Periodistas Unidos. Ciudad de México. 15 de enero de 2026.- En una decisión histórica para la libertad de expresión en México, un juez federal declaró inconstitucional el controvertido delito de «ciberasedio» que, según activistas y periodistas, se utilizaba para intimidar y silenciar voces críticas en internet.

El juez Horacio Óscar Rosete Mentado, del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en Puebla, emitió el 14 de enero una sentencia que protege a una periodista de ser procesada bajo esta ley, argumentando que la norma era tan vaga y confusa que violaba garantías constitucionales básicas.

¿Por qué es importante esta sentencia?

La organización Propuesta Cívica, que promovió este caso junto con otros cinco similares, celebra el fallo como un triunfo fundamental para quienes ejercen el periodismo en redes sociales y plataformas digitales.

El problema central era que la ley no definía con claridad qué conductas exactamente constituían el delito de «ciberasedio». Esta ambigüedad creaba lo que los expertos llaman un «efecto inhibidor»: cuando las personas no saben con certeza si lo que van a publicar podría ser considerado un crimen, prefieren autocensurarse y no compartir información legítima por miedo a terminar en la cárcel.

«Imagina que existe una ley que te puede meter a prisión, pero nadie puede explicarte exactamente qué tienes que hacer para violarla», explica la lógica detrás del fallo. «Eso no solo es injusto, sino que deja la puerta abierta para que las autoridades persigan selectivamente a quienes les resultan incómodos».

El riesgo para los periodistas

Para los periodistas digitales, esta situación era especialmente peligrosa. En un país donde la prensa enfrenta amenazas constantes, una ley imprecisa se convierte en una herramienta perfecta para silenciar investigaciones sobre corrupción, abusos de poder o violaciones de derechos humanos.

El juez determinó que el Congreso de Puebla no cumplió con su obligación de crear una ley clara y precisa, violando tanto la Constitución mexicana como tratados internacionales de derechos humanos que México ha firmado.

¿Qué sigue ahora?

Aunque esta sentencia protege únicamente a la periodista que presentó este caso específico (así funcionan estos recursos legales llamados «amparos»), sienta un precedente importante que podría influir en decisiones futuras.

Propuesta Cívica aún tiene pendientes cinco casos más contra la misma ley, y hace un llamado respetuoso al poder judicial de Puebla para que los resuelva con independencia y apegándose a los estándares de derechos humanos.

La organización también exhorta al Congreso de Puebla a reformar urgentemente esta ley para que, si el delito de ciberasedio debe existir, esté redactado con total claridad y respete plenamente la libertad de expresión.

Un problema nacional

México enfrenta actualmente una proliferación preocupante de leyes vagas que apuntan a regular la comunicación y el activismo digital. Desde difamación hasta «incitación al odio» u «ofensas a autoridades», estas normas reflejan intentos de controlar lo que se dice en el espacio público, especialmente cuando se cuestiona al poder.

Propuesta Cívica, organización apartidista con 14 años defendiendo la libertad de expresión y protegiendo a periodistas y defensores de derechos humanos, continuará su batalla legal para garantizar que en México se pueda informar sin miedo.

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Periodistas Unidos. París, Francia. 15 de diciembre de 2025.– El más reciente informe de la UNESCO, ‘Tendencias mundiales en libertad de expresión y desarrollo de los medios 2022/2025: Periodismo configurando un mundo en paz’, alerta sobre un deterioro histórico en la libertad de expresión a nivel global, con una caída del 10% entre 2012 y 2024. En América Latina y el Caribe, el descenso fue del 6,86%, menor que la media mundial, pero impulsado principalmente por el aumento de la autocensura en un 52,14% durante el mismo período.

Basado en datos del Instituto V-Dem de la Universidad de Gotemburgo, el índice global de libertad de expresión muestra un retroceso comparable a épocas previas a guerras mundiales o la Guerra Fría. En la región, el declive anual promedio fue del 0,53%, con otros factores como el incremento del 41,51% en restricciones gubernamentales a los medios y una caída del 40,23% en la libertad académica y cultural.

El informe destaca el impacto directo en periodistas: entre 2018 y 2024, casi mil informadores en América Latina fueron desplazados forzosamente, especialmente en México, debido a violencia y amenazas. A nivel mundial, la autocensura creció un 63%, mientras que la impunidad en asesinatos de periodistas se mantiene en torno al 85%. La UNESCO advierte sobre amenazas emergentes como la inteligencia artificial generativa, la concentración mediática y la desinformación, que agravan la polarización y debilitan la democracia.

