Por Arturo Huerta González

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 02 de diciembre de 2025.- El 26 de noviembre de 2025 la presidenta del país dijo que “no hay dinero para pagar lo que exigen los agricultores” y que “no se puede prometer lo que no se es posible entregar”. El gobierno ha señalado que “la petición de los productores de fijar un precio muy superior al valor actual de mercado para todo el maíz nacional rebasa la capacidad financiera del gobierno” y que las demandas de los agricultores «deben ajustarse a la disponibilidad presupuestal, pues las finanzas públicas tienen límites».

Tal discurso es el mismo de los presidentes neoliberales que nos vienen gobernado desde los años ochenta del siglo pasado. Al limitar el gasto público respecto a los ingresos, el gobierno quiere ser bien visto por las calificadoras internacionales, por el Fondo Monetario Internacional y por el sector financiero nacional e internacional, lo cual ha llevado a reducir el tamaño y participación del gobierno en la economía y a relegar los objetivos de crecimiento del sector productivo, como la generación de empleo que demanda la población. Es un crimen recortar el gasto público en un contexto donde la economía no crece y no se atienden los reclamos de amplios sectores de la población.

Hay que señalar que un gobierno soberano no tiene límites financieros. Recursos financieros hay. Es cuestión que se cambie la Ley Orgánica del Banco de México para que este compre deuda directa al gobierno a baja tasa de interés para que pueda expandir su gasto e inversión para satisfacer las demandas de los agricultores, como para impulsar la sustitución de importaciones agrícolas y manufactureras y la generación de empleo y ello no sería inflacionario pues estaría incrementándose la producción y reduciría el déficit de comercio exterior y generaría ingresos para cubrir el pago de la deuda. El gobierno puede también disminuir los recursos a los proyectos fallidos como los destinados al tren Maya, al tren del Istmo de Tehuantepec y a la refinería Dos Bocas y asignarlo al apoyo a los productores de granos básicos que es un sector estratégico indispensable para asegurar la autosuficiencia alimentaria en estos rubros.

El gobierno dice que la solicitud de un precio de garantía del maíz de 7,200 pesos la tonelada está muy por arriba del mercado y que sale muy costoso al gobierno absorber la diferencia. El problema es que el precio nacional no debe establecerse en torno al mercado de economía abierta, determinado por la Bolsa Mercantil de Chicago, pues ello ha llevado a que las importaciones baratas desplacen a la producción nacional y se comprometa la autosuficiencia alimentaria de granos básicos y afecte no solo a los productores agrícolas, sino que incrementa el déficit de comercio exterior y hace más dependiente a la economía de la entrada de capitales, para lo cual tiene que establecer altas tasas de interés para estimular su entrada y ello incrementa el costo del servicio de la deuda del gobierno, de las empresas y familias y restringe la inversión, el gasto y la actividad económica.

Los productores del campo no se movilizan para defender algún privilegio como dice el gobierno; ellos están por que se instrumenten políticas para impulsar el campo mexicano y avanzar en la autosuficiencia alimentaria, y de ahí que demandan que se deje de importar los granos básicos, que se otorguen créditos baratos y se establezca un precio justo a tales productos.

El gobierno no accede a ello por temor a la inflación y a la devaluación, que afectaría al sector financiero, el cual requiere de baja inflación y estabilidad de la moneda para así salvaguardar su capital. Como la economía no tiene condiciones para bajar la inflación, dada la baja productividad y rezagos productivos, ha procedido estimular entrada de cáptales para abaratar el dólar y así las importaciones para bajar la inflación, todo lo cual favorece al sector financiero y a los productores de EUA y de otros países que inundan el mercado interno con sus productos a costa de desplazar a los productores nacionales y no tener política a favor del crecimiento económico.

Se debe gobernar en beneficio de país y no en contra de él. Se tiene que incentivar la producción y el empleo nacional, aunque ello resulte -aparentemente- y en el corto plazo más caro, debido a que ello estaría impulsando el crecimiento económico y el empleo, se reduciría el déficit de comercio exterior y los trabajadores tendrían ingreso para sortear los problemas de los mayores precios y no seguir como hasta ahora bajando la inflación a favor del sector financiero y de los productores de EUA con productos importados que nos han llevado a tener menos industria y producción de granos básicos, lo que ha frenado el crecimiento económico, aumentado el desempleo, el subempleo y deteriorado el nivel de vida de la población.

El gobierno se opone a la solicitud de los agricultores de sacar los granos básicos del T-MEC, debido a que teme que EUA imponga mayores restricciones a las exportaciones que México realiza a tal país. Ante el conocimiento de las exigencias de los agricultores nacionales, los congresistas estadounidenses le mandaron una carta al encargado de negocios de dicho país diciéndole que tiene que defender las exportaciones agrícolas que EUA realiza hacia México, pues éste es su principal mercado. Si el gobierno mexicano acepta seguir importando tales productos continuará actuando a favor de los productores estadounidenses en detrimento de los productores nacionales, comprometiendo más el autoabasto, además de llevarnos a depender más del exterior.

Dijo la presidenta que “hay que ser muy responsable en qué se puede o no”, y al respecto hay que decir que la política económica debe ser responsable para satisfacer las demandas no solo de los productores agrícolas, sino también de los que claman oportunidades de empleo bien remunerado, justo para encarar la pobreza y delincuencia creciente que se vive en el país, para lo cual el gobierno tiene que dejar de lado los recortes presupuestales y hacer que el banco central sea funcional al crecimiento del sector productivo y del empleo, y se debe revisar la apertura comercial e instrumentar políticas proteccionistas a favor de la producción nacional. Si el gobierno no aumenta la inversión y el gasto para impulsar la inversión privada, la producción y el empleo, si el banco central no baja la tasa de interés, la economía se encamina a una crisis.

