EFE. Ciudad de México. 12 de junio de 2026.- El Comité de Madres y Padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 urgió este viernes a la Secretaría de Gobernación de México a convocar a las instituciones involucradas en el caso para revisar los avances de la investigación, retomar líneas pendientes y evitar la criminalización de sus protestas.

En un posicionamiento dirigido a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, fechado este viernes en Ayotzinapa, las familias solicitaron una reunión integral con la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (CoVAJ) y la unidad especial del caso, sin sustituir los encuentros periódicos con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Los padres acusaron que desde 2024 se abandonaron líneas de investigación impulsadas tras el descrédito de la llamada “verdad histórica”, versión oficial del Gobierno anterior a 2018, que la CoVAJ consideró un montaje para encubrir responsables y ocultar el paradero de los normalistas.

Según el comité, esas indagatorias apuntaban a la participación de cuerpos de seguridad, células de Guerreros Unidos y funcionarios locales en Iguala, donde los estudiantes fueron detenidos la noche del 26 de septiembre de 2014.

Las familias pidieron centrar esfuerzos en dos lugares prioritarios: la comandancia de la policía municipal de Iguala, adonde, según documentos militares, habrían sido llevados al menos 17 jóvenes antes de un posible traslado, y los sitios de Jardines del Sol y Laguna de Tuxpan, donde podrían haber sido llevados por lo menos 11 estudiantes.

También solicitaron una comisión de trabajo con cinco madres y padres, cuatro asesores jurídicos, la CoVAJ y la unidad especial para analizar 33 folios militares y extraer datos que el Ministerio Público pueda diligenciar e integrar como pruebas para una eventual judicialización.

El comité exigió además a la Cancillería colocar en el diálogo bilateral con Estados Unidos la extradición de los exfuncionarios Tomás Zerón de Lucio y José Ulises Bernabé, a quienes considera claves por su presunta relación con torturas, alteración de escenas y conocimiento de lo ocurrido en la comandancia policial.

Las familias pidieron asimismo asistencia técnica internacional del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), cuya labor, señalaron, fue fundamental para desmontar la versión oficial inicial y abrir nuevas rutas.

A Gobernación, exigieron que no se criminalice ni reprima al movimiento ni a los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos por las protestas recientes, en el contexto de la inauguración del Mundial de Fútbol 2026.

“Nos mueve el amor a nuestros hijos”, afirmaron al negar vínculos con la ultraderecha y pedir que no se abran investigaciones penales contra padres o estudiantes.

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EFE. Ciudad de México. 04 de marzo de 2026.- Un juzgado federal ordenó al Ejército mexicano entregar la totalidad de la información generada en 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CFRI) con sede en Iguala, estado de Guerrero, relacionada con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en uno de los casos más emblemáticos de violaciones a derechos humanos en México.

En un comunicado, organizaciones civiles informaron que el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en Ciudad de México resolvió el pasado 19 de febrero de 2026 el juicio de amparo 1350/2023 y determinó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) debe entregar todos los documentos elaborados ese año por el CFRI “Centro”, así como por otras instancias militares de inteligencia.

En su fallo, el juez estimó que existe una brecha aproximada de 853 folios que no han sido entregados y respecto de los cuales debe facilitarse el acceso para garantizar una búsqueda efectiva de la verdad.

La sentencia precisa que la falta de continuidad en los documentos no demuestra su inexistencia, sino que constituye un indicio de que la información obra en poder de las autoridades militares y debe ser proporcionada.

La resolución deriva de una demanda presentada en agosto de 2023 por las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.

En ella reclamaron la omisión de autoridades militares de entregar todos los reportes de inteligencia producidos en 2014, en presunto incumplimiento del decreto presidencial emitido en 2018 que obliga a dependencias federales a colaborar plenamente en el esclarecimiento del caso.

Las familias señalaron la responsabilidad de Defensa, en particular de sus áreas de inteligencia, por el ocultamiento de documentos cuya existencia fue revelada en el sexto y último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

En ese informe, el GIEI documentó que tuvo acceso a comunicaciones internas del Ejército elaboradas por el CFRI en 2014, relativas al seguimiento realizado a los estudiantes durante y después de los hechos del 26 y 27 de septiembre en Iguala.

Sin embargo, los folios proporcionados estaban incompletos, lo que evidenció documentación faltante y un presunto ocultamiento por parte de la institución castrense.

Ante lo que consideraron una parálisis de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (COVAJ) y el estancamiento de la investigación, las familias acudieron a la justicia federal.

La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había advertido que los avances se habían ralentizado por la falta de entrega de información por parte de la Defensa.

El fallo reconoce el derecho de las familias a la verdad y establece que la información no puede clasificarse como confidencial o secreta, dado el interés preponderante de las víctimas y de la sociedad en conocer lo ocurrido.

En septiembre de 2023, dentro del mismo proceso, un tribunal colegiado ya había ordenado al Ejército abstenerse de destruir, depurar u ocultar cualquier información relacionada con el caso.

A más de once años de la desaparición de los estudiantes en Iguala, el caso Ayotzinapa continúa sin resolverse y las familias mantienen acciones legales en México y en instancias internacionales para exigir el acceso completo a la información que podría contribuir a esclarecer el paradero de sus hijos.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 02 de julio de 2025.- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, se encuentra en la etapa final para designar al nuevo titular de la Comisión de Búsqueda de Personas, tras recibir el lunes 30 de junio la terna de candidatos seleccionada por el secretario de Gobierno, César Cravioto. Entre los finalistas destaca Luis Gómez Negrete, quien expresó su agradecimiento por ser considerado y reafirmó su compromiso con las familias de personas desaparecidas.

En un mensaje compartido en su cuenta de Facebook, Gómez Negrete celebró su inclusión en la terna, acompañado por Rosalba Vences Peña y José Miguel Édgar Cortez. “Es un honor haber sido considerado en esta terna. Estoy seguro que gracias al apoyo decidido de más de 100 familias, integrantes de alrededor de 10 colectivos, personas expertas y organizaciones, es lo que nos ha traído hasta aquí”, afirmó. El candidato destacó que su proyecto, currículum y propuestas ya están en manos de la jefa de Gobierno, quien tomará la decisión final en los próximos días.

Luis Gómez Negrete, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM, cuenta con una sólida trayectoria en la atención a víctimas de desapariciones. Actualmente, lidera la Unidad de Implementación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y ha trabajado con el Comité Internacional de la Cruz Roja en México, Nigeria y Colombia, documentando casos de desaparición y diseñando estrategias para su atención. Su experiencia en políticas públicas y protección de víctimas lo posiciona como un fuerte candidato.

Los otros finalistas también aportan perfiles destacados. Rosalba Vences Peña, licenciada en Derecho con experiencia en fiscalías especializadas y en la Comisión de Búsqueda de Morelos, ha enfocado su carrera en metodologías para identificar patrones de desaparición. Por su parte, José Miguel Édgar Cortez, con formación en Derecho y una larga trayectoria en derechos humanos, ha acompañado casos emblemáticos como el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Gómez Negrete cerró su mensaje con un compromiso firme: “Seguimos en la búsqueda, sea desde el lugar donde sea”. Las familias y colectivos que lo respaldan, así como la ciudadanía, esperan con atención la decisión de Clara Brugada, que definirá el rumbo de la Comisión de Búsqueda en la capital. Se espera que el anuncio oficial se realice en las próximas semanas, marcando un paso clave para fortalecer las acciones de búsqueda de personas desaparecidas en la Ciudad de México.

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