Expertos como Catalina Botero, colaboradora del informe, enfatizan que «la suerte de la libertad de expresión está atada a la suerte de la democracia». Pese a avances como la reducción parcial de impunidad y el crecimiento del periodismo colaborativo, la agencia de la ONU insta a fortalecer protecciones institucionales y el acceso a información veraz.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 19 de octubre de 2025.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) lanzó una denuncia contundente contra el creciente acoso judicial y el control gubernamental sobre la prensa en México, alertando que estos mecanismos se han convertido en herramientas sistemáticas de censura que amenazan la libertad de expresión en el país. En su 81ª Asamblea General, celebrada en Punta Cana, República Dominicana, la organización presentó un informe detallado que describe un «panorama complejo» para el periodismo, donde gobernadores, legisladores y funcionarios utilizan demandas civiles, figuras como la violencia política de género y bloqueos regulatorios para silenciar críticas y limitar el escrutinio público.

El reporte, elaborado por la Comisión de Libertad de Expresión de la SIP, destaca que el acoso judicial se consolidó como el principal instrumento de represión durante el último semestre, con casos emblemáticos que involucran a medios independientes y periodistas destacados. «La libertad de prensa enfrentó un panorama complejo, especialmente por el uso de instrumentos judiciales y regulatorios para limitar la crítica», se lee en el documento, presentado ante cientos de editores y comunicadores hemisféricos. Entre los ejemplos citados, figura el intento de censura contra el columnista Héctor de Mauleón y el diario El Universal, impulsado por la titular del Poder Judicial de Tamaulipas, Tania Contreras López, en represalia por publicaciones sobre asuntos de interés público. La SIP condenó esta acción como “intimidación judicial” que sienta un antecedente negativo para las libertades de expresión y prensa en México.

José Roberto Dutriz, presidente de la SIP y director general de La Prensa Gráfica de El Salvador, enfatizó en la inauguración de la asamblea que “el acoso judicial tiene la clara intención de censurar mediante la intimidación a periodistas y medios que informan sobre corrupción y abusos de poder”. El informe también critica la ambivalencia del gobierno federal bajo la presidenta Claudia Sheinbaum, quien por un lado ha radicalizado su discurso contra la prensa al vincularla con filtraciones sobre corrupción en administraciones previas, y por otro rechazó un artículo de la nueva Ley de Telecomunicaciones que permitía al Estado bloquear plataformas digitales. No obstante, persisten preocupaciones por la disolución del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), reemplazado por la Oficina de Transparencia para el Pueblo, que desechó el 99.6% de solicitudes de información pública, obstaculizando la rendición de cuentas.

Datos respaldatorios de organizaciones aliadas como Artículo 19 revelan un aumento alarmante: entre enero y julio de 2025, se documentaron 51 casos de acoso judicial contra 39 periodistas y 12 medios en 17 entidades, superando el total anual de cualquier año previo y equivalendo a un proceso legal cada cuatro días. Veracruz, Ciudad de México y Jalisco lideran las estadísticas, con el 50% de las demandas abusando de la figura de Violencia Política contra las Mujeres por Razones de Género (VPMG) para perseguir coberturas críticas. En Puebla, medios como E-Consulta, El Popular y Datamos han enfrentado demandas millonarias por daño moral desde hace dos años, sumando a una ola de más de 300 firmas de apoyo en una declaración pública contra estas prácticas autoritarias.

La SIP también denuncia un patrón regional de control estatal, incluyendo acusaciones penales por delitos financieros motivados políticamente y la judicialización indiscriminada de libertades, contraviniendo principios como el 10 de la Declaración de Chapultepec: “Ningún medio o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas contra el poder público”. Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, advirtió que estas acciones fomentan una cultura de autocensura y debilitan la sostenibilidad económica de los medios independientes. En respuesta, la organización urge a los jueces mexicanos aplicar estándares interamericanos y a los legisladores reformar marcos normativos para excluir delitos contra el honor como herramientas represivas.

Voces del gremio periodístico mexicano, como la Alianza de Medios Mx, han pedido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisar casos como el del Periódico Vanguardia, donde la SIP ya se pronunció sobre el uso de mecanismos legales para intimidar y censurar. “Este no es un tema mercantil, es libertad de expresión; el Poder Judicial debe proteger, no silenciar”, declararon en un comunicado reciente. Mientras la asamblea de la SIP concluye con llamados a la solidaridad hemisférica, México enfrenta un dilema profundo: en un año marcado por reformas judiciales controvertidas, la prensa independiente clama por un escudo real contra el asedio que la convierte en blanco de un poder cada vez más intolerante a la verdad. La sociedad civil y la comunidad internacional observan, recordando que una prensa libre es el pilar de cualquier democracia vibrante.

