EFE. Puebla, México. 31 de diciembre de 2024.- El gobernador del estado mexicano de Puebla, Alejandro Armenta, prometió este lunes buscar a la activista feminista Sheridan Mata, desaparecida desde el jueves pasado tras denunciar violencia de su expareja, el futbolista Iker Galeano, pero cuestionó que esté embarazada, como ella afirma.

El mandatario del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) mencionó en una rueda de prensa que tiene el reporte de que “la persona” está desaparecida, por lo que se activaron los protocolos de búsqueda, entre las diferentes dependencias, como se aplica normalmente en todos los casos de esta índole.

“Tengo información con respecto a que la persona está desaparecida y no se puede asegurar que se encuentra en estado de gravidez, en consideración de las diligencias ministeriales, con las que se asegura, como ultrasonidos, sin saber con certeza si son de la persona en mención», declaró Armenta.

En este sentido, el gobernador del estado del centro de México matizó que no se trata de minimizar la desaparición, por lo que su Administración estará pendiente del hecho.

“Vamos a seguir las investigaciones que correspondan y estaremos informándoles, estamos en comunicación con la familia y lo seguiremos haciendo», aseveró.

El hecho causa indignación nacional porque Mata es fundadora del Frente Poblano contra Deudores Alimentarios, y desapareció en el barrio Tres Cruces, en la capital del estado, el 26 de diciembre, un día antes de su fecha programada de parto, según compartieron sus familiares.

La defensora de derechos humanos es conocida por su lucha constante a favor de los derechos de las madres y en contra de los deudores alimentarios.

Días antes de desaparecer, Mata denunció públicamente por violencia de género a su expareja y presunto padre del hijo que espera, el futbolista Iker Galeano, miembro del club Dragones de Mexicali, de la Segunda División del Fútbol Mexicano.

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EFE. Ciudad de México. 16 de febrero de 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló este viernes que busca un mecanismo para cumplir con las condiciones de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) para que el Gobierno concrete la compra de 13 plantas eléctricas de la española Iberdrola.

El mandatario, quien ha cuestionado la existencia el organismo autónomo antimonopolios, consideró que el fallo del jueves “fue un avance”, por lo que agradeció al regulador.

“Sí fue un buen paso y agradecemos a la Cofece”, apuntó.

El gobernante mexicano se pronunció así sobre la decisión del regulador, que el jueves impuso al menos seis condiciones para que el Gobierno concluya la compra de las plantas eléctricas de Iberdrola.

Dichas condiciones obligan a los compradores, la estatal Mexico Infraestructure Partnerts (MIF) y el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), a operar las plantas de manera independiente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la empresa eléctrica del Estado.

También pidió evitar intercambios de información sensible o estratégica entre competidores.

Además, demandó designar a un administrador profesional independiente para la toma de decisiones relativas a la operación de las 12 plantas de ciclo combinado y una eólica compradas a Iberdrola.

E insistió en garantizar que la operación de dichas centrales de generación se dé con independencia y sin conflicto de interés.

Asimismo, exigió a las personas encargadas de la operación de las plantas de abstenerse de tener cargos en alguna otra empresa competidora, sumado a que el Gobierno no podrá designar a quienes fueron servidores públicos en los últimos 4 años.

Las condiciones se impusieron luego de que el 12 de junio de 2023 Iberdrola firmó el acuerdo de venta de 13 plantas de generación eléctricas al mayor administrador de fondos del país, la MIF, y el Fonadin por un valor de 6.000 millones de dólares y que le aportarían 8.539 megavatios (MW).

Al anunciar la adquisición el 4 de abril pasado, el presidente López Obrador consideró la compra como una “nueva nacionalización”, al otorgar al sector público el 54 % de la generación eléctrica en el país.

López Obrador dijo este viernes que la compra se avaló “milagrosamente”, al considerar que las condiciones que impuso la Cofece son “excusas” y “limitaciones para que las plantas no pasen” a la CFE porque sería un “monopolio”.

“Entonces, vamos a buscar un mecanismo para cumplir con la ley, con la Cofece que, espero que no dure mucho, porque ya estamos planteando en las reformas que desaparezca”, señaló al referirse al paquete de reformas que presentó el pasado 5 de febrero en el que plantea la desaparición de diversos órganos autónomos.

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EFE. Ciudad de México. 17 de enero de 2024.- La presidenta del Comité Olímpico Mexicano María José Alcalá, anunció este martes que México retira su candidatura para organizar los Juegos Olímpicos del 2036 y en vez de eso, se postulará para los Olímpicos de la Juventud del 2032.

«La competencia está muy fuerte (para los Olímpicos) y vamos a proponer organizar los Olímpicos de la Juventud, para los que tendríamos una gran posibilidad», dijo.

A finales del 2022, el entonces canciller de México, Marcelo Ebrard y Alcalá informaron que el país, que organizó los Olímpicos de 1968, se iba a postular para ser sede de los del 2036 o los del 2040.

Entonces los dirigentes hablaron de las condiciones de México para organizar competiciones de alto nivel, lo cual ha confirmado desde el siglo pasado al ser el escenario de dos Mundiales de fútbol, en 1970 y 1986, y unos Juegos Olímpicos.

México es candidato a organizar los próximos Juegos Panamericanos, luego de que la ciudad colombiana de Barranquilla fue despojada de la sede. Guadalajara y Monterrey han mostrado interés en ser la casa de la justa continental que antes el país organizó en la capital en 1955 y 1975 y en Guadalajara, en el 2011.

Alcalá dejó entrever la posibilidad de que el país insista en pedir la competencia de América, lo cual está por ver por las diferencias entre el Comité Olímpico y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deportes que comanda la medallista olímpica Ana Guevara.

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• A través de la CNDH primero, y después ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, once familiares de personas desaparecidas exigen que, tal como lo establece la ley, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas reconozca su derecho a la salud. Pese al compromiso de la Segob de atender las demandas, no han recibido apoyo

Periodistas Unidos / A Donde Van los Desaparecidos. 09 de agosto de 2023.- Gregorio Cano siempre hizo ejercicio y comió sano; trabajó como vendedor de fotografías de graduaciones hasta la desaparición de su hijo Paolo en 2013, cuando se dedicó de tiempo completo a buscarlo. Su hija Sandra cuenta que un día empezó a toser y a toser; a los dos meses fueron al médico y le diagnosticaron cáncer de pulmón. Menos de un año después, murió. María Esther Montero, madre de Paolo, fue diagnosticada con un tumor en el cuello y falleció en 2021. Ambos murieron sin encontrar a su hijo.

Al ser enfermera para niños, Sandra había visto, escuchado y leído sobre padecimientos derivados de estados emocionales. Cuenta que la desaparición de Paolo, militar en activo, apenas una semana después de haber sido transferido a la base militar del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, provocó un impacto emocional muy fuerte en Gregorio, que se tradujo en su salud física. 

María Esther formó parte del grupo de siete mujeres y cuatro hombres que el 15 de abril de 2021, acompañados por la organización civil Idheas, presentaron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), organismo que forma parte de la Secretaría de Gobernación (Segob), por violar su derecho a la salud, al negarse a darles atención médica por las enfermedades que desarrollaron después de la desaparición de un familiar.

“Obviamente que la enfermedad de mi papá sí fue a raíz del hecho de que mi hermano desapareció, y pues mi mamá igual tuvo un cáncer”, dice Sandra. “Se sabe que el cáncer es una enfermedad que es emocional. En alguna ocasión [mi papá] lo leyó en Facebook, vio que las enfermedades se reflejaban también por el aspecto emocional, y sí nos lo externó”.

La queja ante la CNDH pide la reparación integral del daño causado por las violaciones a los derechos humanos de las víctimas indirectas de una desaparición, principalmente asegurar el derecho a la salud y brindar atención médica urgente a quienes padecen enfermedades graves como cáncer avanzado. Los familiares señalaron que la CEAV les negó el apoyo por considerar que no existe un “nexo causal” entre la desaparición de sus parientes y los problemas de salud que desarrollaron.

De acuerdo con la Ley General de Víctimas, la CEAV es la instancia encargada de ofrecer atención psicológica, médica y legal a familiares que enfrentan la desaparición de un ser querido. El derecho de atención significa satisfacer y garantizar “necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, atención médica y psicológica de emergencia, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas y seguras, a partir del momento de la comisión del delito o de la violación de los derechos”, se lee en el artículo ocho de la ley.

El problema, dice Valeria Moscoso, psicóloga de formación y especialista en acompañamiento psicosocial, es que el “hecho victimizante” —en este caso, la desaparición forzada— es un concepto legal que no evidencia el impacto multifactorial del crimen en la vida de las familias.

