Periodistas Unidos. Ciudad de México. 15 de enero de 2026.– En el marco del tercer aniversario de la desaparición forzada de los defensores del territorio Ricardo Arturo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia, familiares, colectivos de búsqueda y organizaciones de derechos humanos instalaron un memorial en el Zócalo capitalino para visibilizar su ausencia y exigir su presentación con vida.

El acto se realizó esta mañana en las inmediaciones de la Catedral Metropolitana y Palacio Nacional, donde se colocó una estructura con fotografías de Ricardo, Antonio y decenas de otras personas desaparecidas en distintos contextos del país. El memorial forma parte de una jornada de memoria que busca recordar que, detrás de cada caso, hay seres amados y no solo carpetas de investigación, en un contexto nacional que supera las 130 mil personas desaparecidas.

Lucía Lagunes, hermana de Ricardo, leyó un emotivo comunicado en el que expresó el dolor de llegar a tres años sin respuestas: “Estamos aquí en contra de toda nuestra voluntad, así como Ricardo y Antonio no están aquí en contra de la suya. No quisiéramos que se los hubieran llevado ése domingo en la noche, no quisiéramos que siguieran desapareciendo personas”.

📢 A 3 años de la desaparición de los defensores Ricardo Lagunes y Antonio Díaz en Colima, nos sumamos a la exigencia de sus familias de contar con una búsqueda diligente.

Hoy en el Zócalo de la CDMX, junto a otros colectivos de búsqueda instalaron un memorial para continuar… pic.twitter.com/kgAVNtfZJe

— Centro Prodh (@CentroProdh) January 15, 2026

El texto destacó el amor y la fuerza que impulsan la búsqueda, así como la necesidad de transformar una sociedad que prioriza intereses económicos y abuso de poder sobre la vida digna. Recordó reconocimientos internacionales al caso, como las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (MC 422/23), recomendaciones en el Examen Periódico Universal y el informe del Grupo de Trabajo de la ONU sobre desapariciones en contextos de defensa de la tierra y recursos naturales (septiembre 2025), que identifica patrones vinculados a intereses económicos y responsabilidades empresariales.

A pesar de estas advertencias, las familias denuncian persistente impunidad, intentos de invisibilización, burocracia y un “pacto de silencio”. Criticaron la falta de seguimiento efectivo y rendición de cuentas, incluso ante la macrocriminalidad y la crisis forense que vive el país.

Durante el evento se distribuyeron semillas como símbolo de la fragilidad y potencia de la vida, inspiradas en la sensibilidad de Ricardo y Antonio hacia el territorio, su legado para las nuevas generaciones y su compromiso con la justicia y la solidaridad comunitaria.

Las familias reiteraron exigencias clave: búsqueda efectiva e integral de Ricardo y Antonio, esclarecimiento de los hechos, procesamiento de todos los responsables (incluyendo actores estatales y privados), ampliación de investigaciones, cooperación con expertos independientes y un mecanismo internacional para recuperación humanitaria. También llamaron a la rendición de cuentas empresarial, con tolerancia cero a la violencia contra defensores, y a sumarse al mes de acción global contra la impunidad.

El comunicado culminó con consignas colectivas: “Antonio Díaz Valencia ¡Presente, ahora y siempre!”, “Ricardo Arturo Lagunes Gasca ¡Presente, ahora y siempre!”, “Vivos los llevaron, vivos los queremos” y “Porque los buscamos, porque los amamos”.

Ricardo Lagunes, abogado defensor de derechos humanos, y Antonio Díaz, líder nahua de la comunidad indígena de San Miguel Aquila (Michoacán), fueron desaparecidos el 15 de enero de 2023 tras participar en una asamblea comunitaria. Viajaban hacia Colima cuando su vehículo fue hallado con impactos de bala en Cerro de Ortega, zona limítrofe entre ambos estados. Su caso se vincula a conflictos por la defensa del territorio frente a proyectos mineros, particularmente de la empresa Ternium.

Organizaciones como el Centro Prodh, A dónde van los desaparecidos y diversas colectivas respaldaron el acto, enfatizando la urgencia de verdad, justicia y no repetición en un país marcado por la violencia contra defensores ambientales y territoriales. El memorial busca clavar en el corazón de la Ciudad de México la memoria de los desaparecidos y mantener viva la exigencia colectiva de encontrarlos con vida y darle dignidad y amor a las palabras de Lucía Lagunes «Llegamos a tres años sin Antonio y Ricardo, que forman parte de la lista de más de 130 mil seres amados. No son carpetas de investigación, son seres amados. Cada una de estas personas es valiosa y nos hace falta a quienes nos quedamos sin ellas. Nos toca aferrarnos a la vida y la esperanza.».

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Alrededor de 50 familiares, amistades y personas buscadoras de las y los desaparecidos de esta comunidad participaron en el primer contingente que marchó por Reforma para reclamar su vuelta a casa. En primera línea estaba María Guadalupe Suárez, que busca a su hija Margarita Cuevas Suárez, joven lesbiana desaparecida en la Ciudad de México en 2022

Periodistas Unidos / A Donde Van los Desaparecidos. Ciudad de México. 30 de junio de 2023.- Es la primera vez que María Guadalupe Suárez participa en la Marcha del Orgullo LGBTI+ en la Ciudad de México. Decidió unirse porque su hija Margarita Cuevas Suárez, desaparecida el 5 de junio de 2022 con apenas 19 años, formaba parte de esta comunidad.

“A ella le hubiera gustado venir”, dice la mujer de 56 años, quien trabaja como cocinera.

Este sábado 24 de junio, Suárez viste una playera blanca con el rostro de su hija al frente; en la parte de atrás se lee: “¡Viva se la llevaron, viva la queremos! #NoestamostodasnosfaltaMago”. Es casi mediodía y el sol no da tregua, pero ella camina sobre el Paseo de la Reforma con el contingente convocado por primera vez para visibilizar las desapariciones de las personas de la comunidad LGBTI+ (lesbianas, gais, bisexuales, trans, intersexuales y de otras diversidades sexogenéricas) en la Marcha del Orgullo de la Ciudad de México, que celebra su edición 45.

“El principal obstáculo al buscar a una persona desaparecida de la comunidad LGBTI+ es que las familias no buscan y las familias sociales [amistades cercanas, parejas, personas con las que trabajan o conviven regularmente] no tienen derecho a hacerlo y a participar en la investigación”, denuncia Juan Carlos Lozada Delgadillo, fundador de Invisibles MX y uno de los convocantes del contingente, quien busca a su padre, Carlos Lozada Mahuem, desaparecido en Tulancingo de Bravo, Hidalgo, en 2009.