Sin crecimiento de la producción y del empleo, no hay crecimiento. Se tiene que dejar de lado las políticas neoliberales. De no satisfacer el gobierno los requerimientos de la población y si continúa actuando a favor de los intereses de EUA y del sector financiero, se acentuarán más los problemas económicos y sociales y el descontento de los sectores afectados, por lo que serán crecientes las movilizaciones.

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Por Arturo Huerta González

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 22 de noviembre de 2025.- Los gobiernos neoliberales han procedido a promover entrada de capitales a través de alta tasa de interés, austeridad fiscal e ingreso de inversión extranjera para aumentar reservas internacionales y abaratar el dólar y las importaciones y así contribuir a bajar la inflación, a costa de no tener política económica para el crecimiento y para satisfacer las demandas nacionales de la población y de que las importaciones desplacen a la producción nacional.

La reducción de la inflación alcanzada con dólar e importaciones baratas ha actuado en detrimento de los productores nacionales. Se ha incrementado el déficit de comercio exterior, la desindustrialización, la descapitalización de los productores, el sobreendeudamiento, así como los mayores coeficientes de importaciones y la pérdida de autosuficiencia alimentaria en granos básicos.

El gobierno se preocupa más por promover entrada de capitales para financiar el déficit externo y mantener estable el tipo de cambio, en vez de encarar los rezagos productivos nacionales que están detrás del déficit externo, por lo que siguen creciendo las importaciones y los requerimientos de entrada de capitales para financiarlas y la política económica que estimula su entrada actúa en detrimento de la producción nacional.

La política que favorece el crecimiento de importaciones baratas de granos básicos implica una política discriminatoria en detrimento de los productores nacionales y a favor de los productores de EUA, situación que compromete la seguridad alimentaria. Además, la política de abaratar el dólar a través de promover entrada de capitales con alta tasa de interés favorece al sector financiero, en detrimento de sector público y privado nacional que están endeudados, lo que les incrementa el costo financiero y les reduce su capacidad de gasto e inversión y de ahí el contexto de estancamiento económico que la economía nacional viene arrastrando, con altas tasas de subempleo, pobreza y delincuencia.

Las importaciones han aumentado más que la producción nacional y han incrementado su participación en la oferta y demanda nacional. Las importaciones agrícolas son equivalentes al 48% de la producción agrícola, por lo que perdemos año tras año mayor soberanía alimentaria y nos lleva a depender más de la entrada de capitales para financiar tal situación.
Cuanto más sea la dependencia de las importaciones de granos básicos y de otros productos y al no contar con exportaciones suficientes y/o entrada de capitales para financiarlas, se comprometerá el abasto de productos para satisfacer la demanda, por lo que habrá inflación, devaluación y freno a la actividad económica. Por lo tanto, si no se impulsa la producción nacional y la sustitución de importaciones, una crisis profunda es inminente.

El rezago de la producción agrícola termina actuando contra el financiamiento de la economía, debido a las presiones sobre precios que origina la escasez de productos, como sobre el sector externo, ante el crecimiento de importaciones que implica filtraciones de demanda hacia el exterior que actúa contra el ingreso nacional y el ahorro nacional y en consecuencia sobre el financiamiento de la inversión. El déficit de comercio exterior generado exige establecer alta tasa de interés para atraer capitales para su financiamiento, y esa alta tasa de interés está descapitalizando y sobreendeudamiento al sector productivo, encarece el crédito y actúa contra el financiamiento al crecimiento. Además, el estancamiento de la economía nacional compromete el pago de las obligaciones financieras que termina restringiendo la disponibilidad crediticia y tiende a desestabilizar al sector bancario.

Es importante el desarrollo agrícola para reducir la inflación, las importaciones y el déficit de comercio exterior, para mejorar el ingreso y financiamiento nacional y reducir nuestra dependencia de la entrada de capitales, lo que permitiría bajar la tasa de interés e incrementar el gasto público a favor del crecimiento económico. De ahí la importancia de que haya política agrícola para impulsar la producción nacional, lo cual requiere que la política monetaria, cambiaria, fiscal y comercial respondan a ello, a través de créditos baratos, subsidios, política proteccionista y tipo de cambio competitivo.

Proteger a los productores nacionales, a través de suspender las importaciones de granos básicos, ya sea a través de sacarlos del T-MEC y/o a través de aranceles a dichas importaciones equivalentes para trabajar con precio justo a favor de los productores nacionales, que cubra los costos de producción y cierto margen que incremente la inversión, que en el caso del maíz sería 7200 pesos por tonelada. Ello podría ocasionar alza de precios en el corto plazo, pero sería el costo de avanzar en el autoabasto y soberanía alimentaria y al ir ello acompañado de política agrícola se incrementaría la productividad y bajarían los precios. Ello reduciría las presiones sobre el sector externo, así como los requerimientos de entrada de capitales, lo que permitiría tener política económica para impulsar la dinámica económica nacional y la generación de empleo.

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Por Arturo Huerta González

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 13 de noviembre de 2025.- Los gobiernos neoliberales han priorizado bajar la inflación con granos importados baratos, lo cual ha sido a costa de actuar en detrimento de los productores nacionales, de relegar la autosuficiencia alimentaria, de reducir el crecimiento económico y aumentar nuestra dependencia de la entrada de capitales para financiar las crecientes importaciones. Ello ha llevado a que la política económica se dirija a promover entrada de capitales a través de alta tasa de interés y austeridad fiscal a costa de no tener política económica a favor del crecimiento y del empleo.

