AFP. Nueva York, Estados Unidos. 30 de mayo de 2021.- La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó su preocupación el domingo por los enfrentamientos en la ciudad colombiana de Cali, que dejaron más de una decena de muertos, y pidió diálogo y una investigación independiente.

“Es esencial que todas las personas que presuntamente causaron lesiones o muerte, incluidos funcionarios del Estado, estén sujetas a investigaciones rápidas, efectivas, independientes, imparciales y transparentes, y que los responsables respondan ante la ley”, dijo Bachelet en un comunicado.

Cali, con unos 2,2 millones de habitantes, es epicentro de violentas protestas y bloqueos de vías que exasperan a una parte de la población.

Arrinconado por las protestas, el presidente colombiano, Iván Duque, desplegó el ejército en la ciudad bajo la figura de asistencia militar que permite a los soldados apoyar a la policía en las tareas de vigilancia.

Trece personas murieron en diferentes episodios, entre ellas un funcionario de la fiscalía que mató con su arma a dos manifestantes que bloqueaban una vía. La turba se abalanzó sobre el hombre –que estaba fuera de servicio– y lo linchó.

La Alta Comisionada indicó que su oficina recibió informaciones sobre individuos armados, incluido el oficial fuera de servicio, que habrían disparado en dirección a los manifestantes, periodistas y transeúntes, así como sobre la muerte de dicho funcionario.

“Pido que se ponga fin a todas las formas de violencia, incluyendo el vandalismo, y que todas las partes sigan hablando, para que se garantice el respeto por la vida y la dignidad de todas las personas”, indicó la expresidenta chilena.

Bachelet llamó así al diálogo para resolver las demandas de los manifestantes y de los que se oponen a las protestas y celebró “el compromiso expresado por varios actores, en Cali y a nivel nacional, de encontrar una solución negociada y pacífica”.

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia indicó haber recibido información de al menos 30 personas detenidas el 28 de mayo. Bachelet urgió así a garantizar “un juicio justo” y a prevenir las desapariciones.

Desde el 28 de abril a diario se movilizan multitudes para protestar contra el gobierno por los abusos policiales y el manejo de la crisis económica que trajo la pandemia.

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Foto: AP

EFE, Ciudad de México. 09 de diciembre de 2020.- La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, dijo hoy que la expansión del rol de las fuerzas armadas en México ha tenido un impacto negativo en los derechos humanos y reveló que ha pedido al gobierno que dé marcha atrás en esta estrategia.

El entorno de seguridad se ha deteriorado en México por la proliferación del crimen organizado, el aumento del tráfico ilícito de droga y la alta incidencia de asesinatos de activistas, periodistas y mujeres.

La alta comisionada dijo que ha pedido al Gobierno de México que reconsidere sus decisiones en relación con las fuerzas armadas ya que actualmente no se ajustan a las normas internacionales.

Sostuvo que el Gobierno de Manuel López Obrador «se ha caracterizado por un aumento en la atribución de poderes a las fuerzas armadas, incluyendo en asuntos de seguridad interna mediante la creación de la Guardia Nacional».

Como parte de la misma estrategia, agregó, se han ampliado las competencias de la Secretaría (ministerio) de Defensa de México, aumentando su presupuesto y sus tareas en el desarrollo de infraestructuras públicas.

«Al haber sido yo misma ministra de Defensa (en Chile) entiendo que las fuerzas armadas pueden tener un rol importante en muchos asuntos, como por ejemplo en la respuesta a epidemias porque son muy buenas en logística e infraestructuras, pero tienen que ser guiadas por civiles. Son los políticos quienes tienen que dar las órdenes», recalcó Bachelet.

En una rueda de prensa semivirtual para marcar el Día Internacional de los Derechos Humanos, que se celebra cada 10 de diciembre, la alta comisionada también comentó su preocupación por el gran número de periodistas asesinados o que han sufrido ataques en México.

Los primeros han llegado a veinte en lo que va del año, mientras que los periodistas agredidos o acosados se elevan a 224 en el mismo periodo, según las cifras reportadas a la ONU.

Un total de 138 reporteros han muerto de forma violenta en la última década.

«Llamamos a que se tomen medidas para investigar y castigar estos ataques. La prevención y la protección es lo más importante para la libertad de expresión», recalcó Bachelet, quien sostuvo que su preocupación en torno a la inseguridad en la que trabajan los periodistas se extiende a los líderes sociales.

Como aspecto positivo, la alta comisionada mencionó que México haya aceptado la competencia del Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas, lo que permitirá a las víctimas de este crimen – o sus familiares o representantes en caso de que sigan desaparecidos – denunciar sus casos ante esta instancia.

«Creo que se trata de un paso muy importante para las familias y las víctimas. Les permite acceder a un mecanismo de protección internacional. Cuando fui a México me reuní con las madres de algunos desaparecidos y para ellas éste será un paso muy importante», recalcó.

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Foto: Linda Tirado

AFP. Ciudad de México. 03 de junio de 2020.- Estados Unidos sufre un «racismo estructural», declaró este miércoles la Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, que además denunció lo que considera «agresiones sin precedentes» contra los periodistas en la actual crisis política.

