Por Humberto Musacchio

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 14 de noviembre de 2025.- Alfonso Ramírez Cuéllar propuso que la ratificación de mandato (revocación de mandato) establecida para 2028, se anticipe y se incorpore a la votación de junio de 2027, cuando habremos de elegir diputados federales y locales, a 17 gobernadores, más de dos mil presidentes municipales y jueces del Poder Judicial impuesto por Morena y sus pegotes.

Parece excesivo amontonar tantos procesos, pero, de acuerdo con Ramírez Cuéllar, eso permitiría un ahorro de cinco mil millones de pesos, una suma que resulta de vital importancia hoy que el erario se ha convertido en un andrajoso mendigo y los gastos aumentan, como lo muestra la anunciada erogación de 60 mil millones de pesos para aplacar a las mafias de Michoacán.

Está muy bien eso de ahorrarse unos pesos, pero se trata de un cambio constitucional, y no es recomendable que una reforma de esos alcances se apruebe al vapor, pues presenta riesgos políticos que deben advertirse. De ahí que Ricardo Monreal, líder de la mayoría en San Lázaro, señalara que la iniciativa debía analizarse debidamente, criterio que, al parecer, comparte la presidenta Claudia Sheinbaum. El problema no es si se aprueba o no la reforma, pues Morena y compañía disponen de su mayoría artificial. De ahí que la intervención de Monreal vea más adelante y se adviertan los efectos que tendría para Sheinbaum y para la plana mayor morenista uno u otro resultado.

Por supuesto, hay argumentos favorables al cambio. Como está dicho, el ahorro sería considerable, aumentaría la participación ciudadana en lo referente a la revocación o ratificación, pues el votante cumpliría con su deber cívico en una sola jornada y no en dos, como está dispuesto ahora. Pero el interés mayor para los cuatroteístas es aprovechar la popularidad de la Presidenta que, dicen, anda por 70%, pues existe un muy fundado temor de que diversos sectores le cobren a las autoridades morenistas —de todo nivel, no sólo federales— errores, corruptelas de muy distinguidos personajes, desorden administrativo, falta de previsión e ineficiencia gubernativa.

Se puede estar o no de acuerdo con esas supuestas razones, pues la fanaticada morenista piensa que todo es perfecto, pero los hechos contradicen en forma tajante esa visión. La respuesta de los michoacanos ante el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, ha sido un rudo golpe para la creencia de que todo está en orden y bajo control, cosa que se halla lejos de ser verdad.

Lo sucedido en tierras purépechas es muy grave, pero no se trata de un hecho aislado. Sinaloa, Guerrero, Chiapas, Tabasco y muchos otros lugares muestran que la delincuencia organizada despliega el terror en gran parte de México, que quita y pone alcaldes, que patrocina candidatos de Morena y otros partidos, y cuenta ya con una red de relaciones de todo nivel y base social que no tienen algunos de los partidos con registro.

Ramírez Cuéllar considera que meter la revocación de mandato en la misma jornada electoral le daría el triunfo a los candidatos cuatroteros por contagio, pero de ningún modo es algo automático. Más bien lo que se advierte es un inmenso riesgo para la Presidenta, pues, por el cargo que ocupa, no faltarán quienes la acusen por todas las barbaridades de sus correligionarios o que, por lo menos, le reclamen por qué sigue Adán Augusto López al frente del Senado y por qué Bedolla en Michoacán y Rocha Moya en Sinaloa no han sido destituidos mediante el conocido recurso de la desaparición de poderes, pues esos gobernadores no gobiernan y han convertido las citadas entidades en tierra de nadie.

No se ignora que al adelantar y resultarle favorable el proceso de revocación-ratificación de mandato, Claudia Sheinbaum podría sacudirse la ominosa sombra de su antecesor, pero tampoco hay que dejar de lado la posibilidad de que la Presidenta resulte entrampada y que sus malquerientes aprovechen la oportunidad para retirarle todo apoyo o que la culpen si, como es esperable, le va mal a la coalición que encabeza Morena.

