Periodistas Unidos. Ciudad de México. 21 de noviembre de 2025.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó esta semana la eliminación del fondo mínimo presupuestal para la reparación integral de víctimas de delitos graves y violaciones a derechos humanos, desatando la condena unánime de más de 200 colectivos de búsqueda, organizaciones de derechos humanos y familiares de personas desaparecidas.

En una resolución que organizaciones como el Centro Prodh califican de “grave retroceso”, el máximo tribunal desechó un amparo que buscaba declarar inconstitucional la reforma de 2020 a la Ley General de Víctimas, la cual suprimió el porcentaje obligatorio del presupuesto federal destinado al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI). Con este fallo, la SCJN permitió que la atención a víctimas quede sujeta a la discrecionalidad anual del Ejecutivo, sin garantía de recursos mínimos.

“Es una traición a las más de 110 mil personas desaparecidas y a sus familias”, señalaron los colectivos en un pronunciamiento conjunto. Desde la entrada en vigor de la reforma, el presupuesto de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ha caído en promedio 29 % respecto al monto que estaba garantizado, dejando para 2025 solo 658 millones de pesos cuando el mínimo requerido era de 909 millones.

Las organizaciones acusaron a la Suprema Corte de violar el principio de cosa juzgada al ignorar una sentencia previa de la extinta Primera Sala que protegía dicho fondo, y advirtieron que el fallo debilita el juicio de amparo como herramienta de defensa de derechos humanos.

Exigen al gobierno de Claudia Sheinbaum y al Congreso restituir de inmediato un fondo obligatorio y blindado, así como fortalecer la CEAV y las comisiones de búsqueda. “Sin recursos fijos, la Ley General de Víctimas se convierte en letra muerta”, concluyeron.

En redes sociales, la indignación crece bajo hashtags como #SCJNTraicionaAVíctimas y #FondoParaVíctimasYa, mientras colectivos anuncian nuevas acciones de presión para revertir lo que califican como “un golpe devastador a la lucha de las madres buscadoras”.

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AMEXI. Ciudad de México. 29 de julio de 2024.- La Fiscalía General de la República (FGR) presentó un recurso de revisión contra la sentencia de un juez que otorgó un amparo a José Luis Abarca Velázquez, exalcalde de Iguala, Guerrero, a fin de analizar la medida cautelar que se aplica por delincuencia organizada y lavado de dinero.

El pasado 10 de julio, un juez de Amparo otorgó el recurso a José Luis Abarca para el estudio de la medida cautelar a partir de un análisis en el cual se incluyan los padecimientos de salud.

“Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales procedentes, los escritos de cuenta signados por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado y por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federal en el Estado de México (tercero interesado), mediante los cuales interponen recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente asunto”, señaló la FGR en su argumentación legal.

En el sentencia, el juez de Amparo ordenó anular la sentencia del 14 de diciembre de 2023 de sustitución de la prisión preventiva, y emitir una nueva con “base en las manifestaciones sostenidas por el quejoso y su defensa particular, en lo que atañe al estado de salud de aquél.

“No permitirá un nuevo ofrecimiento y desahogo de pruebas por parte de los sujetos procesales; b) Deberá ordenar todas las gestiones atinentes, efectuar todos los requerimientos necesarios e imponer todas las medidas de apremio legalmente previstas conforme la normatividad aplicable, que estime aplicables e idóneas para tal efecto, de forma fundada y motivada; de tal manera que sea ágil, diligente y oportuna la preparación y desahogo de las mismas.

“C) por lo que hace a las pruebas periciales que llegue a ordenar, deberá considerar que necesariamente habrán de ser oficiales, auxiliándose para ello de instituciones públicas y, en su defecto, por los expertos o expertas que integran la lista de personas que pueden fungir como peritos o peritas ante los órganos del Poder Judicial de la Federación, conforme a los lineamientos y normatividad vigente”, se asentó.

Aunque Abarca Velázquez obtenga el cambio de la medida cautelar, no puede abandonar la prisión, porque tiene una condena de 92 años de prisión por el secuestro de seis activistas, entre ellos, el dirigente de la Unidad Popular de Iguala, Arturo Hernández Cardona.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 09 de octubre de 2023.- La harto rentable industria del amparo judicial arrojó dos productos de muy distinto corte y no necesariamente de la Suprema, aunque allí despachan algunos de los jefes del negocio. Prohibió al subsecretario Alejandro Encinas mencionar al torturador Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal y prófugo de la justicia mexicana en Israel, como lo que es, un torturador que filmaba sus aberrantes prácticas.

