Periodistas Unidos. Ciudad de México. 22 de noviembre de 2025.- Un juez de control impuso este sábado prisión preventiva oficiosa a Jorge Armando «N», alias «El Licenciado», presunto autor intelectual del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, así como a siete de sus escoltas, acusados de homicidio calificado por omisión. La medida se dictó tras una audiencia de más de ocho horas en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1 «El Altiplano», en el Estado de México, donde se vinculó el crimen al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El homicidio de Manzo ocurrió el 1 de noviembre durante las celebraciones del Día de Muertos en la Plaza de los Mártires de Uruapan, un evento público en el que el edil repartía velas a los asistentes. Un adolescente, Víctor Manuel Ubaldo, de 17 años, disparó contra el alcalde, quien falleció minutos después por heridas de bala. El joven agresor fue abatido en el lugar por uno de los escoltas de Manzo, utilizando su propia arma, según peritajes balísticos presentados en la audiencia. Sin embargo, testimonios revelaron contradicciones: un paramédico afirmó que no se le permitió auxiliar al menor hasta la intervención de la Guardia Nacional, cuando ya había fallecido.

La defensa de los imputados argumentó irregularidades en las detenciones, alegando fallas en el debido proceso, pero el juez Luis Fernando Díaz Parra rechazó los argumentos y ordenó la prisión preventiva mientras se desahogan más pruebas. La próxima audiencia está programada para el miércoles 26 de noviembre, en los juzgados del penal del Altiplano, donde se integrará el caso completo.

Detenciones: De Morelia a Uruapan, el cerco se cierra

«El Licenciado», detenido el 18 de noviembre en una casa rentada en Morelia, Michoacán, es señalado como operador logístico del CJNG bajo las órdenes de Ramón Álvarez Ayala, alias «R-1», líder regional del cártel y quien habría autorizado el ataque por un pago de al menos dos millones de pesos. Según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el detenido coordinaba un chat donde se filtraban movimientos en tiempo real del alcalde, incluyendo un mensaje clave a las 18:56 horas del día del crimen: «Vamos retrasados porque anda el Presidente repartiendo velas». Investigaciones apuntan a que un informante infiltrado en el círculo cercano de Manzo proporcionaba esta información, lo que facilitó el operativo de sicarios en motocicletas que cerraron rutas de escape en el centro de Uruapan.

Las detenciones de los escoltas se concretaron el viernes 21 de noviembre en un operativo conjunto del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán. Seis hombres y una mujer, con edades entre 21 y 56 años, fueron aprehendidos en las inmediaciones de la Casa de Cultura de Uruapan –antigua sede del ayuntamiento, a metros del lugar del atentado– y trasladados al Centro Penitenciario «Lic. David Franco Rodríguez» (Mil Cumbres) en Charo. Están acusados de no haber evitado el homicidio pese a su rol de protectores, y uno de ellos es el que disparó contra el adolescente abatido. La FGE los imputa por «homicidio calificado en comisión por omisión, en agravio del presidente municipal».

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó que un octavo guardia permanece prófugo tras huir durante los arrestos, y se le considera pieza clave para reconstruir los hechos previos al ataque. «La investigación es integral y amplia para esclarecer el homicidio», enfatizó el mandatario en entrevista con medios locales.

El trasfondo: CJNG y la violencia en Michoacán

El crimen de Manzo ha sacudido al país, exponiendo la infiltración del narco en gobiernos locales. El alcalde, quien asumió el cargo en septiembre de 2024, había denunciado amenazas del CJNG por su oposición a actividades ilícitas en Uruapan, bastión aguacatero y ruta clave del narcotráfico. «R-1», detenido en 2012 y liberado hace tres años, es el cerebro señalado detrás de las instrucciones transmitidas por «El Licenciado». La indagatoria revela la participación de al menos diez personas más en la planeación, incluyendo el reclutamiento de menores como el ejecutor.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad federal, destacó que las detenciones debilitan al CJNG en al menos cuatro municipios michoacanos. La FGE, encabezada por Carlos Torres Piña, advierte que habrá más aprehensiones, tanto intelectuales como materiales. Mientras, Uruapan vive bajo un manto de tensión, con un despliegue federal reforzado para prevenir represalias.

