Periodistas Unidos. Ciudad de México. 03 de noviembre de 2025.- Con profundo dolor y rabia, el Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) emitieron un comunicado conjunto este domingo, denunciando el violento ataque perpetrado el 31 de octubre contra integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria – Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF) y el Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) en la comunidad de Ayahualtempa, Guerrero. El asalto, atribuido al grupo criminal Los Ardillos, se prolongó por más de 10 horas y dejó un saldo de tres policías comunitarios asesinados y siete heridos de gravedad, en un contexto de ofensiva sistemática contra la autonomía indígena.

El incidente ocurrió alrededor de las 10:00 horas, cuando autoridades de Amatitlán y los Pueblos Fundadores se dirigían a una asamblea comunitaria solicitada con antelación para coordinar acciones entre Ayahualtempa, Amatitlán y los Pueblos Fundadores. Al llegar, fueron recibidos con armas de alto poder por sicarios infiltrados en la zona, quienes operan con impunidad cometiendo extorsiones, secuestros, amenazas y homicidios. Entre los agredidos estuvo el compañero Jesús Plácido Galindo, integrante de la Comisión de Coordinación y Seguimiento del CIPOG-EZ y protegido por el Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas; su camioneta recibió múltiples impactos de bala, pero resultó ileso.

Tras el enfrentamiento, las comunidades del CIPOG-EZ —conformadas principalmente por nahuas, me’phaa, na savi, ñomndaa y mestizos de la Montaña Baja de Guerrero— recuperaron el control de Ayahualtempa y Amatitlán, expulsando a los agresores y deteniendo a 17 presuntos integrantes de Los Ardillos, incluyendo a tres líderes como Evaristo Bolaños de Jesús (“El Mariguano” o “El Maizero”) y Luis Morales Rojas, autodenominado líder de la policía comunitaria local. El operativo contó con apoyo de la Policía Estatal, Guardia Nacional y Ejército Mexicano, coordinado por el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros.

El CNI y el EZLN acusan a Los Ardillos de actuar con complicidad de autoridades estatales y federales, en una estrategia de guerra que incluye represión, militarización y criminalización para despojar a las comunidades indígenas de su territorio. En la última década, el CIPOG-EZ ha perdido 66 integrantes asesinados y 23 desaparecidos, dejando viudas, huérfanos y desplazados en una región azotada por la miseria, explotación y violencia capitalista. Señalan nexos directos de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda con líderes criminales, y responsabilizan a todos los niveles de gobierno —municipales, estatal y federal— por omisión e impunidad, afirmando que “gobiernos, grupos criminales y empresas capitalistas son la misma cosa”.

“Las balas que asesinan a nuestros compañeros no podrán destruir su ejemplo ni apagar la dignidad de los pueblos que defienden la vida”, reza el comunicado, que califica al Estado mexicano —bajo el “ropaje criminal y mentiroso de la Cuarta Transformación”— de continuar una guerra contra la autonomía indígena para imponer miedo y despojo. Exigen castigo a los responsables materiales e intelectuales de este y ataques previos, así como atención a los heridos, viudas y huérfanos.

El pronunciamiento, dirigido a pueblos de México y el mundo, organismos de derechos humanos, Redes de Resistencia y Rebeldía, la Sexta Nacional e Internacional, firmantes de “Una Declaración por la Vida” y medios libres, convoca a la solidaridad indígena: “Llamamos a las comunidades, colectivos, organizaciones y personas de buen corazón a mantenerse atentas y solidarias ante la alarmante situación de violencia contra nuestros hermanos y hermanas del CIPOG-EZ”. Enfatiza que “nuestra raíz es profunda, y nuestros muertos nos enseñaron a no tener miedo”.

Este ataque se suma a un año de violencia en José Joaquín de Herrera, epicentro de balaceras, desapariciones y reclutamiento de niños armados, con 1,637 homicidios en Guerrero en 2024 y presencia de cárteles como Los Ardillos, dedicados al narcotráfico y cultivo de amapola.

La denuncia resuena en un contexto nacional de agresiones a defensores indígenas, reafirmando el llamado del CNI y el EZLN por la “reconstitución integral de nuestros pueblos” y un “México nunca más sin nosotros”.