Existe testimonio que se reproduce en redes sociales, pero la jueza María Isabel Bernal Hernández, titular del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, invidente y sordomuda porque concedió una suspensión provisional para que Encinas Rodríguez deje de señalar a Zerón  como “torturador” y autor de la “verdad histórica”. Y el jueves 28 fue visto Zerón en el video por las muy robustas audiencias de las mañaneras en plena faena y amenazando de muerte al torturado.

Mas el caso que hoy nos ocupa es el de Elektra y el magnate Ricardo Salinas, a quienes la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó atraer los amparos promovidos por la depredadora empresa de “Los abonos chiquitos”, que busca evitar el pago de impuestos que adeuda de ejercicios fiscales anteriores, algunos desde hace 15 años, por 40 000 millones de pesos.

Los ministros de la segunda sala consideraron que los cuatro asuntos que la empresa solicitó fueran revisados en la SCJN “no tienen aspecto novedoso o trascendente que ameriten su atracción”. La decisión no resuelve el fondo de los casos, que serán devueltos a los tribunales de origen, cuyos magistrados deberán fallar conforme a los precedentes fijados en casos similares, tanto en la Corte como en otros tribunales federales, donde en la mayoría de los casos se determinó negar los amparos.

          Hace ocho meses que la misma sala atendió una solicitud similar. En esa ocasión el proyecto fue presentado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf y se decidió no atraer el amparo y regresarlo al tribunal de origen, donde meses después se ordenó que la empresa pagara los 2 772 millones de pesos que debía, lo cual hizo Elektra.

En esta ocasión –por mayoría de tres votos, de las ministras Ortiz Ahlf, Yasmín Esquivel Mossa y Alberto Pérez Dayán– se rechazó el proyecto de Luis María Aguilar, quien proponía sí atraer los amparos. Y de acuerdo con reiterada denuncia del presidente Andrés Manuel, Aguilar guardó en su escritorio el expediente durante más de ocho meses, lo cual todo indica sirvió para que el presuntuoso y homofóbico plutócrata que no se apiada de sí mismo, jineteara los dineros por medio de Banco Azteca –el que asalta con altas comisiones a los paisanos que envían remesas– y que debe al Sistema de Administración Tributaria, a la nación, aunque el plutócrata y aliado de Carlos y Raúl Salinas de Gortari hace una campaña sistemática para bufar pestes de los “gobiernícolas” que “derrochan los recursos de los mexicanos”. Hasta llegar al hilarante “virus comunista” de los libros de texto gratuitos. En la moral de “don Ricardo” todo se vale para no erogar los 40 000 millones de pesos que debe al SAT, porque entiende, como el cacique potosino Gonzalo N. Santos, que la “moral (y la ética) es un pinche árbol que da moras”.

Está claro que falta la decisión definitiva del tribunal de origen, pero debido a las prácticas y antecedentes judiciales difícilmente el evasor fiscal se saldrá con la suya, acostumbrado como está a imponer decisiones por encima de los ordenamientos legales y los intereses de las mayorías.

Acuse de recibo

La más reciente encuesta de De las Heras Demotecnia sitúa a AMLO con 78% de aceptación; a Claudia Sheinbaum con 68% de apoyos y a la muy desinflada Xóchitl Gálvez con 18%… Jesús Alberto Oliver Rodríguez confunde sus deseos con la terca realidad: “PEF 2022 a PIB 2022. 1) 7 billones PEF/ 18.3 PIB = 38.2%. 2) 18.3 PIB/ 7 PEF= 2.61 veces. Por lo tanto la sociedad civil representó el 61% del PIB en 2022. Más o menos ese será el resultado electoral a favor de Xóchitl en 2024. Saludos cordiales”… El 30 de septiembre de 1995 falleció doña Graciela Aguirre Chávez, coahuilense de Parras de la Fuente… Invitación. “La Universidad Autónoma de Occidente a través de su Archivo Histórico ‘MC Gilberto Javier López Alanís’ tiene el honor de invitarle a la mesa redonda El gran tema de Natura Olivé: la historia de las mujeres. Natura Olivé (1930-2016) fue precursora de la reflexión histórica y filosófica sobre la condición de la mujer. Participan: Patricia Duarte Sánchez, Edna Ochoa Fernández y María del Rosario Valenzuela Medina. Modera Alba Martínez Olivé. Jueves 5 de octubre de 2023, a las 10:00 horas. Teatro Lince de la UAdeO, Unidad Regional Culiacán, Blvd. Rolando Arjona y Blvd. Lola Beltrán. Col. 4 de marzo, Culiacán, Sinaloa. Al término del evento, le invitamos al corte de listón de la Biblioteca ‘MH Natura Olivé’. Esperamos contar con su grata presencia. ‘Por la cultura a la libertad’. Octubre de 2023”.