Este caso subraya la vulnerabilidad de funcionarios públicos en zonas de alta conflictividad, donde el narco no solo atenta contra vidas, sino que corrompe estructuras de protección. La justicia mexicana avanza, pero el camino para desmantelar estas redes criminales luce largo y sinuoso.

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AMEXI. Ciudad de México. 09 de septiembre de 2025.- Un juez federal vinculó a proceso a 10 integrantes de la Secretaría de Marina (Semar), incluido el vicealmirante Emanuel Roberto “N”, por su presunta participación en una red de delincuencia organizada dedicada al tráfico ilegal de hidrocarburos, en lo que autoridades han denominado como el caso de huachicol fiscal.

La audiencia, celebrada en el Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano, en Almoloya de Juárez, se extendió por más de 18 horas.

Al término, el juez determinó que existen elementos suficientes para iniciar proceso penal contra los imputados, quienes permanecerán en prisión preventiva justificada durante los seis meses que durará la investigación complementaria.

Según la Fiscalía General de la República (FGR), los acusados habrían facilitado el ingreso a territorio nacional de millones de litros de diésel, disfrazados como aditivos, mediante la simulación de revisiones en buquetanques y el uso de documentación falsa.

La operación habría involucrado al menos 32 embarcaciones entre 2024 y 2025, generando un daño económico significativo al Estado mexicano.

El papel de Emanuel Roberto “N”

Entre los implicados figuran altos mandos y personal operativo de la Semar, así como funcionarios aduanales. El vicealmirante Emanuel Roberto “N”, señalado como uno de los líderes de la estructura, habría autorizado perfiles clave para operar en aduanas estratégicas.

Otros detenidos, como Climaco “N” y Humberto “N”, también habrían desempeñado funciones de dirección, mientras que el resto enfrentan cargos por omisiones en inspecciones y entrega de muestras manipuladas.

La investigación se fortaleció con testimonios de testigos protegidos y documentos atribuidos a Rubén Guerrero Alcántara, asesinado en noviembre de 2024 en Manzanillo, Colima, presuntamente por denunciar estas irregularidades.

El caso ha sacudido a las Fuerzas Armadas, al evidenciar presuntos vínculos entre personal activo e inactivo con redes de corrupción y contrabando.

Marina deslinda al exsecretario José Rafael Ojeda Durán

La Marina, por su parte, ha reiterado su política de “cero tolerancia” y ha deslindado al exsecretario José Rafael Ojeda Durán, familiar del vicealmirante procesado, de cualquier participación en los hechos.

Este proceso judicial se suma a una serie de acciones emprendidas por el gobierno federal para combatir el robo de combustible y la corrupción institucional, en un contexto donde se han solicitado más de 200 órdenes de aprehensión relacionadas con el caso.

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EFE. Ciudad de México. 07 de agosto de 2025.-  Tras casi 20 años de su detención junto a la francesa Florence Cassez, Israel Vallarta, acusado en México por un secuestro en 2005, asegura que su libertad fue una “lucha propia y de su familia”, y pide a quienes digan que su caso es un fraude que se traguen «su veneno, pónganse a leer la sentencia, aprendan y comprendan”.

El mexicano habla con EFE luego de haber salido de prisión, tras ser detenido y acusado, hace casi dos décadas, de la privación de la libertad de seis personas, además de otros delitos como delincuencia organizada y portación de cartuchos.

Además, se le acusó de ser líder de la banda Los Zodiacos, nombre dado por el entonces director de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), Genaro García Luna, y su encargado de investigación policial, Luis Cárdenas Palomino, ambos actualmente en prisión en Estados Unidos.

“A esa gente que de mala onda está diciendo que yo tengo contacto con la presidenta (de México, Claudia Sheinbaum) y favoritismos, pues yo jamás, insisto, me he vendido con nadie”, defiende Vallarta.

Su detención se tornó mediática al ser transmitida a nivel nacional, aunque tiempo después, un reportaje comprobó que todo fue un montaje orquestado por García Luna y Cárdenas Palomino.

Fue la jueza de distrito Mariana Vieyra -electa en los pasados comicios del Poder Judicial- quien dictó sentencia absolutoria al acusado, destacando “el efecto corruptor” derivado del montaje, que también fue utilizado en 2013 para la liberación de Cassez, expareja de Vallarta y de quien, asegura, no sabe nada desde 2006.

