Por Eduardo Ibarra Aguirre

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 02 de febrero de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación demostró, al decir de los críticos de oficio y los más por convicción “ideológica”, que no es tan nueva y que está emparentada con su antecesora que mal dirigió la corrupta Lucía Piña Hernández que impulsó como norma rectora la justicia al mejor postor.

Y menos podría ser nueva la SCJN si se disponía a realizar la renovación de su parque vehicular por razones de “seguridad vial” con nueve camionetas Jeep Cherokee blindadas que tuvieron un costo de 2.4 millones de pesos cada una, bajo

“criterios técnicos”, no a “excesos” como aplicaba la Corte que encabezó Norma Lucía. Y, además, porque desde el 12 de agosto de 2010, mediante un acuerdo plenario interno, los ministros determinaron contar con medidas de seguridad acordes con su responsabilidad de Estado, incluido el uso de vehículos blindados. Más aún si unidades heredadas –modelos 2019, 2020 y 2021– presentan alto deterioro, fallas mecánicas y blindaje fuera de vida útil, conforme a evaluaciones técnicas y análisis de riesgo. Por lo que la sustitución respondía “a seguridad vial, no a un contexto de inseguridad”.

Mas apareció la opinión pública y publicada, la comentocracia por delante, “y mandó a parar”. Con apego a las políticas de austeridad republicana con referencias constitucionales como que ningún servidor público puede ni debe ganar más que el presidente o presidenta de México, y que interesada y despistadamente se confunden con la austeridad personal.

No obstante, reconoció el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, que tras las abundantes críticas decidieron no utilizar las nueve camionetas Jeep Cherokee blindadas y que mejor las destinarán a los juzgadores que no son pocos y trabajan con mayores riesgos a su integridad física e intelectual en regiones específicas de los siete estados que encabezan la lista de los homicidios dolosos. Allí donde son sometidos a amenazas o cañonazos de muchos pesos.

Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue híper criticada la política de austeridad republicana que él inauguró, no sólo por sus beneficiarios en los medios de comunicación y la academia sino en franjas mayores. Por ejemplo, Leo Zuckermann, el anticomunista que se entusiasmó con el triunfo electoral del apátrida Javier Milei en Argentina, arguyó que los altísimos sueldos y prestaciones son “para que no roben”. ¡Ternurita! (Favor de no confundir con Leo Zuckermann Maus, el ejemplar comunista alemán, https://piedepagina.mx/leo-zuckermann-maus-y-el-exilio-antifascista/).

La decisión de los ministros fue muy bien recibida y las oposiciones terminaron por perder un tema del que buscaban colgarse durante semanas a falta de creatividad y realismo político para resistir al oficialismo con un programa alternativo o cuando menos políticas específicas frente a las gubernamentales. Capacidad intelectual les sobra, pero no decisión para presentarse tal como son. Como lo hace ostentosamente el grupo neofascista que encabeza Donald John Trump al estimular irresponsablemente la rebelión ciudadana estadunidense y mundial.

Bien por Aguilar Ortiz y los ministros, incluido el abierto apoyo de Claudia Sheinbaum al desnudar a la Corte de Norma Piña con datos y hechos en la mano y contrastarlos con los sueldos, prestaciones y abusivas prerrogativas personales y familiares de que gozaron. Pero todavía está por verse si la decisión de Hugo Aguilar y sus pares es la que mejor protege a los ministros de los arrebatos de los que todavía se sienten e incluso actúan como dueños de México, así como del crimen organizado.