Las abogadas Evelyn Barrera e Itzel Sánchez llevan el caso de las once familias como parte de la organización Idheas; ambas coinciden con Moscoso en la dificultad de comprobar que una afectación de salud física puede ser causada por la desaparición. Barrera explica que jurídicamente han tratado de impulsar que las autoridades se rijan por el principio pro persona; esto es, ante la imposibilidad de constatar la relación de causa y efecto, aplicar la norma o interpretación más favorable para el o la denunciante. De este modo, la CEAV está obligada a garantizar el derecho a la salud.    

El 21 de abril de 2021, apenas seis días después de que los familiares presentaran la queja, la CNDH emitió una serie de medidas cautelares para la protección del derecho a la salud de las víctimas, en las que determina que la CEAV debe cumplir medidas específicas de reparación y atención para cada una de las once personas que se sumaron al reclamo. 

La CEAV contestó, según Barrera, con un oficio en el que afirmaba haber brindado la atención médica, acompañado de un expediente de cada uno de los casos, y de correos a manera de prueba, en los que las víctimas solicitaban ser atendidas, o eran canalizadas al médico del organismo. 

Debido al incumplimiento de la CEAV y a la negativa de darles atención, las familias decidieron llevar su lucha, con la representación de Idheas, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 17 de marzo de 2022, cuando se realizó la audiencia pública “Situación del derecho a la salud de las y los familiares de las personas desaparecidas en México”. 

En un estudio realizado por Idheas a 155 familiares de personas desaparecidas (88 por ciento mujeres) a principios de 2022, difundido en dicha audiencia, el 77 por ciento aseguran que su salud física y mental era buena antes de la desaparición, lo que cambió tras el hecho criminal, pues el 78.7 por ciento —122 personas— desarrollaron una enfermedad crónica.

De las 155 personas, 73 acudieron a la CEAV para solicitar apoyo médico, y solo a 25 personas se les brindó el servicio. La mayoría de los encuestados, de acuerdo con el estudio, aseguran que el organismo es “omiso” en cuanto a estas peticiones, les niega los servicios de salud bajo el argumento de la falta de recursos, y se justifica diciendo que los padecimientos no tienen relación directa con el hecho victimizante.

Ante la CIDH, los psicólogos Carlos Beristain y Perla Guerra respaldaron las exigencias de las familias, al reconocer la existencia de enfermedades y afectaciones físicas derivadas de la desaparición de un ser querido y del largo proceso de búsqueda. 

En la audiencia pública, en la que Idheas pidió «replantear la interpretación del nexo causal entre el hecho victimizante y las afectaciones a la salud de las víctimas indirectas”, la CIDH dio la razón a los once denunciantes y, pese a que la Segob —la CEAV no se pronunció— aceptó “la ausencia del Estado en la atención de salud a las familias de las personas desaparecidas”, se comprometió a atender las demandas y anunció que realizarían mesas de trabajo con familiares, nada de esto se ha concretado. 

Al preguntar a la CEAV sobre el cumplimiento de los compromisos establecidos en 2022, su enlace de prensa respondió que estaban “trabajando en temas diversos”. E​​l 27 de julio de este año, Idheas denunció en un comunicado que el organismo respondió a una solicitud vía transparencia sobre los apoyos médicos y psicológicos proporcionados a familiares de personas desaparecidas negándoles  la información. 

El ciclo del estrés

Nayelli Guarneros dice que llegó al límite cuando se dio cuenta de que se le habían roto los dientes. No se cayó ni le pegaron: ella misma se los quebró al apretar con fuerza la mandíbula a causa del estrés y la tensión que empezó a acumular desde que su esposo Sergio Rueda desapareció el 10 de julio de 2019 cerca de Orizaba, Veracruz. Sergio viajaba con su hermana Liliana a pagar un rescate para que liberaran a cinco trabajadores secuestrados de su empresa. Ninguno regresó y su cuñado Marcelo, esposo de Liliana, enfermó de anemia después de la desaparición. 

Araceli Martínez Moreno y Roberto Emmanuele Mercadillo Caballero, del Centro de Sueño y Neurociencias de la Universidad Autónoma Metropolitana, explican que estos padecimientos pueden ser causados por el ciclo del estrés. Para entender la afectación física hay que comprender primero el golpe emocional, el factor estresante que, si se mantiene durante mucho tiempo, provoca depresión, insomnio, pesadillas, ansiedad y estrés postraumático. 

Diez familiares de personas desaparecidas entrevistadas para este reportaje mencionan distintos padecimientos surgidos desde que comenzaron la búsqueda de sus seres queridos: irritación en la piel, alteraciones del sueño, problemas gástricos, bruxismo y, en algunos casos, cáncer, principalmente de mama, útero y pulmón. Aseguran que, tanto parientes como integrantes de sus colectivos, tienen las mismas dolencias; la mayoría sufre insomnio, ansiedad, problemas de presión y trastornos metabólicos.

María de Jesús Cortés Martínez, mamá de Karla Gabriela Macías Cortés, desaparecida en Tlajomulco, Jalisco, el 21 de julio de 2017; Celia García Pacheco, esposa de Miguel Ángel Rodríguez Nieva, desaparecido el 24 de abril de 2012 en Nogales, Veracruz; Susana Sedano Posadas, hermana de José María, desaparecido en la ciudad de Puebla el 2 de abril de 2008, y María Isabel Cruz Bernal, madre de Yosimar García Cruz, desaparecido el 26 de enero de 2017 en Culiacán, Sinaloa, comparten haber enfermado tras la desaparición de su familiar, debido al estrés prolongado de no saber dónde está, la revictimización de los procesos burocráticos, el aislamiento social por dedicarse a las labores de búsqueda, y los cambios drásticos en su vida diaria.

Mercadillo, especialista en neurobiología, explica que el origen del problema está en el circuito del estrés, entendido como la ruptura del equilibrio en el cuerpo. Cuando una persona experimenta una situación de estrés genera una respuesta fisiológica o psicológica; por ejemplo, si cree que será víctima de un asalto o que la están persiguiendo, la reacción se da en el sistema nervioso periférico, que está constituido por nervios y se extiende por todo el cuerpo. Se tensan los músculos, se aceleran los latidos, y la persona se prepara para atacar o huir. El agente estresante o estímulo nocivo produce además la activación del sistema nervioso simpático: se dilata la pupila, hay una relajación de los bronquios, el hígado aumenta la liberación de glucosa.

La búsqueda de una persona desaparecida, al prolongarse en el tiempo, genera un estrés crónico en los familiares que afecta a su salud. Si el factor estresante permanece puede generar un trastorno mental, causar ansiedad, estrés postraumático, debido a la alteración producida por el impacto emocional, y mantener elevado el cortisol, la hormona del estrés, lo que afecta al sistema inmunológico y a largo plazo puede provocar úlceras gástricas y erupciones en la piel.

Los especialistas explican que un estado de ansiedad y depresión muchas veces lleva también al aislamiento o la modificación de las interacciones sociales. Muchos familiares han compartido que sus círculos de amistades y gente cercana cambian, se reducen conforme avanza el tiempo. Las personas dejan a un lado aquello que les provoca placer y, para sustituirlo, empiezan a consumir sustancias como el azúcar, que activa el sistema de recompensa del cerebro.

Con un consumo de azúcar constante, el corazón late más rápido, los niveles de glucosa se desequilibran, se desarrolla diabetes, sobrepeso, hipertensión, se altera el ciclo del sueño. Las personas pasan las noches desveladas, duermen a ratos en el día y esto modifica también el ciclo de la alimentación, generando problemas gastrointestinales.

“Si ya estamos de por sí teniendo este factor de estrés que produce o abona en la generación de este tipo de alteraciones y sumamos que no tenemos un adecuado descanso, y además se mantienen estos niveles de cortisol elevados porque ya hay ansiedad o estrés postraumático, entonces todo el organismo se ve envuelto en esta cadena y en esta cascada de alteraciones. Este círculo sigue si no podemos descansar adecuadamente, no se puede restaurar nuestro cuerpo y entonces se mantienen elevados estos niveles de estrés”, explica el neurólogo.

Si la persona no puede dormir bien, el cerebro se mantiene en un estado de alerta constante, lo que implica una respiración agitada, un latido cardíaco elevado, y mantener el cuerpo en tensión. La prolongación de este estado, explican Mercadillo y Martínez, genera problemas como fibrosis muscular. Como no hay una restauración adecuada del organismo por la falta de sueño, enfermedades para las que existe una predisposición genética, como el cáncer, la diabetes o la artritis, salen a flote, porque el sistema inmunológico ya no es lo suficientemente fuerte para proteger a la persona.

Eso le pasó a Cruz Bernal, fundadora del colectivo Sabuesos Guerreras de Sinaloa. Cuenta que antes de la desaparición de su hijo Yosimar su salud “estaba impecable”, pero después el deterioro de su cuerpo se aceleró. Su cabello se llenó de canas, le diagnosticaron diabetes, y en 2020 le detectaron cáncer en la matriz. 

