Periodista Unidos. Ciudad de México. 14 de mayo de 2026.- En este episodio de “Después de la Letra la… Palabra” de Periodistas Unidos, Témoris Grecko y Alejandro Meléndez conversan con Edith Olivares Ferreto sobre la grave crisis de desapariciones en México. La representante de Amnistía Internacional analiza el informe de la CIDH, la respuesta del Estado mexicano, la crisis forense, la falta de investigaciones y el papel de las madres buscadoras que realizan labores que el Estado no garantiza. También se aborda la urgencia de cooperación internacional y protección para las colectivas de búsqueda.

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EFE. Ciudad de México. 17 de junio de 2025.-  La Alianza por los Derechos de las Mujeres y Niñas en toda su diversidad, conformada por 21 organizaciones civiles de México, entre ellas Amnistía Internacional (AI) México, reconoció los avances del Estado en materia de igualdad de género.

Pero señaló que persisten vulneraciones a las vidas y los derechos de las niñas y mujeres en toda su diversidad y, en ciertos casos, incluso algunos retrocesos.

Previo a la comparecencia del Estado mexicano el 17 y 18 de junio ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la ONU por la violencia machista en el país, la Alianza presentó ante el organismo evidencia de retrocesos: militarización, criminalización del aborto, desapariciones, feminicidios y falta de acceso a justicia.

«Exigimos al Estado mexicano cumplir sus obligaciones y garantizar una vida libre de violencias«, indicó la ONG.

En el texto, AI dijo que acompaña la petición de revisar este dictamen tomando en cuenta los posicionamientos de la sociedad civil y los grupos que podrían verse afectados, y sugirió la realización de mesas temáticas de cada uno de los 109 fideicomisos que se pretende extinguir.

Denunciaron «la política de desgaste implementada por el Instituto Nacional de Migración (INM), que detiene y traslada forzadamente a mujeres y niñas migrantes hacia el sur del país».

La Alianza también apuntó que en México «persisten obstáculos estructurales en el acceso a la justicia» para mujeres indígenas, con discapacidad, lesbianas, trans y privadas de la libertad, quienes enfrentan «discriminación interseccional, sustitución de la voluntad, condiciones de reclusión inadecuadas y obstáculos para su reinserción social«.

Señaló su preocupación por la ampliación de la prisión preventiva oficiosa que ha tenido efectos desproporcionados sobre las mujeres «y ha ampliado la brecha de género en su aplicación».

De igual manera, recordaron que «el aborto sigue siendo penalizado en nueve estados del país», pero advirtieron que el modelo parcial de despenalización «no ha eliminado la criminalización de las personas que deciden interrumpir sus embarazos» y se requiere atender un cambio de paradigma y considerar estándares internacionales de derechos humanos para atender la violencia sexual.

También señalaron que, en varios estados del país y a nivel federal «persiste la ausencia de políticas efectivas» para eliminar la violencia por razón de género, en particular las desapariciones, la trata de personas y los feminicidios.

«La desaparición de mujeres, adolescentes y niñas es un fenómeno generalizado en todo el país, especialmente en zonas con alta presencia del crimen organizado, como Guerrero, y en puntos estratégicos de trata, como el Estado de México«, expusieron.

Denunciaron que la situación de feminicidios en México «sigue siendo alarmante», con deficiencias en las investigaciones, sin aplicar adecuadamente la perspectiva de género y la mayoría de los casos quedan en impunidad.

Y acusaron al Estado mexicano de omisión en la búsqueda efectiva de personas desaparecidas, «que suman más de 129.000«, en su mayoría mujeres, quienes realizan la búsqueda, enfrentando todo tipo de riesgos, incluso hasta la muerte.

Señalaron también la violencia contra mujeres trans como «alarmante», pero lamentaron que sus homicidios no se reconozcan como transfeminicidios.

Mientras que las jornaleras agrícolas migrantes viven una triple exclusión: por ser mujeres trabajadoras del campo, por ser mayoritariamente indígenas y por su situación de movilidad.

El lunes, organizaciones civiles denunciaron que mientras en México asesinan a 10 mujeres al día, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum responde con discursos «vacíos» como que es «tiempo de mujeres» y mantiene una «guerra de cifras» contra las ONG.