En suma, para modificar lo dispuesto en la revocación de mandato lo que debe contar para la Presidenta y las fuerzas sanas de Morena —que, por supuesto, las hay, aunque muy menguadas— es fortalecer a la mandataria y no arriesgarla a un desastre de gravísimas consecuencias para la nación.

La entrada Revocación o ratificación se publicó primero en Periodistas Unidos.

Por Eduardo Ibarra Aguirre

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 04 de octubre de 2025.- Con el manejo de alrededor de 3.1 billones de pesos (millones de millones) y con un impacto directo de 1.41 billones de pesos que no llegan al erario, las denominadas empresas factureras generan una evasión fiscal de tamaño monumental y del mismo alcance es el negocio que manejan y exprimen al máximo.

Factureras son todas las empresas que expiden comprobantes por obras y servicios que no efectuaron para evadir sus obligaciones con el Sistema de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda.

El SAT identifica a 8 204 empresas fantasmas capaces de generar 8 millones 827 000 facturas falsas por un monto de 1.6 billones de pesos. El fraude derivado, según análisis realizado por Alfonso Ramírez Cuéllar, alcanzó 354 000 millones de pesos, equivalentes a 1.4 por ciento del producto interno bruto, por lo que se trata de un “saqueo multimillonario al Estado”, sostiene el vicecoordinador parlamentario de Morena.

En el documento se alerta que existen “vacíos normativos e institucionales” que permiten la operación de las factureras y sus clientes con relativa impunidad, ya que muchas de esas empresas ya fueron identificadas, pero demasiado pocas están castigadas por sus actividades ilícitas.

De acuerdo con la investigación que encabezó el legislador Ramírez Cuéllar –quien en 2010 irrumpió en San Lázaro montado a caballo como líder de la organización El Barzón para respaldar sus demandas agropecuarias–, las cifras “son demoledoras”, de 2014 a 2025, 13 594 contribuyentes fueron señalados de ser presuntas empresas que facturan operaciones simuladas, pero 353 lograron desvirtuar la acusación y 1 705 obtuvieron sentencias firmes para anularlas. Y hasta el 4 de septiembre del presente año, 12 644 contribuyentes fueron confirmados como operaciones simuladas en situación definitiva, mas “no existe información pública sobre cuántos de estos casos llegaron a proceso penal efectivo.

El estudio de la bancada de Morena en San Lázaro establece, en voz del diputado zacatecano, que a pesar de los programas de fiscalización y las reformas legales, “el avance en la vía judicial ha sido limitado. El SAT logra detectar los casos y la Procuraduría Fiscal recibe los expedientes, pero en los tribunales no se emiten órdenes de aprehensión”. Destacadamente, agrega el redactor de Utopía, en el inolvidable trienio de Norma Lucía Piña Hernández, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (¿O “corta”?) que subordinó al Poder Judicial a los intereses de los todavía vigorosos y muy influyentes poderes fácticos, esos que la dictadura mediática edulcora y defiende sin recato, ilimitadamente, porque forma parte de sus negocios y propiedades.

Baste decir que para el presente año existen 1 500 carpetas de investigación detenidas en tribunales. Precisamente por lo anterior, el vicecoordinador de los diputados del Movimiento de Regeneración Nacional, partido que encabeza Luisa María Alcalde, defiende la reforma propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para combatir a las factureras, debido a que “amplía el concepto de ‘factura falsa’ y endurece las consecuencias” contra todos los participantes en el archimillonario esquema fraudulento de los tan profesionales como vivales de la evasión y la elusión fiscales, convertida en México en un súper lucrativo negocio en demérito de la educación, la salud, los programas de bienestar social y la seguridad pública de todos los mexicanos, aunque “Por el bien de todos, primero los pobres”.

La entrada Saqueo multimillonario al Estado mexicano se publicó primero en Periodistas Unidos.