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) reconoce a 78 personas de la comunidad LGBTI+ desaparecidas en el país –40 siguen sin ser localizadas–, pero Lozada considera que la cantidad es mayor, pues los números que maneja “no son reales”. Además, cuestiona que registren únicamente de una forma binaria, cuando las personas de esta comunidad no se identifican con los géneros masculino o femenino.

“Tan solo en el estado de Hidalgo nosotros apoyamos a cuatro familias de personas desaparecidas que son de la comunidad y no se encuentran en el registro”, señala.

El subregistro de estas desapariciones y el rechazo de las familias biológicas a la orientación o identidad sexogenérica de las víctimas hace que sea complicado saber cuántas personas de la comunidad han sufrido este crimen e impide que quienes son cercanos a ellas puedan unirse para exigir su búsqueda.

Un año sin Mago

En su casa del sur de la Ciudad de México, en la alcaldía Xochimilco, donde ha vivido toda su vida, Suárez muestra las fotos de su hija Margarita, Mago, colocadas en una especie de altar en su comedor. En el exterior, colgada de la barda, una lona con el rostro de la joven recuerda que en ese hogar vive una familia en la que falta alguien.

Dos figuras de San Judas Tadeo y una estampa, también del santo, resguardan las fotografías de Mago, que la muestran de niña y de joven, y también abrazada a su hermana gemela Guadalupe, su fiel confidente. Viste una camisa blanca formal, usa lentes y lleva el cabello corto. “Un día llegué y la vi acostada con la gorra, pues se había cortado el pelo. Usaba chongo y llegó pelona”, cuenta Suárez, soltando una tímida risa. El día de la fotografía con Lupita, su gemela, habían ido juntas a unos quinceaños porque Mago insistió en que las acompañara. Al final supo por qué: la festejada, su novia, le había pedido que llevara a su mamá para presentarle a sus padres.

Nunca hubo una “salida del clóset”, como se conoce al momento en que las personas LGBTI+ comparten su orientación sexual o identidad de género. Un día, Lupita le contó a su madre que Mago era lesbiana y por eso había empezado a sufrir agresiones en la secundaria. Tenía 12 o 13 años. Cuando se enteró, la familia Cuevas Suárez no cambió su trato hacia ella. El problema estaba en la escuela.

“La directora le decía que por su culpa todas las compañeras se estaban volviendo lesbianas”, y le prohibió usar el pantalón como uniforme, recuerda Suárez. 

A Mago le gustaba el fútbol, pero después se inclinó por “los bailes modernos, como el reguetón”, dice su madre. Incluso fue chambelán de varias compañeras de la secundaria. Quería ser policía y trabajaba en una tienda de abarrotes de la colonia. Ella y su gemela son las más pequeñas de nueve hermanos y hermanas. Era la única hija que todavía vivía con ella en la casa.

El día anterior a su desaparición era sábado; no iba a salir, pero le llamaron sus amistades de la secundaria para invitarla a una fiesta. Agarró una chamarra y se fue. De ahí, el grupo se trasladó a otro lugar en Tepepan, a unos diez minutos en auto de la casa familiar. Al sitio arribaron conocidos de Mago que estudiaron en la misma secundaria, y con ellos se fue en moto a un tercer lugar, en el pueblo de San Mateo Xalpa, ya en la madrugada del 5 de junio.

Una grabación de una cámara del C5 muestra que, alrededor de las seis de la mañana, Mago entró al domicilio de la familia de uno de los jóvenes con los que se había ido. Suárez supo que pidió permiso para usar el baño. En el registro no se le ve salir.

Durante la primera semana de su desaparición, sus familiares, junto con vecinos y vecinas, bloquearon el cruce de las avenidas Prolongación División del Norte y Guadalupe I. Ramírez, una de las avenidas principales de Xochimilco. Lograron hablar con May Gómez Jiménez, fiscal de Investigación y Persecución de los Delitos en materia de Desaparición Forzada de Personas, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y con la titular de este organismo, Ernestina Godoy. En ambas reuniones, los funcionarios llamaron a los agentes encargados del caso, que se limitaron a repetir la información que la propia familia les había dado. Cada dos meses tienen una mesa de trabajo con los agentes de la fiscalía que investigan la desaparición, pero Suárez no ve que haya avances. Aún no se sabe nada del paradero de Mago.

La madre de la joven ha participado en búsquedas como parte del colectivo Una Luz en el Camino, en lugares como un centro penitenciario, el cerro del Ajusco y en la presa San Lucas, en la Ciudad de México. Dice que trata de ir especialmente cuando las búsquedas son en canales porque un informante le dijo que habían arrojado a su hija en uno. También acudió con diputados y diputadas, y con la exjefa de gobierno Claudia Sheinbaum en busca de apoyo, y hasta envió una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador solicitando su ayuda para encontrar a su hija.

No hay certeza sobre el motivo de la desaparición; Suárez recuerda que Mago le dijo que uno de los muchachos con los que se fue esa noche le mandaba mensajes a su novia. Al enterarse, ella le reclamó y el joven la amenazó. “¿Tú qué? A ti te voy a desaparecer”. Ese joven fue asesinado hace unos meses. Otro hombre identificado no ha sido localizado por la policía investigadora.

Suárez se integró hace alrededor de ocho meses a Una Luz en el Camino, una de las colectivas que llamó a participar en este contingente pionero de la marcha. Cuando se enteró de la convocatoria, quiso sumarse.

“Yo me siento más comprendida con ellas porque sabemos lo que estamos pasando. Todas contamos lo mismo: que las autoridades no hacen nada y luego no nos dejan hacer nada a nosotras”, señala.

Globos blancos y consignas

Alrededor de 250,000 personas caminan por el Paseo de la Reforma hasta el Zócalo en la Marcha del Orgullo LGBTI+. Es un colorido arroyo que desborda ambos carriles de la vialidad de punta a punta. Un carnaval que avanza lentamente bajo el feroz sol de este inusualmente caluroso mes de junio. Ataviadas con collares, pañoletas, trajes de cuero, máscaras, vestidos largos, muy cortos o prácticamente en ropa interior, portando banderas, sombrillas y gorros con los colores del arcoíris, gritan consignas y bailan, se toman selfies, piden que les saquen fotos con las drag o con quienes lucen los vestuarios más extravagantes.

Desde hace años, un sector de la comunidad ha criticado lo que llaman la mercantilización de la marcha, una presencia protagónica de empresas, partidos políticos y gobierno que consideran ha restado peso a sus demandas de salud, seguridad y acceso a la justicia. Aunque diversos colectivos han recordado en las marchas a las víctimas de crímenes de odio, las desapariciones habían permanecido invisibilizadas.

Entre la multitud, el contingente de personas buscadoras LGBTI+ y familiares de quienes han desaparecido corean: “¿Dónde están, dónde están nuestres hermanes, dónde están?”. Vinieron tras responder a una convocatoria por redes sociales. Llevan globos blancos con los rostros de quienes faltan y datos de su desaparición:

Heriberto Sánchez Morales. 06/09/2013. Tuxtepec, Oaxaca.