“Las voces que reclaman el fin de los asesinatos de afroamericanos deben ser escuchadas. Las voces que reclaman el fin de la violencia policial deben ser escuchadas. Y las voces que piden el fin del racismo endémico y estructural que persiste en la sociedad estadounidense deben ser escuchadas”, si el país quiere avanzar, declaró Bachelet en un comunicado.

Sus comentarios tuvieron lugar en momentos en que miles de personas en el país norteamericano desafiaron una vez más los toques de queda para manifestarse contra la violencia policial tras el asesinato de George Floyd, un afroamericano desarmado sobre el cual un oficial de policía apoyó una rodilla encima de su cuello durante varios minutos, lo que fue filmado.

Bachelet enfatizó la necesidad de un liderazgo claro y constructivo para sacar al país de la crisis. “Precisamente, en una crisis es cuando un país necesita que sus líderes condenen sin ambigüedades el racismo, para que puedan reflexionar sobre qué ha llevado al pueblo a ese punto de ebullición, para escuchar y aprender; y tomar medidas que realmente eliminen las desigualdades”, señaló.

El presidente estadounidense Donald Trump condenó totalmente las brutales imágenes del incidente, pero advirtió que ante los saqueos ordenaría la salida de tropas a las calles.

La agencia de la ONU para los derechos humanos destacó este miércoles que hay “informes creíbles sobre el uso innecesario y desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas del orden” en las protestas.

La policía utilizó gases lacrimógenos y disparó balas de goma, así como también bolas de pimienta, contra manifestantes y periodistas, “que no representaban una amenaza inminente” para los agentes, afirmó.

Bachelet expresó además su particular preocupación ante informaciones según las cuales al menos 200 periodistas han sido agredidos o detenidos cuando cubrían las manifestaciones, a pesar de mostrar sus credenciales de prensa.

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Foto: Salvatore Di Nolfi / AP

Por Eva Vergara

AP. Santiago de Chile. 17 de septiembre de 2019.- El escándalo de sobornos de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS llegó a Chile: un exempresario condenado por corrupción reveló que hizo un supuesto aporte de unos 140.000 dólares a la campaña presidencial de Michelle Bachelet de 2013.

Léo Pinheiro, exejecutivo de OAS investigado y condenado por corrupción en el marco del caso Lava Jato que indaga una vasta telaraña de corrupción que incluye a políticos de varios países latinoamericanos, dijo a la justicia brasileña que presuntamente aportó los fondos para Bachelet por pedido del expresidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva, reveló el periódico Folha de Sao Paulo.

“No he tenido nunca un vínculo con OAS, ni con ninguna otra empresa», aseveró Bachelet en exclusiva al canal de televisión chileno 24Horas en una entrevista que la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas brindó en Ginebra.

Las fiscalías de Argentina, Chile, Perú y Uruguay han recibido antecedentes sobre supuestos fraudes de OAS. En tanto, según la justicia estadounidense, Odebrecht, la mayor constructora de América Latina, sobornó a políticos y empresas de Argentina, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Perú y República Dominicana.

Mientras el gobierno centroderechista del presidente Sebastián Piñera declinó referirse al tema porque, dijo, carece de información detallada, diputados oficialistas pidieron a Bachelet que hable sobre la acusación de Pinheiro.

“OAS es una empresa internacional que se dedicó a financiar candidaturas de izquierda a cambio de contraprestaciones, o sea, de corrupción”, declaró el legislador Antonio Coloma.

Por su parte, el político ultraderechista José Antonio Kast dijo que, de ser ciertas las declaraciones del empresario, “sería el escándalo más grande de corrupción que afecte a un presidente de Chile”.

“Michelle Bachelet debe renunciar a su cargo (de Alta Comisionada) y venir a enfrentar a la justicia chilena”, añadió.

En Chile la justicia inició una investigación sobre supuestos aportes irregulares a Bachelet, a Marco Enríquez Ominami -candidato presidencial de centroizquierda en las elecciones de 2009- y a varios políticos. Algunas causas llegaron a condenas en libertad pactadas. El caso de Enríquez Ominami sigue activo y el de la exmandataria está en suspenso a la espera de más información.

Enríquez Ominami usó un avión de OAS durante su campaña a la presidencia.

El fiscal nacional Jorge Abott señaló que se indagará para establecer “la efectividad de ese financiamiento y poder hacer los reproches penales que correspondan y a las personas que se ven involucradas, sean quienes sean. Nadie está por sobre la ley”.

Políticos de centroizquierda rechazaron la acusación contra Bachelet.

La fiscal chilena Ximena Chong, quien en seis oportunidades intentó interrogar a Pinheiro pero éste se negó, encontró un par de facturas de OAS pagadas al geógrafo Giorgio Martelli, quien fue el recaudador de la primera campaña presidencial de Bachelet y recibió unos 84.000 dólares de la constructora brasileña.

Martelli ha asegurado que el dinero de OAS fue por trabajos de estudio de suelos y un mapa que realizó para la constructora. “Mi empresa jamás ha recibido dinero para financiamiento político”, aseguró en un comunicado.

En Chile OAS participó en un consorcio internacional que se adjudicó la construcción de un puente para unir la isla de Chiloé con el continente, en el sur, durante el primer gobierno de Piñera (2010-2014). Sin embargo, el grupo se deshizo y desde julio la obra está en manos de la surcoreana Hyundai.

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