El Informe al CEDAW ante la décima evaluación al Estado mexicano, fue elaborado por el Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio (OCNF) y la Red Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes (TDT), en conjunto con organizaciones en varios estados del país.

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EFE. Ciudad de México. 10 de mayo de 2025.-  Miles de madres marcharon este sábado, en el marco del Día de las Madres en México, para exigir verdad, justicia y reparación por lo más de 127.000 desaparecidos en el país y que no se desaparezca ni se asesine a las personas que se dedican a la búsqueda de sus seres queridos. “Estamos muertos en vida, no nos sabe la comida, no nos sabe la vida”, confiesan Héctor y Teresa Águila, una pareja que busca desde hace dos años a su hijo, un joven de 27 años que desapareció en Jalisco, estado donde se ubica el Rancho Izaguirre, el presunto «campo de adiestramiento» del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Ambos recorrieron el país para llegar a la ‘XIII Marcha nacional de madres buscadoras’, que arrancó en el Monumento a la Madre y finalizó en el Ángel de la Independencia de la Ciudad de México.

Entre cientos de pancartas y nombres de desaparecidos, la familia de Héctor Águila pidió a grito abierto que “las autoridades federales hagan algo en materia de la desaparición forzada, porque dicen que no existe”.

“Quisiera que (las autoridades) nos acompañen un día a Jalisco (…) y vean cómo están matando a las madres buscadoras; en el mes de abril nos mataron a dos, tenemos miedo”, afirma Héctor, refiriéndose a asesinatos como el de la buscadora María del Carmen Morales y su hijo Jaime Daniel Ramírez.

El miedo de buscar y ser asesinado

Gloria Carmona, madre buscadora del Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas (noroeste de México) y que no localiza a su hijo, Bernardo Iván Pérez, desde 2021, dijo a EFE que el miedo a ser asesinada es latente.

“He trabajado en campo con mis manos. Hemos tenido que sacar a muchas personas que, hasta el momento, no sé quiénes son. Tengo una frustración muy grande, porque, a pesar de todo lo que hemos sacado en dos años, no tengo una respuesta”, confirma con un nudo en la garganta al saber que ya van más de 29 personas buscadoras asesinadas en México.

Carmona, al igual que muchos familiares, es responsable del hallazgo de restos de desaparecidos en fosas clandestinas.

Sobre esta labor relata que ha encontrado “osamentas, piezas dentales y kilos de huesitos calcinados”, los cuales muchas veces le hacen “perder la fe” de ver de nuevo a su hijo con vida.

Son las madres las que están buscando “con sus manos, picos y palas”, porque en este país, explica la directora ejecutiva de Amnistía Internacional (AI) México, Edith Olivares Ferreto, “el Estado no busca a las personas desaparecidas”.

Por eso, continúa, “esperaría que cuando lleguemos al Ángel de la Independencia esté la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para recibirlas y para decirles cómo les va a reparar el daño por toda la violencia”.

Búsqueda “multigeneracional”

En la marcha, había familias que llevan más de cuatro sexenios presidenciales -desde el exmandatario Felipe Calderón (2006-2012) hasta el actual- esperando una respuesta por parte del Estado mexicano, y reconocen que “el tema de los derechos humanos es muy lento”.

Ese es el caso de Dan Férnandez, hijo de una madre buscadora y hermano de Dan Jeremeel, quien desapareció hace 17 años en Coahuila y, después de casi dos décadas de búsqueda, advierte que sus hijos ya se están involucrando en las pesquisas al ser un “tema multigeneracional”.

“Empezaron las madres, seguimos los hijos y ahora van los nietos. Desgraciadamente muchas madres y padres fallecieron sin saber la suerte de su hija o hijo y nos toca a nosotros tomar esa estafeta”, sostiene.

Araceli Rodríguez, quien egresó como maestra en derecho penal tras la desaparición de su hijo Luis Ángel hace 13 años en Michoacán, señala que mientras las personas que buscan siguen vivas“ jamás” dejan de buscar ni de prepararse para encontrarles.

Y es que, afirma, después de tanto tiempo “conviertes tu dolor en causa. Cuando mi hijo desapareció yo solo tenía (había estudiado) la primaria”, concluye.

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