Por Eduardo Ibarra Aguirre

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 24 de agosto de 2024.- El todavía novel rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Leonardo Lomelí, acudió a la Universidad Anáhuac, campus norte, y en una catedra inaugural, llamada “conferencia magistral”, reveló a estudiantes y maestros el hilo negro: Ninguna universidad puede resolver sola el problema de la creciente demanda de plazas estudiantiles.

Y no es que al economista, historiador y académico no le asista la razón, pero resulta una verdad de Perogrullo que poco aporta al análisis del grave rezago que en la materia padecen las universidades públicas mexicanas y más aún la UNAM.

          En promedio, cuatro de cada 10 jóvenes entran a la universidad. Según datos de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, entre 500 000 y 700 000 estudiantes no logran ingresar a una de las máximas casas de estudios en México, con datos de 2023 y 2024.

Las autoridades universitarias –producto de una institucionalidad vertical que no permite los mínimos de participación democrática de la comunidad y, por el contrario, estimula el predominio de grupos de poder con tintes caciquiles, como el de José Narro Robles–, dieron a conocer el 18 de julio los resultados del examen de admisión a licenciatura 2024-2025, mediante el cual fueron aceptados sólo 14 151 estudiantes, menos de 10% de los 143 427 que se presentaron, y los rechazados son 129 276 aspirantes.

Es decir, el 90% no fue aceptado, bajo el argumento de que no aprobaron el examen de admisión al no cubrir las calificaciones exigidas y al decir del presidente Andrés Manuel López Obrador a lo largo de casi seis años en las mañaneras, son una coartada para justificar el rechazo de la autodenominada “universidad de la nación”. Perdón, pero no hace honor a tal nombre con rechazos multitudinarios de estudiantes que forman parte justo de la nación.

Postuló el doctor Lomelí Vanegas que se requiere hacer un nuevo esfuerzo educativo “de gran envergadura” en México, como hace 103 años, porque es un factor fundamental para el desarrollo económico y la transformación social. Se demanda, subrayó, invertir el 1% del producto interno bruto anual en ciencia, tecnología e innovación, y elevar en .5% el presupuesto en educación superior.

Cierto, mas no son pocas las universidades que envueltas en el discurso de la autonomía universitaria, que ya ni siquiera festejaron el 26 de julio, no rinden cuentas a la sociedad, mantienen burocracias doradas harto costosas, equipos deportivos que no aportan un centavo pero la UNAM gasta decenas de millones de pesos anuales, otorgan jugosas pensionan a los exrectores y alguno como el de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla montó sus propias universidades privadas usando recursos e infraestructura de la BUAP, para no hablar del grupo que pone y dispone en la Universidad de Guadalajara.

Con tales prácticas irregulares, corruptas, no existe economía ni sociedad capaz de enfrentar tal tren de gastos y derroches, por más que se realicen al amparo de la autonomía universitaria.

Está muy bien que la matrícula de educación superior nacional más que se duplicó al pasar de 2.1 a 4.5 millones de estudiantes entre 2000 y 2018. Pero ese crecimiento, lamentó Leonardo Lomelí, “no ha estado acompañado del incremento correspondiente en el gasto público”. Y menos aún en tiempos de austeridad republicana como punto de referencia básico de la Cuarte Transformación, donde el diálogo, los argumentos y la negociación con la Cámara de Diputados son insustituibles.

