Periodistas Unidos. Ciudad de México. 23 de octubre de 2025.- Al encabezar la audiencia pública para la reforma electoral en Monterrey, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, afirmó que México vive un momento histórico en torno a la reforma electoral y explicó que la iniciativa busca mayor participación ciudadana en la definición del nuevo modelo electoral.

“No se trata de hacer una reforma desde las cúpulas, como ocurría en el pasado; se trata de recoger las opiniones, ideas y expresiones de la población, de especialistas, académicos, estudiantes, jóvenes, mujeres, pueblos originarios y representantes de diversas comunidades”, sostuvo.

La funcionaria destacó que la Comisión Presidencial que coordina tiene el mandato de recopilar y sistematizar las propuestas surgidas de estas audiencias públicas, a realizarse en diversas regiones del país, para integrarlas en una iniciativa ciudadana y popular.

“Con este ejercicio, la población ejerce su derecho a opinar y ser tomada en cuenta en un asunto de enorme relevancia, porque esta reforma es una exigencia para realizar una iniciativa ciudadana y popular, en donde participen todos: los políticos, y también los que no les gusta la política”, dijo.

Reducir costos y fortalecer instituciones

Asimismo, puntualizó que el objetivo de la reforma electoral es reducir los costos de la democracia sin comprometer su esencia, y fortalecer las instituciones para garantizar un sistema más equitativo y eficaz.

“Queremos optimizar recursos manteniendo los principios de transparencia, legalidad y legitimidad”, precisó.

La secretaria recalcó que este proyecto no es de un partido ni de un gobierno, sino la causa de todo el pueblo, e hizo un llamado a la unidad y al consenso para construir un modelo democrático moderno, incluyente y justo.

“Juntas y juntos podemos construir una democracia que honre nuestra historia, que recupere los principios de la Revolución Mexicana y que garantice un futuro de justicia y equidad para las próximas generaciones”, enfatizó.

Comentó que la nueva reforma en materia electoral busca fortalecer la democracia, hacerla más representativa, austera y cercana a la ciudadanía, además de reducir los altos costos de los procesos electorales.

“La democracia no debe ser un lujo, sino un derecho accesible para todas y todos”, subrayó la funcionaria, al destacar que México dejará de ser el país con el costo más alto para organizar elecciones, sin comprometer los principios de transparencia, legalidad y legitimidad.

Samuel García estuvo presente

Durante el encuentro, realizado con la presencia de legisladores, académicos y representantes de la sociedad civil, Rodríguez Velázquez reconoció al gobernador Samuel García su apoyo en la realización del foro.

“Agradezco de corazón la anfitrionía, la hospitalidad del gobernador Samuel García por todo el apoyo brindado para la realización de este importante evento, aquí en esta bellísima ciudad de Monterrey y con su gente trabajadora, de los mejores estados del país”, expresó.

La titular de Gobernación dijo que impulsa una transformación democrática que ponga el bienestar de la población en el centro de todas las políticas públicas.

“Estamos construyendo el segundo piso de la Cuarta Transformación, que tiene en el centro de todas las políticas y acciones el bienestar de la población, sobre todo de la que más apoyo requiere”, afirmó.

Finalmente, Rosa Icela Rodríguez agradeció la participación de los asistentes y reiteró que el gobierno federal continuará recorriendo el país para escuchar todas las voces en torno a la reforma electoral.

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EFE. Ciudad de México. 20 de agosto de 2025.- A once días de asumir sus funciones, los nueve nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anunciaron un proyecto para regular audiencias públicas que permitan la participación ciudadana, expertos, organizaciones y comunidades en los procesos judiciales. Este esfuerzo busca acercar la justicia a la población y garantizar una impartición más transparente y accesible, según informó el próximo ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz.

En su cuarta reunión de trabajo, los ministros, elegidos mediante voto popular el pasado 1 de junio de 2025 tras una polémica reforma constitucional impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum, revisaron los “Acuerdos Generales” que regirán estas audiencias. El objetivo es permitir que personas con conocimiento directo de los casos, así como expertos en temas específicos, comunidades y pueblos originarios, puedan expresar sus argumentos y opiniones, fortaleciendo la legitimidad de las decisiones judiciales.

Hugo Aguilar Ortiz, de origen mixteco y quien encabezará la SCJN, destacó que estas audiencias forman parte de un esfuerzo para modernizar el Poder Judicial, haciéndolo más eficiente y cercano a la gente, especialmente a sectores vulnerables como los pueblos indígenas. Además, los ministros propusieron un sistema automatizado y aleatorio para el manejo y asignación de casos, con el fin de garantizar imparcialidad y agilidad en la resolución de asuntos.

La reforma judicial, que redujo el número de ministros de once a nueve y creó un Tribunal de Disciplina Judicial para supervisar a los jueces, ha generado debate. Mientras el oficialismo celebra la elección popular como un avance democrático, críticos señalan que la baja participación del 13% en los comicios refleja apatía y desconocimiento, cuestionando la legitimidad del proceso.

Los nuevos ministros, entre los que se encuentran Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz, María Estela Ríos, Sara Irene Herrerías, Giovanni Figueroa, Irving Espinosa y Aristídes Guerrero, también deliberaron sobre la conformación del Órgano de Administración Judicial, buscando perfiles idóneos para optimizar la gestión interna.

Este cambio en la SCJN, que incluye un enfoque en la participación ciudadana, responde a las críticas históricas de corrupción, nepotismo y lentitud en el sistema judicial mexicano. Sin embargo, expertos advierten que el éxito de estas medidas dependerá de su implementación y de la capacidad de los nuevos jueces para mantener la independencia judicial frente a posibles presiones políticas o del crimen organizado.

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