Tatiana Téllez Sáenz. 10/01/2019. Matamoros, Tamaulipas.

Luis Emilio Herrera Bernal. 26/09/2017. Saltillo, Coahuila.

Vanessa Nahomí Morales García. 02/10/2012. Pánuco, Veracruz.

En algunos casos, los datos están incompletos y las fotos pixeladas. Lozada, uno de los organizadores, dice que fue muy difícil obtener imágenes de las personas de la comunidad desaparecidas. “Muchas no tienen ni ficha de búsqueda”.

Sus asesinatos suelen estar precedidos por la desaparición, como sucedió con Isaac Yáñez Padilla, un joven gay de 22 años que fue visto por última vez el pasado 4 de febrero en la Ciudad de México. Durante cuatro días, su familia y amistades lo buscaron hasta encontrarlo sin vida en un hospital.

“Di parte a la policía de investigación. Según ellos, empezaron a investigar, pero no se hizo nada. Realmente fueron la familia y sus amigos de la comunidad quienes compartimos la imagen de que estaba extraviado. Uno de los amigos de Isaac se acercó y me dijo que lo había visto, no inconsciente, pero como que ya no razonaba”, cuenta su madre, Mónica Padilla.

A Isaac nadie lo auxilió mientras caminaba desorientado por las calles. “Pudo haber sido discriminación de las personas que estuvieron ahí”, dice Padilla, “porque llegó una ambulancia, llegaron patrullas, y no lo quisieron ayudar”.

Lo que sabe su madre es que Isaac fue a una cita y alguien lo golpeó fuertemente en la cabeza. Perdió la conciencia sobre quién era y en dónde estaba. Deambuló cuatro días por la ciudad hasta que se desmayó y una ambulancia lo recogió, todavía con vida. Murió en el hospital.

La policía investigadora tuvo como primera hipótesis que Isaac se había golpeado al caer, pero conforme avanzó la indagación se pudo demostrar que no era un accidente, y la carpeta pasó al área de homicidios.

Al inicio de la marcha, Suárez camina en la segunda línea del contingente, atrás de la lona principal, en la que se lee: “No más desapariciones LGBTIQ+. Investigaciones y búsquedas con enfoque diferenciado y de género para personas LGBTIQ+”, pero después se anima a encabezarlo. 

La única madre del grupo que camina por su hija lesbiana desaparecida muestra en su pancarta las mismas fotos de Mago que tiene en su playera. Esta marcha es un espacio festivo, y el grupo de cerca de 50 personas que corea consignas de protesta y exige la búsqueda de sus desaparecidos, desaparecidas y desaparecides rompe con el ambiente de alegre alboroto. A quienes se acercan para tomar una foto, los organizadores les piden compartirla en redes sociales: a cualquiera le podría pasar, dicen.

Lozada lanza consigna tras consigna durante las tres horas que tarda el contingente en caminar del Ángel de la Independencia a la Alameda Central, un recorrido de cerca de 2.5 kilómetros que se siente eterno por el calor y las miles de personas que abarrotan Reforma. Otros dos participantes lo relevan en el megáfono, explicando a las personas que observan desde las banquetas quiénes son y por qué se reunieron este día.

Una búsqueda diferenciada

De acuerdo con Tania León, colaboradora de la Fundación Arcoiris, que defiende los derechos de la comunidad LGBTI+, las desapariciones de sus integrantes no han tenido tanta visibilidad y las autoridades no cuentan con un registro específico. Por eso, en la fundación empezaron a documentar estos casos en el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio, una plataforma en línea en la que se pueden consultar los datos por estado y fecha.

Uno de los resultados de este trabajo fue el documento La desaparición de personas LGBTI+ en México, una guía para su registro y seguimiento, presentado el 17 de mayo en el marco del Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia, Transfobia y Bifobia. 

“Es una descripción de cómo identificar ciertos rasgos que tienen que ver con la desaparición específica de personas LGBTI+. Puede ayudar tanto a organizaciones como a instituciones a entender este fenómeno”, dice León. La guía también informa sobre qué hacer si desaparece una persona de la comunidad e incluye un directorio de organizaciones que trabajan en el tema.

En el documento se identifican cuatro puntos que diferencian la desaparición de personas LGBTI+: la violencia que sufren está atravesada por su orientación sexual o identidad de género; quienes les buscan, generalmente, son integrantes de la familia social, no biológica; hay un “desplazamiento” de identidades, entre su nombre “oficial” o el elegido, con algunas personas trans, no binarias o que fluyen entre expresiones de género asociadas a los hombres o a las mujeres, y existe un subregistro muy alto de los casos.

Algunos motivos que guardan relación con estas desapariciones fueron identificados por el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (Comité CED) en el informe de la visita que realizó a México en noviembre de 2021, emitido en abril de 2022: “[…] dichas desapariciones habrían sido cometidas por fuerzas de seguridad, o por la delincuencia organizada con distintos niveles de connivencia de las autoridades, y en muchos casos con fines de ‘limpieza social’ o de explotación sexual, frecuentemente tras el internamiento en los llamados ‘centros de terapias de reconversión’”. Los casos documentados por el comité ocurrieron principalmente en Jalisco, Michoacán y Veracruz. 

La marcha del orgullo continúa hasta el Zócalo, pero el contingente de personas LGBTI+ desaparecidas termina su recorrido en la Alameda, junto a un tendedero de fichas de búsqueda de personas LGBTI+, una iniciativa del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria. Bajo la sombra, Lozada toma de nuevo el megáfono para leer un comunicado con nueve exigencias a las autoridades involucradas en el registro, búsqueda e investigación de las desapariciones, como organizar una mesa técnica con la Comisión Nacional de Búsqueda para abordar los principales problemas que enfrentan como buscadores de la comunidad LGBTI+, y el reconocimiento de las familias sociales como víctimas indirectas para que puedan incidir en las búsquedas y saber en qué van las indagatorias de estos delitos.

Es un día histórico. Un primer paso para esta comunidad que vive un doble agobio. México no solo es el segundo país en América Latina que registra más crímenes de odio contra la población LGBTI+, también en este territorio han desaparecido a más personas que en ningún otro país de la región, más de 110,000 según el registro actual. Las tragedias se cruzan, pero la resistencia y la protesta también.

“Estamos creando colectividad y, al mismo tiempo”, resume León, “nos estamos haciendo presentes en un día tan importante como hoy, en la Marcha del Orgullo”. 

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www.adondevanlosdesaparecidos.org es un sitio de investigación y memoria sobre las lógicas de la desaparición en México. Este material puede ser libremente reproducido, siempre y cuando se respete el crédito de la persona autora y de A dónde van los desaparecidos (@DesaparecerEnMx).