“Fue como una bomba, porque tú no lo aceptas. Yo me decía: no puedo enfermarme, debo estar bien porque tengo que encontrarlo, tengo que buscarlo”, señala. “Con las búsquedas yo pensaba que fortalecía mi cuerpo, porque era caminar y caminar, sin saber que estaba generando otro daño colateral que era el cáncer, que ya se estaba formando dentro de mi vientre. Fue un bombazo de agua helada saber que tenía cáncer y que me tenían que operar”.

‘Nos estamos enfermando’

Santiago Pérez Becerra, fundador del colectivo Familias Unidas por Nayarit, encontró a su hijo Santiago Eloir Pérez Reyes en una fosa clandestina que localizó, sin ayuda de las autoridades, el 6 de abril de 2019. Su hija Alejandra cuenta que se cayó en esa fosa, de 4.5 metros de profundidad, mientras recuperaba restos humanos. Santiago realizó durante 19 días labores de exhumación, sin descanso; casi nueve meses después recibió los restos de su hijo. Al poco tiempo empezó con unos dolores fuertes en la espalda, que calmaba con inyecciones; fue diagnosticado con una hernia discal e imposibilidad para caminar. Necesitaba una cirugía urgente que costaba más de 250,000 pesos, pero la CEAV le negó la atención médica. Forma parte del grupo que presentó la queja ante la CIDH.

A Alejandra le dijeron en la CEAV que, para recibir el apoyo, debía comprobar que las afectaciones a la salud y el daño en la espalda que sufría su padre eran derivados del “hecho victimizante”. 

“Y yo vuelvo a decir aquí: si buscar a su hijo por tres años sin descanso, abandonar todo, [y] las 18 fosas que localizó, los 128 cuerpos que ayudó a regresar, el excavar con sus propias manos y con pico y pala la fosa clandestina donde encontró a su hijo, no es derivado del hecho victimizante, entonces que alguien, carajos, venga de otro universo a decirme qué es entonces el hecho victimizante”.

En el colectivo de Nayarit, el mismo que fundó su padre, hay otros casos en los que la relación de los padecimientos de salud con la desaparición no es tan clara como sucede con Santiago. Familiares y especialistas coinciden en que un gran problema que persiste es la falta de reconocimiento de las afectaciones emocionales y, sobre todo, el cuidado de la salud mental en el país. En palabras de Alejandra, la falta de atención psicológica también deriva en enfermedades; así lo ha vivido y lo ha visto también en sus compañeras buscadoras. 

“Nos estamos enfermando, las estadísticas más altas que te vas a encontrar son cáncer, diabetes, presión [alta] y enfermedades respiratorias, afectaciones a la espalda”. En su caso, la ayudó tomar terapia con una psicóloga, pero aun así enfrenta padecimientos: pese a que tiene 37 años, dice, su salud es la de alguien de casi 60. 

Otras enfermedades pueden surgir de la búsqueda en campo. Una de las principales herramientas que se utilizan es la varilla, que se hunde en el suelo y, después de sacarla, se huele la punta, ya que un olor fétido indica la probable existencia de restos humanos. A Araceli Salcedo Jiménez, mamá de Fernanda Rubí Salcedo Jiménez, desaparecida el 7 de septiembre de 2012 en Orizaba, Veracruz, le prohibieron usarla, pues contrajo una bacteria de cuerpo cadavérico que se le alojó en el riñón. 

Este padecimiento es claramente derivado de la desaparición de su hija. Así lo ha reconocido la CEAV, pero no sucedió lo mismo con el cáncer de garganta que padeció la buscadora, quien tuvo que hacer colectas para pagar una riesgosa cirugía.

“A mí me decían, no, a mí dame un documento del médico que me diga que tu cáncer es derivado de la desaparición de Rubí. Y es algo revictimizante que te hagan eso, porque déjame decirte que, para empezar, yo no pedí que desaparecieran a mi hija, yo no pedí estar en esta situación”.

A Araceli, demandante también ante la CIDH, le parece “muy triste” que las autoridades sigan “minimizando la causa de los desaparecidos, minimizando la lucha de las mamás”, que pueden perder la vida de forma violenta o por enfermedad al hacer un trabajo de búsqueda que es responsabilidad del Estado, pero continúa sin realizar.

El 21 de mayo de 2023 falleció Herminia Valverde, quien buscaba a su hija Mariela Vanessa Díaz Valverde, desaparecida el 27 de abril de 2018. Herminia, integrante del colectivo Hasta Encontrarles, falleció por complicaciones causadas por el cáncer que padecía desde hacía tres años; la madre buscadora ya había solicitado atención médica por su calidad de víctima, sin tener respuesta. En redes sociales sus compañeras denunciaron que “Herminia enfermó por la desaparición de su hija y por la omisión de las instituciones”.

**Con información de Paloma Robles.

www.adondevanlosdesaparecidos.org es un sitio de investigación y memoria sobre las lógicas de la desaparición en México. Este material puede ser libremente reproducido, siempre y cuando se respete el crédito de la persona autora y de A dónde van los desaparecidos (@DesaparecerEnMx).

Aranzazú Ayala Martínez. Es licenciada en literatura, periodista especializada en la cobertura de temas de Derechos Humanos, movimientos sociales, defensa del territorio y violencia de género. Actualmente es reportera del equipo de investigación periodística de www.adóndevanlosdesaparecidos.org en donde también es encargada del área de capacitaciones de La Red de Periodistas Especializadxs en Cobertura de Desaparición de Personas.

Gogo es ilustradora. Ha expuesto su trabajo en Estocolmo y en la Bienal Internacional del Cartel en México. Ha ilustrado campañas que abordan la violencia de género y trabajado con periodistas en proyectos para el Centro Knight en Austin, y en medios como VerdadAbierta y Lado B. IG: gogo_ilustra 

Mary Lechuga es diseñadora gráfica e ilustradora. En 2020 fue beneficiaria del Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico en Puebla con el proyecto “Florecer en hilos y trazos”. Está al frente de La Lechuga Ilustradora y ha colaborado con organizaciones como Técnicas Rudas, Quinto Elemento Lab y La Sandía Digital. IG: lalechugailustradora

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EFE. Ciudad de México. 16 de junio de 2023.- El secretario de Gobernación de México, Adán Augusto López, renunció a su puesto, el más importante del gabinete, para buscar la candidatura a la presidencia por el partido gobernante, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

«Ayer, en efecto, me presentó su renuncia el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, no es por ineficiencia o mal desempeño, eso debe quedar claro, se da esta renuncia en la circunstancia que estamos viviendo», informó este viernes el presidente, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia matutina.

La dimisión ocurre cuando vence el plazo este viernes para que los aspirantes de Morena, partido fundado por López Obrador, dejen sus cargos para registrarse en el proceso interno de la organización rumbo a las elecciones de 2024.

López competirá contra los favoritos en las encuestas: la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el ahora excanciller Marcelo Ebrard.

La lista la completan Ricardo Monreal, quien deja su cargo como líder de Morena en el Senado; Manuel Velasco, senador con licencia del Partido Verde, y Gerardo Fernández Noroña, diputado con licencia del Partido del Trabajo (PT), ambos aliados del Gobierno.

Aunque López ocupa el tercer lugar en las encuestas, se considera un contendiente serio por ser el más cercano al presidente López Obrador, quien nació e inició su carrera política en el mismo estado que él, el sureño Tabasco.

Dicen que soy un hombre de pocas palabras, pero nunca escatimaré en agradecimiento y gratitud a quién con su ejemplo, trayectoria y lucha, cambió el rumbo de la nación.

Hace unos minutos, entregué esta carta personalmente en Palacio Nacional, al Presidente López Obrador. pic.twitter.com/58j51Upj2i

— Adán Augusto López H (@adan_augusto) June 16, 2023

«Adán renunció porque va a buscar ser el sustituto, el relevo», apuntó el actual mandatario.

Morena revelará el 6 de septiembre quién será candidato del partido en las elecciones de junio de 2024 tras encuestas de opinión que se realizarán del 28 de agosto al 3 de septiembre.

Los aspirantes iniciarán giras políticas por el país el próximo lunes.

Mientras el presidente daba su conferencia matutina, López publicó su carta de renuncia en Twitter.

«Prefiero pedirle que, si está en su agrado, me releve de este cargo para así atender con la tenacidad, los valores, y el compromiso histórico que usted sembró, el encargo de profundizar la Cuarta Transformación (el proyecto de López Obrador) de la vida pública nacional», escribió.

El actual mandatario no reveló quién será el nuevo secretario de Gobernación, por lo que dejó como encargado de despacho a Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos Población y Migración.

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EFE. Ciudad de México. 14 de junio de 2023.- El excanciller mexicano Marcelo Ebrard se registró este miércoles para buscar la candidatura de su partido, el gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), en su aspiración por la Presidencia de México, que se dirimirá en las elecciones federales de junio de 2024.

