EFE. Ciudad de México. 06 de abril de 2025.-  Lenia Batres, identificada como la «ministra del pueblo» en la Suprema Corte de México, busca repetir en el cargo al participar en las primeras elecciones populares del Poder Judicial y ser «aliada» del Ejecutivo en «beneficio de la población», según manifestó a EFE. «Yo sería una aliada de cualquier poder democráticamente determinado conforme a nuestra Constitución, por supuesto, siempre de manera absolutamente institucional», respondió a una pregunta expresa la abogada, una favorita en las encuestas hacia los primeros comicios judiciales de México, el 1 de junio.

Cuestionada sobre si sería aliada sin importar si la presidenta es Claudia Sheinbaum o cualquier otra persona, sostuvo que «tendría la responsabilidad de respetar la voluntad del pueblo mexicano y, si es voluntad del pueblo mexicano que ocupe la presidencia una persona determinada», le caiga «bien o no, toca respetarla».

Batres, una de las tres integrantes actuales de la Suprema Corte que compiten en los primeros comicios judiciales, llegó al cargo en diciembre de 2023 nombrada por el entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), del mismo partido que Sheinbaum, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

La oposición la acusa de ser demasiado afín al Gobierno y ser hermana de Martí Batres, quien en 2023 era jefe de Gobierno de Ciudad de México, como sustituto de Sheinbaum por su campaña presidencial, y que ahora dirige el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Pero ella defiende que la Suprema Corte puede cumplir «sus funciones de manera independiente, imparcial y totalmente autónoma de otros poderes públicos o privados», pero «eso no significa que no se pueda relacionar de manera amistosa, armónica y responsable con los otros poderes».

«La gente espera que sus poderes públicos se coordinen en beneficio de la población. Si se están peleando, el único perjudicado es el ciudadano», argumentó.

Defensora de la reforma judicial y «del pueblo»

Batres ha defendido la reforma que López Obrador promulgó en septiembre pasado para establecer la primera elección judicial el 1 de junio, cuando 99,7 millones de votantes pueden elegir 881 cargos federales de entre 3.422 candidaturas, incluyendo la renovación de la Suprema Corte.

La ministra considera esto «una oportunidad histórica» porque «todos los poderes públicos deberían provenir originalmente del voto popular», y el Poder Judicial «arrastra una enorme cantidad de cuestionamientos que justamente generan esta necesidad de obtener una fuente de legitimidad popular».

Originaria de Ciudad de México y con 55 años, Batres se considera una «ministra del pueblo», en contraste con otros integrantes del máximo tribunal.

«No he conocido a ningún ministro (de la Corte) que se sienta identificado con los intereses populares. En general, creo que más bien ha habido muchos ministros que han sido o que parecen ministros de las élites, que les ha gustado representarlas, quedar bien, resolver en función de intereses muy particulares», expuso.

La también exdiputada federal negó que esto implique contemplar la opinión pública al juzgar, pero sostuvo que, aunque «no tienen por qué votarse» las sentencias, «es un deber de todo juez, obviamente, tener noción de los valores éticos de su sociedad», pues el «sentido de justicia es el que piensa la sociedad».

«Si la sociedad piensa que lo ético es no robar o que lo ético es proteger al más débil, los jueces deberíamos tener un mínimo sentido común y mirar los valores de la sociedad, la justicia no es la que aprendemos en las escuelas, la que decía quién sabe qué filósofos ilustradísimos», ahondó.

Sus prioridades

De resultar electa para la nueva Suprema Corte, que ahora tendrá nueve integrantes y presidirá la persona con más votos populares de 63 candidaturas, Batres priorizará los derechos sociales, la transparencia de las sesiones y sentencias, la austeridad del Poder Judicial y el combate a la corrupción.

También, fortalecerá el sistema de defensoría pública para quienes no puedan pagar un abogado.

«Es un reto el generar una metodología para que, razonablemente, el Poder Judicial contribuya con la parte más injusta de nuestra sociedad, la que se refiere justamente a la pobreza, a los derechos económicos, a la falta de satisfacción o de posibilidades», detalló.

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