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EFE. Ciudad de México. 20 de septiembre de 2023.- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, defendió este miércoles que fue “completamente legal” la extradición a Estados Unidos de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “el Chapo” Guzmán, ante las quejas de los abogados del narcotraficante.

“Eso tiene que resolverlo la Fiscalía; es la que decide sobre los términos, los plazos, pero estoy seguro de que es totalmente legal, apegado a lo que establece la ley”, expresó el mandatario en su rueda de prensa diaria.

El presidente respondió a las acusaciones de la defensa de Ovidio, que el martes afirmó que la extradición del capo el viernes pasado a Estados Unidos “fue realizada fuera de los cauces legales y trastocó sus derechos fundamentales”.

Los abogados argumentaron que no se informó a su defensa “sobre dicha determinación de extradición” y “no se respetó el plazo de 30 días para impugnar mediante amparo el acuerdo de la Cancillería”.

Cuestionado por el tema, López Obrador contestó “que eso lo decide la Fiscalía General de la República” y “ellos pueden informar sobre este asunto”, pero justificó los plazos del proceso.

“La notificación de que se autorizaba la extradición corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores y se hizo el día 13 de septiembre, el 13 se hace la solicitud, el 14 se notifica al detenido y el día 15 se lleva a cabo la extradición, eso es”, zanjó.

Ovidio, uno de los hijos más buscados del Chapo, se declaró este lunes no culpable de los cinco cargos de los que está acusado en el Tribunal de Distrito de Chicago.

El también conocido como “el Ratón”, detenido en enero pasado por México, está acusado de conspirar para distribuir droga, formar parte de una empresa criminal, exportar narcóticos a Estados Unidos, efectuar transacciones financieras con el producto de actividades ilegales y usar y portar ilícitamente armas de fuego.

Aunque la extradición ha despertado temores de una reacción violenta del Cártel de Sinaloa, López Obrador expresó que “claro que sí” hay condiciones para que acuda a Badiraguato, cuna de la organización criminal, a inaugurar una carretera.

“Sí voy a ir a la inauguración de ese camino de Badiraguato a Guadalupe y Calvo, Chihuahua, es un camino que atraviesa la sierra, que ayuda mucho a comunidades marginadas”, comentó.

“Para que le demos contexto y colorido, para que tengan los adversarios nota, fue el camino que fui a supervisar cuando llegó la mamá de Guzmán Loera (en marzo de 2020) a entregarme una carta para pedirme que interviniera para que sus hijas pudiesen ir a Estados Unidos a visitar a su hermano, a su hijo, Guzmán Loera”, añadió.

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EFE. Ciudad de México. 17 de julio de 2023.- La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) de México obtuvo un amparo para suspender de forma indefinida el decreto de reforma a la Ley General para el Control del Tabaco que entró en vigor en enero pasado.

“El pasado 13 de julio, el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito concedió a la Canirac la suspensión definitiva del decreto”, afirmó este lunes en un comunicado la organización, que representa a 600.000 establecimientos a nivel nacional.

En México entró en vigor el 15 de enero pasado un nuevo reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco que prohíbe fumar en espacios públicos 100 % libres de humo y en otros lugares de concurrencia colectiva, como estadios, plazas, parques, playas y hasta hoteles.

La normativa, reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una de las más avanzadas, también prohíbe fumar en bares, restaurantes y otros sitios públicos sin zonas exclusivas para fumadores.

Sin embargo, la Canirac interpuso un juicio de amparo al asegurar que la industria restaurantera ya cumplía con normas que resguardan “el derecho al libre desarrollo de la personalidad de las personas fumadoras”.