Con el registro, el posible candidato de Morena a las presidenciales cumple, después de haber abandonado su cargo como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), con el segundo paso impuesto a los contendientes por el Consejo Nacional del partido: alistarse como aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Transformación.

«Me vengo a registrar, soy el primero en hacerlo, el primero en separarme del cargo y el primero en las encuestas», dijo en el acto de firma, celebrado en un hotel de la capital mexicana.

Pese a que el martes 6 anunció que dejaría la Cancillería, no fue hasta el pasado lunes cuando entregó su carta de renuncia al presidente del país, Andrés Manuel López Obrador.

De este modo, se adelanta a sus contrincantes, pues muchos todavía ni siquiera han abandonado su cargo.

La jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, lo hará el próximo viernes -fecha límite para hacerlo-, igual que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

El líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, quien el pasado martes se despidió con un discurso de la Cámara Alta, ha solicitado una licencia para deslindarse del puesto.

Con este trámite, Ebrard se coloca en la línea de salida para iniciar su gira política por todo el país, que se prevé que todas las «corcholatas», como se conoce coloquialmente a los candidatos en México, arranquen el próximo lunes.

«La propuesta que vamos a llevar en nuestro recorrido, que será austero, es de contacto con las personas, de escuchar, de diálogo con humildad. Lo que va a permanecer y lo que tenemos que agregar en los próximos años, eso es para lo que vamos a todo el país», expuso.

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EFE. Ciudad de México. 12 de junio de 2023.- La jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció este lunes que renunciará el próximo viernes para buscar la candidatura a la Presidencia en las elecciones de 2024 del partido gobernante, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

“El día de hoy quiero informar que he tomado la decisión de separarme del cargo de forma definitiva el 16 de junio del presente (año) con el fin de llegar a ser la primera mujer en la historia de México en encabezar los destinos de la nación”, expresó en un mensaje a medios la mandataria, considerada la favorita.

El anuncio llega después de que Morena, fundado por el actual presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, anunció el domingo que el 6 de septiembre revelará quién será candidato del partido tras encuestas de opinión que se levantarán del 28 de agosto al 3 de septiembre.

Sheinbaum explicó que, aunque en un principio había expresado que no renunciaría a su puesto, tras las reglas impuestas por el partido para el proceso de elección de candidato presidencial decidió dejar su cargo.

“Entiendo que por encima de todo está el proyecto de transformación y por ello respetaré todo lo que fue aprobado el día de ayer (domingo) por el Consejo Nacional”, enfatizó.

La todavía mandataria capitalina dijo que en su proyecto buscará dar “continuidad con sello propio” a la Cuarta Transformación iniciada por el presidente López Obrador en diciembre de 2018.

Asimismo, consideró que es “la única persona” que estará en la encuesta de Morena que proviene de una carrera científica y que ha participado en la lucha por los derechos del pueblo de México, “la democracia, las libertades, la justicia social y ambiental, los derechos de las mujeres desde que tenía solamente 15 años”.

Destacó que su forma de gobernar hasta ahora la Ciudad de México ha llevado a que en las encuestas de preferencia se encuentre en primer lugar y que está “segura que seguirá siendo así”.

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EFE. Ciudad de México. 10 de mayo de 2023.- El miedo que implican las amenazas, los disparos, las búsquedas en «zonas calientes», las muertes de compañeras o los mensajes para que cesen en su empeño no es suficiente para que las madres que buscan a sus hijos desaparecidos en México dejen de buscar.

«Nos preguntan si tenemos miedo, y claro que tenemos miedo, temblamos de miedo, pero es más fuerte el amor, el deseo de buscar y encontrar a nuestros hijos», dijo en una entrevista con EFE María Herrera, madre de cuatro hijos desaparecidos en México y reconocida recientemente como una de las 100 personas más influyentes del año por la revista TIME.

La tediosa, dolorosa y habitualmente larga labor que ejercen ellas, las madres que buscan a las más de 112.000 personas desaparecidas o no localizadas en México desde que hay registro, merece la pena, relata María, si logran darles a sus hijos una sepultura.

«Si ya permitieron que les dieran una muerte indigna, darles una sepultura digna es lo que buscamos», dijo.

MADRES BUSCADORAS Y AMENAZADAS

Cinco madres buscadoras fueron asesinadas en México en 2022 y apenas este mes mataron a la primera de 2023, Teresa Magueyal.

«A pesar de que estas son las cifras que se ventilan públicamente la problemática es mucho mayor y estas madres buscadoras no tienen las medidas de protección necesarias por parte del Estado», compartió en una entrevista con EFE César Contreras, abogado colaborador en el área de defensa integral del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que acompaña a víctimas.

Contreras explicó que la crisis de desapariciones no ha logrado erradicarse en este sexenio, sino que se ha mantenido como una tendencia.

Además, las madres y el resto de familiares buscadores afrontan lo que ellas denominan una «doble desaparición», porque cuando van a denunciar, se encuentran con fiscalías que no se mueven y no actúan de manera temprana.

Esto sucede por dos motivos, consideró el abogado, por falta de capacidades al verse rebasadas por un gran número de casos y pocos ministerios públicos, y por falta de voluntad política por parte de fiscalías y autoridades.

Acudiendo a la Fiscalía, las madres esperan que al presentar una denuncia un ministerio público realizara «diligencias básicas», tales como pedir grabaciones de cámaras de vigilancia, buscar vehículos o solicitar información a instituciones, pero no sucede.

«Al ver que no ocurre, toman en sus propias manos la búsqueda, y esto quiere decir que tienen que ir a los lugares donde sucedió la desaparición o donde dejan rastro, son lugares de alta peligrosidad», explicó Contreras.

Y la protección que el Estado les concede es casi inexistente, en muchos casos a pesar de que haya habido amenazas anteriores.

LA ESPERANZA MATERNA

Aun con este panorama, las madres salen a buscar a sus hijos por todo el país con la esperanza de encontrar algo.

«Todas decimos que cualquier resto que se encuentre en cualquier parte es nuestro hijo, le llamamos tesoros (a los restos localizados) porque eso son. Sabemos de antemano que para las madres lo más sagrado que nos dio Dios en esta vida son nuestros hijos, y por ellos tenemos que luchar y aguantar», explicó María.

María vivió las desapariciones primero de dos de sus hijos, Raúl y Jesús Salvador en 2008 en Guerrero.

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Periodistas Unidos/A dónde van los desaparecidos. Ciudad de México. 06 de diciembre de 2022.- Norma Burrón Nuñez, del colectivo Una luz en mi camino, de Guanajuato toma la palabra. Enumera las fallas de las autoridades en la investigación de los casos en el bajío mexicano, se queja de la poca coordinación entre los gobiernos, de la nula protección a las personas buscadoras, del estallido de violencia en su estado –uno de los más inseguros del país–, y lanza una exigencia: que se conforme una plataforma regional con la información de los cuerpos no identificados en los Servicios Médicos Forenses de los estados de la zona. Una plataforma abierta para la consulta de las familias. La búsqueda, dice, tiene que ser nacional, pero hay que empezar por las regiones.

La buscadora participa de la IV Reunión Regional de Colectivos del Bajío, celebrada en Aguascalientes.

“Lo que hay en las carpetas de investigación son puros exhortos de colaboraciones a diferentes estados. Yo me pregunto, con esta tecnología en las plataformas que algunos fiscales presumen, ¿no se pudiera hacer una plataforma con las galerías de  los cuerpos no identificados, de su ropa, en todos los estados de la región y así poder quedarnos en nuestra ciudad para no hacer gastos innecesarios? Esa sería una primera petición, que se pudiera tener cuando menos la plataforma de los cuerpos de manera conjunta a nivel regional. Aquí está Jalisco, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato; para que todas las víctimas, cuando pedimos una galería, nos puedan dar el acceso a estas fotografías de esas personas que no están identificadas y que probablemente pudieran ser nuestros familiares”.

La mujer alza la voz en medio del antiguo salón de locomotoras donde se celebra la reunión a la que asistieron más de 70 personas que viajaron desde al menos ocho entidades: Zacatecas, Jalisco, Querétaro, Colima, San Luis Potosí, Guanajuato, Nayarit y Michoacán, que forman un corredor desde el centro del país hasta el Pacífico, donde siguen desaparecidas 3 de cada 10 personas en el país, 30 mil 962, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. La mayoría en Jalisco, donde no sabe de 15 mil 40 personas, en contraste con Aguascalientes, que reporta 356.

También hay personas buscadoras de otros estados, como Hidalgo y el Estado de México, que acompañan a la distancia, conectadas en ventanas virtuales. Y de Sinaloa, que viajaron hasta Aguascalientes, a doce horas de distancia por carretera, solo para acompañar la reunión, aunque no se encuentren dentro de la región bajío.