Las demandas de los productores agrícolas del maíz han sido principalmente: 1) sacar los granos básicos del T-MEC y 2) incrementar el precio de tonelada a 7,200 pesos para poder cubrir sus costos y evitar caer en sobreendeudamiento y cartera vencida. La demanda de sacar los granos básicos del T-MEC, es para que las importaciones de éstos no desplacen la producción nacional y la demanda de un precio de 7,200 pesos la tonelada de maíz es para que el precio se fije en torno a las condiciones productivas nacionales y no en torno al precio que fija la Bolsa Mercantil de Chicago que está en función de las condiciones productivas de EUA, con el cual los productores de México no tienen capacidad de competir y han terminado siendo desplazados. Ante ello, el secretario de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), ignoró la primera y dijo que era una cuestión política, lo que evidencia es que su decisión política es seguir favoreciendo las importaciones de los granos básicos y no impulsar la autosuficiencia interna de tales productos y no aceptó fijar el precio de tonelada en 7,200 pesos, por lo que muchos productores se levantaron de la mesa de negociación y terminó pactando con los que se quedaron en la negociación, que fueron los productores de Jalisco, Guanajuato y Michoacán. A éstos les otorgarán un subsidio de 950 pesos por tonelada, los cuales serán cubiertos por el gobierno federal (800) y los gobiernos estatales (150) para que junto a los 5,200 pesos por tonelada vigentes se llegue a 6,150 pesos por tonelada. Además, el secretario del ramo ofreció otorgar créditos a los pequeños y medianos productores a una tasa de interés de 8.5%. Dicho funcionario dijo que ello “beneficiará a productores de hasta 20 hectáreas, que representan entre el 96 y 98% de los agricultores del Bajío. En total, se respaldará la producción de un millón 400 mil toneladas de maíz, con un límite de 200 toneladas por productor”. Al respecto cabe decir que ello no resuelve el problema que enfrentan los productores agrícolas que han visto caer su producción por no haber una política agrícola a su favor. Ello ha llevado a que las importaciones agrícolas representen el 48% de la producción nacional, dada la apertura comercial y el dólar barato que ha predominado. Hay que señalar que la producción anual de maíz en el país oscila alrededor de 27-28 millones de toneladas y el programa de la SADER solo apoya a productores que producen 1.4 millones de toneladas. La tasa de interés de los créditos ofrecidos de 8.5% está por arriba del crecimiento del ingreso nacional y de los productores, por lo que les será imposible cubrir el pago de dichos créditos.

También dicha Secretaría informó que “no se establecerá un precio específico de comercialización para dejarles márgenes para negociar un precio mejor”. Al no establecer un precio específico de comercialización, se deja su determinación a la oferta y demanda en un contexto de economía abierta, donde las importaciones de estos productos son más baratas, por lo que los productores nacionales no podrán fijar un precio en función a sus condiciones de producción, sino seguirán como hasta ahora, siendo tomadores de precios, frente a los precios fijados en la Bolsa Mercantil de Chicago.

Además, dicho funcionario señaló que se creará un nuevo Sistema de Ordenamiento de Mercado y Comercialización del maíz para buscar mejores precios. Pero para que ello se logre se tendría que sacar los granos básicos del T-MEC, cosa que el gobierno no contempla. La resolución de continuar importando dichos productos es una decisión política del gobierno en contra de los productores nacionales y a favor de los productores de EUA.

La presidenta del país continúa con la política gubernamental de su antecesor de no apoyar al gran productor nacional de Sinaloa. La política gubernamental se ha centrado en el apoyo a productores de máximo dos hectáreas, que es política de autoconsumo, que no resuelve los problemas del campo mexicano en su conjunto, ni la autosuficiencia en granos básicos, por lo que se tiene que recurrir a importaciones, favoreciendo a los grandes productores de EUA, así como a proseguir instrumentando una política a favor de la entrada de capitales a costa de continuar sacrificando la autosuficiencia alimentaria y el crecimiento económico.

También la presidenta dijo que el apoyo se otorgará “sin chantajes, evidentemente, porque ellos pedían muchísimas cosas y nosotros dijimos: ‘lo que se puede es esto, porque nosotros tampoco podemos prometer cosas que no se pueden cumplir”. Las demandas de los agricultores por un precio justo y que se deje de importar granos básicos para proteger la producción nacional y avanzar en la autosuficiencia y soberanía alimentaria, no son “chantajes” y no es pedir muchísimas cosas, y el decir por parte de la presidencia que “tampoco podemos prometer cosas que no se pueden cumplir”, implica que el gobierno seguirá favoreciendo las importaciones de estos productos para no cuestionar el T-MEC, lo que implica favorecer a los productores de EUA, a costa de seguir relegando la soberanía alimentaria.

Mientras sigan los granos básicos dentro del T-MEC, las grandes empresas harineras de maíz, como Minsa, Maseca y Cargill continuarán recurriendo a las importaciones de estos productos por resultarles más baratos y más por el dólar barato con que trabaja Banxico para reducir inflación, bajando el precio de los productos importados, por lo que la producción nacional seguirá siendo desplazada y la economía estancada y continuará el descontento y las protestas legítimas de los productores de granos básicos y muchos más.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 29 de septiembre de 2025.- En el marco del Día Nacional del Maíz, la Procuraduría Agraria (PA) y Alimentación para el Bienestar suscribieron un convenio de colaboración que busca consolidar la soberanía alimentaria, la defensa de la propiedad social y la alimentación saludable en México. Este acuerdo, calificado como histórico, beneficiará a productores e integrantes de núcleos agrarios, alineándose con los objetivos del segundo piso de la Cuarta Transformación impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La firma estuvo encabezada por María Luisa Albores González, directora general de Alimentación para el Bienestar, y Víctor Suárez Carrera, procurador agrario, quienes destacaron la importancia de la coordinación interinstitucional para alcanzar estas metas. Albores González explicó que el convenio permitirá acciones como el acopio de maíz y frijol a precios justos, la transformación de productos estratégicos como café, cacao y miel, la creación de comités de contraloría social y la instalación de Tiendas Bienestar en núcleos agrarios.