Foto: Cuartoscuro

Por Humberto Musacchio

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 22 de mayo de 2020.- Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de Morena, soltó un ruidoso buscapiés que alarmó al conservadurismo y ocasionó desgarramientos de vestiduras en sectores de su propio partido, al extremo de que el líder senatorial rechazó rotundamente la propuesta que consistía (o consiste) en facultar al Inegi para medir o, más precisamente, conocer la concentración de la riqueza, lo que implicaría revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de las personas y conocer también las cuentas del Servicio de Administración Tributaria, que, hasta ahora, apenas empiezan a difundirse, especialmente las de quienes tienen deudas mayores con el fisco.

Por supuesto, los panistas pusieron el grito en el cielo (¿dónde más?) y uno de sus prohombres acusó al protopartido en el poder de autoritarismo, estalinismo, intolerancia y persecución de disidentes. Que sea menos. Más acertado sería acusarlo de dispersión, ignorancia, falta de dirección, ocurrencias y otros milagritos.

Desde el profundo pozo donde se halla el PRI salió una voz de ultratumba, la que calificó la propuesta de “arbitraria, inconstitucional e inconvencional”, y advirtió que el Inegi no debe convertirse en una “instancia fiscalizadora”, porque “la propiedad privada, la seguridad jurídica y la inviolabilidad de domicilio” son derechos fundamentales asentados en la Constitución y en “diversos instrumentos internacionales suscritos por el Estado mexicano”. Por supuesto, el jilguero no aclaró en qué punto atenta la propuesta de Ramírez Cuéllar contra los derechos ciudadanos.

Al coro reprobatorio se unió alegremente Ángel Ávila, líder de los restos del PRD, aquel partido que nació con banderas de izquierda y que hoy se limita a condenar todo lo que hagan o digan López Obrador y sus seguidores. Dice el señor Ávila que la propuesta de Ramírez Cuéllar implica investir de las mismas facultades de un comisario soviético al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, al que confunde el Angelito con la extinta Dirección de Investigaciones Políticas.

Para no ser menos, Tatiana Clouthier, la diputada de Morena, declaró que no se deben dar más facultades al Inegi porque, a su juicio, se “violenta el uso de datos personales y se atenta contra libertades al acceder sin restricción a cuentas y otros” (datos). Doña Tatiana no aclara en qué se “violenta” el empleo de datos personales si se mide la distribución de la riqueza ni tampoco dice por qué considera un atentado el conocimiento de las cuentas personales, pese a que ahora el fisco, los bancos y otras instituciones y empresas conocen tales cuentas.

Conocer la distribución del ingreso nacional nada tiene de novedoso. Incluso, en varias dependencias del gobierno, en las universidades y en los centros de estudios patronales es un asunto que se analiza de manera permanente y sistemática, pues resulta de interés público saber cómo está distribuida la riqueza que creamos los mexicanos, porque de ese conocimiento se derivan las más trascendentes decisiones de Estado y de los inversionistas.

En otros países se acostumbra hacer público el patrimonio de las personas. Incluso es un motivo de orgullo aparecer en los primeros lugares en la lista de los más ricos y nunca hemos escuchado una queja o una protesta de los potentados mexicanos que periódicamente ven sus nombres en las listas de Forbes, pues, a quien tiene capacidad para acumular riqueza se le considera más apto como emprendedor y más confiable como socio, pues no resulta razonable que alguien ponga sus dineros en manos de quien no dispone de crédito ni cuente con una trayectoria exitosa en los negocios.

Lo que sugiere el airado rechazo a la propuesta de Ramírez Cuéllar es el origen de muchas fortunas asociadas a la política, riquezas que serían inexplicables si ignoráramos la importancia que para funcionarios corruptos y empresarios corruptores ha tenido en todo trato el pago de mordidas, cochupos, propinas, entres y otras exacciones. Es a ellos a quienes no conviene que se ventile la distribución de la riqueza nacional.

Pero decíamos al principio que lo de Ramírez Cuéllar era un buscapiés. Arriba de él observaron y midieron la reacción y, ante los resultados, prefirieron dejar el asunto para mejor ocasión. ¿O no es así?

La entrada Medición de la riqueza se publicó primero en Periodistas Unidos.