Pese a que se trata de la cuarta reunión, esta es la segunda vez que el evento alcanza la participación de autoridades nacionales, regionales y de más de una decena de colectivos. Los acuerdos sostenidos en las primeras reuniones han sido seguir dialogando y acompañarse en las exigencias, hacer presión en la región. El evento es organizado por el Colectivo Buscando Personas, Verdad y Justicia, y por el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes (OVSGA). 

Nuñez, que busca a su hijo y pareja desaparecidos en 2019, agrega que el crimen organizado opera regionalmente, que, por ejemplo, grupos de Jalisco han ingresado a Guanajuato y que muchas de las personas desaparecidas son obligadas a trabajar de manera forzada en entidades diferentes a las de su origen, por lo que estrechar lazos regionales entre autoridades y colectivos de búsqueda sería fundamental para agilizar la localización de personas desaparecidas.

Sin embargo, las autoridades presentes, entre ellas la Comisión Nacional de Derechos Humanos y su homóloga en Aguascalientes, la Comisión Nacional de Búsqueda y representantes de las oficinas locales en los estados de la región, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ONU-DH), y representantes del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF), además de fiscalías locales, no se comprometieron a llevar a cabo ninguna de estas solicitudes.

“Esta organización significa una esperanza, porque en México hay cárteles que operan en diferentes estados y probablemente hayan enviado a nuestros familiares a otro estado. Ese contexto nos da lugar a tener este tipo de reuniones para tener un contexto más generalizado y poder trabajar un poco más entre los estados colindantes, que sabemos que operan casi las mismas personas del mismo crimen organizado, hemos encontrado muchas similitudes”, dice Norma.

En esta zona del país, la desaparición durante traslados entre estados es frecuente. Personas oriundas de Aguascalientes han desaparecido en su trayecto hacia municipios de Jalisco. Lo mismo pasa en entidades como Guanajuato y Colima.

También es una zona que configura un nuevo epicentro de las desapariciones. En Guanajuato, por ejemplo, la desaparición de personas pasó de 621 casos en 2018 a 3 mil 110 en este 2022, colocándose como uno de los delitos de mayor crecimiento durante ese periodo de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En el municipio de Abasolo de este estado, la buscadora María Carmela Vázquez fue asesinada afuera de su casa el 6 de noviembre pasado. María Carmela buscaba a su hijo, Osmar Zúñiga, desaparecido el 14 de junio de este año.

Después de Norma Burrón, buscadoras de Zacatecas y San Luis Potosí toman el micrófono y narran casi la misma historia de deficiencias y revictimización en la búsqueda de sus familiares desaparecidos.

Más tarde, a distancia, toma la palabra Óscar Muñoz Aguilar, fundador del Colectivo buscando hasta encontrarte, de Hidalgo, que denuncia la falta de trabajo de las autoridades de su estado en la búsqueda de las personas desaparecidas. Muñoz Aguilar hace un llamado y las personas presentes asientan con la cabeza:

“Pido que ​​los colectivos se unan, que apoyen también al estado de Hidalgo, y así como ustedes nos apoyan, nosotros también podemos apoyarlos en cualquiera de sus estados para que las autoridades entiendan y tengan un poquito más de respeto hacia nosotros, que somos familiares de víctimas”. 

Entre los acuerdos tomados por las familias que integran la reunión está realizar actividades de sensibilización en la región, exigir conjuntamente a las autoridades que articulen búsquedas regionales, homologar criterios de investigación, acompañarse en las búsquedas en campo, que las familias de víctimas estén presentes en la firma de convenios para la búsqueda entre autoridades porque “son los familiares quienes sabemos que autoridades trabajan y cuáles no”, dice Hilse Espinosa, integrante del Colectivo Buscando Personas, Verdad y Justicia. 

Otro de los objetivos es que las fiscalías locales obtengan mayor recurso para contratar a más personal, que el Mecanismo Extraordinario de Investigación Forense (MEIF) firme acuerdos de trabajo con los estados de la región, y que en las caravanas de búsqueda se les permita a las familias ingresar a cárceles, Servicios Médicos Forenses, centros de rehabilitación, clínicas psiquiátricas y hospitales.

También se solicitó a las autoridades presentes, sobre todo a las comisiones locales de búsqueda, otorgar recursos para que los colectivos puedan trasladarse a las reuniones regionales. El próximo año, de acuerdo a la votación sostenida durante la reunión, el encuentro será en Jalisco. 

Las autoridades presentes no se comprometieron formalmente al cumplimiento de ninguno de estos acuerdos. 

“Las autoridades, quieran o no quieran, tienen que entrarle. Tenemos que fortalecer a las instituciones que ya están y tener buenos acuerdos, sobre todo trabajar en un mismo sentido, no cada quien con su rumbo. Tenemos que homologar la información, todos los registros de los estados. Lo que buscamos es articular a las entidades federativas, tanto de colectivos como de autoridades, y no solo las locales, también nacionales como la Comisión Nacional de Búsqueda y el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense”, añade Javier Espinosa, de Aguascalientes, quien busca a su hijo Javier Espinosa Almanza, desaparecido hace 15 años.

Entre la información compartida por las autoridades a manera de avance en las búsquedas, Sonja Perkic-Krempl, directora general de búsqueda de la Comisión Nacional de Búsqueda; y Jairo Vivas, representante del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF), informaron a las familias sobre la próxima presentación del Programa Nacional de Búsqueda y la construcción de centros estatales de identificación forense, así como la firma de acuerdos de trabajo del MEIF con las entidades de San Luis Potosí, Tamaulipas y más recientemente en Zacatecas. Información que desde hace meses es pública y que en el caso del Programa Nacional, lleva alrededor de cuatro años de retraso en publicarse.

Buscar con el riesgo de morir.

Durante la reunión, las personas buscadoras que toman el micrófono coinciden en la mayoría de sus exigencias, pero también en una preocupación: la falta de seguridad en las búsquedas en campo. Como ejemplo, nombran lo sucedido recientemente en la Brigada Nacional de Búsqueda, donde las familias –abandonadas por las autoridades– fueron intimidadas y tuvieron que abandonar una búsqueda al escuchar detonaciones de arma de fuego en el municipio de Huitzilac, en el estado de Morelos.

“Hoy estamos aquí, mañana no sabemos”, dice una mujer de un colectivo de Guanajuato. “Integrantes de nuestro colectivo, Voz y Dignidad, sufrieron un ataque armado en el municipio de Río Verde, por lo tanto consideramos que urge reforzar y fortalecer nuestra seguridad”, añade Rosa Laura Martínez Guerrero, de San Luis Potosí.

Mercedes Ruiz, del Colectivo familiares caminando por justicia, en Michoacán, cuenta en entrevista que frente al peligro que se vive en aquél estado las autoridades han dejado solas a las familias en las búsquedas, pero enfatiza: “No vamos a quitar el dedo del renglón, vamos a seguir buscando”.

“¿Cuántas defensoras, cuántas compañeras buscadoras han sido asesinadas en la búsqueda? No se nos brindan las garantías de seguridad, es una actividad en donde arriesgamos la vida, pero hay la necesidad de buscar. En Michoacán hay bastantes desaparecidos y puntos que tenemos información de que hay presuntamente cuerpos ahí, pero a veces no podemos entrar. No es una acción que grupos delincuenciales puedan realizar de manera independiente, son redes de macrocriminalidad en la que necesariamente están coludidos con los gobiernos”, añade.

Otra mujer de Zacatecas, cuyo nombre se resguardará por seguridad, afirma que en aquél estado las autoridades han dejado solas a las familias durante las búsquedas de campo, o desprotegidas.

“Los de la Comisión Local de Búsqueda se presentan a las búsquedas con chalecos antibalas, y a nosotras no nos dan nada, estamos desprotegidas…teníamos un oficio de que Karla Quintana (comisionada nacional de búsqueda) nos acompañaría en una o dos ocasiones pero nunca llegó, nos dejan solas”, dice.

2022 ha sido el año más letal para las personas buscadoras, agrega Alan García, de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ONU-DH). 

El funcionario de Naciones Unidas también urge al Estado Mexicano a considerar como defensoras de derechos humanos a las personas buscadoras, y de esa forma darles acceso a mecanismos de protección “que atiendan objetivamente los riesgos que enfrentan y mitiguen las condiciones de vulnerabilidad con las que desarrollan esa labor loable, admirable y esperanzadora que son las búsquedas”. Y agrega que, otra vez, los colectivos van un paso adelante que las autoridades.

“La búsqueda tiene que ser protegida, en donde las víctimas no deban reemplazar al Estado en el cumplimiento de sus obligaciones, pero también una búsqueda que cuente con las garantías suficientes de seguridad y protección, los asesinatos constituyen la parte más visible y más dolorosa, sin embargo detrás hay una multiplicidad de riesgos cotidianos que enfrentan, de amenazas, las y los perpetradores (de la violencia) apuestan a la parálisis. (…) Las familias en espacios como este, de articulación, están de nueva cuenta dándole el ejemplo al Estado, si las familias han sido capaces de articularse, la pregunta es: ¿por qué las autoridades no son capaces de articularse?”.