Por primera vez, México establecerá precios de referencia basados en los costos reales de producción campesina, rompiendo con la dependencia de la Bolsa de Valores de Chicago. “Con Acopio Bienestar garantizamos un precio justo de 7,200 pesos por tonelada de maíz blanco, y en un programa piloto en Tlaxcala, Puebla y Estado de México, hasta 8,200 pesos para maíz nativo, impulsando la producción campesina y la autosuficiencia alimentaria”, afirmó Albores.

Alimentación para el Bienestar, surgida del compromiso 66 de la presidenta Sheinbaum, retoma la tradición de abasto social de Conasupo con un enfoque renovado. “Este convenio asegura que ejidos y comunidades sean protagonistas de la política alimentaria del Estado”, subrayó la funcionaria.

Por su parte, Víctor Suárez Carrera celebró el acuerdo como un hito en la defensa de la propiedad social y la soberanía alimentaria. “No permitiremos que la tierra y el maíz sean mercancías subordinadas al mercado internacional. Este convenio alinea el compromiso 53 de la presidenta, reconociendo los derechos agrarios plenos de al menos 150 mil mujeres ejidatarias y comuneras”, afirmó.

Suárez destacó que la Procuraduría Agraria se transforma para estar más cerca de los productores, con casi 500 Centros de Atención Agraria (CDAA) en operación y la meta de alcanzar mil. “Estos centros serán la voz de Alimentación para el Bienestar, llevando información directa a los productores”, aseguró.

El convenio reafirma el compromiso del gobierno con la justicia agraria y el bienestar del campo, posicionando a ejidos y comunidades como pilares de la soberanía alimentaria y la preservación del patrimonio biocultural de México.

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Por Arturo Huerta González

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 28 de septiembre de 2025.- La apertura comercial indiscriminada, la eliminación de aranceles, la apreciación del tipo de cambio (dólar barato), las altas tasas de interés, la austeridad fiscal, han actuado en detrimento de la producción nacional y las importaciones baratas han desplazado la producción nacional, comprometiendo ello la seguridad alimentaria de los granos básicos, además de aumentar el déficit de comercio exterior y llevar a la economía a depender de la entrada de capitales. Ello ha ocasionado que la política monetaria y fiscal se encaminen a promover la entrada de capitales a través de alta tasa de interés y recortes presupuestales para que el capital invierta donde el gobierno deja de hacerlo, a costa de no tener política económica para impulsar la producción nacional y el empleo, cayendo la economía en un círculo vicioso, de depender más y más de importaciones para satisfacer la demanda nacional. Según el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas a mediados de 2025, la autosuficiencia de granos está al nivel de 43.9%, es decir, importamos el 56.1% de lo que el país consume. Datos del INEGI señalan que las importaciones de productos agrícolas en relación con el PIB agrícola, pasó de ser el 10% en 1993 (antes del TLCAN) a ser 48% en el 2024.

Los gobiernos del país, para bajar la inflación, determinan el precio de los granos básicos en función del que es fijado por la Bolsa Mercantil de Chicago, el cual considera las condiciones productivas de EUA, que son muy diferentes a las nacionales, y si a eso se suma que se ha trabajado con un dólar barato y que los productores nacionales no reciben los subsidios que tienen los productores de EUA, las importaciones son más baratas que la producción nacional, por lo que ésta termina siendo desplazada. El costo de bajar la inflación con importaciones baratas ha resultado en caída de la producción nacional, que nos lleva a pérdida de ingresos de los productores y sobre endeudamiento de los productores y trabajadores, a déficit de comercio exterior y a seguir actuando a favor de la entrada de capitales y a no tener política a favor de los productores nacionales y del empleo, y a comprometer la seguridad alimentaria y soberanía alimentaria.

La política de austeridad fiscal ha restringido desde hace décadas el presupuesto al sector agrícola, colocándolo indefenso frente a las importaciones, por lo que éstas han incrementado su participación en el abasto nacional. Las importaciones de productos agropecuarios de 1993 al 2024 crecieron en 6.7% promedio anual, mientras el PIB nacional lo hizo en 2.0% promedio anual. En el mismo período las importaciones de frijol crecieron en 15.8% promedio anual. Las importaciones de maíz lo hicieron en 15.0% promedio anual.

Después de haber sido prácticamente autosuficientes en maíz antes del Tratado de Libre Comercio, México ha pasado a ser el país que más importa maíz en el mundo, como consecuencia de no existir política a favor de los productores nacionales y dejarlos desprotegidos frente a importaciones cuando los nacionales no tenían los niveles de productividad, ni los apoyos crediticios y de subsidios para hacerles frente.
Menos alcanzaremos la autosuficiencia alimentaria con la revisión del T-MEC donde el gobierno de EUA está encaminado a reducir el déficit de comercio exterior que tiene con México y está por que nuestro país le compre más y le venda menos, y el gobierno mexicano en aras de mantener el T-MEC todo apunta que cederá en ello.

