• Las comunidades mayas de Pisté y Xcalakoop presentaron amparos en contra del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) por no garantizar su derecho a la igualdad y no discriminación respecto a participar en la administración y aprovechamiento de los beneficios económicos que genera la zona arqueológica de Chichén Itzá.

• Conformadas por indígenas descendientes mayas, estas comunidades señalan haber sido excluidas por funcionarios del INAH y autoridades locales de los beneficios económicos que genera esta zona arqueológica.

• De acuerdo con datos del mismo INAH, Chichén Itzá es la zona arqueológica más visitada del país, y en 2022 recaudó más de 889 millones de pesos, sólo por la venta de entradas.

Periodistas Unidos. Xcalakoop y Pisté, México. 19 de septiembre de 2023.- Las comunidades indígenas mayas de Pisté y Xcalakoop, que colindan al noroeste y al sureste respectivamente con la zona arqueológica de Chichén Itzá, presentaron amparos en contra del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) por su omisión a “garantizar su derecho a la cultura, la identidad y al patrimonio cultural en cuanto al aprovechamiento económico, así como a la participación, la información e inclusión en la administración, desarrollo y/o manejo de la zona arqueológica de Chichén Itzá”.

Los amparos de ambas comunidades señalan también la omisión del INAH y otras autoridades locales para “garantizar el derecho a la igualdad y no discriminación” de estos pueblos indígenas mayas con respecto a la participación de sus integrantes en la administración, uso, aprovechamiento de beneficios económicos compartidos generados por la administración, resguardo y cuidado de la zona arqueológica de Chichén Itzá.

Ambos juicios de amparo fueron interpuestos con apoyo de la organización Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), que lleva más de 15 años acompañando a comunidades indígenas y grupos de ejidatarios/as en la defensa de su derecho a la tierra y el territorio.

En los procedimientos jurídicos presentados, las personas que integran estas comunidades explican que son descendientes de los pueblos indígenas mayas que habitaban la región “desde antes de la colonización llevada a cabo por Estados extranjeros”, por lo que se autoadscriben como indígenas según lo dispuesto por el artículo 2o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en relación con el artículo 1.2 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Estas comunidades detallan que históricamente han “convivido, poseído, usado y disfrutado de forma permanente su territorio, bienes naturales y su patrimonio cultural material e inmaterial”, y que a lo largo de los siglos han transitado a los cambios sociales, políticos, económicos y culturales, adaptando sus formas de vida y “asimilando de forma forzada” su identidad a dichos cambios, señaló Armando Dzul Mex, comisariado del ejido Pisté.

“Derivado de dicho contexto, nuestra forma de vida y subsistencia se vio impactada a que el principal ingreso de nuestra comunidad dependiera en gran medida del turismo y los bienes y servicios que se prestan para dicho fin, ya que la zona arqueológica, ha generado una atracción visitada por miles de turistas extranjeros y nacionales, según los datos oficiales, la zona arqueológica de Chichén Itzá recibió 2,630,496 visitantes durante 2022”, indicó el comisariado.

Los amparos de Pisté y Xcalakoop señalan que muchas familias de estas comunidades se dedican a la fabricar y vender piezas artesanales de tallado de madera, así como bordados y artesanías de palma, todo ello, con la disponibilidad de los bienes naturales y culturales que se encuentran en su territorio, con la que representan gran parte de su identidad como pueblo Maya.

A pesar de lo anterior, “el INAH nos ha excluido sistemáticamente a estas dos comunidades de participar en las actividades económicas que se llevan a cabo en Chichen Itzá, sin considerar que nuestras comunidades son quienes sufren día con día las afectaciones directas del turismo, lo que significa una violación a nuestro derecho al aprovechamiento económico de la zona arqueológica, y en los hechos se traduce en un acto de discriminación”, declaró Jeremías Cimé Ciau, presidente del comisariado ejidal de Xcalakoop.

Los recursos interpuestos por las comunidades mayas indican que “el uso de nuestro patrimonio cultural se ha desarrollado sin nuestra participación, ya que tanto en la utilización como aprovechamiento de la zona arqueológica no se establecen mecanismo que nos permitan obtener un beneficio económico, vulnerando nuestro derecho al patrimonio cultural”, detalló Cimé Ciau.