Además, argumentó que la nueva ley no protege más a las personas no fumadoras, “sino que genera una serie de restricciones y prohibiciones en la industria que tienen como propósito limitar el ejercicio de otros derechos humanos, como el que se obligue a discriminar y a negar el servicio a clientes”.

Asimismo, señaló que el sistema normativo establecido cumplía con las finalidades del decreto, “de una manera menos restrictiva a otros derechos, como lo sigue indicando la Ley General para el Control del Tabaco”.

La cámara precisó que la suspensión de la reforma al reglamento aplica para todos aquellos restaurantes afiliados a la Cámara que demuestren su afiliación y cuenten con licencia de funcionamiento vigente que cumpla con el Reglamento de la Ley General para el Control de Tabaco previo a la Reforma.

“Uno de los principales objetivos de la Canirac es velar por los intereses de nuestros afiliados y del sector restaurantero. Hoy más que nunca tenemos claro que somos una industria fuerte y unida. Esta suspensión es el resultado del trabajo conjunto que llevamos a cabo día a día”, indicó Germán González, presidente nacional de la Canirac.

Según datos del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), se calcula que en México existen unos 15 millones de fumadores y se estima que un consumidor de tabaco fuma 7,4 cigarrillos al día y que la edad aproximada en la que los adolescentes comienzan su consumo es a los 14 años.

El Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha combatido el consumo del tabaco y ha buscado prohibir los vapeadores y cigarrillos electrónicos.

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• Autoridades federales y locales se han negado sistemáticamente a reconocer los derechos de Xoco como pueblo originario.

• Mítikah es la muestra más reciente de cómo la especulación inmobiliaria en la ciudad excluye a las y los habitantes locales, encarece y deteriora su forma de vida.

• El pueblo de Xoco inicia nueva estrategía en defensa de su territorio acompañado por ProDESC.

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 29 de marzo de 2023.- El día 22 de marzo, el pueblo de San Sebastián Xoco con el acompañamiento del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales A.C. (ProDESC) presentó una demanda de amparo ante los Juzgados de Distrito en la Ciudad de México en contra de autoridades como SCT, INAH, SEDUVI, SEDEMA, SACMEX y SEPI entre otras por la violación a su derecho al consentimiento libre, previo e informado, así como a participar en la elaboración y toma de decisiones de los estudios, evaluaciones y dictámenes de impacto ambiental, social, cultural y urbano sobre la construcción y operación del proyecto Mítikah, ubicado en territorio del Pueblo de Xoco.

Las autorizaciones, permisos y resoluciones administrativas de las autoridades demandadas dieron luz verde a la construcción del rascacielos más alto de la Ciudad de México, vulnerando directamente diversas disposiciones de la Constitución Mexicana y del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“Desde que Mítikah llegó a apropiarse de Xoco, nosotros nos opusimos al no tener información sobre las dimensiones, impactos e implicaciones del proyecto. A pesar de que desde hace muchos años hemos exigido a las autoridades capitalinas y de la Alcaldía que nos explicaran qué iba a pasar con el Pueblo, hicieron caso omiso. Nunca han reconocido que como Pueblo originario tenemos territorio y derechos”, refiere María Luisa Torres, una de las demandantes y originaria del Pueblo de Xoco.

El proyecto Mítikah es un conjunto de usos mixtos de $22 mil 500 millones de pesos, en dos predios de 109,606.58 m2 ubicados en Avenida Universidad 1200 y Real de Mayorazgo 130. Inició su construcción en 2008 y comprenderá una clínica de servicios médicos, un hotel, 500 departamentos de lujo, un centro comercial, un conjunto de oficinas, una torre de 60 niveles de 299 metros de altura, contando con un helipuerto. El complejo abrió su centro comercial en septiembre de 2022. El metro cuadrado del complejo habitacional asciende a

$87,196.00 pesos, siendo el sexto desarrollo inmobiliario más caro de la ciudad.