Aquí el comunicado completo: https://enlacezapatista.ezln.org.mx/2025/11/03/comunicado-conjunto-del-congreso-nacional-indigena-y-el-ejercito-zapatista-de-liberacion-nacional-con-relacion-al-violento-ataque-en-contra-de-los-companeros-del-consejo-indigena-y-popular-de-guerrero/

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AFP. Ayahualtempa, México. 14 de abril de 2021.- Desde una camioneta, Bernardino Sánchez, líder de una autodefensa campesina, lanza arengas que condensan el grito desesperado de Ayahualtempa, una comunidad del sur de México atrapada entre el abandono estatal y el acoso de narcotraficantes.

“¡Vivan las compañeras viudas! ¡Vivan los niños huérfanos! ¡Vivan los compañeros desplazados! ¡Vivan nuestros hermanos caídos!”, grita Sánchez mientras avanza por caminos de tierra de esta población del estado de Guerrero.

Le siguen una treintena de niños de seis a doce años con rifles de madera o varas que simulan ser armas, luego de entrenar posiciones de combate en un polideportivo.

Cubriéndose el rostro con pañoletas, los menores responden con vivas a las proclamas de Sánchez y otros líderes de la policía comunitaria, un cuerpo legal creado para proteger a los moradores.

Desde hace algunos años, Ayahualtempa, de unos 1.000 habitantes, está en la mira de una banda conocida como “Los Ardillos” por hallarse en una zona clave para la producción y tráfico de goma de opio, materia prima de la heroína.

Los pobladores claman protección para detener los asesinatos, secuestros y desapariciones atribuidos a ese grupo, que, según ellos, busca extender sus actividades a esta comunidad dedicada al cultivo de frijol y maíz.

Al menos nueve lugareños han sido asesinados desde 2019, pero sus llamados no han tenido eco, denuncian.

“Llevamos 15 meses desde que el gobierno se vino a comprometer aquí (…) a apoyar. Hasta el momento no hemos visto ningún apoyo”, dijo Sánchez a la AFP.

Violencia y pobreza

Detrás de los niños caminan los adultos de la autodefensa con rifles y pistolas, en una escena ya mostrada un año atrás para llamar la atención del presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador.

Los campesinos exigen ayudas para las víctimas de la violencia, además de aulas y maestros.

“Queremos que el presidente venga y vea la comunidad”, afirma Sánchez tras una práctica de tiro de jóvenes de 16 y 17 años, al tiempo que rechaza las críticas del mandatario cuando se conocieron las primeras imágenes de niños armados en 2020.

López Obrador tildó ese acto de “prepotente” y de “vergüenza”.

Guerrero es el tercer estado más violento de México. Allí ocurrieron 1.434 de los 34.552 homicidios registrados en el país en 2020 (27 por cada 100.000 habitantes).

También es el segundo con más pobreza, con el 66,5% de habitantes en esta condición.

En ese marco y como parte de la autonomía de los pueblos indígenas, grupos como el de Sánchez han proliferado en Guerrero desde la década de los noventa y recientemente en el vecino Michoacán.

El presidente sostiene que la violencia y el empobrecimiento en este país de 126 millones de habitantes es fruto de la corrupción de sus antecesores, y que intenta resolver el problema con una inversión en programas sociales que superó los 14.000 millones de dólares en 2020.

Armas por aulas

Aunque admite que exhibir a los menores es una forma de captar la atención de las autoridades, Sánchez enfatiza que su adiestramiento es real y busca enseñarles a defenderse de los criminales.

“Chayo”, de 17 años, se enroló en la policía comunitaria a los 15.

“Los Ardillos secuestraron a mis seres queridos, y si en los caminos vas desarmado, pues te secuestran (…) Si uno va a la escuela lo desaparecen, por eso es que los niños ya no pudieron estudiar más”, asegura con fusil al hombro.

Luis, de 13 años, abandonó la escuela, y ahora, además de patrullar, ayuda a sus padres en la siembra.

“Nuestros papás nos dijeron que ya no hay que seguir estudiando porque nos iban a agarrar (los delincuentes). Ya entramos (a la autodefensa) y no tenemos otra salida”, justifica con una vara que le dieron para el entrenamiento, ante la mirada de amigos.

Mientras la policía comunitaria espera respuestas del gobierno y busca que más menores se enlisten, Luis se concentra en aprender a “tirar bien”; otros se preparan para lo que venga.

“Estoy dispuesto a entregar mi vida por mi pueblo, por mi familia, si fuera necesario”, advierte “Chayo”.

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