AMEXI. Ciudad de México. 18 de octubre de 2024.-  A pesar de la creciente presión y las múltiples suspensiones otorgadas por jueces federales, Claudia Sheinbaum reiteró su postura de no retirar el decreto de reforma al Poder Judicial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 15 de septiembre.

En conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum sentenció que ninguna juez está por encima del pueblo.

“La juez no tiene ninguna atribución para solicitar que se quite del DOF esta publicación. Primero porque no tiene atribución, una juez no está por encima del pueblo de México; segundo, porque jurídicamente no tiene ningún sustento lo que está haciendo; y tercero, porque es el Poder Legislativo quien ordena al presidente la publicación en el DOF.

“No vamos a bajar la publicación, y dos, vamos a hacer una denuncia de esta juez ante el Consejo de la Judicatura”, puntualizó.

La reforma, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador durante los últimos días de su mandato, ha generado una fuerte controversia en el país.

Las críticas a la reforma

Diversos sectores, incluyendo jueces, magistrados, organizaciones civiles y partidos de oposición han manifestado su rechazo argumentando que atenta contra la independencia judicial y la división de poderes.

La principal crítica se centra en la introducción de elecciones populares para jueces y magistrados, lo que, según los detractores, podría politizar el Poder Judicial y comprometer su imparcialidad.

Ante esto, Sheinbaum Pardo dejó claro que “no queremos que quede en la impunidad, que hay un antecedente de que una juez que por encima de su función está pidiendo que se baje una publicación que se hizo a partir de un proceso legislativo, de un cambio constitucional, establecido en la propia Constitución y que deriva en la voluntad del pueblo de México expresado en las urnas el 2 de junio de 2024”.

A pesar de las suspensiones otorgadas por jueces federales, que de manera temporal han frenado la implementación de la reforma, el gobierno federal se mantiene firme en su postura de no bajar el decreto de reforma. Argumentan que la reforma es necesaria para combatir la corrupción y acercar la justicia a la ciudadanía.

Ayer, Nancy Juárez Salas, jueza Décimo Noveno de Distrito de Veracruz, dio 24 horas de plazo a la presidenta Claudia Sheinbaum y al director del Diario Oficial de la Federación, Alejandro López, para bajar la reforma al Poder Judicial.

El conflicto en torno a la reforma al Poder Judicial se ha convertido en un nuevo foco de tensión política en el país. La decisión del gobierno de no dar marcha atrás en su implementación prevé un intenso debate jurídico y político en los próximos meses.

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EFE. Ciudad de México. 27 de enero de 2023.- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, prometió este viernes que «pronto» bajará la inflación tras su repunte en el inicio del año y en diciembre pasado, cuando tuvo su mayor cierre anual en 22 años.

“El aumento último que tuvimos, que tampoco fue mucho, se debe a que estamos concluyendo un año e iniciando otro, pero ya la tendencia va a ser la baja”, manifestó en su rueda de prensa diaria.

Sus declaraciones se producen tras la aceleración de la inflación en México, que registró una tasa anual de 7,94 % en la primera quincena de enero, el mayor índice para un inicio de año desde 2001.

Además, este dato fue superior a la tasa de 7,82 % de diciembre pasado, el mayor nivel para un cierre de año en lo que va del siglo, y una cifra que rompió con el decremento de la inflación general de meses anteriores.

López Obrador reconoció que la inflación de México ya es superior a la de Estados Unidos (6,5 % en diciembre) y Brasil (5,79 %).

Pero argumentó que esto es porque, tras el «periodo neoliberal», México no es «autosuficiente» y debe importar alimentos, por lo que es «un fenómeno externo».

“Son otros factores, tenemos menos inflación en energéticos porque estamos interviniendo de manera directa, tenemos más posibilidad de control de precios de combustibles, que no han aumentado. Sin embargo, en lo que corresponde a alimentos es mayor nuestra inflación», justificó.

El mandatario promovió primero un «Paquete contra la inflación y la carestía» (Pacic) en mayo pasado, que incluyó más de 300.000 millones de pesos (unos 15.000 millones de dólares) en subsidios fiscales al combustible.

Y después impulsó un «Acuerdo de apertura contra la inflación y la carestía» en octubre para que empresarios se comprometieran a no elevar los productos básicos.

El presidente afirmó que “se alcanzó la meta de estabilizar los precios de la canasta básica de 24 productos» y remarcó que «va a bajar este año la inflación», aunque sin revelar una cifra exacta.

Al defender sus políticas, rechazó tomar medidas adicionales.

“Con lo que tenemos va a ser suficiente, ese es nuestro pronóstico, eso es lo que estamos proyectando, yo creo que en los datos que dé a conocer el Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) sobre inflación ya se va a ver la disminución, en los próximos datos”, concluyó.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 14 de septiembre de 2021.- La SHCP señala que el Paquete Económico para el 2022 “será clave para continuar avanzando en la recuperación”. Mantienen el mismo discurso neoliberal de Pedro Aspe de inicios de los años noventa de que se mantiene la “fortaleza fiscal y fundamentos económicos sólidos”, sin reconocer que dicha “fortaleza” no genera recuperación, sino que actúa a favor del sector financiero que es el que gana con las políticas neoliberales.