Aunque hay el compromiso de trabajar sobre las solicitudes de las personas buscadoras, las autoridades presentes que escucharon las exigencias y peticiones de los Colectivos no se comprometieron a actividades específicas, ni ofrecieron información que no fuera ya conocida por muchas y muchos de los presentes.

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*Mónica Cerbón es periodista independiente. Reportera de investigación en temas de derechos humanos, defensa del territorio, casos de corrupción regional y violencia de género. Es colaboradora de la Revista Proceso, e integrante del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública (Poplab) y el Proyecto A dónde van los desaparecidos.

**Fotografía de portada: IV Reunión Regional de Colectivos de Búsqueda del Bajío, celebrada en los antiguos salones de Locomotoras de Aguascalientes. Crédito: Mónica Cerbón.

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• Este 2022 se cumplen diez años que las familias Pérez Rodríguez y Mendiola Acosta iniciaron la búsqueda de sus familiares desaparecidos en la carretera 85, que atraviesa el municipio de El Mante, en Tamaulipas, un territorio asolado por la violencia del crimen organizado. Sus búsquedas han dado respuestas sobre qué pasó con cientos de personas desaparecidas en esa región inhóspita.

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 24 de agosto de 2022.- Entre la multitud que se encontraba sentada frente al podio, una mujer vestida de colores claros y de cabello alborotado, que sostenía un cartel, se levantó de su lugar y gritó: «Perdone que lo interrumpa, mi único afán (es) encontrar a mi familia. Mi familia está desaparecida desde el 14 de agosto del 2012… los levantaron en Ciudad Mante, Tamaulipas». 

 Unos metros enfrente de ella, el presidente Felipe Calderón Hinojosa daba el discurso de arranque de la construcción del Libramiento Valles-Tamuín, en el municipio de Ciudad Valles, conocido como «la puerta grande de la Huasteca potosina», zona este de San Luis Potosí. 

Este hecho fue noticia nacional. “Edith Pérez le reclamó al presidente la falta de resultados y abandono para encontrar a sus cinco familiares desaparecidos”, registró el encabezado del periódico Expansión, al día siguiente, el 14 de noviembre del 2012. 

La administradora Lupita Mendiola Acosta leyó, sorprendida, las notas que relataban cómo aquella valiente mujer exigió que le firmaran un compromiso presidencial para encontrar con vida a su familia ausente. Supo que se referían a la maestra Edith Pérez Rodríguez, de Tamuín, también municipio fronterizo con el estado de Tamaulipas y parte de la Huasteca potosina. 

La noticia impactó a Lupita porque una semana antes, el 7 de noviembre, su hermano menor, Daniel Mendiola Acosta, junto a uno de sus trabajadores que hacía las veces de chofer, Gerardo Uribe Rodríguez, ambos treintañeros, habían sido secuestrados en la misma carretera. Los Mendiola Acosta ya habían entregado el rescate en un entronque de la carretera de Antiguo Morelos, Tamaulipas, pero seguían sin saber dónde estaban. 

«A los seis días ponemos la denuncia. Empiezan a rastrear los teléfonos y todavía (las señales) daban en la sierra. Ahí, a mediados de noviembre, es cuando empieza el verdadero calvario: hablar, investigar, esperar, volver a hablar y que las autoridades no te digan nada”, recuerda Lupita, su semblante alegre se nubla cuando recuerda aquellos primeros días. 

Angustiada, la administradora de Ciudad Valles se reunió con la maestra. 

«Entonces ya me enteré que desaparecieron sus hijos y sobrinos que estaban chicos; desaparecían de todas las edades», comenta Lupita. 

La señora Pérez busca a sus hijos Alexis y José Arturo Dominguez Pérez, de entonces 16 y 20 años; su sobrina Milynali Piña Pérez, de 13, su sobrino Aldo Pérez Salazar, de 20, y su hermano Ignacio Pérez Rodriguez, de 54 años. Aquel martes 14 de agosto del 2012, ellos venían de regreso de Houston, Texas. Pasadas las seis de la tarde, José Arturo avisó a su mamá que iban llegando a Ciudad Mante, Tamaulipas, cabecera municipal de El Mante. Solo les faltaban dos horas para llegar a Tamuín, pero fue pasando el tiempo y los viajeros no volvieron. 

En tres meses, Edith y su hermana Graciela Pérez Rodríguez, mamá de Milynali, habían recorrido las comandancias de la Policía Federal, Estatal y Municipal en la zona y las procuradurías de los dos estados; pedido ayuda de las comisiones de derechos humanos, la potosina y la tamaulipeca; y acudido a Províctima, de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y, en cada instancia, rogaron que buscaran a sus desaparecidos, pero ninguna investigó ni las asesoró.

La familia salió, por su cuenta, a explorar las brechas en medio de la serranía de El Mante, entre los cañaverales y los ranchos abandonados. Peinaron kilómetros de veredas en medio del monte crecido donde, suponían, desapareció la camioneta color arena con sus cinco seres queridos y comenzaron a encontrar indicios de terrenos utilizados como guaridas que, suponían, eran de criminales.

“Estábamos desesperados y pensábamos que el único que nos podía ayudar para que se hiciera la búsqueda era el presidente”, dice la madre de Alexis y Arturo. Con esa acción de protesta, la averiguación por la desaparición de su familia fue enviada a la delegación estatal de la PGR, con base en Ciudad Victoria, y las autoridades comenzaron a buscar a sus desaparecidos. 

Este 2022 se cumplen 10 años desde que Lupita, Edith y Graciela iniciaron la investigación y búsqueda de sus familiares. Del 2006 a junio del 2022, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) se han reportado, al menos, 228 personas desaparecidas en el municipio tamaulipeco de El Mante; un territorio asolado por un tipo de violencia muy organizada, ejercida, desde el 2010, por la corporación criminal Los Zetas, que controlaron las actividades ilícitas en el municipio y tenían la complicidad y el silencio de las autoridades. Desde el 2016, la región es disputada por sus escisiones: los Zetas Vieja Escuela y el Cartel del Noreste.

En esta zona que fue dominada por el terror, Lupita, Graciela y Edith trazaron una brecha para la búsqueda de personas. Ellas junto a sus colectivos han descubierto y explorado esas tierras donde los grupos criminales habitaron e intentaron quemar los rastros de las personas que se llevaban. Sus investigaciones arrojan pistas claras que explican la dinámica regional de la desaparición de personas y de la violencia ejercida por este grupo criminal en poblaciones bajo su dominio.   

La carretera federal 85

La Huasteca está ubicada al noreste de México. Es una región integrada por el sur de Tamaulipas, el norte de Veracruz e Hidalgo, el este de San Luis Potosí, y una parte pequeña del norte de Puebla y Querétaro; un área de clima tropical, con abundantes recursos naturales y gran diversidad cultural que comparte un sistema de creencias, gastronomía y la forma de gobierno tradicional. 

Este territorio ha estado comunicado entre sí desde la época prehispánica. Algunos caminos reales se convirtieron en carreteras o brechas entre los valles y montañas, muchas de ellas aún utilizadas. 

En los años treinta del siglo pasado se construyó la carretera federal 85, conocida como la México-Laredo, una vía crucial porque atraviesa y conecta las Huastecas potosina, tamaulipeca e hidalguense. Este camino fue el primero en el país que enlazó a la Ciudad de México con la frontera en Nuevo Laredo. 

Atravesar esta carretera en el tramo que une la Huasteca potosina con la tamaulipeca es un viaje en medio de la selva; por el color verde de las plantas y los árboles que, dependiendo de la temporada, florecen y llenan el paisaje de colores chillones. Esta fue una ruta frecuente de Daniel Mendiola, el hermano de Lupita, un joven empresario vallense dedicado al alquiler de maquinitas, que colocaba en tienditas de abarrotes o plazas públicas de la zona. 

Ese miércoles 7 de noviembre del 2012, Daniel y su chofer Gerardo habían recorrido la ruta de El Mante, Xicoténcatl y Ocampo. Ese día su familia recibió una llamada anónima donde se solicitaba un rescate de 2 millones y medio de pesos a cambio de los dos hombres. 

“Nos reunimos en la noche en casa de mi mamá y ahí nos volvieron a marcar del teléfono de Daniel. Hablamos con él y nos dijo ‘sí, estoy bien, acabo de comer ceviche’. Le hicimos la prueba de vida, ya sabes, le preguntamos de dónde era mi papá y el nombre del perro de la casa, entonces confirmamos que sí era él”, cuenta Lupita, en entrevista en un restaurante de Ciudad Valles. 

