Periodistas Unidos. Ciudad de México. 20 de septiembre de 2026.-  La reportera de La Jornada Blanche Petrich, fue retenida este domingo 20 de septiembre por autoridades de seguridad aeroportuaria en dependencias del Aeropuerto Internacional Palmerola, Honduras, cuando se disponía a abordar un vuelo de Aeroméxico con destino a México.

El personal de la División de Seguridad Aeroportuaria pretendía someterla a una revisión física que incluía quitarse la prótesis y la ropa, un procedimiento que organizaciones de derechos humanos y redes de periodistas calificaron de violatorio de su dignidad y derechos fundamentales. El requerimiento se formuló pese a que Petrich ya había pasado una revisión previa en la misma terminal y a que los aeropuertos suelen contar con protocolos para viajeros con prótesis o dispositivos médicos.

La detención duró apenas unos minutos. Tras la denuncia pública inmediata y la movilización solidaria en redes, las autoridades la dejaron acceder a la sala de embarque, informó la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras).

Contexto de la visita

Petrich formaba parte de una delegación internacional de observación y solidaridad con el pueblo garífuna y la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH). En los días previos había reportado desde Honduras la tensión en Playa Uva, en los Cayos Cochinos, donde pescadores garífunas mantienen un plantón ante una orden de desalojo y el despliegue de policía naval. El predio está vinculado a la Sociedad de Inversiones Ecológicas, empresa en la que el empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego es socio mayoritario, y se pretende usar para el rodaje de un reality.

Este domingo ella misma publicó en La Jornada la nota “Termina jornada de fraternidad en Honduras sin soluciones”.

Miriam Miranda, coordinadora de OFRANEH, denunció el episodio como una represalia por el trabajo periodístico de Petrich sobre violaciones a los derechos humanos del pueblo garífuna. “Ella ingresó por ese mismo aeropuerto. Exigimos respeto y tránsito seguro”, escribió.

Redes de periodistas, Prensa Comunitaria, IM-Defensoras y otras organizaciones emitieron alertas urgentes, exigieron su liberación inmediata y advirtieron que harían responsable al Estado hondureño de cualquier vulneración a su integridad.

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