De acuerdo con el abogado Juan Antonio López, coordinador del área de justicia transnacional en ProDESC, “esta es la primera vez que se presenta un amparo de esta índole contra el INAH y la zona arqueológica de Chichén Itzá”, y explicó que la respuesta de las comunidades mayas de Pisté y Xcalakoop “es resultado del enorme crecimiento y el auge que están teniendo las zonas arqueológicas por la entrada en funciones del Tren Maya, en donde las comunidades y pueblos no ven beneficios directos, y en cambio obtienen exclusión, represión e invisibilización por parte de las autoridades”.

Según información del propio INAH, en 2022 la zona arqueológica de Chichén Itzá obtuvo ingresos por $889,881,038.00 (ochocientos ochenta y nueve millones, ochocientos ochenta y un mil, treinta y ocho pesos; de los cuales el 82.4% ($733,423,068.00) provino de la venta de boletos por parte del Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán, y el 17.6% restante ($156,457,970.00) fue por concepto de boletos cobrados directamente por el INAH.*

De los recursos económicos obtenidos por el aprovechamiento de su patrimonio cultural, las comunidades Mayas no obtienen beneficios o mejoras que se traduzcan en la erradicación de la pobreza y desigualdad en la que han vivido históricamente, ya que según cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el municipio de Tinum, al que pertenecen ambas comunidades, ocupa el tercer lugar dentro de los 5 municipios con mayor incremento de población en situación de pobreza, donde 84.8 % del total de la población del municipio enfrenta alguna situación de pobreza, 52.7 % se encuentra en pobreza moderada y 32.1 % en pobreza extrema (datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI).

Así, las comunidades de Pisté y Xcalakoop no obtienen mejora alguna con respecto a los beneficios económicos que se obtienen de lo que legalmente forma parte de su identidad cultural y su patrimonio material e inmaterial, por lo que demandan del Estado Mexicano su inclusión sin discriminacion en la participación, administración y aprovechamiento de la zona arqueológica de Chichén Itzá. 

López señaló que el objetivo de los amparos interpuestos por las comunidades de Pisté y Xcalakoop es “que el Poder Judicial reivindique a estos dos pueblos en el goce de sus derechos y se les permita hacer uso del territorio para obtener ingresos y beneficios directos para sus comunidades”.

“Es inaceptable que las autoridades de la zona turística más visitada del país excluyan a las comunidades mayas del crecimiento económico que vive la península de Yucatán, y peor aún que discriminen a las personas descendientes de los pueblos mayas de los frutos económicos que genera su propio legado histórico y cultural”, concluyó el abogado.

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* Datos recabados del Sistema Institucional de Estadística de Visitantes del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), consultados en https://estadisticas.inah.gob.mx/.

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Foto: Especial

EFE. Ciudad de México. 04 de noviembre de 2020.- Un juez amparó este lunes a todas las empresas eléctricas contra el acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) con el que el Gobierno mexicano pretende limitar la generación privada de fuentes renovables.

En el expediente 128/2020, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica falló a favor de Desarrollos Eólicos Mexicanos de Oaxaca 1 y 2, pero extendió la protección a todas las compañías.

«Los efectos de esta sentencia de amparo, a pesar de que en este juicio la protección constitucional se solicitó únicamente por dos empresas que participan dentro del mercado eléctrico mayorista, debe tener efectos generales», indicó la sentencia del juzgador Juan Pablo Gómez Fierro.

El juez falló contra el Acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) que el Cenace publicó el 29 de abril para bloquear las centrales renovables al alegar que son intermitentes y un riesgo en medio de la pandemia.

Aunque el mismo jurista suspendió de forma indefinida este acuerdo en mayo ante un reclamo de Greenpeace y otorgó amparos individuales, es la primera vez que extiende los efectos a todas las compañías.

«De otorgar la protección constitucional con efectos concretos para las quejosas, este Juez de Distrito no solo estaría otorgándoles una ventaja competitiva frente a los demás participantes del mercado eléctrico mayorista, sino que, además, podría ocasionar distorsiones en dicho mercado, afectando la competencia y el desarrollo del sector», indicó.