Los Mendiola no pudieron conseguir todo el dinero. El siguiente lunes 12 de noviembre, entregaron lo recolectado y la factura de la camioneta que Daniel recién estrenaba a los tripulantes de un camioneta que los esperaban en el entronque de la carretera 85 a la altura del municipio Antiguo Morelos, Tamaulipas. 

“Dimos todo y nos dicen: ‘Más adelantito te entregamos a Daniel’”. Los Mendiola siguieron a aquella camioneta que se fue perdiendo entre los caminos sin pavimentar de la Sierra. “Nosotros no desconfiamos, ya habíamos pasado por lo mismo antes, (cuando) secuestraron a mi hermano Miguel. Pero con Daniel fue distinto, fueron pasando los días sin noticias de ellos, íbamos sintiendo más y más desesperación”.

Graciela Pérez comenta que la desaparición de su familia no fue la primera que sucedió en la zona. “Mily, mis sobrinos y mi hermano desaparecen en agosto del 2012, pero se veían casos de desaparición en el sur de Tamaulipas desde el 2010. Lo veíamos en las noticias de las redes sociales, mucho secuestro y violencia, pero nosotros creíamos que si no nos deteníamos en ningún lado y solo íbamos sobre la carretera, (que) estábamos seguros”. 

Cuando Graciela habla de la parte “sur de Tamaulipas” se refiere, en específico, a la zona de El Mante y algunas localidades y municipios vecinos conectados por la carretera federal 85 -tramo de El Mante, pasando por Gómez Farias hasta Llera de Canales-, así como los caminos y brechas que atraviesan esta autopista federal, como la carretera estatal 66, que cruza Ocampo y llega hasta Ciudad Tula; o la carretera estatal 116, que topa en el municipio de Xicoténcatl. 

Según el Registro Nacional, del 2009 al 30 de junio del 2022, en esos seis municipios se registran 336 personas desaparecidas, de las cuales la mayoría son hombres (74%) y jóvenes, de los 15 a los 44 años. De estas, 228 casos han ocurrido en El Mante (70%) y 47 en Xicoténcatl, donde llama la atención que 133 mujeres, la mayoría entre 5 y 29 años, fueron reportadas como desaparecidas entre 2016 y 2019; 128 fueron localizadas. 

No solo la carretera 85 se convirtió en escenario de las desapariciones, datos obtenidos por Quinto Elemento Lab del mismo registro muestran que mil 33 personas han sido desaparecidas mientras realizaban un trayecto de una comunidad o ciudad a otra. La mayoría de estos casos ocurrieron en carreteras y caminos de Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas.

También arroja datos de 325 personas de las que no se supo más en algún punto de su viaje rumbo a Estados Unidos, 51 fueron registradas en Coahuila, 45 en Tamaulipas y 40 en Sonora.

El Mante: un territorio controlado por el crimen organizado

Las brechas y caminos que conectan a El Mante con las principales ciudades o la frontera norte en Tamaulipas y el Golfo de México; y con las ciudades de San Luis Potosí y Monterrey la convirtieron en una zona estratégica para las organizaciones criminales. Este lugar era manejado por el Cártel del Golfo (CDG), pero en marzo del 2010, sus antiguos aliados, Los Zetas, se interesaron en él e iniciaron una batalla por dominar este territorio.

Su llegada al municipio fue estrepitosa. Cada balacera, enfrentamiento o matanza traía consigo una imagen o video de terror que se difundió por redes sociales, blogs y mensajes de texto. Era parte de la propaganda de Los Zetas, una campaña publicitaría que demostraba sus alcances violentos. 

 “¿Por qué si ellos solo regresaban de vacaciones, desaparecieron?”, se preguntó la mamá de Milynali, esa noche que su hija y su familia no volvieron. Nacho, su hermano mayor, viajaba a Estados Unidos cada verano a comprar ropa, útiles escolares y herramientas para su taller mecánico; y nunca había sufrido accidentes o robos en la carretera. Ella revisó detalladamente las redes sociales, los medios digitales y los periódicos en busca de información.

 “Alcancé a ver lo que pasaba desde el 2010. Te das cuenta que hay miles de personas que han desaparecido, pero que sus familias no tienen una denuncia porque tenían miedo de acercarse a las instituciones, había una falta de credibilidad en la Fiscalía de Tamaulipas y no había la menor voluntad para buscarlos”, relata Graciela, una mujer enérgica y de risa fácil, que vivió durante varios años en Estados Unido y regresó a México para que su única hija, Mily, pudiera tener una vida más tranquila en la Huasteca. 

Los datos del extinto registro a cargo del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), de la entonces PGR, le dan la razón a Graciela: de 2010 a 2013, mil desapariciones fueron denuncias más de año después de haber ocurrido.

Su hermana Edith recuerda que el primer problema con el que se toparon fue la falta de conocimiento e indiferencia de las autoridades. “Para que nos ayudarán a buscarlos fue un verdadero lío. No existía el delito de desaparición, no había leyes de búsqueda ni protocolos de nada. Nosotros no sabíamos quién tenía que buscar a nuestra familia y ellos (las instituciones de gobierno) tampoco. En Ciudad Mante pusimos la denuncia, pero nos dijeron que teníamos que ir con el Ejército porque ellos no se metían, estaba muy peligroso”. 

Tres días después, la familia Pérez Rodríguez fue extorsionada. Edith cree que eran los policías municipales de Ciudad Mante que conocían su tragedia y tenían los datos personales que habían dado al poner la denuncia. 

Además de la búsqueda en campo, Graciela comenzó a repartir volantes con el rostro de sus familiares, por las vías principales de Mante y en sus redes sociales. Se fueron acercando decenas de personas de varios estados del país con algún ser querido desaparecido. La mayoría no tenía denuncia; los tamaulipecos por miedo y los foráneos muchas veces por desconocimiento, dato que le hace asegurar que existe una gran “cifra negra” de desapariciones en la zona.

También distribuyó sus fichas de búsqueda entre los miembros del Ejército; ellos no podían investigar la desaparición de su familia, pero detenían a los delincuentes. “Les pedí que enseñaran las fotografías a los detenidos. Por si los ven, por si saben algo, que sepan que los estamos buscando”, relata Graciela. 

 Dos meses después de la desaparición, en octubre, recibió una llamada del Ejército, habían capturado a un secuestrador que tenía en su poder a cinco personas, quien al confesar sus delitos reconoció a Mily. El hombre fue el encargado de separar a la niña de 13 años de su familia, porque uno de los jefes “la quería para él”. Él se la entregó a una mujer “muy sanguinaria”, eso le dijeron a Graciela. A partir de ese momento ella se concentró en recorrer los lugares mencionados por aquel delincuente. 

En aquel momento, los medios de comunicación nacionales y algunos internacionales sí estaban enfocados en la guerra que se vivía en la frontera norte de México, incluida Tamaulipas, pero eran pocos los que volteaban a ver esta área sur del estado. 

“Como familia te tocaba buscarlos. La misma Fiscalía los dividía en ese tiempo y te decían que lo que pasaba acá eran problemas de delincuentillos locales, que ‘ahí no se dan los grandes delitos, se dan en el otro sur de Tamaulipas, como Tampico, Madero, Altamira, Aldama’.”, narra Graciela. 

Los Zetas y el control del territorio a partir de la violencia

Lupita Mendiola y las hermanas Pérez Rodríguez han comprobado que el grupo que dominaba la llamada plaza de Mante era muy organizado. Cada miembro contaba con una función específica dentro de la organización, que era piramidal. Los que administraban la organización no eran los mismos que realizaban el trabajo delincuencial. “Por eso nunca se llega a las personas responsables”, asevera la hermana del empresario de las maquinitas. 

La investigadora Guadalupe Correa Cabrera, quien conoce las dinámicas violentas de la región y es autora del libro “Zetas Inc.”, explica que éste no es un grupo del narcotráfico, sino un modelo conformado por varias células o franquicias que buscan el control absoluto de territorios y realizan un abanico de actividades criminales, entre ellos la extorsión a comerciantes. Asegura que la estructura de este grupo criminal se asemeja al modelo de negocios de una empresa transnacional, conformada por una diversidad de personajes: desde políticos y trabajadores del Estado, agentes de inteligencia y seguridad pública, hasta criminales. 

“Ellos (Los Zetas) fueron pioneros en la utilización de la violencia y el miedo como estrategias de control territorial. La sangre, las cabezas, todo esto para seguir justificando su extractivismo”, puntualizó la doctora en Ciencias Políticas, durante una conferencia del Colegio de México (Colmex). “Ellos tenían acceso a armamento de alto calibre para controlar todo lo ilegal, pero, a veces, también lo legal que se produce o se comercia en el territorio”. 

Daniel Mendiola tenía varios años pagando una cuota mensual al crimen organizado de Ciudad Mante, para poder mantenerse a salvo y seguir trabajando sus maquinitas en la zona. En espera de su regreso, su familia continuó manejando el negocio. 