Dicen que ello y “la mayor integración comercial en el T-MEC contribuirán a una recuperación más sólida”. Tenemos décadas con los acuerdos comerciales y éstos han actuado en detrimento del sector manufacturero, a pesar de las exportaciones, las cuales son comandadas por empresas transnacionales que trabajan con altos insumos importados y no generan efectos multiplicadores internos. Se sigue apostando a estrategias fallidas, que no impulsan el crecimiento “solido”, sino que favorecen al gran capital transnacional.

Reiteran que el “Paquete Económico refuerza los principios de responsabilidad y eficacia en la gestión de las finanzas y la deuda pública” y que ello “es congruente con una trayectoria estable y sostenida de la deuda”. Al respecto hay que señalar que la responsabilidad de las finanzas públicas no debe ser el equilibrio fiscal y la reducción de la deuda, sino cumplir con los propósitos nacionales de pleno empleo e impulso al sector productivo nacional. No se puede trabajar con equilibrio fiscal en un contexto donde hay alto desempleo y miseria y hay fuerte caída de la esfera productiva y del crecimiento potencial de la economía. Se requiere que el gobierno gaste lo suficiente y recurra a deuda a favor del desarrollo industrial y agrícola, y del empleo. Ello aumentaría el ingreso nacional y la recaudación tributaria y se pagaría la deuda.

Hacienda se vanagloria de que lo que caracteriza a este gobierno “es la separación efectiva entre los intereses privados y los del sector público, que ha permitido reducir las pérdidas de las finanzas públicas”. Si bien el gobierno actual ha dejado de condonar impuestos a las grandes empresas, sin embargo, tenía y tiene que apoyar a las empresas que han visto reducidos sus ventas e ingresos por la crisis, que ha llevado a muchas de ellas a quebrar y cerrar ante la falta de apoyo gubernamental. El gobierno tiene que evitar la destrucción de la planta productiva, para preservar la generación de empleos y de riqueza. No puede dejar a las empresas a su libre arbitrium, pues es actuar contra el crecimiento económico.

La SHCP ve tres impulsores del crecimiento: “la demanda en Estados Unidos, los proyectos de desarrollo regional en el sur de México y el consumo interno”. La demanda de EUA por productos elaborados en México, siempre ha estado y no ha impulsado el desarrollo productivo, el empleo y el bienestar en el país. El desarrollo regional del sur-sureste no tiene potencial para ser motor de crecimiento en el país. El turismo y el comercio internacional no volverán a crecer como antes, dada la continuación de la pandemia, el desempleo y la desaceleración de la economía mundial. Al seguir la tacaña política fiscal (bajo déficit primario de -0.3% del PIB), la alta tasa de interés (5.3% para fines del 2022) y estabilidad cambiaria (20.4 pesos por dólar), no se alcanzará el crecimiento de 4.1% del PIB, ni la reducción de la inflación a 3.4%, ni tampoco “la recuperación del mercado laboral”, ni del consumo. La pichicata y tacaña política fiscal y la alta tasa de interés, contraen la producción, lo que aumenta la escasez de productos que presiona sobre precios, por lo que la inflación seguirá.

Hacienda dice que “no se incrementan impuestos a fin de incentivar la inversión para la recuperación”. Con esa política hemos estado por tres años y no hay crecimiento de inversión y de la economía. El crecimiento económico requiere de baja tasa de interés y aumento del gasto público, y tales políticas no existen en el país, y si en muchos otros.

El Paquete Económico dice que “la posición sólida de la banca de desarrollo y la privada será un elemento para financiar préstamos productivos”. El problema es que esa supuesta “solidez” solo se ha traducido en altas ganancias de la banca y no ha incrementado los créditos. Los créditos a empresas y a personas físicas con actividad empresarial en junio del 2021, respecto a junio del 2020, han caído en 16.9%. Mientras no crezca el gasto público y las ventas de las empresas, las empresas no pedirán crédito y la banca no prestará, pues no se tiene asegurado el reembolso del crédito.

El Paquete Económico contempla aumentar la inversión pública al 3.1% del PIB en el 2022. En el primer trimestre del 2021 está en el nivel de 2.4%, que representa el 12.3% de la inversión total, que está en 19.4% del PIB. Que bien que se aumente la inversión pública, pero tiene que recuperar los niveles que nos permitían crecer en el pasado. Hay que señalar que en 1980 la inversión pública era el 11% del PIB y era el 41% de la inversión total. La reducción de la inversión pública en que ha descansado la política fiscal tacaña desde 1983, de recortes presupuestales, se ha traducido en mayor privatización de la economía, mayor desempleo, economía informal, pobreza y desigualdad del ingreso en el país. Hay que romper con las políticas que nos han condenado al atraso y que no ofrecen perspectivas de crecimiento y bienestar para las grandes mayorías.

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