El gobierno ha señalado que el llamado “Plan México va por la sustitución de importaciones de granos básicos”. El problema es que dicho plan no cuenta con política monetaria, crediticia, cambiaria, comercial y fiscal que actúe a favor del sector productivo. Éste requiere de bajas tasas de interés, tipo de cambio competitivo, aranceles a las importaciones, subsidios e incremento del gasto público que aumente la demanda para así incrementar la inversión, y dicha política económica no existe en el país.
El gobierno ha fijado metas de incremento de la producción de granos básicos y bajar el precio de la tortilla en 10% para el 2030. No puede fijar metas para el mediano plazo, cuando urge encarar los problemas que el campo mexicano viene enfrentando desde hace décadas. No es a través de los programas de fertilizantes y de precios de garantía a un grupo limitado de productores de autosuficiencia como se logrará la soberanía alimentaria. Se tiene que apoyar a todos los productores, lo que pasa por sacar los granos básicos del T-MEC y que los precios no se fijen en torno a la Bolsa Mercantil de Chicago. Se requieren créditos baratos, subsidios a los productores, así como ampliar la construcción de presas para aumentar las tierras de riego. Para ello se tiene que cambiar la política monetaria, crediticia, comercial y fiscal, las cuales deben dejar de actuar a favor del sector financiero y deben trabajar a favor del sector productivo nacional y del empleo.

De no revisarse la política agrícola, continuará la caída de la producción nacional, el bajo crecimiento de la economía, el desempleo, con las consecuencias de mayor delincuencia, comprometiendo más la soberanía alimentaria, que, al no contar con divisas para financiar las importaciones, o al encarecer el dólar, habrá escasez de alimentos en el país, lo que aceleraría la inflación y la pobreza y acentuará la inestabilidad social.

A propósito de este análisis, el jueves 25 de septiembre de 10 am a las 14 horas, se realizará, en el Auditorio Narciso Bassols de la Facultad de Economía de la UNAM, un encuentro con productores de granos básicos de 9 estados de la República, donde manifestarán sus demandas para recuperar la agricultura nacional, al cual están invitados todos los interesados.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 09 de septiembre de 2025.- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este martes que el Gobierno de México intensifica negociaciones con Estados Unidos para reabrir la frontera a la exportación de ganado en pie antes de noviembre, fecha propuesta por Washington para reactivar el comercio suspendido por la plaga del gusano barrenador del ganado (GBG). La medida busca aliviar las pérdidas millonarias en el sector pecuario norteño, donde más de 650,000 cabezas de ganado permanecen varadas, y fortalecer la economía bilateral en un contexto de alta dependencia estadounidense de las importaciones mexicanas.

El anuncio se dio durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, donde Sheinbaum enfatizó que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) mantiene diálogos directos con el Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA) para adelantar el plazo. «La Secretaría de Agricultura de Estados Unidos planteó noviembre, pero Sader está trabajando con ellos para que pueda ser antes», declaró la mandataria, destacando que el cierre, vigente desde principios de julio, ha generado pérdidas estimadas en 1,300 millones de dólares para la industria mexicana, según el Consejo Nacional Agropecuario (CNA). Esta interrupción ha afectado directamente a productores de estados fronterizos como Chihuahua, Sonora, Coahuila y Durango, cuya economía depende en gran medida de la venta de ganado vivo al mercado estadounidense.

México es uno de los principales proveedores de ganado bovino en pie para EE.UU., con exportaciones anuales que superan el millón de cabezas, representando un flujo comercial vital para ambos países. El gusano barrenador, una mosca parásita que infesta heridas en el ganado y puede causar infecciones graves, se detectó en el sureste mexicano, particularmente en Veracruz y Chiapas, lo que llevó al USDA a suspender las importaciones el 9 de julio tras un nuevo caso confirmado. Aunque el norte del país permanece libre de la plaga, el cierre ha paralizado envíos y generado un impacto en la cadena de suministro de carne en EE.UU., que depende significativamente de México.

Para mitigar el daño, el Gobierno mexicano ha implementado un esquema de respaldo que fomenta la producción doméstica y el consumo interno, respondiendo a demandas históricas del sector. «En vez de exportar, se busca que se produzca en México, particularmente ahora con el cierre de la frontera», explicó Sheinbaum, al detallar programas de apoyo para productores afectados. Además, ambos países han acordado medidas como la regionalización sanitaria para mantener libre de GBG la zona norte, el reforzamiento de inspecciones y tratamientos, y la remodelación de una planta en Chiapas para producir moscas estériles, con una inversión de 51 millones de dólares –de los cuales EE.UU. aporta 21 millones–. Una misión del USDA visitará México en los próximos días para verificar estos avances y autorizar la reapertura gradual.

El tema ha sido parte de recientes diálogos bilaterales, incluyendo la visita del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, a México esta semana, donde se discutió el cierre junto con la presidenta Sheinbaum y el canciller Juan Ramón de la Fuente, aunque sin un calendario preciso. Líderes ganaderos como Álvaro Bustillos, de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, expresaron optimismo por el avance en el programa de moscas estériles, que podría permitir la reanudación en un par de meses, beneficiando no solo a productores sino a la balanza comercial agropecuaria.

Sin embargo, el sector urge acciones adicionales, como el cierre temporal de la frontera sur con Guatemala y Belice para frenar el contrabando, principal fuente de la plaga en Centroamérica. Gobernadores de estados afectados se reunieron recientemente con Sheinbaum para diseñar alternativas, y la mandataria calificó el cierre como «infundado» al limitarse a la frontera sur.

