparecidas ni al caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.

Esa omisión no es menor. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, al corte de agosto de 2026 hay más de 132 mil personas en calidad de desaparecidas o no localizadas. El universo histórico de registros supera los 400 mil. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe de 2026 sobre desapariciones en México, habla de una práctica “generalizada” y estima más de 70 mil cuerpos no identificados bajo custodia del Estado.

El gobierno federal ha reportado localizaciones masivas —más de 31 mil desde octubre de 2024, según un informe de marzo— y una reforma a la ley de 2025 para fortalecer la búsqueda. Colectivos y organizaciones advierten, sin embargo, que una parte de esas “localizaciones” corresponde a depuración del registro, ausencias voluntarias o personas que realizaron trámites después de ser reportadas, no a hallazgos que cierren carpetas de desaparición forzada o cometida por particulares. En lo que va de 2026 se han abierto cerca de 12 mil nuevos reportes.

Ayotzinapa, a 25 días de cumplir 12 años

El 26 de septiembre se cumplirán 12 años de la desaparición de los 43 normalistas en Iguala. Cinco días antes del informe, el 27 de agosto, Sheinbaum se reunió con madres y padres. Segob habló de cuatro líneas prioritarias: nuevas detenciones, análisis de sábanas telefónicas de aquella noche, revisión de actores y gestiones de extradición. El exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivera está vinculado a proceso por desaparición forzada. El gobierno anunció un informe público antes del aniversario.

Los familiares reconocieron “avances”, pero los consideraron insuficientes para saber dónde están los jóvenes. Su abogado, Isidoro Vicario, insistió en que falta información sobre el paradero. Han pedido el regreso de un mecanismo internacional de expertos y que se agoten las líneas que involucran a autoridades y al Ejército. En julio, la CNDH emitió una recomendación de 867 páginas que excluyó de responsabilidad institucional a Sedena y Semar y cuestionó trabajos previos del GIEI y de la CoVAJ; el gobierno se deslindó de ese documento.

Ninguno de esos hechos —ni la cifra nacional, ni la reunión de agosto, ni el aniversario que está a la vuelta— entró al Patio de Honor de Palacio Nacional el 1 de septiembre.

“La justicia está haciendo su trabajo”

El contraste que el propio informe propone es el del Poder Judicial renovado por voto popular. “Hoy, también el Poder Judicial es elegido por el pueblo”, dijo la presidenta. Más adelante: “Gracias, también, al cambio en el Poder Judicial, porque se nota claramente la diferencia entre el pasado y el presente”.

Esa frase es el punto de fricción. Para el gobierno, la elección de jueces, la coordinación con la Fiscalía y las detenciones de “objetivos prioritarios” acreditan que el aparato de justicia opera. Para las familias buscadoras, para los padres de Ayotzinapa y para organismos como la CIDH, el saldo es otro: carpetas que no avanzan, fosas que siguen apareciendo, restos sin identificar y un caso de Estado que a 12 años no ha entregado verdad ni paradero.

La presidenta sí habló de derechos humanos, pero en clave de política exterior y de principios constitucionales: el trato a connacionales en centros de detención de Estados Unidos —17 muertos—, la no intervención, la promoción de derechos en el discurso diplomático. Habló de la Ley de Feminicidio, de pueblos indígenas como sujetos de derecho público y del agua como derecho humano. No habló de la herida que, según su propia Secretaría de Gobernación en agosto, “sigue abierta”.

El informe de gobierno es un acto de narrativa: elige qué contar y qué dejar fuera. Este 1 de septiembre el Estado mexicano eligió contar la baja de homicidios, el salario mínimo y los programas del bienestar. Eligió no contar a los que no aparecen. El informe sobre Ayotzinapa, prometido para antes del 26 de septiembre, llegará después de que el discurso presidencial ya haya cerrado el telón.

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