“Nos comenzaron a hacer llamadas. Nos decían ‘ya no regresen para acá, vamos a manejar nosotros el negocio’. Dejamos todo porque teníamos mucho miedo de que nos fueran a desaparecer a alguien más. Nos fuimos a San Luis (Potosí)”, recuerda Lupita. 

El terror los hizo huir. La madre de Daniel y los cuatro hermanos Mendiola Acosta con sus familias se fueron más de un año de Ciudad Valles. Pero la estancia en la capital del estado era complicada. Hacía falta el tío alegre, el hermano trabajador y el hijo cariñoso; la familia regresó a Ciudad Valles con la esperanza de que pronto Daniel regresara a casa y no la encontrara vacía. 

Edith relata que los Mendiola Acosta contaban con información que complementó lo que ella y su hermana llevaban investigado sobre la desaparición de su familia. “Entonces por ahí nos fuimos como madejita, tratando de desenredar todo. Así fue como empezamos a construir juntas”. 

Además de El Mante, se sabe que Los Zetas controlaron el corredor fronterizo que va de Nuevo Laredo a Monterrey, Nuevo León, su territorio más valioso; parte de la Huasteca tamaulipeca, potosina y veracruzana, así como el territorio costero del Golfo de México que llega hasta Guatemala. 

La estrategía de seguridad en Tamaulipas

En mayo del 2014, el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto presentó la estrategía de seguridad para Tamaulipas, la cual tenía como principal objetivo desarticular a el CDG y Los Zetas. Con la información investigada por las familias, las instituciones de seguridad e inteligencia comenzaron a rastrear los pasos del grupo criminal que operaba en El Mante y ofrecieron recompensas millonarias a quien diera información. 

A mediados de junio del 2014, la Marina detuvo al “jefe de plaza” de Los Zetas en El Mante y de Hidalgo, Tamaulipas, apodado “el Ricky”. En la ruta por la carretera federal 85, Hidalgo es el municipio contiguo a Ciudad Victoria, en el centro oeste del estado, fronterizo con Nuevo León. 

Este hombre de 29 años y 10 en la organización criminal era señalado por una mujer llamada Blanca Moreno, de ser uno de los responsables del secuestro, la tortura, el asesinato y la desaparición de siete familiares el martes 18 de mayo del 2012, y de llevársela a ella y a otros seis, cuando estaban reunidos discutiendo cómo pagar el rescate, cuatro dias después. 

A los 14 parientes secuestrados los tuvieron en un rancho localizado en medio de la sierra de Llera de Canales, a una hora de Ciudad Mante. 

Rodeados de tanta vegetación y vida silvestre, los Moreno vivieron el terror. El séptimo día la familia notó un cambió en la rutina de sus captores, a quienes vieron acarrear tambos, hachas y garrafas. La sospecha se confirmó cuando degollaron a uno de los tíos enfrente del resto de la familia. 

Entre el aturdimiento, Blanca y su primo se dieron cuenta que solo uno de los secuestradores los vigilaba. Un impulso de valentía hizo que Blanca lo golpeara, mientras algunos de sus familiares corrían a una camioneta hasta que pudieron arrancarla y huir. Pero Blanca no alcanzó a subir, su única opción fue aventarse por el barranco . Hasta ahora continúan desaparecidos seis integrantes de la familia Moreno: César Moreno Villela, Angélica y Jose Eduardo Martínez Moreno, Nallely Moreno Martínez, Enedina Moreno Mayorga y Wendy Jhovany Medina Moreno. 

Así se descubrió que el grupo retenía a personas secuestradas en “campos de exterminio”, donde los Zetas despojaron de todo rastro de identidad a sus rehenes, quemando sus cuerpos hasta convertirlos en fragmentos de huesos. 

“El Ricky” también fue uno de los perpetradores de la desaparición del empresario Daniel Mendiola, del chofer Gerardo Uribe y de la familia Pérez. 

“Cada que había una detención, pedíamos que nos dejaran platicar con ellos y les preguntábamos por nuestra familia, pero era raro que nos dijeran algo. El único que declaró con puntos y comas, con croquis y todo, fue el Ricky”, comenta Lupita Mendiola. 

Él les dijo que el secuestro de la familia de Edith y Graciela fue una equivocación, confundieron la camioneta con la de un rival. Ellos solo iban por una semana de vacaciones. 

“El Ricky” señaló la existencia de otro campo de exterminio llamado El Papalote, localizado en Gómez Farias, en la Reserva de la Biosfera El Cielo, a unos 20 kilómetros de El Mante. Tras la confesión, este campo quedó abandonado durante tres años, hasta el 2017, que las familias presionaron a las autoridades para explorar la zona y buscar a sus seres queridos ausentes. 

Hasta encontrarlos, porque es la promesa que les hice

En estos momentos, “estamos muy ocupados trabajando en tres campos en Mante”, dice Graciela cuando se le entrevistó en abril del 2022, y se refiere al trabajo que hacen los colectivos “Milynali Red CFC” y “Voz y Dignidad por los Nuestros”. Estas son agrupaciones hermanas, el primero creado por Graciela en 2017 y establecido en El Mante, Tamaulipas; el segundo fue creado por Edith y Lupita en 2015, y se concentra en la búsqueda de potosinos a lo largo y ancho de México.

“Empezamos sin saber nada sobre forense, pero con el interés de aprender para encontrarlos y regresarlos a casa”, dice Edith. En septiembre del 2017, cuando la crisis de desaparición arreció nuevamente en la zona, atribuida a la fragmentación de Los Zetas y a la disputa del territorio, las familias comenzaron a explorar el rancho El Papalote. 

“Es un lugar tan bonito por su vegetación, al otro lado de la sierra; y estar ahí escarbando miles de restos calcinados. Es muy triste, me llena de coraje”, piensa Edith. “(El Ricky)” “declara y dice que ahí había quedado Daniel y otras 50 personas más”, explica Lupita. “Es un lugar bellísimo, donde se vivió mucho dolor”, describe Edith. 

En 140 días de trabajo que fueron distribuidos en dos años (entre el 2017 y el 2019), las familias de las agrupaciones caminaron y exploraron el campo de media hectárea localizado en las faldas de la Sierra Madre Oriental. 

Ahí encontraron 47 hornos clandestinos de incineración, donde el grupo de “el Ricky” quemó a decenas de hombres y mujeres. Las buscadoras escarbaron y cribaron esas tierras, donde posiblemente estaban sus familiares, y recuperaron más de 150 kilos de restos óseos, algunos calcinados y otros completamente carbonizados, según lo que comenta Lupita. Estos fragmentos fueron recogidos por la Fiscalía General de la República para procesarlos e identificar a las personas que desaparecieron. 

“Fue un trabajo exhaustivo, física y mentalmente, pero ahora el trabajo le corresponde al gobierno. No están listos ni los dictámenes antropológicos, se sabe que todos son restos humanos, pero solo hay un aproximado de que hay entre 50 y 60 individuos. Necesitamos saber la verdad, saber si ahí está Daniel”.

En agosto del 2021, el último informe del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México comunicó que, según cifras oficiales, existen más de 52 mil personas fallecidas sin identificar en el país, más los cuerpos que se han ido sumando día con día. Pero este dato no incluye los miles de fragmentos de restos humanos que familias, como las de los colectivos que trabajan en Ciudad Mante, han recuperado. 

El pasado 28 de abril, por insistencia de las familias de víctimas, se firmó el convenio entre Gobierno del Estado y la Fiscalía General de San Luis Potosí con el Fondo de Población de las Naciones Unidas en México para que los expertos que integran el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF) colaboren en la capacitación y arranque de la identificación de los cuerpos y restos en el estado. 

“Estamos aquí luchando por amor. Por todo el amor que le tenemos a nuestros hijos, a nuestra familia. Si hay una posibilidad de que mis hijos estén en una fosa clandestina, yo voy a ir a recogerlos, como estén, donde estén. Hasta encontrarlos, porque es la promesa que les hice, así se los entreguen a mi nietos”, las palabras de Edith resuenan en el pequeño salón de juntas del recién inaugurado Centro Estatal de Identificación Forense y de Búsqueda en la ciudad de San Luis Potosí.

Este acuerdo ha llenado de esperanza a Lupita, Edith, Graciela, y de cientos de familias potosinas con seres queridos desaparecidos en todo el país. 

Graciela explica que esto es un logro de las familias y de los colectivos de búsqueda. Uno entre los muchos avances que han impulsado en la búsqueda de personas en el país, en un país con más de 100 mil desaparecidos. 

El mensaje de Edith: “Ellos tienen nombre, ellos no son un número de carpeta de averiguación, ellos tienen sueños. Estos son mis hijos, esta es mi familia, por favor, ayúdenos a encontrarlos”. 

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