Con más de 700,000 cabezas varadas actualmente, la reapertura anticipada no solo aliviaría la presión económica en México, sino que estabilizaría los precios de la carne en EE.UU. Mientras Sader y USDA avanzan en protocolos estrictos –incluyendo desparasitación con ivermectina y corrales de inspección–, el debate sobre la sostenibilidad del sector ganadero se intensifica. ¿Logrará México adelantar la fecha y transformar esta crisis en una oportunidad para la autosuficiencia alimentaria? Las próximas semanas serán clave en estas negociaciones transfronterizas.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 04 de agosto de 2025.- La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) alertó que México enfrenta una inminente “catástrofe alimentaria” debido a su alta dependencia de las importaciones de maíz y otros granos provenientes de Estados Unidos, los cuales podrían ser utilizados como “un arma de presión” en el contexto de los aranceles impuestos por el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump.

El dirigente de la UNTA, Álvaro López Ríos, señaló que “Estados Unidos puede utilizar los alimentos para ponernos de rodillas”, criticando la postura del gobierno mexicano, al que acusó de mostrar “obediencia ciega” ante las políticas comerciales de Trump, a pesar de haber conseguido una prórroga de 90 días para la aplicación de nuevos aranceles tras una llamada entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el mandatario estadounidense. López Ríos calificó el discurso oficial de resistencia como “falso” y advirtió que la dependencia alimentaria de México, consolidada como el mayor comprador global de maíz y el segundo de granos como sorgo, soya y arroz, agrava el riesgo.

En 2024, México importó productos agrícolas de Estados Unidos por más de 30,000 millones de dólares, generando 190,000 empleos en ese país, según datos de la UNTA. Además, en el primer semestre de 2025, las importaciones de maíz blanco aumentaron un 253.2% respecto al año anterior, alcanzando 586,000 toneladas métricas, todas provenientes de Estados Unidos, con un precio promedio que bajó de 299.9 a 288.1 dólares por tonelada.

López Ríos denunció que mientras Estados Unidos impone restricciones a productos mexicanos como el jitomate y el ganado, su Departamento de Agricultura impulsa una ofensiva comercial para aumentar sus exportaciones a México, lo que evidencia un “doble discurso”. En marzo de 2025, Trump instó a los agricultores estadounidenses a incrementar su producción para el mercado interno, y su equipo jurídico explora imponer aranceles generales al sector agrícola mexicano, lo que podría agravar la situación.

En respuesta, la UNTA anunció una movilización nacional del 12 al 14 de agosto frente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en la Ciudad de México, donde exigirán al titular, Julio Berdegué Sacristán, medidas para reducir la dependencia de México como el principal importador de alimentos. La organización llamó a rectificar la política agropecuaria, argumentando que “con dádivas no se producen alimentos para el consumo interno”.

El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) también advirtió que las barreras comerciales de Estados Unidos están generando inflación alimentaria global, afectando productos como el café y el cacao, y subrayó la necesidad de que México invierta en infraestructura rural para fortalecer la autosuficiencia alimentaria.

Por su parte, la presidenta Sheinbaum ha defendido su estrategia de diálogo con Estados Unidos, destacando que la prórroga de 90 días evita un aumento inmediato de aranceles del 30% y preserva el T-MEC. Sin embargo, la UNTA insiste en que esta medida no resuelve el problema de fondo y que México debe priorizar la producción nacional para garantizar la seguridad alimentaria.

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Por Arturo Huerta González

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 29 de julio de 2025.- El viernes 25 de julio de 2025, la presidenta del país, en relación con las negociaciones comerciales con EUA que tienen como plazo el 1 de agosto, afirmó que la propuesta hecha a Donald Trump es que “la disminución del déficit comercial [de EUA] se conseguirá cuando México deje de comprarle a países con los que no tenga tratado y se fortalezca la compra de productos de origen estadunidense”. Ello evidencia que el gobierno mexicano cede a las presiones de su vecino del norte de hacer todo lo posible para que ellos puedan reducir el déficit comercial que tienen con nuestro país a través de que México deje de comprar de China y otros países para comprarle más a EUA, sin que nuestro país salga beneficiado en ello.

La presidenta añadió que el gobierno diversificará mercados y fortalecerá la producción nacional y que “ya se han aplicado aranceles a países sin tratado comercial para proteger la producción local”. Ello ocasionará que las importaciones provenientes de EUA terminen siendo relativamente más baratas que las importaciones que provienen de aquellos países que serán sujetas a aranceles, por lo que ello en vez de favorecer la producción nacional, beneficiará a la economía de EUA.

Esa forma de mantener el T-MEC por parte del gobierno mexicano en nada beneficiará a México sino a EUA, pues no hay posiciones de que EUA le comprará más a México, sino al contrario, la posición de Trump es que se le compre más y que se invierta en su país para avanzar en la sustitución de importaciones para impulsar su crecimiento y empleo y reducir el déficit comercial que tiene con México.

La presidenta afirmó que frente a los aranceles de EUA se tendrá que “fortalecer nuestro mercado interno, disminuir importaciones y fortalecer la producción nacional”, pero el problema es que no se instrumenta política económica para ello. Para que crezca el mercado interno se tiene que incrementar el gasto público, el empleo y mejorar la distribución del ingreso y ello no está aconteciendo. Predominan los recortes presupuestales para disminuir el déficit fiscal y el monto de la deuda, aunque ésta sigue creciendo por la alta tasa de interés y por el rescate a Pemex. La secretaría de Hacienda informó que, entre enero y mayo de 2025 en relación con igual período de 2024, la inversión física cayó 29.1% y con tal política no hay condiciones de fortalecer la producción nacional. El sector privado no invertirá en sustituir importaciones si no hay crecimiento de demanda que ofrezca condiciones de rentabilidad. Con las políticas de alta tasa de interés, dólar barato y recortes presupuestales, la rentabilidad en el sector bancario-financiero es mayor que en el sector productivo, por lo que la inversión se canaliza a lo financiero y no a fortalecer la producción nacional, ni la sustitución de importaciones, por lo que la economía seguirá en estancamiento, con presiones sobre el déficit de comercio exterior, por lo que no podrá contrarrestar los efectos negativos de la caída de exportaciones que ocasionarán los aranceles de EUA.