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Periodistas Unidos. San José, Costa Rica. 08 de septiembre de 2025.- El periodismo en Nicaragua sobrevive entre la apatridia de facto, la autocensura y la cárcel bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, alertó este lunes el Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua, una ONG humanitaria con sede en el exilio. En un comunicado conmemorativo del Día Internacional del Periodista, el organismo documentó cómo casi 300 comunicadores han sido obligados a huir del país desde 2018 por visibilizar violaciones a los derechos humanos, enfrentando ahora un limbo jurídico que les niega documentos esenciales y los condena a una vulnerabilidad extrema.

“Desde 2018, casi 300 periodistas nicaragüenses han sido forzados al exilio por ejercer su labor con integridad y compromiso al visibilizar los abusos de derechos humanos de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo”, señaló el Colectivo en su declaración. Muchos de estos exiliados, radicados principalmente en Costa Rica, Estados Unidos y España, sufren apatridia de facto: el Estado les prohíbe el regreso, retiene o niega la renovación de pasaportes, cédulas de identidad y partidas de nacimiento. “Esta negación de documentos oficiales no solo vulnera sus derechos fundamentales, sino que los coloca en una situación de extrema vulnerabilidad jurídica, social y económica”, advirtió la ONG, calificando esta práctica como una herramienta de castigo político y borrado institucional.

El Colectivo instó a gobiernos como España, México, Chile, Argentina y Colombia, que han ofrecido nacionalidad a apátridas nicaragüenses, a extender protección a estos periodistas. “La labor de estos periodistas es esencial para documentar violaciones a los derechos humanos, preservar la memoria histórica y mantener viva la conciencia crítica. Otorgarles protección legal y acceso a una nacionalidad no es solo un acto de solidaridad: es una defensa activa de la libertad de prensa y de los valores democráticos”, argumentó el organismo. Según datos de la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED), al menos 278 periodistas han sido exiliados desde 2018, con un aumento en 2025 debido a asedios, allanamientos y robos de equipos tecnológicos.

La denuncia también resalta detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de comunicadores. El Colectivo exigió la inmediata aparición con vida de Fabiola Tercero (desaparecida desde julio de 2024), Leo Cárcamo (arrestado el 22 de noviembre de 2024) y Elsbeth D’Anda (detenida el 27 de octubre de 2024), mientras Irvin Guerrero permanece en casa por cárcel. “El paradero de los primeros tres periodistas sigue siendo desconocido. Exigimos al Estado nicaragüense su inmediata aparición con vida, el cese de la persecución a la prensa y el respeto irrestricto a los derechos humanos”, demandó la ONG. Amnistía Internacional ha documentado un continuum de represión desde 2018, con más de 50 medios clausurados o confiscados, incluyendo La Prensa, Confidencial y 100% Noticias, y un bloqueo a dominios .ni en 2025.

Expertos como Gonzalo Carrión, activista del Colectivo y nicaragüense desnacionalizado, describieron en mayo pasado estos casos como “crímenes de lesa humanidad”. Hasta febrero de 2025, se registraban 160 apátridas de facto, cifra que ha crecido a cientos, afectando no solo a periodistas, sino a religiosos, defensores y opositores. El Grupo de Expertos de la ONU sobre Nicaragua (GHREN) confirmó en abril que estas prácticas violan la Convención para Reducir los Casos de Apatridia, ratificada por Nicaragua en 2013, dejando a víctimas en un “limbo migratorio” que impide acceso a salud, empleo y educación.

Periodistas exiliados como Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial, han denunciado que el exilio se ha convertido en una condición permanente, con redacciones dispersas por el mundo y periodistas combinando el oficio con trabajos precarios, como entregas en motocicleta en Costa Rica. “Un periodismo valiente que ha enfrentado a una de las peores dictaduras de la historia del país, responsable del asesinato a balazos de 355 nicaragüenses tras las protestas de abril de 2018”, valoró el Colectivo, destacando la resistencia pese al cierre de más de 50 medios y la autocensura impuesta por el miedo.

La crisis, agravada desde las elecciones de 2021, ha forzado a 289 comunicadores al exilio, según FLED, con 9 de 15 departamentos sin periodismo independiente. Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras y PEN International llaman a la comunidad internacional a actuar, recordando que la apatridia es “tortura” y un obstáculo para la reunificación familiar. El Colectivo reafirmó su compromiso con la defensa del periodismo libre, urgiendo al mundo a no ignorar esta “grave crisis” que amenaza con un apagón informativo en Nicaragua.

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EFE. Santander, España. 12 de marzo de 2025.- El periodista mexicano Alberto Amaro, exiliado de forma temporal en España por estar amenazado, denunció este miércoles la violencia que sufren los informadores en su país, lo que, lamentó, lleva a algunos a la autocensura como forma de poder sobrevivir.

«La mayor autoherida que se puede hacer un periodista es la autocensura y, en muchas ocasiones, lo hemos tenido que hacer por seguridad de nosotros y por seguridad de nuestra familia», explicó Amaro en un encuentro con periodistas en Santander (norte de España), donde este jueves participará en una charla para exponer la situación que viven los informadores en México.