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México acaba de rebasar la deshonrosa cifra de 100 mil personas desaparecidas.

Cien mil personas faltan en sus propias vidas, le faltan a sus familias, le faltan a su comunidad, le faltan a la sociedad.

Periodistas Unidos/Quinto Elemento. Ciudad de México. 17 de mayo de 2022.- Los números otorgan una dimensión a esta epidemia de violencia: de cada 100 personas que han sido desaparecidas, 75 son hombres y 25 son mujeres.

 Los números le dan dimensión al desastre humano en que el país se ha sumido: de cada 100 personas desaparecidas, 17 son menores de edad; y de éstos, cuatro aún no han cumplido 12 años.

Toda desaparición es una catástrofe. Es una mamá que deja su propia vida para dedicarse a buscar a la hija o hijo ausentes. Es un maestro que no vuelve a dar clases. Son varios hermanos que abandonan los estudios porque les arrebataron al papá. Es una casa con un cuarto vacío, intacto, transformado en memorial. Es una milpa sin arar. Es una familia condenada a la tortura de buscar, y acosada por las enfermedades que se alimentan de la incertidumbre y la impunidad.

Las desapariciones son el miedo que se cuela como niebla y carcome el tejido social.

En México, el crimen de la desaparición no es nuevo, pero se aceleró y se convirtió en una crisis humanitaria a partir de diciembre de 2006, cuando Felipe Calderón Hinojosa lanzó su “guerra contra las drogas”. Desde ese año y hasta mayo de 2022, las cifras de personas desaparecidas tuvieron un incremento de 4,086%.

 Estos casos son sólo de los que se tienen registro. Hay un número incalculable de personas desaparecidas que nunca llegaron a las estadísticas.

 Las cifras han cambiado y el ritmo en que se producen también. Cada uno de los días en que Felipe Calderón gobernó al país, un promedio diario de ocho personas fueron desaparecidas. Con Enrique Peña Nieto, el número se duplicó y saltó a 16. La vorágine no ha parado. En los tres años y medio de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la cifra escaló a 25.

Y no se detiene.

La maquinaria de las desapariciones mantiene un ritmo imparable: cada día entre el 1 de diciembre de 2006 y el 3 de mayo de 2022, cada uno de esos días, un promedio de 15 personas han desaparecido de manera inevitable.

 La huella de las ausencias se ha extendido por todas partes. En la lista total de 100 mil personas desaparecidas, el 63% de los municipios del país han sido alcanzados por la mancha de la desaparición: en 1 mil 574 municipios, al menos una persona fue reportada como desaparecida y sigue sin ser localizada.

Cinco son los municipios más golpeados al tener más de dos mil registros: Guadalajara y Zapopan, en Jalisco, así como Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo, en Tamaulipas.

De la “guerra sucia” a la llamada “guerra contra las drogas”

 En México, la acción violenta de desaparecer gente tiene una larga historia.

Si miramos al pasado, el registro oficial arrancó con el caso de un joven, de entre 15 y 19 años, desaparecido en marzo de 1964, en el municipio de General Bravo, en Nuevo León.

Desde entonces y hasta 1990, Guerrero fue el epicentro de las desapariciones. De esa entidad era la mitad de las 920 víctimas que están registradas en ese periodo conocido como “guerra sucia”, cuando el Estado mexicano usó la desaparición como método represivo para combatir a quienes consideraba opositores y “corregir” a la población.

En el país nunca han dejado de desaparecer personas. En la década de los 90 se reportó la ausencia de 250. La transición política vivida en el año 2000 no llevó a que cesara esta práctica y tampoco terminó con la impunidad de la que goza este delito. En el sexenio de Vicente Fox se sumaron 819 más.

Así que antes del 2006 se acumularon, al menos, mil 989 personas de las que, hasta ahora, no se sabe dónde están.

La desaparición se instaló como una práctica cotidiana, masiva y sistemática de violencia a partir de la militarización de la seguridad pública. Durante los 15 años que lleva instalada la llamada “guerra contra las drogas”, México se convirtió en un hoyo negro. Un mapa marcado por ausencias. Una vergüenza que lesiona a toda la humanidad.

¿Qué sabemos sobre las personas ausentes y los territorios que habitaban?

 En Quinto Elemento Lab nos propusimos buscar las pocas pistas que arroja el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), a cargo de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB).

Con apoyo de la iniciativa MORLAN, se realizaron miles de descargas automatizadas de la plataforma de consulta de ese registro para intentar reconstruir con diversos fragmentos una parte de la base de datos, ya que ésta no es pública. Así pudimos descubrir los días y semanas en que ocurrieron más desapariciones y cómo esta crisis se ha extendido en cada municipio a lo largo del tiempo.

También exploramos la última base de datos disponible que realizó el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), que integra registros de personas desaparecidas que van de 1964 a junio de 2018 e incluye información sobre personas localizadas con vida o fallecidas.

La información compilada es un caleidoscopio que muestra distintos fragmentos de la desaparición en México. Para este análisis, decidimos enfocarnos en el periodo de enero del 2006 a mayo de 2022. En ese lapso de poco más de 15 años ocurrieron ocho de cada 10 desapariciones que ha registrado México.

Geografía de la desaparición

Hay estados y municipios del país que sobresalen por ser tierra de ausencias.

Hay lugares en donde la desaparición ya forma parte del paisaje.

En algunos es más abrumador: cinco estados concentran casi el 50% de las desapariciones.

En el 2006 sólo un municipio, Guadalajara, registró 20 personas desaparecidas, el número más alto en todo el país en ese momento. A partir de ese año, este crimen comenzó a propagarse en el norte, en especial en Chihuahua, Tamaulipas y Coahuila.

Para 2007, en Ciudad Juárez el número de personas desaparecidas saltó de 13 a 68 casos. Lo ocurrido en esa frontera se replicó en otras regiones. Ese año, Culiacán y Torreón se asomaron en el mapa de personas desaparecidas con 41 y 34 registros, respectivamente.

A partir de ese momento, Torreón se instaló como lugar de peligro. Durante cinco años, ese municipio de La Laguna permaneció entre los diez con más casos. Para 2009, con sus 182 registros alcanzó niveles alarmantes.

En ese 2009, el noreste del país —Nuevo Laredo, Monterrey, Matamoros, Reynosa y Piedras Negras— comenzó a concentrar los números más altos de desapariciones. Ciudad Juárez, entonces la ciudad más mortífera del continente, mantuvo también esa tendencia.

En otras geografías, ese mismo año, Guadalajara —metrópoli que entonces tenía poco más de millón y medio de habitantes— sumó 60 personas desaparecidas, sólo un caso más que los contabilizados en Matamoros, ciudad fronteriza con la tercera parte de la población que tenía la capital de Jalisco.