También anunció la presidenta que México firmará en enero de 2026 la actualización del tratado comercial con la Unión Europea. Se sigue apostando al libre comercio a pesar de que nuestro país ha perdido porque su productividad y competitividad está por debajo de la media internacional que nos ha llevado a tener menos industria, pérdida de autosuficiencia en granos básicos, alto subempleo y economía informal, altos niveles de endeudamiento y menor crecimiento económico.

El gobierno sigue promoviendo su “programa Alimentación para el Bienestar, que incluye chocolate, café, miel y frijol, elaborados por pequeños productores” y continúa sin tener una política encaminada a lograr la autosuficiencia de granos básicos y cabe resaltar que no son escuchadas por el gobierno las demandas de los agricultores del norte del país que se pronuncian por políticas proteccionistas frente a las importaciones de estos productos provenientes de EUA, así como por apoyos y precios de garantía justos para impulsar dicha producción.

El gobierno mexicano en vez de ceder a las demandas del gobierno de EUA debe atender y satisfacer las demandas de los productores nacionales para así incrementar la producción y dinamizar el mercado interno y reducir la dependencia de las variables externas en que hemos caído por décadas que nos han condenado al estancamiento y al atraso.

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Por Arturo Huerta González

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 26 de julio de 2025.- Los productores de tomates de Florida tenían décadas demandando al gobierno de EUA políticas que los protegieran frente al tomate mexicano, argumentando que éste se comercializa “por debajo de un valor justo” que los desplaza del mercado y en respuesta a ello, el gobierno de Donald Trump estableció el arancel de 17% a las importaciones de tomate, para así configurar un precio justo con el cual sus productores puedan competir con el tomate mexicano.

Se ha argumentado que ello implicará un mayor precio del tomate en EUA, que repercutirá en el precio de los productos y platillos que usan dicha fruta, pero ello es el costo de proteger a los productores de dicho país que estimulará a inversionistas a producir tomate, lo que se traducirá en mayor empleo, reducción de importaciones y del déficit de comercio exterior, que es lo que quiere Donald Trump.

En México se ha señalado que dicho arancel restringirá las exportaciones de tomate, la producción interna, incrementará el desempleo y acentuará los problemas ya existentes en Sinaloa que es el principal estado productor y exportador de tomate. Y el gobierno ha dicho que se buscarán mercados alternativos a donde exportar dicho producto.

La mejor alternativa es impulsar la producción interna de granos básicos, debido a que importamos alrededor del 50% de lo que consumimos. Perfectamente puede instrumentarse una política a favor de la producción de los granos básicos y así reducir las importaciones de frijol, trigo, maíz y arroz en los cuales se gastaron 8,397 millones de dólares en el 2024. 5,313 millones de dólares fueron de importaciones de maíz y lo que exportó México por tomate fresco fue por 3,155 millones de dólares.

Los productores de granos básicos en México tienen años protestando frente a la política gubernamental instrumentada desde hace varios sexenios, que sigue predominando en los gobiernos de la 4T, de fijar el precio de estos productos en torno al precio fijado en la Bolsa Mercantil de Chicago. Éstos están determinados en torno a las condiciones de producción de Estados Unidos, donde los productores de estos productos tienen mejores condiciones de producción por lo que tales precios son mucho menores en relación con los costos de los productores mexicanos, por lo que éstos han sido desplazados por las importaciones baratas. A ello se suma el peso apreciado (dólar barato) con que se ha venido trabajando para reducir el precio de los productos importados y así bajar la inflación. Los resultados han sido la menor producción nacional y de ahí el alto porcentaje de importaciones que representan los granos básicos en el consumo nacional. Ello incrementa el déficit de comercio exterior, que lleva al país a depender del endeudamiento externo y la entrada de capitales para lo cual se establecen altas tasas de interés para que fluyan al país. Tal política hace más cara la inversión y al no ser competitiva la producción de granos básicos, menos se invierte en ellos. Tal situación no debe continuar. El gobierno mexicano debe tomar la lección de Donald Trump de proteger a los productores e imponer un arancel a la importación de granos básicos para encarecer dichos precios para que la producción interna pueda ser competitiva para estimular su crecimiento. Ello tiene que ir acompañado de bajas tasas de interés para abaratar los créditos a favor de la inversión productiva. La menor tasa de interés contribuiría a tener un tipo de cambio competitivo (debido a que entrarían menos capitales) que junto con los aranceles encarecería las importaciones y actuaría a favor de la producción nacional y del empleo. Se requiere de subsidios gubernamentales a favor de la producción de estos bienes, así como incremento de la inversión pública en infraestructura que amplíe las tierras de riego para el cultivo de estos bienes.

La política agrícola seguida por los gobiernos de la 4T se ha dirigido a favorecer solo a los productores menores de 5 hectáreas y ello no resuelve el problema de la autosuficiencia de granos básicos como la realidad lo ha evidenciado. Además de tener políticas a favor de los micro productores, hay que apoyar a los productores que tengan capacidad de incrementar la producción. Hay que recordar que Sinaloa es el principal productor de maíz, Sonora en trigo, Zacatecas en frijol, Campeche en arroz y todos los estados del país tienen capacidad de incrementar la producción de granos básicos, que hay que priorizar para lograr la autosuficiencia de dicha producción debido a que es un problema de seguridad nacional, para evitar cualquier decisión de política externa que pueda originar desabasto de estos productos esenciales al consumo humano.