Tras cinco meses acogido en España gracias a un programa de Amnistía Internacional, reconoce que está «más tranquilo», aunque no descarta volver a su país, una decisión que deja en manos de su familia, sobre todo de sus hijos, que son los que pagan esta situación y añoran a sus amigos y su modo de vida.

Si vuelve a México, Alberto Amaro, que sigue escribiendo en un periódico digital de difusión local, seguirá estando entre los periodistas amenazados en un país que «lamentablemente es uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo fuera de una zona de guerra».

De hecho, recordó que desde el año 2000 han sido asesinados más de 170 periodistas, una cifra que «va aumentando», advirtió, de los que dos son mujeres, mientras que hay 31 informadores desaparecidos.

«Hay una impunidad del 95 por ciento tanto de agresiones como en asesinatos», afirmó Alberto Amaro, quien aclaró que la violencia que sufren los periodistas no procede solo de los grupos de delincuencia organizada, sino también de los gobiernos. «El 45,75 por ciento de las agresiones provienen de un Gobierno, ya sea federal, estatal o municipal, y tan solo el 25 % de las agresiones aproximadamente se derivan de un grupo delictivo», definió.

«Agredir a periodistas es símbolo de impunidad»

Amaro, que en principio va a permanecer un año en España, incidió en que «decir la verdad en México es complicado» y explicó que, a través de su periódico digital, Tlaxcala, nombre de la región en la que vive, traslada las quejas ciudadanas y denuncia la corrupción de los grupos de delincuencia organizada relacionados con los cuerpos policiales, lo que le llevó a empezar a recibir amenazas en 2019.

A partir de ahí, pasó a estar incluido en el mecanismo de protección a defensores de los Derechos Humanos y periodistas del Gobierno de México, un instrumento que «no existe en ningún país y lamentablemente nunca debería haber sido necesario crear», pero que no impidió que ocho compañeros suyos incluidos en ese registro fueran asesinados.

En su caso, destacó que un informe de Amnistía Internacional publicado el año pasado sobre la situación de los periodistas mexicanos en el que aparecía su nombre le dio relevancia internacional y le permitió acogerse a este programa de protección de un año en España.

Sin embargo, recordó que dos compañeros suyos, que también aparecían en el informe, ya no están vivos, mientras criticó que las investigaciones sobre los asesinatos de periodistas en México «viven el sueño de los justos», sin detenciones ni condenas. «Los delincuentes ya se dieron cuenta de que agredir a un periodista es símbolo de impunidad, que eso no se investiga», ahondó Amaro.

Y se quejó de las «fallas» que tiene el sistema mexicano de protección a periodistas, del que, como le ocurrió a él, puedes salir tras la detección de la persona que profirió las amenazas, lo que no hace desaparecer el riesgo porque se trata de miembros de grupos que tienen recursos económicos y poder «para hacer daño en cualquier lugar».

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EFE. Ciudad de México. 20 de noviembre de 2024.- Periodistas y activistas por la libertad de expresión advirtieron este miércoles de las dificultades para hacer periodismo en México, al asegurar que a la violencia del crimen organizado se suma la inacción de las autoridades, lo que tiene como consecuencia una creciente autocensura entre los comunicadores.

«El periodista multiplica voces, y de ahí la gravedad de silenciarlos», señaló Martha Ramos, directora nacional editorial de la Organización Editorial Mexicana (OEM).

Durante su participación en el panel “Ser periodista en México: derechos pendientes” del foro organizado por Alianza de Medios en la Universidad Iberoamericana de la capital mexicana, Ramos destacó que cada vez es mayor la participación de autoridades, sobre todo a nivel local y estatal en la difusión de discursos contra comunicadores en el país.

Y, con ello, apuntó uno de los elementos más peligrosos y más difíciles de medir: la autocensura.

«La creciente autocensura es una cuestión de autocuidado ante la falta de respuesta de las autoridades», remarcó.

En la conversación, Pedro Cárdenas, oficial de protección y defensa de la organización por la libertad de prensa Artículo 19, y Grisel Salazar, académica de la Universidad Iberoamericana, remarcaron que la inacción e indiferencia de las autoridades son clave para entender la situación.

«Nos han dicho que lo que no se habla no existe y yo sí noto que se está desvaneciendo de la conversación pública la gravedad de las agresiones contra la prensa. El silencio de las autoridades genera indiferencia social», afirmó Salazar.

Durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), en México fueron asesinados más de 45 periodistas, según Artículo 19.

Alianza de Medios es una asociación civil sin fines de lucro, independiente y apartidista, integrada por representantes de medios de comunicación mexicanos en defensa de las libertades de expresión y de prensa como componentes fundamentales en una democracia.

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