Acuse de recibo

Conclusión del magistrado del Tribunal Electoral, Felipe de la Mata Pizaña: “El triunfo de Claudia Sheinbaum es el más grande en la historia, la diferencia con la que ganó es tan abismal y abrumadora, que hasta juntando al segundo y tercer lugares seguiría existiendo una abismal diferencia de 13 millones de votos, y no hubo irregularidades”… De Elba Pérez Villalba: “El 95 aniversario de la autonomía universitaria (26-VII-1929) pasó un tanto desapercibido en muchas universidades, pero también sus principios. ¿Será que ya no importan?, ¿no tienen vigencia?”… Sin cita de por medio fui atendido en menos de 30 minutos, consulta incluida, en la Unidad de Medicina Familiar No. 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social, por el médico familiar Bladimir Pineda López. Nada que ver con la experiencia en “urgencias menores” de la Clínica 27, donde recibí una atención muy errática y tardía por el médico familiar Noé Martínez Aparicio, con cédula profesional 13445196. Lo anterior, el 27 de julio, tres días después de que la joven médica Leslie Ham Gálvez, cedula profesional 13268878, de Farmacias Similares de Membrillo 180-4, en Azcapotzalco –un pequeño eslabón del por lo general eficiente y gigantesco negocio de salud de Víctor González Torres–, me recetó una variante de la “familia” de la penicilina, a pesar de mi advertencia de ser alérgico, lo que me llevó con el doctor Alexis al hospital Español, donde la atención fue excelente.

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EFE. Ciudad de México. 17 de junio de 2024.-  La política de austeridad del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador está afectando a miles de personas por el desabastecimiento de fármacos y el recorte de insumos en el sector salud, infraestructura y personal médico, según advirtió este lunes la periodista Nayeli Roldán en una entrevista con EFE por su nuevo libro, ‘La austeridad mata’.

Como periodista de investigación especializada en corrupción, Roldán (Ciudad de México, 1982) confesó que muchas veces lloró junto a las madres de niños con cáncer que le dieron sus testimonios para el texto, y que pese a lo duro que fue escucharlas, escribirlas e incluso leerlas, «es necesario que se sepan».

«Es necesario que quien se tope con este libro sepa que eso ha ocurrido en este país, que eso han pasado miles de personas y que este discurso (gubernamental) de que estamos mejor y de que tenemos el sistema de salud como Dinamarca no es real, que hay miles de casos y de personas sufriendo el desabastecimiento, incluso en este momento todavía», expuso.

El libro comienza con la historia de Elizabeth y su hijo Ricardo, un niño que falleció en 2022 a los 10 años por falta de atención médica, tras un diagnóstico de leucemia en 2019, al inicio del Gobierno López Obrador (2018-2024), tras la desaparición del Seguro Popular que financiaba el Hospital de la Niñez Oaxaqueña.

Roldán siguió el caso que se hizo viral, pues meses antes de su muerte, el niño publicó un video en redes sociales pidiendo al mandatario entender que quienes luchan contra el cáncer pueden morir por falta de quimioterapias y médicos.

La periodista recordó con la voz quebrada cómo fue ser testigo de la desesperación e impotencia de la madre por no poder salvar a su hijo, pese a haber fundado, junto a otras madres, la organización Con Causa, que recauda fondos y medicinas para enfermos de cáncer.

“No murió incluso por la falta de quimioterapias, que Elizabeth hizo todo lo que estuvo a su alcance para conseguirlas, sino que murió por la falta de atención médica en Salina Cruz”, narró la periodista.

Detrás de esas historias, hay una investigación que llevó a Roldán a responder por qué a lo largo del Gobierno actual ha habido protestas por falta de medicamentos e insumos médicos, aun después de la pandemia, algo que como reportera cubría cotidianamente.

Comenzó con la revisión del presupuesto en salud, y le pareció «extraño» que no hubiera recortes en el presupuesto general, por lo que creó «una metodología para revisar las partidas más pequeñas en materia de salud».

«Por ejemplo, lo que se gasta en insumos para los hospitales: suturas, gasas, equipo quirúrgico, etcétera, y es ahí donde empezamos a ver realmente los recortes, en el mantenimiento de las máquinas, de rayos X, los tomógrafos, en el mantenimiento de infraestructura», detalló.

Además, junto con investigadores de la organización México Evalúa detectó «una triangulación de recursos: 150.000 millones de pesos (8.125 millones de dólares) que se habían destinado o etiquetado al Insabi (Instituto de Salud para el Bienestar, antes Seguro Popular)», agregó.