El sector privado acumula más de 170 amparos contra este acuerdo, el cambio de reglas de los Certificados de Energías Limpias (CEL) y la política que la Secretaría de Energía (Sener) publicó el 15 de mayo, de acuerdo con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Estos acuerdos impactan 14 % del PIB, 44.000 millones de dólares de inversión y 81.500 empleos, según los empresarios.

El juez Gómez Fierro coincidió en que el acuerdo del Cenace afecta la libre concurrencia y competencia que protege el artículo 28 de la Constitución.

«Al limitar la participación de nuevas empresas en el mercado eléctrico mayorista y la operación de centrales eólicas y fotovoltaicas ya existentes, se evita que se den las condiciones necesarias para que se mejore la calidad del servicio de suministro básico y se reduzcan las tarifas», dijo.

El fallo ocurre en medio de una polémica ente el presidente, Andrés Manuel López Obrador, y más de 40 congresistas demócratas y republicanos de Estados Unidos que enviaron una carta la semana pasada para acusar a México de violar el nuevo acuerdo comercial T-MEC con su política energética.

El líder izquierdista admitió por la mañana que proseguirá con su defensa de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) por encima de los privados.

También, reiteró que enviará una iniciativa de reforma a la Constitución, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declara inconstitucional la nueva política de Sener, como ha reclamado la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). 

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Foto: Cuartoscuro

EFE. Ciudad de México. 19 de agosto de 2020.- Un juez mexicano amparó a Alonso Ancira, conocido como el Rey del Acero, contra la orden de arresto de la Fiscalía General de la República (FGR) por el presunto fraude que lo involucra con Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex).

La empresa Altos Hornos de México (AHMSA), propiedad de Ancira, notificó este miércoles a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que la justicia federal le otorgó el 11 de agosto un amparo definitivo al empresario, detenido en España desde mayo del año pasado.

Con esto, afirmó el comunicado, Ancira obtiene protección contra la orden de aprehensión emitida el 25 de mayo de 2019 que derivó en la ficha roja de Interpol y la posterior solicitud de extradición del Gobierno de México a España.

«Se instruyó al juez de control adscrito al Reclusorio Norte de la Ciudad de México dictar todas las determinaciones que se deducen del fallo favorable», indicó la información.

La investigación al acerero comenzó por una denuncia de Pemex de un supuesto sobreprecio de unos 500 millones de dólares en la venta de la planta «chatarra» de fertilizantes de Agro Nitrogenados a la petrolera estatal de México.

Esta es una de las acusaciones que afronta Lozoya, exdirector de Pemex (2012-2016) extraditado de España el 17 de julio para afrontar en México un proceso judicial por este caso y por presuntos sobornos de 10,5 millones de dólares de la brasileña Odebrecht.

Sin embargo, Ancira y la empresa, con sede en la ciudad de Monclova, en el norteño estado de Coahuila, han rechazado los cargos.

También denunciaron un impacto por más de 350 millones de dólares y «un severo daño en todas sus operaciones financieras».

«Como comprueba la documentación aportada al tribunal, los fondos involucrados en las transferencias utilizadas para configurar la acusación provenían de cuentas bancarias regulares de AHMSA y obedecieron a un contrato de servicios entre particulares», argumentó el informe a la BMV.

A diferencia de Ancira, este mes trascendió que un juez negó un amparo a la alemana Marielle Helene Eckes, esposa y presunta cómplice de Lozoya, quien sigue prófuga.

Asimismo, por el caso de la planta de fertilizantes, la FGR también acusa a la hermana de Lozoya, Gilda Susana, y a su madre, Gilda Austin, de 72 años, quien pasó cerca de cien días detenida tras su arresto en julio pasado en Alemania.

En su audiencia de marzo, Ancira pidió a la justicia española no extraditarlo a un «país sin leyes».

«El señor presidente (Andrés Manuel López Obrador) quiere ir sobre la administración anterior (Enrique Peña Nieto)», aseveró tras calificar al actual mandatario de «mitómano del tamaño de Hitler».

López Obrador ha reiterado que «debe transparentarse todo el proceso de Lozoya» al argumentar que el caso de la planta de Agro Nitrogenados exhibe cómo los gobiernos anteriores intentaron «destruir» a Pemex. 

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