En el mapa del 2009, también destacó el poco habitado municipio de Ciudad Cuauhtémoc, en Chihuahua, con 39 registros, el mismo número que presentó el municipio de Puebla, en el centro del país.

El año de la pesadilla: 2010

 El 2010 marcó el parteaguas de la violencia en México. Ese año se rompieron los límites de lo imaginable. Su estela de muerte y destrucción dejó una herida difícil de remontar.

La ruptura entre antiguos aliados, los cárteles de los Zetas y del Golfo, y la disputa por territorio, rutas y control de la población, tuvo un alto costo social: poblaciones enteras pagaron por ello.

Si un año antes ningún municipio registró más de 200 desapariciones, para 2010 hubo lugares en los que se documentaron cifras récord: esa saña se notó en Matamoros (con 397 personas que faltan) o Monterrey (con 372).

En el fragmento de 2010, entre los diez municipios con más casos apareció, por primera vez, el municipio de Durango, que registró 145.

La dinámica de la desaparición no observa siempre patrones predecibles. Los años siguientes el número de personas desaparecidas se estacionó, especialmente en el noreste del país. En otras regiones se empezaron a prender las alertas poco a poco. Así, se desplazó desde el norte, cruzó por el centro y se dirigió al occidente del país.

Hoy sabemos que no sólo había disputas territoriales entre organizaciones criminales; la estrategia de militarización de la seguridad pública fragmentó a los grupos armados, pulverizó equilibrios estatales y municipales, y, muchas veces, abrió camino y empoderó a nuevos grupos. Hoy se siguen pagando esas consecuencias.

La espiral de violencia adquiriría nuevas formas en 2011: las fosas clandestinas comenzaron a plagar todo el país, de manera explosiva y violenta se libró una de las disputas más sangrientas entre grupos armados en Reynosa, Nuevo Laredo y Tampico, en Tamaulipas; además de Monterrey, Nuevo León; Saltillo, Torreón y Piedras Negras, Coahuila. El efecto se resintió casi de inmediato en esas ciudades: las atrocidades se reflejaron también en los números de desapariciones, con niveles que no se habían visto antes.

La lista de diez municipios con más ausencias incluyó también a Guadalajara (113 casos) y Ciudad Cuauhtémoc (con 89).

El cierre del sexenio de Felipe Calderón mostraba las consecuencias de la política de seguridad a cargo de militares: 16 mil personas desaparecidas al concluir 2012. Ese año un municipio ocupó el primer lugar con 214 víctimas: Nuevo Laredo. Anclado en uno de los epicentros de la violencia, el calderonismo significó para este municipio una tragedia: 989 personas que, hasta ahora, no han vuelto a casa.

La crisis de desapariciones ya no se puede ocultar

Enrique Peña Nieto llegó al poder, pero la desaparición no se alejó del noreste, y si bien se mantuvo en altas cuotas, ya no lo hizo con la misma fuerza que en años previos.

En cambio, este crimen de arrebatar personas de sus propias vidas se comenzó a generalizar en el centro y sur del país. En el Estado de México, por ejemplo, se contabilizaron un total de 332 desapariciones en 2013, aunque en 253 los datos no permiten conocer en qué municipios ocurrieron. Ese estado sobresalió a nivel nacional por su opacidad: del total de sus reportes, el 42% no especifica siquiera la fecha de los hechos.

Como si fuera un anuncio de lo que sucedió un año después, en 2013, el municipio de Iguala, en Guerrero, apareció entre los 10 con más casos reconocidos, se registraron 79 personas ausentes. Ese año también destacó Chilpancingo, con 61. Así como lo fue en las décadas de los 60 y 70.

Guerrero revivió con dolor su historia, la de las décadas de la “guerra sucia” de los años 60 y 70, cuando se convirtió en un territorio marcado por las vidas arrebatadas.

En 2014, la tormenta de ausencias ya fue imposible de contener y ocultar. La noche del 26 de septiembre de ese año 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa les fueron arrebatados al país, cuando un grupo de criminales y miembros de todas las corporaciones y fuerzas armadas se los llevaron y aún no regresan a casa.

A los estudiantes se sumaron mujeres y hombres que se sumieron en la oscuridad de Iguala: el año concluyó con 124 víctimas de desaparición en ese municipio. Pero no fue el único que resintió la ola de violencia. En Acapulco se registraron 107 desapariciones, una señal de que la disputa territorial entre diferentes grupos armados, entre ellos el Ejército, se trasladó a ese estado del Pacífico.

La violencia encuentra una lógica siniestra: cuando la desaparición de personas toca a un sitio, no lo suelta. Las pérdidas se repiten.

Las instantáneas de las desapariciones permanecieron casi intactas de 2015 a 2016: las tres ciudades fronterizas de Tamaulipas mantuvieron números altos. Y la metástasis en Jalisco era evidente: Guadalajara, Lagos de Moreno, Zapopan, Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga registraron anualmente entre 69 y 108 nuevos casos. Además, lugares como el municipio de Puebla; Ahome, Sinaloa; Ciudad Juárez, Chihuahua, y Hermosillo, Sonora, registraron más de 90.

2017. Del noreste al centro

El país registró 23 mil 79 homicidios en 2017. Una cifra que rebasó en 31% a los que se contabilizaron un año antes. Ese incremento en la violencia también se notó en las desapariciones. Ese año terminó al menos con 7 mil 900 personas ausentes, casi 2 mil más que las contabilizadas en 2016.

El 2017 se vivió un pico de violencia. Municipios tamaulipecos —como Reynosa, Nuevo Laredo y Matamoros— registraron entre 152 y 362 desapariciones. También destacó Hermosillo con 263; y la capital de Puebla con 242.

Y aunque este crimen siguió arrebatando a personas en el norte del país, en lugares como el puerto de Veracruz, donde la dinámica también se hizo inocultable: ahí 143 personas fueron desaparecidas en 2018.

Veracruz es uno de los casos que resulta complejo abordar. Sus dinámicas violentas aparecen poco en este análisis porque uno de cada tres de los registros de desapariciones carecen de la fecha en que sucedieron. De ese tamaño era el desdén oficial.

La crisis en Jalisco se potencializó. La entidad vivió los efectos ya conocidos en el noreste. La disputa de grupos criminales por el territorio se intensificó y durante 2019 y 2020 los municipios del Área Metropolitana de Guadalajara se ubicaron entre los diez con más desapariciones en todo el país. Las más de 280 personas desaparecidas cada año en Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco —este último con menos de 200 mil habitantes— lo entronizaron como un estado-problema.

Nuevos sitios golpeados por la desaparición

Terminó el 2018 y el acumulado histórico de personas desaparecidas en el país era de 54 mil 500; esta cifra no incluye aquellas denuncias en las que las autoridades no registraron las fechas de la desaparición.