“Mientras estaba en prisión, estaba afuera con hambre de justicia plena (…) Con esa esperanza de no pudrirme en la cárcel”, confiesa en el departamento que comparte con su esposa, Mary Sainz, sobre esos años de encierro en el Altiplano (Estado de México), una cárcel de alta seguridad donde estuvo el narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Vallarta, una nueva vida

Aquel hombre de 35 años que México vio por televisión con la mirada desviada y el rostro golpeado respondiendo preguntas a las televisoras mientras era sostenido del cuello por Cárdenas Palomino, ahora tiene 55 y su historia de liberación -con fecha del 1 de agosto- ya está en la letra de cuatro canciones.

El cuarto tema llega en un mensaje al teléfono de Mary en plena entrevista. A Vallarta le gana la emoción y lo reproduce.

“La vieja justicia se cayó, con Israel nace la llama que ilumina la prisión”, es el verso con el que Vallarta mira a la cámara con ojos llorosos para decir: “Voy a ser la voz de los ‘Vallartas’ que no los escuchan, para que todas esas familias, las que han relegado y discriminado, les voy a prestar mi voz”.

Además, subrayó que su libertad no está completa, pues “quiero también la libertad de mi familia, está mi hermano Mario Vallarta y mi sobrino (Sergio Cortéz), entonces voy a continuar la lucha”.

Enfatizó que el viernes en el Zócalo de la Ciudad de México planea organizar una convocatoria abierta para exponer “algunas circunstancias” al gobierno de México, como la disculpa pública a su familia.

“Me asusta esta responsabilidad que voy a tomar(…) Nadie me está obligando, nadie me está contratando, nadie me está apadrinando, ningún grupo ni partidos (políticos)(…) Esta decisión la estoy tomando desde el corazón de mi esposa, el mío y de mi familia”, resaltó.

Incluso mencionó que gracias a una institución podrá estudiar la licenciatura en derecho penal junto con su esposa, quien lleva 20 años siendo activista y defendiendo el caso de Vallarta, situación por la que, denuncia Sainz, ha sido atacada física y psicológicamente por autoridades mexicanas.

Durante la entrevista, Vallarta sostiene un cuaderno, y cuenta que en prisión rellenó cinco ‘blocks’ (cuadernos) con “mucha información”, y revela que en ese entonces -cuando empezó a escribir en el Altiplano– tenía la idea de “hacer un libro o algo”.

Vallarta tiene un sinfín de historias dentro de las cárceles mexicanas, donde afirma que sufrió “abusos y torturas”, como cuando una autoridad lo sacó del penal y lo mantuvo atado de manos y pies durante siete horas sin comida ni agua.

También recuerda cuando miraba en el Altiplano los “ojos asustados” de Cárdenas Palomino, a quien nunca le dirigió la palabra, solo con terceros, que le ofrecían dinero para que “retirara las denuncias” en contra de su torturador, ofertas que nunca aceptó.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 01 de agosto de 2025.- Autoridades federales detuvieron a cuatro expolicías en distintos operativos realizados en el centro y norte del país, por su presunta relación con el crimen organizado. De acuerdo con fuentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), los exagentes estarían ligados a actividades de extorsión, narcotráfico y filtración de información a grupos delictivos.

Las detenciones se efectuaron en los estados de Nuevo León, Guanajuato y Ciudad de México, y fueron resultado de una investigación conjunta entre la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). A los detenidos se les acusa de colaborar con una célula del Cártel del Noreste, a la que presuntamente brindaban protección y datos sobre operativos en curso.

Fuentes ministeriales indicaron que los exoficiales trabajaron en corporaciones municipales y estatales entre 2015 y 2022, y que tras su salida de las fuerzas policiales mantuvieron vínculos con redes delictivas. Uno de ellos, identificado como «El Lobo», habría coordinado entregas de armamento y dinero a cambio de información clasificada.

Durante los cateos realizados se aseguraron armas de alto calibre, equipo táctico, documentos y dispositivos electrónicos con evidencia de comunicación con líderes criminales. La FGR informó que los imputados ya fueron trasladados al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, donde enfrentarán cargos por delincuencia organizada, cohecho y uso indebido de funciones públicas.

Organizaciones como Causa en Común y México Unido contra la Delincuencia señalaron que este tipo de casos revelan la urgente necesidad de depurar y profesionalizar a las corporaciones policiales, así como fortalecer los mecanismos de control y rendición de cuentas.