Impactos de Mítikah en la comunidad del Pueblo de Xoco

 Mítikah ha ocasionado cambios negativos en la vida de las personas que habitan Xoco. Uno de los mayores impactos generados por el megaproyecto inmobiliario es la falta de acceso a un suministro de agua potable suficiente; a esto se ha sumado el incremento en el precio del predial y servicios; y el desplazamiento del comercio local, tras la llegada de grandes cadenas comerciales y de autoservicio que encarecen el costo y la calidad de vida de los habitantes, generando situaciones de desplazamiento forzado; también ha ocasionado la fragmentación social; y la criminalización de los pobladores que defienden su territorio ejerciendo su derecho a la libre manifestación.

A estos, se le suma la privatización de la calle Real de Mayorazgo, evidenciada a través de la “explanada de integración” construida para el acceso al centro comercial y a los estacionamientos subterráneos, la cual cambió drásticamente la fisonomía de la vialidad, dificultando de manera significativa el acceso y tránsito al Pueblo de Xoco e inadecuada para sus celebraciones y tradiciones culturales.

Las autoridades demandadas no informaron ninguno de estos impactos al Pueblo de Xoco, el cual tampoco participó en las definiciones del proyecto ni en los procesos de toma de decisiones, a pesar de que Mítikah comprende aproximadamente el 18 % de su territorio.

“Xoco, como descendiente de las poblaciones indígenas que habitaron el territorio de la actual Ciudad de México, tiene el pleno derecho de acudir ante los tribunales a exigir legalmente lo que por la vía de la manifestación no garantizaron las autoridades competentes. Dentro de esos derechos se encuentra el consentimiento y la participación en la determinación de los estudios de impacto, como mecanismos legales para definir sus propias prioridades de desarrollo y, en última instancia, su subsistencia como Pueblo”, se puntualizó desde la Coordinación de Justicia Transnacional de ProDESC, organización acompañante de Xoco.

Desde 2017, el gobierno de la Ciudad de México reconoció la existencia de 138 pueblos y 58 barrios originarios, dentro de los que se encuentra el Pueblo de San Sebastián Xoco. Más del 50% del territorio de la Ciudad de México está conformado por pueblos y barrios de origen precolonial, con identidad étnica e instituciones propias. A pesar de ello, las autoridades capitalinas se niegan sistemáticamente a reconocerles sus derechos conforme a la ley.

 Mítikah representa el más reciente caso de cómo los proyectos de desarrollo y especulación inmobiliarios en la Ciudad de México impactan negativamente en las formas de vida de comunidades locales, a la vez que actúan como un mecanismo de segregación y exclusión de los pueblos y comunidades indígenas en la capital del país. Mientras que estas dinámicas son activamente promovidas por las autoridades, éstas omiten garantizar los derechos reconocidos incluso a nivel local.

El amparo promovido por el Pueblo de Xoco y ProDESC busca garantizar el reconocimiento y respeto a sus derechos como pueblo originario y frenar las políticas de exclusión de las autoridades.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 23 de septiembre de 2022.- El Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (SutNotimex) informa que este día recibió la notificación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) en la que se confirma la sentencia sobre desvío de recursos contra la secretaria general de esta organización sindical, Adriana Urrea, por la cantidad de dos mil 400 pesos.

Ante ello, se tomarán las acciones legales correspondientes y se interpondrá la demanda de amparo, toda vez que nunca se cometió tal delito, sino que forma parte de la estrategia de criminalización y persecución política por encabezar la huelga en Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano, que esta semana cumplió 31 meses vigente.

En abril de este año, el SutNotimex conoció la resolución del TFJA en la que se determinó la existencia de la falta administrativa grave de desvío de recursos atribuida a la secretaria general del sindicato, por lo que se impuso una “sanción administrativa consistente en la suspensión del empleo, cargo o comisión por treinta días naturales y una sanción económica por la cantidad de $2,416.03 (dos mil cuatrocientos dieciseis pesos con tres centavos moneda nacional) más 1.00 (un peso con ceros centavos moneda nacional)”.

Sin embargo, toda vez que nunca se cometió tal falta, se recurrió al recurso de apelación; no obstante, el tribunal confirmó esta sentencia. Por ello, ahora se procederá a la demanda de amparo, debido a que no existen los elementos que comprueben que se cometió dicha falta.

La cantidad que se atribuye al desvío de recursos corresponde a unos viáticos de apoyo otorgados a la secretaria general, en su cargo de reportera, los cuales no se le permitieron comprobar porque fue despedida al asumir la representación sindical; se trata de una persona de base que nunca tuvo acceso al manejo financiero de la empresa o que tomara decisiones sobre el uso del recursos, por lo que la acusación es falsa y confirma la estrategia de criminalización y persecución política contra la dirigente con motivo de la huelga.

