Por Humberto Musacchio

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 30 de junio de 2025.- Al anunciar la reforma electoral que hará llegar al Congreso, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que era “para darles una nueva tarea a los comentócratas para que empiecen a hablar de eso”. Debemos suponer que el término “comentócratas” se refiere a quienes hacemos periodismo de opinión, esto es, los que, con base en la información, analizamos lo ocurrido y lo comentamos, algo que se considera necesario para que los ciudadanos cuenten con diversos elementos de juicio ante el acontecer político.

Andrés Manuel López Obrador, al asumir la Presidencia de la República, instauró las conferencias “mañaneras” en las que daba su versión del acontecer nacional e internacional, además de glorificar sus decisiones y despotricar contra quienes no compartían su punto de vista. Muchos reclamamos ese proceder autocrático, pues empleaba el conjunto de los medios de comunicación del Estado —del Estado, no del gobierno—, pero él, más de una vez, respondió que sus peroratas eran para informar al pueblo y que él tenía el derecho a expresarse.

Sobra decir que, de esa manera, AMLO se equiparaba al ciudadano común que, como persona, no tiene los medios para difundir sus puntos de vista y hacerlos llegar a toda la sociedad. Olvidaba, si es que lo sabía, que un gobernante no puede decir que tiene “derechos”, pues cuenta, eso sí, con atribuciones, de las cuales no puede abusar, como lo hizo en su sexenio.

En buena medida se conserva esa desigualdad en favor del gobierno, aunque al parecer no se considera suficiente, pues continúan las diatribas y descalificaciones contra quienes se atreven a externar una crítica y hasta mínimos desacuerdos con el parecer y el proceder oficiales.

Se acusa a los comentócratas de haber guardado silencio ante el fraude electoral de 2006, cuando lo cierto es que no pocos periodistas dijimos, con todas sus letras, que había serias dudas sobre el resultado electoral, señalamos irregularidades e incongruencias y criticamos severamente el comportamiento de aquel consejo del entonces IFE que, como dice la mandataria, no permitió que se contaran debidamente los votos y que no se opuso a que se quemaran las boletas que habían sido guardadas en la Cámara de Diputados, lo que, por supuesto, denunciamos y reprobamos no pocos comentócratas.

Pero esa lamentable y hasta punible actuación de los consejeros del INE en 2006 no puede invocarse para convalidar la próxima reforma electoral, misma que echará abajo la institución electoral, producto de varias décadas de lucha por contar con árbitros electorales confiables, no con empleados del gobierno ni servidores de quien esté en el puesto más relevante del Estado.

Un pésimo argumento para justificar la reforma del sistema electoral es que cinco de los 11 consejeros del INE votaron contra el dictamen que otorgó validez a la elección de jueces, magistrados y ministros, un proceso tan mal planeado y ejecutado que incluso altos funcionarios han declarado que se deben atacar sus deficiencias.

Los consejeros del INE están obligados a pensar con cabeza propia. Es su deber denunciar irregularidades y no aceptar votos fraudulentos, pero desde la cima del Poder Ejecutivo se descalifica a los que disienten de la verdad oficial, lo que presagia malos momentos para los procesos comiciales.

En poco más de un sexenio, los gobiernos de Morena se han empeñado en demoler la institucionalidad que se levantó en muchos años de luchas populares, de grandes esfuerzos por contar con un sistema electoral aceptable. En esos tiempos, miles de ciudadanos fueron a la cárcel, otros resultaron golpeados o heridos y no pocos dieron su vida porque deseaban un país democrático.

Claudia Sheinbaum Pardo participó en esa gesta y sabe cuántos y cómo se sacrificaron. La sociedad mexicana es afortunadamente diversa. Caben en ella múltiples opiniones y actitudes. Las diferencias nos enriquecen y la discrepancia es el signo de los tiempos. Lo que se espera de un gobierno democrático es el respeto a la disidencia y a la crítica.

No deben suprimirse instituciones que han permitido un mínimo equilibrio entre los poderes. Lo necesario es corregir sus desviaciones y mejorar su funcionamiento. Esperemos que se entienda y se actúe en consecuencia.

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