«El Insabi los regresaba a la Tesorería de la Federación, entonces solamente estaban simulando un aumento o una aplicación de recursos en salud, pero en realidad estaban regresando el dinero al Gobierno y eso significa que le perdíamos la pista», describió.

Asimismo, descubrió que en la Administración de López Obrador gastó 29 % más en medicinas que la de su predecesor, Enrique Peña Nieto (2012-2018), pese al desabastecimiento y a la austeridad.

Entre otros hallazgos, Roldán destacó que dejaron de surtir tres veces más recetas, dejaron de realizar medio millón de cirugías y 20 millones de estudios de laboratorio.

Especialmente, Roldán alertó de recortes en vacunación, por ejemplo, de la vacuna BCG contra la tuberculosis para recién nacidos, que pasó de una aplicación de entre 97 % y 99 % en los últimos 10 años, a 73 % en 2019, y a 30 % en 2021, y alertó de que hasta 2023 esa población seguía sin inmunizarse.

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Foto: Alejandro Meléndez / FotorreporterosMx

Por Arturo Huerta González

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 25 de febrero de 2021.- El secretario de Hacienda insiste en que México no puede endeudarse porque lo impide la Constitución y que si se endeudan, ello incrementaría la carga del servicio de la deuda para las presentes y futuras generaciones. No se da cuenta que estamos en una crisis de niveles que no se presentaba desde 1932, y si el gobierno no incrementa el gasto deficitario y su deuda, la crisis seguirá profundizándose tal como lo reflejan los datos del INEGI donde el mes de enero muestra una caída anualizada de 4.4%. El gobierno dijo a fines del 2020, que el crecimiento de la economía se retomaría en los primeros tres meses del año, y la realidad lo desmiente. La economía no saldrá de la crisis por si sola, requiere de la intervención del Estado a través de gasto deficitario para contrarrestar la caída de exportaciones, y del consumo e inversión privada, lo cual no acontece. El sector privado no tiene condiciones de ser motor de crecimiento, ni tampoco las exportaciones lo serán. Quien gana con las exportaciones son las empresas transnacionales que las generan, pero no el país, dado el alto componente importado con que trabajan, lo que no irradia al conjunto de la economía.

Se anunció la semana pasada que se reducirá la carga tributaria a Pemex para apoyar la reordenación de sus finanzas y que se ajustará la política fiscal para compensar dicha reducción tributaria. Es decir, ante la menor recaudación tributaria proveniente de Pemex, Hacienda recortará otras partidas para mantener el equilibrio fiscal. Esa práctica la emplearon en 2019 y 2020, y no se dan cuenta que ello ha contraído demanda e inversión y la actividad económica y el empleo. Todo en su posición religiosa, retrógrada de mantener austeridad fiscal y no caer en deuda, sin importarles las consecuencias negativas que sus políticas están generando. Mientras la gran mayoría de los países están trabajando con déficit fiscal y mayor deuda para encarar la pandemia y la crisis económica, aquí, hasta quieren patentar su política de no déficit fiscal y no deuda, y tendrían que añadir las consecuencias de éstas en términos de la destrucción de la capacidad productiva, alto desempleo y fuerte contracción de la actividad económica que ocasionan.

Los tomadores de decisiones en el país, tienen que actualizar su literatura sobre política fiscal. Ésta no debe ser evaluada respecto a la disciplina fiscal y no endeudamiento, sino en función de su impacto sobre la economía, como sobre el empleo y el bienestar de la población. La deuda pública no significa problema alguno, si la adquiere el banco central a baja tasa de interés. De hecho, hace pocas semanas se publicó una carta firmada por premios nobel de economía, economistas y políticos en diarios europeos, pidiendo al Banco Central Europeo que cancele la deuda que tiene de los países miembros de la zona euro, justo para que los gobiernos puedan seguir gastando para encarar la pandemia y la crisis económica y el desempleo. Si el secretario de Hacienda de México dice que la Constitución le prohíbe endeudarse si no es para infraestructura, que mande Iniciativas de Ley para modificar la Constitución y también para que Banxico le compre deuda directa al gobierno a baja tasa de interés, ahora que todavía tienen mayoría en el Congreso. De no hacerlo, y continuar con la austeridad fiscal y los recortes presupuestarios y la alta tasa de interés, caerá la actividad económica otra vez en este 2021, lo que aumentará la pobreza, el descontento de la población, como la delincuencia, situación que va a ahuyentar al capital en búsqueda de otras opciones de inversión en otros países.