La huelga en Notimex estalló el 21 de febrero de 2020; en tanto, las acusaciones contra la secretaria general se presentaron en septiembre de ese mismo año. Hay que recordar que ésta es una de las dos demandas administrativas que la empresa presentó contra Urrea Torres. En enero de 2022, la Secretaría de la Función Pública determinó que no había responsabilidad administrativa sobre una de ellas y queda pendiente esta demanda que fue turnada al TFJA.

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EFE. Cancún, México. 28 de julio de 2022.- Un juez federal mexicano admitió un amparo que busca frenar las obras y trámites de autorizaciones provisionales de los tramos 6 y 7 del Tren Maya, obra prioritaria para el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que pasará por los estados de Quintana Roo y Campeche.

Adrián Fernando Novelo, juez primero de Distrito en Yucatán –el mismo que concedió la suspensión definitiva en el caso del recurso presentado por buzos profesionales para el Tramo 5 sur–, admitió ahora el trámite de ampliación de la demanda que busca poner freno a los últimos tramos del Tren, los cuales ya cuentan con permisos provisionales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Se trata de un recurso, amparo 923/2022, tramitado el 5 de abril pasado por la organización Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), que en un principio, sólo fue contra los permisos, autorizaciones y trabajos que conllevan a la planeación, ejecución, y desarrollo de actividades en el Tramo 5 del proyecto Tren Maya.

Tres semanas después de presentado, Novelo Pérez concedió la suspensión provisional en la que resolvió frenar la ejecución material de la construcción de todo el tramo, de 67,7 kilómetros de extensión, que va de Cancún a Tulum; ordenó que no se permitiera la ejecución de obras relacionadas con su construcción, infraestructura, remoción o destrucción de la biodiversidad del terreno o cualquier otra actividad que implique su ejecución material.

Pero el 25 de mayo, la quejosa ingresó ante el juzgado una ampliación de la demanda de amparo, a fin de incluir una nueva autoridad responsable: la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Semarnat y los tramos 6 y 7.

El acto reclamado es contra “cualquier autorización provisional de obras y proyectos de infraestructura a cargo del Gobierno de México, emitida expresamente con base en el Acuerdo publicado el 22 de noviembre de 2021 en el Diario Oficial de la Federación; esto, en relación con los Tramos Cinco, Seis y Siete del Proyecto denominado Tren Maya”, según se lee en la resolución del juez consultada por Efe.

El acuerdo se refiere al expedido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con el cual declara obras como el Tren Maya como de Seguridad Nacional y por el que instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar la autorización provisional, permisos o licencias necesarias para iniciar proyectos ferroviarios, y con ello, garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social esperado y el ejercicio de los presupuestos autorizados.

Como Novelo Pérez no consiguió verificar la certeza de lo reclamado por la parte quejosa, es decir, no pudo conocer si la DGIRA ya había concedido autorizaciones para los tramos 6 y 7, decidió no conceder la suspensión provisional en este punto específico.

Con las autorizaciones, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), encargada de los más de 530 kilómetros que comprenden estos tramos, podría iniciar trabajos.

Será el próximo 5 de agosto, fecha en que se agendó la audiencia incidental y en caso de que no se difiera, cuando se resuelva sobre el asunto, y el juez podría retirar la suspensión o decidir mantenerla en definitiva.

El gobierno federal podría hacer caso omiso a la resolución del juez, como ocurrió recientemente con el amparo tramitado por buzos del Tramo 5 sur, alegando que el Consejo de Seguridad decidió declarar al Tren Maya como obra de seguridad nacional, tal como informó el pasado 18 de julio, Javier May, titular del Fondo nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

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EFE. Ciudad de México. 19 de julio de 2022.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó este martes que investigan al juez Juan Pablo Gómez Fierro por otorgar un amparo contra la multa que debía pagar la energética española Iberdrola a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) por 9.145 millones de pesos (unos 448 millones de dólares).

“Estamos revisando cómo fue que concede un amparo para que Iberdrola no pague una multa de (casi) 10.000 millones de pesos (490 millones de dólares) porque no fue un proceso, consideramos, cuidado, y presumimos, no quiero adelantar, de que hubo falsificación de documentos”, apuntó en su rueda de prensa matutina.

