Periodistas Unidos. Uruapan, Michoacán. 07 de noviembre de 2025.- Más de 60.000 habitantes de Uruapan y municipios aledaños paralizaron la “capital mundial del aguacate” este viernes con un paro total de actividades y una masiva Marcha por la Paz, exigiendo justicia por el asesinato del alcalde Carlos Manzo Rodríguez, perpetrado el 1 de noviembre durante las celebraciones del Día de Muertos. La movilización, convocada por cámaras empresariales, productores de aguacate, asociaciones civiles y estudiantes, transcurrió de manera pacífica desde las 10:00 horas, partiendo de la Plaza Morelos —el sitio del crimen— hacia el Palacio Municipal, donde la viuda de Manzo, Grecia Quiroz, quien asumió como alcaldesa sustituta, se unió al contingente con un sombrero blanco en honor a su esposo.

Vestidos de blanco y con sombreros —símbolo del movimiento “Los del Sombrero” que llevó a Manzo al poder como independiente en 2024—, los manifestantes portaron velas, fotos del edil y pancartas con consignas como “Justicia para Carlos, no más impunidad” y “Uruapan se levanta, Bedolla renuncia”. El paro, que incluyó el cierre de comercios, escuelas y fábricas, generó un silencio ensordecedor en las calles, roto solo por los cláxones de una caravana de camiones de carga y el galope de jinetes que se sumaron al recorrido. “Esto no es vandalismo; es un clamor por la paz. Carlos luchó solo, pero hoy somos miles”, declaró Quiroz en un mitin al frente del ayuntamiento, sosteniendo el sombrero de su esposo y denunciando amenazas recientes contra su familia.

La marcha, que culminó con una vigilia en la Plaza Morelos alrededor de las 14:00 horas, se extendió a Morelia y Apatzingán, donde decenas de personas caminaron en silencio exigiendo el fin de la violencia en Michoacán. En la capital estatal, alumnos de nueve instituciones educativas se unieron a una “Marcha de Luz y Paz” el jueves, colocando velas frente al Palacio de Gobierno, mientras en Apatzingán hubo destrozos menores en el ayuntamiento local. Estas acciones marcan el sexto día consecutivo de protestas en el estado, que han derivado en disturbios previos: el 2 de noviembre, cientos irrumpieron en el Palacio de Gobierno de Morelia, causando daños en oficinas y ventanales, lo que resultó en ocho detenciones por la Fiscalía General del Estado (FGE).

Manzo, de 40 años y apodado “El Bukele Mexicano” por su mano dura contra el crimen organizado, cayó abatido por seis disparos de sicarios infiltrados en el Festival de las Velas, un evento tradicional que atraía a miles. Autoridades federales abatieron a uno de los atacantes —identificado como Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años, originario de Paracho— y detuvieron a dos más, con la FGE avanzando en la pesquisa sin descartar nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que disputa con grupos como Los Caballeros Templarios, Los Viagras y Pueblos Unidos el control de rutas de narcotráfico y el mercado del aguacate en Uruapan.

El crimen, que eleva a seis los alcaldes asesinados en México en 2025 y a tres en Michoacán, ha desatado una ola de indignación nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum calificó las manifestaciones como “naturales” y “dolorosas”, pero rechazó su politización por la oposición, recordando que Manzo contaba con protección federal desde diciembre de 2024, reforzada en mayo de 2025 con 14 elementos de la Guardia Nacional. “El dolor del pueblo de Uruapan es natural; no se usa políticamente”, afirmó, anunciando el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia” con mesas de diálogo comunitario, fiscalía especializada y mayor despliegue federal.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, también de Morena, repudió los “cobardes atentados” y coordinó con la FGR, pero fue abucheado en el funeral de Manzo y acusado de complicidad en las protestas, con gritos como “Bedolla asesino” y “¡Manzo no murió, el Estado lo mató!”. Senadores opositores como Luis Donaldo Colosio (MC) y Marko Cortés (PAN) se sumaron al clamor, exigiendo la renuncia de Bedolla y una “revisión total” de la estrategia de seguridad.

Mientras la Marcha por la Paz cierra con un mitin multitudinario, Uruapan llora a su líder y clama por un Michoacán sin balas. Organizaciones como Insight Crime advierten que el estado concentra el 15% de los homicidios políticos nacionales, con más de 1.200 en 2025. En un Día de Muertos extendido al duelo colectivo, estas 60.000 voces recuerdan que la impunidad —que solo condena al 2% de los casos— no es opción: la paz se construye en las calles, no en promesas.

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