A finales de ese 2018, la presidencia del país cambió de partido con Andrés Manuel López Obrador. Las desapariciones continuaron: en el 2019 se sumaron, por lo menos, 9 mil 200 personas más.

En 2020, la lista de 10 municipios con más desapariciones incluyó otra vez lugares del Área Metropolitana de Guadalajara, pero también tocó a municipios con ciudades capitales: Hermosillo, Culiacán, y Monterrey. Cada uno aportó más de 120 personas. En esa estadística de terror aparecieron dos alcaldías de la Ciudad de México: Gustavo A. Madero e Iztapalapa, cada una con poco más de un centenar de registros de desapariciones recién perpetradas.

En el caleidoscopio de fragmentos se observa que hubo lugares en los que, de un año a otro, la desaparición dejó de ser un delito aislado para transformarse en un terremoto con distintos epicentros. Eso sucedió en el estado de Zacatecas durante 2021. Ese año, Fresnillo registró 163 casos; y eso que desde un año antes, con 46 personas ausentes, las cifras ya eran preocupantes.

Zacatecas es hoy la nueva meca de la desgracia.

Entre los municipios que han tenido ese tipo de repuntes en casos de personas sin localizar destaca Ecatepec, en el Estado de México. En 2019 tuvo seis desapariciones. En 2020 el número se elevó a 69 y en 2021 alcanzó las 137; de éstas 51 son mujeres.

El fragmento de los dos primeros meses de 2022 recuerda, una vez más, que la Ciudad de México no es territorio aislado de lo que pasa en el resto del país: Iztapalapa y la Gustavo A. Madero son las alcaldías que más casos registraron en ese lapso, con 29 y 27 casos, respectivamente.

Otras geografías destacan en lo que va de 2022. Cuernavaca, Morelos, en donde este delito ya era un problema (como se reflejó en 2016 con el descubrimiento de las fosas de Tetelcingo, cavadas por el propio gobierno), otra vez comenzó a tomar vuelo: hasta el corte acumuló 29 desapariciones.

Lo mismo sucede con el municipio de Benito Juárez, donde está Cancún, en los dos primeros meses del 2022, al menos 33 personas ingresaron a las listas de la vergüenza nacional.

Un delito que toma fuerza

El caleidoscopio del registro oficial permite conocer otros municipios donde, de un año a otro, las denuncias llegaban como por goteo hasta convertirse en un tsunami. Entre esos casos están Mazatlán (2009-2010); Tijuana (2015-2016); Lagos de Moreno (2014-2015); y las alcaldías Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo e Iztapalapa (2018–2019).

Tepic es un caso que muestra el oscuro panorama que deja la unión entre las estructuras políticas y criminales. De seis desapariciones que ese municipio registró en 2016 aumentó casi a 100 en 2017, lo que representa casi mil 533% en un año.

El repunte en la capital de Nayarit ocurrió en este contexto: en febrero de 2017, Juan Francisco PatrónSánchez, conocido como el H2 y vinculado al Cártel de Los Beltrán Leyva, fue asesinado durante un enfrentamiento con la Marina. Un mes después, el Fiscal del Estado, Édgar Veytia fue detenido en San Diego, Estados Unidos, acusado de pertenecer a una red de tráfico de drogas. Y en junio, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), al que pertenecía el gobernador Roberto Sandoval —detenido en julio de 2021 por operaciones con recursos de procedencia ilícita—, perdió las elecciones a la gubernatura del estado.

¿Dónde se concentró la desolación?

Pobladores de lugares como Matamoros están entre los que han padecido por más largas e intensas temporadas las desapariciones: durante 13 años consecutivos el municipio que habitan se ubicó dentro los diez primeros con más víctimas. En 2010, por ejemplo, 70 personas desaparecieron por cada 100 mil personas. Y cada año llegó con su propia intensidad.

Fue justo en ese 2010 cuando este crimen se ensañó con la población de varias regiones tamaulipecas que no figuran en el gran mapa nacional porque tienen menor población, pero que sobresalen cuando se hace un acercamiento. Ciudad Mier, por ejemplo, rompió un récord hasta ahora no superado de 413 habitantes desaparecidos por cada 100 mil. De igual manera otros rincones de México han quedado invisibilizados en la estadística nacional aunque padecieron mucho.

Aumenta la desaparición de mujeres

La primera desaparición registrada de una mujer ocurrió en agosto de 1968, en el municipio de Texcalyacac, Estado de México. Tenía 60 años. En las cinco décadas transcurridas desde entonces, 24 mil 750 mujeres más engrosaron la lista de desaparecidas.

Desde los años 70 hasta la actualidad, el panorama para las mujeres ha empeorado y se ha acentuado en las jóvenes: una cuarta parte de las desaparecidas entre 2006 y 2022 tienen entre 15 y 19 años.

El Estado de México es la entidad más peligrosa para las mujeres; con sus más de 2 mil 600 casos concentra el 14% del total de las que son buscadas a nivel nacional. A diferencia del resto del país, las desapariciones de mujeres ahí casi se equiparan a las de los hombres: de cada 10 víctimas, cuatro son mujeres.

En Tamaulipas, Nuevo León y Jalisco, respectivamente, hay más de mil 500 mujeres reportadas con paradero desconocido.

Los datos y el mapa muestran que son más los hombres desaparecidos, pero si se mira cómo ha evolucionado el fenómeno criminal es evidente que para ellas se ha incrementado el peligro: en 2006 la lista de víctimas contaba con 71, para febrero de 2022 llegó a 19 mil 813.

El 2017 destacó por su violencia con 2 mil mujeres desaparecidas.

A partir del año de la pandemia, 2020, la desaparición de mujeres no ha dado tregua.

En 2021, en promedio, siete mujeres desaparecieron por día.

En la geografía de la desaparición femenina destacan municipios como Puebla, Hermosillo y Zapopan.

Algunos de los lugares donde la cifra de víctimas tuvo un abrupto incremento de un año a otro —lo cual tendría que prender todas las alarmas— son: el municipio de Puebla (se reflejó en 2016); Ecatepec (en 2017); Hermosillo (en 2017); Iztapalapa (en 2020) Zacatecas y Tepic (en 2021).

¿Cuántas probabilidades hay de que una persona sea localizada?

No toda persona reportada como desaparecida está condenada a nunca volver a casa: por cada 100 reportes, 60 personas son localizadas y 40 siguen sin ser localizadas. Con los fragmentos del registro nacional que hasta hoy están disponibles no es posible conocer si las autoridades las buscaron, las rescataron o las personas regresaron solas, o bajo qué circunstancias se dieron las localizaciones.

Lo que sí podemos conocer es que de esas 59 personas localizadas, a 55 se les encuentra vivas y a cuatro sin vida.