Las autoridades no descartan que haya más implicados, y continúan con las investigaciones para desarticular la red de protección institucional que facilitaba operaciones criminales en al menos tres estados del país.

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AMEXI. Almoloya de Juárez, México. 19 de julio de 2024.-  Este viernes, autoridades penitenciarias federales sacaron en helicóptero al líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yépez, alias “El Marro”, del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1 “El Altiplano”, ubicado en este municipio mexiquense.

Según fuentes federales, Yépez Ortiz habría sido trasladado al Cefereso número 14, ubicado en Gómez Palacio, Durango. Esta mañana, a eso de las 08:30 Hrs., habría llegado un helicóptero Blackhawk a las instalaciones de “El Altiplano”, para llevarse a “El Marro”, quien cumplía en estas instalaciones una sentencia de 60 años de prisión por el delito de secuestro.

Hasta el momento, no hay autoridad federal que haya emitido alguna explicación del traslado de José Antonio Yépez a Durango.

Este sujeto, originario de Guanajuato, creó el Cártel de Santa Rosa de Lima, que es una comunidad del municipio de Villagrán de esa entidad, entre las ciudades de Celaya y Salamanca.

Se sabe que en algún momento perteneció al grupo delictivo de Los Zetas y después se fragmentó en una célula que operaba robo de camiones de combustible en esa región guanajuatense, que después se transformó en robo de hidrocarburo directamente de los ductos de Pemex.

“El Marro” se caracterizó por operar con extrema violencia y amplió sus actividades a otros delitos, como robo de transporte de carga, delito por el que fue detenido en 2008, así como por delincuencia organizada, pero logró salir en libertad por faltas al debido proceso.

Al llegar Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República en 2018, inició una ofensiva para combatir el robo de ductos de Pemex, lo que afectó las operaciones del Cártel de Santa Rosa de Lima, lo que lo obligó a salir de la comunidad donde operaba y se sentía seguro.

En junio de 2020, se realizaron una serie de cateos a inmuebles de Santa Rosa de Lima, y fueron detenidas la mamá y la hermana de “El Marro”, pero posteriormente fueron puestas en libertad por falta de pruebas. Dos meses después, y ante la detención de varias cabezas de esta organización, lograron detenerlo en agosto del 2020.

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AMEXI. Toluca, México. 16 de julio de 2024.- Tras la determinación del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito de que sean las autoridades del Cefereso Número 1 “El Altiplano”, en Almoloya de Juárez, las que decidan si Mario Marín Torres, exgobernador de Puebla, sea o no trasladado a un hospital privado para recibir atención médica especializada, su familia aseguró que de tomarse una decisión para que el expolítico sea tratado fuera de las instalaciones penitenciarias cubrirán los gastos del tratamiento.

En una sesión extraordinaria, este tribunal declaró fundado el recurso de queja interpuesto por la defensa del exgobernador poblano, quien aseguró que en este penal se le ha negado atención médica adecuada.

Argumentó que requiere tratamiento urgente debido a una resonancia magnética que se le hizo en el Hospital “Adolfo López Mateos”, de Toluca, la cual mostró problemas en su estado que necesitan ser atendidos de inmediato por un especialista en neurocirugía.

El magistrado Humberto Venancio Pineda señaló que la suspensión de plano otorgada inicialmente era genérica, y propuso matizarla para que las autoridades penitenciarias puedan tomar decisiones específicas sobre el tratamiento médico de Marín, sin establecer lineamientos concretos, lo que fue respaldado por los magistrados Ricardo Paredes Calderón y Raúl Valerio Ramírez.

Ante esto, las autoridades penitenciarias federales deberán valorar si el poblano realmente necesita del tratamiento, si se revisan las condiciones de seguridad que tiene y la posibilidad de trasladarlo a un hospital para que le realicen estudios y tratamiento, si es el caso.

En 2021, Mario Marín fue detenido por la Fiscalía General de la República (FGR) en Acapulco, Guerrero, y trasladado a Quintana Roo, donde fue informado de su acusación por tortura contra la periodista Lydia Cacho.

La orden de aprehensión fue emitida en abril de 2019 por la magistrada María Elena Suárez, del Primer Tribunal Unitario Vigésimo Séptimo Circuito y fue en septiembre del 2023 cuando las autoridades penitenciarias determinaron trasladar al exgobernador al Penal del “Altiplano”, en el Estado de México.

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