Los productores nacionales de tomate que serán afectados, perfectamente pueden canalizarse a producir granos básicos, pues con los aranceles que establezca México a las importaciones de estos bienes, junto a la menor tasa de interés y subsidios gubernamentales, se generarían condiciones de rentabilidad para que se invierta en ellos.

Aunque el arancel que establezca México a la importación de granos básicos ocasione alza de precios en el país, ello será temporal, pues conforme los productores nacionales inviertan en estos productos irá bajando la inflación en contexto de crecimiento económico, generación de empleo y reducción del déficit de comercio exterior, que disminuiría los requerimientos de entrada de capitales, así como la tasa de interés en el país.

De no tener una política a favor de la producción de granos básicos, la caída de las exportaciones y producción de tomate, agudizarán los problemas de los estados productores de tomate, el desempleo, el déficit externo y la recesión que enfrentará el país como consecuencia de la generalización de aranceles de 30% sobre las exportaciones mexicanas fuera del T-MEC a partir del 1 de agosto.

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Por Arturo Huerta González

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 02 de mayo de 2025.- En las negociaciones comerciales presentes con EUA, tal país tratará de imponer condiciones a su favor para reducir el déficit de comercio exterior que tiene con México. Nuestro país no cuenta con capacidad para renegociar con EUA. Aparte de querer éste imponer que le dejemos de importar a China y le compremos más a ellos, están interesados en que se abra más el sector petrolero y eléctrico de México a la inversión estadounidense.

La posición del gobierno mexicano ha sido mantener el T-MEC. No reconoce que hemos sido perdedores en tal acuerdo comercial, en la estrategia de libre comercio y de crecimiento de exportaciones. Las beneficiadas han sido las empresas transnacionales. Los productores manufactureros nacionales y la agricultura de granos básicos han sido desplazados por las importaciones, lo que nos ha llevado a menor crecimiento económico, mayor desempleo, subempleo, mayor endeudamiento e incapacidad de hacer frente a ello.

De seguir cediendo México a las demandas de EUA, implicará mermar más la capacidad productiva, incrementar el déficit de comercio exterior y los requerimientos de entrada de capitales, lo que nos colocará en un contexto de mayor vulnerabilidad de la que ya se encuentra la economía nacional.

México requiere replantear ese acuerdo comercial para proteger e impulsar la producción nacional. Ante el contexto de desaceleración del comercio exterior que origina la generalización de las políticas proteccionistas, se debe priorizar el crecimiento hacia el mercado interno y avanzar en la sustitución de importaciones, en el autoabasto de granos básicos, de gas, de fertilizantes, de petroquímica y tantos más productos en los que éramos en gran medida autosuficientes.

Si EUA mantiene aranceles a las exportaciones que México realiza, el país debe responder con aranceles a las importaciones provenientes de dicho país para impulsar la inversión y la producción nacional y así reducir el déficit de comercio exterior y nuestra dependencia externa a la entrada de capitales, que por cierto nos sale muy cara, ya que además se apropian de activos nacionales y nos sobreendeudan, sin que ello impulse la dinámica económica.

México debe alinearse con economías de América Latina y el Caribe y con economías que se encuentran en igualdad de circunstancias que la nuestra, para negociar en mejores términos frente a EUA, China y Europa. No se puede continuar con las relaciones comerciales y financieras que nos han llevado a menor crecimiento productivo, a desempleo, a altos niveles de endeudamiento y a gran vulnerabilidad externa. Se requiere mejores relaciones económicas con los países desarrollados para que junto con políticas económicas que impulsen el desarrollo productivo, se pueda reducir nuestra fragilidad respecto a las variables externas.

El desarrollo productivo requiere de revisión de la libre movilidad de mercancías y capitales. Pues esta última impide bajar la tasa de interés e incrementar el gasto público necesarios para impulsar la inversión productiva y el empleo. La política monetaria y fiscal deben actuar a favor del sector productivo estableciendo bajas tasas de interés e incremento del gasto público y subsidios, respectivamente y no seguir beneficiando al sector bancario financiero como hasta ahora con las altas tasas de interés y la austeridad fiscal.

No es a través de hacer llamados al sector bancario de bajar la tasa de interés, como lo hizo la presidenta de México en las mañaneras del 14 y 16 de abril 2025, para dinamizar la economía; se tiene que regular al sector bancario-financiero como lo estuvo en los años cuarenta, cincuenta, sesenta y setenta del siglo pasado, donde había encaje legal, cajones crediticios a favor de la industria y agricultura a baja tasa de interés. Ello permitió que la economía nacional creciera en 6.4% promedio anual con baja inflación y alto empleo. Se debe modificar el objetivo del banco central de baja inflación e incorpore el de crecimiento económico y alto empleo, para lo cual tendrá que bajar la tasa de interés. El gobierno debe trabajar con gasto público deficitario para instrumentar una política industrial, agrícola y de empleo, lo cual no sería inflacionario pues se incrementaría la producción y se reducirían las importaciones y el déficit de comercio exterior. Al incrementarse el ingreso nacional, el gobierno recaudaría más y se disminuiría el déficit fiscal impulsor del crecimiento económico. El gobierno tiene mayoría en el Congreso de la Unión, por lo que se puede legislar a favor del sector productivo y del empleo y de esta manera no sigan las políticas a favor de los intereses de los dueños del dinero que nos han llevado al estancamiento con inflación y creciente desigualdad de la riqueza.

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