En cuanto a las probabilidades de que una persona sea localizada cuenta mucho la edad, el género, la región y los años en los que ocurre la desaparición.

Los datos obtenidos para esta investigación permiten sacar algunas conclusiones:

En la pintura más general, Campeche, Aguascalientes, Yucatán y Oaxaca se distinguen porque el 90% de las personas reportadas como desaparecidas son localizadas. En el extremo contrario está Coahuila, donde sólo aparecen 17 de cada 100.

Tlaxcala se destaca por ser el estado con menos reportes: sólo tiene 227 desde 2006; pero tiene el porcentaje más alto de localizaciones sin vida: 11% (25 personas). Le sigue Sinaloa, donde mil 132 personas que estaban como desaparecidas fueron encontradas sin vida, esto es el 10.5% de todos sus reportes.

Las mujeres tienen más probabilidad de regresar que los hombres, pero esto también cambia según el estado: en Coahuila, Nayarit, Veracruz y Zacatecas más de la mitad de las mujeres sigue sin aparecer.

Territorios peligrosos para hombres

En el caso de los hombres, la desaparición afecta de manera más implacable a quienes tienen entre 25 a 29 años. Ese grupo representa el 14% del total de 74 mil 478 hombres que nunca volvieron.

En la geografía nacional, en algunos territorios sólo hay hombres desaparecidos; lugares en los que, hasta ahora, no se reportaron a mujeres, o bien, ellas ya fueron localizadas y salieron de las estadísticas.

Hasta febrero de 2022, los municipios donde sólo hay hombres desaparecidos son:

Un delito que también toca a niñas, niños y adolescentes

A partir de 2006, cada año en promedio 194 niñas y niños menores de 12 años desaparecieron en el país.

Brandon Esteban Acosta Herrera tenía ocho años cuando, en la carretera Saltillo-Monterrey, un comando armado lo desapareció a él, a su papá y a dos de sus tíos. Eso sucedió en agosto de 2009, desde entonces su madre no ha dejado de buscarlo. Ese año, por lo menos 63 niños y niñas en el país se sumaron a la lista de desaparecidos.

Y vendrían tiempos peores. A partir de 2020, en las gráficas comenzó a dibujarse un marcado aumento en la desaparición de niñas y niños con menos de 12 años: si el 2019 cerró con alrededor de 284 casos, un año después el número llegó a poco más de 448.

La cifra anual más alta corresponde al 2021. Poco más de 550 infantes desaparecieron ese año y continúan sin ser localizados.

No se sabe cuántas son sustracciones parentales o cuántos fueron arrebatados de sus hogares por personas desconocidas. El registro no permite saberlo y tampoco las causas de estos hechos.

Aunque las víctimas pueden ser desde recién nacidas, uno de los grupos de edad con más riesgo son los de entre 13 y 17 años. Poco más de 10 mil 400 adolescentes de ese rango de edad desaparecieron, lo que representa el 12.5% de todas las personas desaparecidas en México a partir del 2006.

En la adolescencia, el género marca diferencias notables:

Mientras que a la edad de 11 años, las niñas y los niños desaparecen casi por igual; entre los 13 y hasta los 16 años a hombres y a mujeres los separa un abismo. Las adolescentes superan en desapariciones a sus pares masculinos, en algunos casos incluso la cifra es casi dos veces mayor.

En el Estado de México, por ejemplo, mientras hay poco más de 377 hombres de entre 12 y 17 años desaparecidos, el número de mujeres de la misma edad rebasa los 985.

Después de los 17 años esa tendencia se interrumpe, la lógica se invierte de manera marcada y se comienza a dibujar el paisaje de un país en el que una mayoría de hombres, principalmente jóvenes entre 25 y 29 años, son desaparecidos.

¿Por qué desaparecen más hombres en estas edades? No hay respuestas claras. La impunidad que prevalece y la falta de investigaciones no ayuda a tenerlas. Algunas de esas explicaciones podrían encontrarse en los reclutamientos forzados o voluntarios con distintos fines, o el exterminio a los considerados potenciales enemigos, el control de territorios o el instalar el miedo entre la población. También habrá algunos que se vayan de casa y desean no ser localizados.

Circunstancias de la desaparición

¿Cómo desaparece la gente en México? ¿Qué se explica en el registro oficial sobre el contexto de su desaparición? ¿Cómo se clasifican las ausencias de las personas que faltan en los hogares en este país? ¿Cómo llenan los registros los funcionarios que atienden las denuncias?

En los datos que analizamos para esta investigación hay un fragmento de 17 mil 95 registros de personas desaparecidas —de enero de 2006 a febrero de 2022— en los que se escribieron algunas pistas de las circunstancias en las que se dan estos delitos. Las narrativas mencionan los últimos lugares en donde se miró a la persona, son escuetos contextos que enmarcan esas ausencias.

Por ejemplo, se mencionan frases como: “se trasladaba” a su domicilio, a su trabajo o estaba en el trayecto entre una comunidad y otra, o viajaba por carretera o rumbo a Estados Unidos. A esa circunstancia corresponden el 15% de los casos.

La mayoría de estos sucesos quedan envueltos en una nebulosa y las referencias de cómo ocurrió son escuetas: “Se le vio en su domicilio”, “salió de casa y ya no regresó” o, simplemente, “último contacto vía telefónica o mensaje de texto”. Estos casos suman 10 mil 567, que representan el 62% de las endebles explicaciones.

Hubo quienes antes de perder contacto mencionaron que tenían problemas familiares y, de pronto, sin más, no volvieron a ser vistos. Es la situación del 3.2%.

En la minoría de los registros (2 mil 546), los datos son más precisos. En esos hubo testigos que vieron la acción directa en la que, por la fuerza, se privó a la gente de su libertad. En ese grupo están aquellos sobre quienes se señala que personas armadas las sacaron de su casa o interceptaron en la calle, fueron secuestrados, llevados por una corporación policiaca o militar, o que nunca salieron de una agencia del Ministerio Público.

Las últimas dos circunstancias, en las que se menciona la participación de funcionarios públicos, enmarcan desapariciones forzadas: el estado convertido en criminal. Esos 295 registros representan el 1.7%.

Estos relatos fragmentados de las circunstancias en las que desaparecen las personas en México son también zonas grises en donde se diluyen responsabilidades. El territorio común es la incertidumbre que impide saber por dónde comenzar a buscar.

Y las autoridades tampoco ayudan.

Desapariciones masivas

México es un país en donde no es extraordinario que grupos completos de diez o más personas sean capturadas. Desde 2006, se han registrado 26 eventos masivos: el último fue el 2 de diciembre de 2021 en Tepic. Ese día desaparecieron 14 personas que siguen sin ser encontradas.