Acuse de recibo

Del analista argentino, en X, “Atilio Boron @atilioboron. 24 ene. Lo que está pasando en Estados Unidos no es casualidad ni locura de un hombre. Es la aplicación milimétrica de un manual de 900 páginas diseñado por think tanks de derecha para concentrar poder sin contrapesos. Es el capitalismo en crisis mostrando su verdadera cara: autoritaria, racista, misógina y ecocida. Desde América Latina sabemos reconocer el olor del imperialismo. Y sabemos que cada ataque que el imperio lanza hacia adentro, lo prepara para lanzarlo hacia afuera”… Insiste el doctor Víctor Ramos: “La depredación mundial del gobierno de EUA desde hace décadas no tiene atributos para llamársele doctrina. Doctrina es el conjunto de principios, enseñanzas o teorías pertenecientes a una materia, como filosofía, religión, política, ciencia, jurisprudencia u otras (…) En cambio, lo que realizan los gobiernos yanquis desde que adoptaron su ‘destino manifiesto’, antes y después de Monroe, es una vil política de guerra, dominación y cuando han podido, exterminio, como en Gaza (…)” De la doctora María Antonieta Barrón a Elba Pérez Villalba: “Gracias chava, bueno el de Eduardo Ibarra. Un abrazo”… Se refiere a la Utopía: https://indicepolitico.com/china-y-su-hoja-de-ruta-para-latinoamerica/ (…) Y Arturo Martínez Nateras: “Gracias. Saludos” por https://entresemana.mx/utopia-imss-incumplio-metas-e-issste-las-supero/

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 26 de enero de 2026.- En  conferencia de prensa convocada para abordar la controversia por la adquisición de nueve camionetas blindadas Jeep Grand Cherokee modelo 2025, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, anunció que los magistrados no utilizarán los vehículos recién comprados. La decisión responde a críticas públicas sobre ostentación y falta de austeridad, pese a que la compra se justificó por necesidades de seguridad vial y movilidad para visitas territoriales. Aguilar enfatizó su compromiso personal con la austeridad, declarando: «Yo en lo personal puedo andar hasta en metro, no tengo problema», en un gesto que busca equilibrar eficiencia institucional con responsabilidad fiscal.

La rueda de prensa, celebrada en la sede de la SCJN en la Ciudad de México, contó con la presencia de varios ministros, como María Estela Ríos González, Sara Irene Herrerías Guerra, Giovanni Azahel Figueroa Mejía, Irving Espinosa Betanzo y Aristide Rodrigo Guerrero García, además del presidente del Órgano de Administración Judicial (OAJ), Néstor Vargas Solano. El evento se centró en explicar el contexto de la compra, que costó 2.4 millones de pesos por unidad (incluyendo blindaje), un monto inferior al del mercado tras negociaciones.

Aguilar detalló que la SCJN heredó 39 vehículos blindados de la administración anterior (2010-2025), de los cuales cuatro fueron adquiridos por exministros como parte de su «haber de retiro», dejando al nuevo pleno con unidades deterioradas (modelos 2019-2021). Estos presentaron fallas mecánicas, como vehículos varados en carreteras durante viajes a regiones como Huejutla, Hidalgo. Evaluaciones internas y de instituciones de seguridad recomendaron renovar el parque vehicular, priorizando seguridad vial sobre lujo. Sin embargo, ante el escrutinio público, los magistrados optaron por no usar las nuevas camionetas y desincorporar 21 unidades antiguas para venta, proyectando ahorros significativos.

Vargas Solano complementó con datos sobre el presupuesto del Poder Judicial de la Federación (PJF): 70 mil millones de pesos para 2026, con recortes de 16 mil millones respecto a años previos. Destacó ahorros de 6 mil 249 millones mediante ajustes salariales (nadie gana más que la presidenta de la República), eliminación de seguros médicos y de separación para altos mandos, y optimización en contratos como limpieza (20% menos), seguridad (50% menos) y software (25% menos). Además, el PJF transita de arrendar 551 vehículos a comprarlos, ahorrando mil millones en dos años y convirtiéndolos en patrimonio público.

La frase de Aguilar –»yo en lo personal puedo andar hasta en metro, no tengo problema»– resalta un giro hacia una austeridad más simbólica y personal, contrastando con la justificación inicial de la compra. En el contexto de la conferencia, Aguilar aclaró que no decide sobre la seguridad de sus colegas, pero enfatizó que «seguridad no implica lujo». Esta declaración busca despolitizar la controversia, alineándose con el discurso de cercanía al pueblo promovido por la actual administración federal, y responde a críticas de opositores que, según el ministro Aristide Guerrero, radicalizan la austeridad para politizar al PJF.

