Periodistas Unidos. Ciudad de México. 28 de junio de 2026.- La reconfiguración de las cargas probatorias en los litigios de preservación ecológica, el blindaje judicial de los mantos acuíferos vulnerables y la observancia de los tratados vinculantes en materia de derechos humanos rigen los mecanismos de la justicia comunitaria. Un bloque consolidado de organizaciones ambientalistas, civiles y juristas internacionales promovió un recurso de Amicus Curiae ante el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en el estado de Yucatán. La acción legal, formalizada este jueves 25 de junio de 2026, busca incidir en la resolución del recurso de revisión 47/2025, el cual impugna la construcción y operatividad de la megagranja avícola “Akutzá”, propiedad de la corporación Bachoco en el municipio de Peto, en este junio de 2026.

El instrumento jurídico busca salvaguardar los derechos territoriales de los ejidos que integran el Sistema Lagunar de Chichankanab, cuyos habitantes demandan el reconocimiento de su interés legítimo para frenar los impactos derivados de la industria agropecuaria a gran escala. Las agrupaciones promoventes advirtieron que, en caso de que el cuerpo de magistrados ratifique el sobreseimiento del amparo, el Estado mexicano incurriría en una franca violación a sus compromisos multilaterales, abriendo la posibilidad de enfrentar juicios por responsabilidad internacional ante tribunales extranjeros en este 2026.

El Principio de Precaución y el Impacto en el Suelo Kárstico

El núcleo argumentativo del documento técnico —coordinado por la abogada alemana Miriam Saage-Maasz, directora legal del European Center for Constitutional and Human Rights— fundamenta que la responsabilidad de demostrar la inocuidad ambiental recae en las empresas y autoridades, invirtiendo la carga de la prueba en favor de las comunidades originarias. Esta disposición se alinea de forma estricta con las directrices del Acuerdo de Escazú, ratificado por México y en vigor desde 2021, el cual obliga a los órganos jurisdiccionales a aplicar principios de prevención e in dubio pro natura cuando existan indicios racionales de afectación a los sistemas hídricos subterráneos.

La pertinencia del litigio adquiere relevancia institucional debido a las características geológicas particulares de la Península de Yucatán, cuyo suelo de consistencia kárstica presenta una elevada permeabilidad que facilita la filtración inmediata de contaminantes hacia los mantos freáticos. El tribunal regional había aplazado la votación del proyecto original el pasado 12 de junio de 2026; por ello, agrupaciones de la escala de Greenpeace México, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y la Clínica Jurídica “Berta Cáceres” instaron a la judicatura a modificar el sentido del fallo para evitar establecer un precedente regresivo en la defensa del agua de la región en este verano de 2026.

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