De lo que sabemos sobre estas desapariciones masivas —gracias a información de los colectivos de familias buscadoras— es que muchas veces las víctimas son personas que estaban en tránsito por el país o pasaban por regiones controladas por grupos armados, sino es que habitaban lugares en disputa. También se dan casos en los que eran profesionistas que dominaban una actividad —ingenieros en telecomunicaciones, por ejemplo— que muchas veces es mano de obra codiciable en la disputa por el control del territorio. O simplemente eran hombres, jóvenes, en edad de ser reclutables.

Estos han sido hasta ahora los cinco eventos con la mayor cantidad de personas desaparecidas:

• Iguala, Guerrero 26 de septiembre de 2014

Los registros oficiales dan cuenta de 47 personas de las que no se sabe nada desde ese día, incluidos los 43 estudiantes de Ayotzinapa que fueron desaparecidos en un suceso que aún sigue siendo investigado por las autoridades federales.

• Reynosa, Tamaulipas 7 de marzo de 2019

31 personas desaparecieron en esa jornada, según la contabilidad oficial. Ese día comandos secuestraron a decenas de migrantes que viajaban en un autobús que había partido de Tampico.

• Zacatecas capital 26 de febrero de 2021

Un total de 28 personas desaparecidas fueron registradas ese día; la prensa local no registró un evento particular ese día, pero en las jornadas previas desapareció gente en los municipios de Fresnillo, Guadalupe y Monte Escobedo.

• San Luis Potosí capital 17 de marzo de 2010

20 personas desaparecidas ese día de acuerdo a cifras oficiales; un autobús de la empresa Pirasol salió del municipio Xilitla con más de 30 personas que presuntamente fueron interceptadas por policías en Valadeces, Tamaulipas.

• Sabinas, Coahuila 13 de marzo de 2011

Desaparecieron 16 personas ese día según el reporte oficial aunque no hay registros de sucesos en la prensa local. Cinco días después, en la cercana población de Allende sicarios de Los Zetas masacraron a cientos de personas.

Las semanas del terror

La desaparición de personas no siempre es a cuentagotas.

Los datos del registro oficial muestran que en México hay lapsos en los que la desaparición pareció ser una epidemia que se presentó en forma repentina y generalizada en ciertas regiones; semanas en este delito se desató como tormenta y tuvo varios polos al mismo tiempo.

La información oficial permite identificar “temporadas de terror” en las que pudieron haber ocurrido prácticas criminales de leva o venganzas masivas contra personas de grupos “enemigos”. Las semanas con oleadas de desapariciones se localizaron en corredores de violencia que abarcan varios municipios o tuvieron reflejos en diversos estados. En todo caso, las víctimas siguen sin ser encontradas.

Territorios silenciados

Así como sucedieron semanas de terror, también ocurrieron lapsos de silencio, periodos en los que no se pudo denunciar (y quizás aún no se puede) ante las autoridades los hechos recién ocurridos. En ciertas zonas dominadas por el silencio la gente tuvo que callar el dolor de que le arrebataran a algún ser  querido, y esperar meses, incluso años, para poder reportarlo.

El registro oficial de desapariciones actual no permite identificar cuándo y dónde se produjeron esos silencios, pero sí es posible hacerlo si se analiza la base de datos del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), cuyos registros llegaron hasta junio de 2018.

De ahí se desprende que de 2010 a 2012 el silencio fue la regla en sitios del noreste del país, especialmente en Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León.

El temor marcó a 447 municipios azotados por la violencia, en donde las familias denunciaron la desaparición sólo hasta que transcurrieron uno, dos o tres años.

No es posible saber en cuáles y cuántos casos las autoridades impidieron que se hicieran las denuncias, no las registraron o las víctimas no las realizaron pues desconfiaban de las propias autoridades; sabían que eran partícipes o perpetradores directos de la desaparición.

 Las leyes del silencio no son estáticas, cambian según el tiempo, o de las estrategias de control poblacional de los distintos perpetradores de la violencia. La censura opera todavía. Las autoridades no han hecho nada para proteger a quienes denuncian y garantizar su derecho a notificar la ausencia de sus seres queridos y a pedir que sean buscados. Al menos 16 familiares han sido asesinados por buscar.

En este momento alguien está siendo desaparecido

México lleva más de medio siglo sumando a sus estadísticas personas desaparecidas.

Mientras un joven, de entre 15 y 19 años, desaparecido en Nuevo León, en 1964, fue el primero en ese infame registro; esta vergonzosa lista no ha dejado de crecer, de acumular nombres e historias de ausencias que no son normales, que no deberían de serlo.

El lunes 16 de mayo de 2022 México rebasó las 100 mil personas desaparecidas.

Estos no son sólo números, son historias de vidas humanas cuyas ausencias generan un dolor que no puede ser sanado con el tiempo. Que afectarán no sólo a ésta, también a las siguientes generaciones.

Llegamos a las 100 mil desapariciones cuando fueron sumadas al registro tres personas: dos hombres y una mujer. Un adolescente de 17 años a quien se le dejó de ver en Saltillo, Coahuila; otro muchacho de 22 años que estaba en Ayapango, Estado de México; una joven de 29 años a quien no localizan en la Ciudad de México, la buscan en la alcaldía Venustiano Carranza. Sus familias seguramente recorren ahora mismo los laberintos de la burocracia creados para cansar o enloquecer a quien busca, esos sinuosos caminos llenos de puertas falsas y engañosas promesas que otras ya transitaron

Las tragedias agregadas a ese doloroso recuento de ausencias no cesarán hasta que termine la impunidad que cobija a estos crímenes. Hasta que en México se respete el derecho a nunca ser desaparecido. Y quienes faltan regresen a casa.

VER INTERACTIVOS

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“Fragmentos de la Desaparición” es una investigación periodística que permite explorar la información sobre cómo México llegó a las 100 mil personas desaparecidas, quiénes faltan, desde cuándo y en qué territorios se resiente su ausencia. Esta es una serie de Quinto Elemento Lab y del proyecto A dónde van los desaparecidos que puedes ver en: http://quintoelab.org/fragmentos/cien-mil-despariciones-mexico

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 *Créditos: equipo coordinador: Mago Torres, Marcela Turati, Efraín Tzuc, Thelma Gómez. Desarrollo y datos (cuadernos Observable): David Eads. Equipo datos: Irving Morlán, Aldo Dector Oliver y Efraín Tzuc. Diseño y programación: Ale Saavedra, Cynthia Monterrosa y Gustavo Solís. Coordinación de fotografía: Lucía Flores. Asesoría en imagen: Mónica González Islas. Edición General: Marcela Turati, Thelma Gómez, Armando Talamantes.

La entrada 100 mil desapariciones: claves para desentrañar esta tragedia se publicó primero en Periodistas Unidos.