Sin embargo, el análisis revela tensiones: Aguilar admitió que la decisión inicial estaba «justificada» por riesgos viales en viajes frecuentes a territorios (un cambio respecto a administraciones previas, más «de escritorio»). Renunciar a las camionetas implica reasignarlas a jueces en mayor riesgo (alrededor de 40 actualmente, con medidas variables como chalecos o escoltas), lo que podría generar ahorros pero cuestiona si el PJF prioriza eficiencia sobre percepción pública. Críticos ven esto como un «retroceso» ante presión mediática, ya que la compra evitó arrendamientos costosos. Aguilar insistió: «Somos una institución que escucha, dialoga y está en actitud permanente de mejorar en beneficio del pueblo», posicionando la renuncia como acto de transparencia y congruencia, no debilidad.

Preguntas y la Falta de Transparencia: Fuente de la Controversia

La sesión de preguntas y respuestas (10 en total, de medios como Liberal, Revista Abogacía, Proceso, La Jornada, Animal Político y La Silla Rota) expuso la opacidad como detonante principal de la polémica. Periodistas cuestionaron la ausencia de contratos y procesos de adquisición en los portales de la SCJN y OAJ, pese a promesas de transparencia. Diana Lastiri (Proceso) preguntó por qué no se publicaron adjudicaciones directas desde 2025, y por contradicciones en comunicados sobre «incidentes de seguridad» (aclarados como viales, no amenazas). Iván Saldaña (La Jornada) inquirió si la renuncia implica reconocer lujo innecesario y un gasto evitable, además de detalles sobre vehículos de exministros (comprados, no regalados, vía acuerdo plenario anterior).

Salvador Maceda (Político MX) insistió en contratos ocultos y nepotismo histórico en el PJF, mientras Marco Antonio Martínez (La Silla Rota) preguntó por proveedores y emplacamientos (desmentidos como falsos, con tenencia pagada en CDMX). Aguilar y Vargas respondieron prometiendo publicar todo en la Plataforma Nacional de Transparencia, atribuyendo retrasos a dificultades técnicas y homologaciones salariales. Admitieron críticas «injustas» basadas en datos falsos (como costos inflados a 3.5 millones), pero enfatizaron: «Todo va a estar en el portal».

Esta falta de datos accesibles alimentó narrativas de opacidad, contrastando con el compromiso de la nueva SCJN de «justicia real y verdadera». La controversia subraya un desafío sistémico: pese a reformas judiciales, la percepción pública exige no solo ahorro, sino visibilidad inmediata. Aguilar cerró reconociendo que, sin escándalo mediático, la decisión inicial habría persistido, pero reiteró: «Escuchamos y reaccionamos».

La conferencia también tocó la renuncia de la magistrada Lorena Pérez Romo (motivos personales no detallados, con proceso para su reemplazo en marcha) y obras de arte llevadas por exministros (bajo auditoría, sin denuncias penales confirmadas). El PJF proyecta continuar con visitas territoriales usando vehículos austeros, sedanes o incluso transporte público, priorizando funcionalidad sobre lujo.

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AMEXI. Ciudad de México. 25 de enero de 2026.- Luego de la polémica pública generada por la compra de camionetas blindadas, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informaron su decisión de no utilizarlas y anunciaron que solicitarán iniciar el proceso formal para la devolución correspondiente.

La adquisición de estas unidades, valorada en casi 3 millones de pesos por unidad, generó un fuerte debate por contradecir el discurso de austeridad del máximo tribunal y mediante un comunicado, los jueces modificaron su postura.

Como alternativa, la Corte evaluará poner los automóviles a disposición de personas juzgadoras que enfrentan mayores riesgos en sus funciones, en un proceso que se realizará, según el comunicado, con estricto apego a la normatividad aplicable.

El máximo tribunal reiteró, además, su compromiso con el uso eficiente y responsable de los recursos públicos.

En su mensaje, los ministros reafirmaron su trabajo permanente para lograr una justicia real y verdadera para la ciudadanía.

A fin de precisar la información sobre el caso, la SCJN anunció que este lunes ofrecerá una conferencia de prensa en el máximo tribunal.

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