Hacienda no tiene porque sujetarse a la austeridad fiscal. El FMI ha señalado que los países deben tener gasto deficitario a favor de sus sectores estratégicos, por lo que los gastos, subsidios y exenciones tributarias a favor de Pemex, no deben ir acompañados con recortes presupuestales que afecten otras inversiones y gastos del gobierno.

La posición gubernamental de que seguirá con austeridad porque una menor carga de deuda facilitará la recuperación, es no saber economía. Lo que la austeridad fiscal está ocasionando es mayor contracción del sector productivo, mayor desempleo, menores ingresos a las empresas e individuos, y ello representa una tremenda carga que arrastrarán por años. Y en tal situación no podrán aumentar consumo e inversión, por lo que no habrá recuperación alguna, y se perpetuará el estancamiento. En cambio, si el gobierno trabajara con gasto deficitario con deuda a baja tasa de interés adquirida por Banxico, reactivaría la economía e incrementaría el empleo, lo que aumentará el ingreso de empresas e individuos y la recaudación tributaria, por lo que el servicio de la deuda no representaría carga alguna, pues las empresas y familias tendrían mejores condiciones de pagarla, y el gobierno vería reducido el déficit fiscal y el monto de la deuda. El gobierno debe saber que el déficit fiscal se mueve de manera contra-cíclica. Es decir, se reduce con el crecimiento de la actividad económica. El gobierno tiene que gastar más para impulsar la economía y su recaudación tributaria y así ver reducido el déficit fiscal y el monto de su deuda.

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Foto: Alejandro Meléndez

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 21 de febrero de 2020.- El Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (SutNotimex) desmiente la versión de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano en el sentido de este organismo laboral exigía el cumplimiento de cláusulas en el Contrato Colectivo de Trabajo que representan beneficios a la secretaria general, Adriana Urrea Torres.

En todo momento el Comité Ejecutivo Nacional del SutNotimex y la Comisión Revisora conformada para el proceso de negociaciones del CCT expresaron su conformidad por reducir prestaciones excesivas, que se otorgaban en anteriores administraciones del SutNotimex, respaldando la Austeridad Republicana que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ante autoridades de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje quedó constancia y firmado en actas de que el actual SutNotimex renunciaba a beneficios directos al Comité e incluso a tener una oficina dentro de las instalaciones de la Agencia. “Nosotros siempre manifestamos nuestra conformidad con el retiro de cláusulas como el otorgamiento de recursos para festejos y demás prebendas que se aplicaban en la administración del ex secretario general, Conrado García, y con lo que siempre estuvimos en desacuerdo e incluso bajo la actual dirigencia se llevó a cabo el proceso de expulsión de García Velasco”.

El organismo trabaja en la lucha por los derechos ganados de los trabajadores como vacaciones, vales de despensa y beneficios que llegan a la plantilla laboral y son el complemento de un salario. Fue la empresa la que se negó en todo momento a negociar con el SutNotimex el actual Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), lo que hoy llevó a la base trabajadora y al SutNotimex que sí tiene representación legítima, avalada por las autoridades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) a ratificar el estallamiento de huelga desde el primer minuto de este 21 de febrero de 2020.

El SutNotimex cuenta con suficientes aliados al interior de la agencia para estallar la huelga, entre los que incluso se encuentra personal recientemente contratado por la directora general, Sanjuana Martínez, quienes han solicitado su afiliación al SutNotimex al ser testigos de las injusticias que se comenten en la actual administración, sobre todo después de que le buscara sustituto a su “líder charro”, Jesús Rodríguez, al frente del sindicato patronal que ella misma formó y que ahora pretende sea dirigido por Luis Monroy.

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