Sin presentar pruebas, avisó que si logra determinar que se falsificaron documentos o que se usaron documentos extemporáneos su Gobierno va «a proceder legalmente”.

Asimismo, reiteró que debe existir una reforma al Poder Judicial para evitar la impunidad de los servidores públicos.

La semana pasada, Gómez Fierro otorgó un amparo a la empresa española para que no pagara la multa, una de las más altas en la historia del sector energético mexicano impuesta por la CRE, en tanto resuelve si vendió o no electricidad de forma ilegal.

En mayo pasado, el regulador energético mexicano había multado a Iberdrola en México por presuntamente incumplir un contrato de autoabastecimiento, al considerar que vendía electricidad a sus socios bajo una figura fuera de la Ley de la Industria Eléctrica, que determina que solo la Comisión Federal de Electricidad (CFE) puede dar suministro en el país.

La resolución no exime todavía a Iberdrola de pagar la multa en el futuro, pero no se cobrará hasta que se resuelva el fondo del juicio, es decir, hasta que se determine si vendió electricidad de forma ilegal o no.

El 4 de julio, el mismo juzgador mexicano había dado una suspensión provisional y pidió realizar análisis pertinentes para determinar que la empresa de capital español pudiera garantizar el pago de la sanción «por alta o pequeña» que fuera.

Previamente, el 9 de junio, el presidente López Obrador, quien ha sido muy crítico con la compañía española, remarcó que Iberdrola debía pagar la sanción.

López Obrador ofreció un acuerdo a las empresas que se dedican a vender energía a terceros bajo el esquema de autoabastecimiento, aunque no detalló si habría una negociación particular con Iberdrola.

Iberdrola cuenta con una capacidad de 9.348 megavatios entre 12 plantas de ciclos combinados y cuatro plantas de cogeneración en México; así como 1.163 megavatios generados por siete parques eólicos y tres proyectos fotovoltaicos.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 17 de junio de 2022.- A pesar de que es una política del Gobierno Federal la «recuperación salarial», y de que el propio Presidente de la República ha mencionado en sus conferencias matutinas que un aumento salarial por debajo de la inflación no es significativo, el Gobierno de la CDMX ignoró la lucha por aumento salarial de los trabajadores de las preparatorias de la Ciudad: el IEMS-CDMX. Esta lucha, encabezada por el SUTIEMS con una huelga que para el día de hoy lleva 10 días de estallada, se desarrolló acatando todos los requisitos estatutarios de nuestra organización,  así como los legales que nos mandata la autoridad laboral y la LFT. Y a pesar de todo ello, el día de ayer la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, presidida por un ex-congresista de MORENA, Eleazar Rubio,  ha determinado declarar inexistente nuestra huelga, arguyendo falacias. No es la primera vez que la Junta actúa en contra de las y los trabajadores del IEMS-CDMX.

Anteriormente nos impuso dos prórrogas con tal de evitar que estalláramos la huelga que nuestra Asamblea había ya decidido. Y hoy vuelve  a traicionar a los trabajadores, al ceder la razón al Instituto,  encabezado por Silvia Jurado Cuéllar, para declarar ilegal la lucha por salario digno por encima de la inflación. Para nosotros, queda claro la JLCA,  castiga el sindicalismo independiente y democrático; y que la reiterada negativa del Gobierno de la CDMX  a entablar un diálogo con el Sindicato, fue para evadir dar solución a nuestras demandas, mientras preparaba un artero golpe de mano contra la lucha por recuperación salarial real. Lo que deja en mero discurso demagógico la supuesta política del Gobierno Federal a favor de las y los trabajadores.

Ante este indignante atropello al legítimo derecho de huelga de las y los trabajadores informamos que reunimos más de ochocientas firmas de trabajadores/as en apoyo a la huelga para demostrar que no somos minoría como ha declarado la titular de la SECTEI CDMX Rosaura Ruiz, y hemos ingresado ya un amparo para defendernos contra este gravísimo acto de autoridad.

Las y los trabajadores de SUTIEMS defenderemos por la vía legal y política nuestro derecho a la huelga, y nuestro derecho a recibir un salario digno por nuestro trabajo.

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