Periodistas Unidos. Ciudad de México. 06 de de octubre de 2022.- El 26 de septiembre se cumplieron 8 años de la desaparición física de Raúl Álvarez Garín, justo en el momento en que los normalistas rurales de Ayotzinapa estaban siendo reprimidos en un operativo que, como el del 2 de octubre de 1968, no se olvida.

Pareciera que Raúl, quien siempre tuvo un enorme respeto, cariño y predilección por el normalismo rural, se hubiera querido ir con los de Ayotzinapa. Baste mencionar que a mediados de 2010, cuando aún gozaba de relativa salud, visitó la normal rural de Tenería, acompañado de Romeo Álvaro Cartagena, para hacer una donación de libros de su propiedad que llevó en un camión de tres toneladas, para que desde ahí se distribuyeran entre todas las normales rurales del país. Posteriormente los normalistas acudieron a visitarlo y a recoger una camioneta más de libros que aún no les había entregado.

Los más sentidos homenajes que en vida recibió Raúl congregaron a miles de sus amigos y compañeros, lo cual contrasta con el aislamiento, el desprecio y el repudio con los que vivió el expresidente Luis Echeverría, sobre todo los últimos 24 años, situación que se hizo más evidente en sus exequias. En éstas tomaron distancia incluso la mayoría de sus antiguos aduladores.

En los homenajes a Raúl se hizo referencia a su trayectoria y a sus características personales, especialmente a su honestidad política, intelectual y a su indeclinable compromiso con las causas populares, sin embargo, aún sigue sin conocerse suficientemente y valorarse en su justa dimensión el alcance de lo que fue uno de sus mayores aciertos políticos: haber emprendido la lucha judicial en contra del expresidente de México, Luis Echeverría Álvarez (LEA) y de otros autores de los crímenes de Estado del 2 de octubre de 1968, del 10 de junio de 1971 y de la guerra sucia.

Hacer realidad la consigna callejera: Investigación de los hechos y castigo a los culpables

Reconstruir la historia de la lucha por la impartición de la justicia en México pasa por reconocer la valía de las acciones que enarboló Raúl, las cuales han sido invisibilizadas y minimizadas en gran medida. Peor aún, sus resultados, incluyendo resoluciones judiciales, han sido distorsionados en los medios de comunicación masiva.

Revertir la deformación informativa requiere, para empezar, de disposición para reconocer la iniciativa y el trabajo de Raúl para que no se quedara en el aire la demanda popular que en incontables movilizaciones se ha repetido y se sigue repitiendo a coro ¡Investigación de los hechos y castigo a los culpables! Para llegar a eso requirió años de investigación y estudio que plasmó en su libro “La Estela de Tlatelolco”, el cual fue la base para denunciar, con toda rigurosidad, los hechos que exhibió en la demanda judicial que interpuso junto con otros exestudiantes que sobrevivieron a la masacre del 2 de octubre de 1968.

Durante la presentación de este libro, en el Centro Cultural San Ángel, el 30 de septiembre de 1998, Carlos Monsiváis comentó:

“Al leer su polémica encendida y su manejo de pruebas no dejo de visualizar o de imaginar los años invertidos en preparar el libro, empresa iniciada en rigor en 1968, con la revisión apasionada de las publicaciones, el cotejo de evidencias a lo largo de días y noches, el incansable rumor mental dónde desfilan acontecimientos y personajes. (…). En sus reflexiones ha intervenido la gran pregunta que muchos se contestan de distintas maneras desde el 2 de octubre de 1968: ¿Quién ordenó la provocación y quiénes la ejecutaron? ¿Cómo se emboscó un movimiento pacífico y desarmado? (…). Y Álvarez Garín llega inevitablemente a la conclusión: Tlatelolco fue un crimen de Estado.”

“En ningún otro momento de la vasta literatura sobre el 68 –continúa Monsiváis– se obtiene este fervor en torno a los responsables de una matanza. Reconozco la parte medular del yo acuso por su fuerza y su poder de convicción”. Para fundamentar este reconocimiento, cita un largo párrafo en el que Raúl identifica a varios de los perpetradores por su nombre, su cargo y sus acciones el 2 de octubre. Ese párrafo concluye con lo que puede entenderse como el anuncio de la demanda penal que estaba a punto de interponer: “Estas personas son responsables y debieran ser juzgadas por el crimen de Tlatelolco, debieran rendir cuentas de su actuación como funcionarios y de los abusos de poder que han cometido.”

Lo que Carlos Monsiváis dijo que no dejaba de vislumbrar o imaginar, se explica tanto por el análisis meticuloso que hizo del libro, como por su conocimiento personal de la biografía de su autor. Esto se complementa con lo que en el mismo acto planteó Gilberto Guevara Niebla:

“Creo que el principal mérito del libro que hoy comentamos, lo más valioso, es que es una obra de Raúl Álvarez Garín. Yo estoy seguro que muchos de los miembros del Consejo Nacional de Huelga que están aquí, comparten este punto de vista: Raúl no fue sencillamente el delegado de Físico Matemáticas (…). Si hay que determinar a la persona que más poder e influencia tuvo en el Consejo yo creo que nadie debe dudar que fue Raúl Álvarez. (…) y yo creo que el Movimiento Estudiantil con su desarrollo no hubiera sido posible sin la intuición política de Raúl”.

Y agrega, “Bueno, es que la organización estudiantil sólo podía venir del Politécnico [de donde era Raúl] con su tradición de gremialismo estudiantil y con su experiencia de 1967, en solidaridad con la escuela de Agricultura de Chihuahua, Hermanos Escobar. Y así fue, pero yo no creo posible el surgimiento del Consejo Nacional de Huelga si no hubiera llegado (…), si no hubiera aparecido en la escena estudiantil Raúl Álvarez.[1]

Efectos innegables de la lucha judicial

Un reconocimiento semejante a los que hicieron Carlos Monsiváis y Gilberto Guevara contribuiría a que también se clarificara que, sin la lucha judicial emprendida por Raúl, no habrían ocurrido varios hechos históricos como los siguientes:

1.- El expresidente Echeverría no hubiera estado formalmente preso durante dos años y cuatro meses, imputado por el delito de genocidio.

2.- Echeverría habría muerto en libertad absoluta y no en libertad condicional. Vale insistir: LEA no regresó a la cárcel, pero tampoco fue absuelto judicialmente. Grande debió ser su sentimiento de humillación al firmar una carta de respuesta a la Procuraduría General de la República en 2019 en la que hace referencia a que su liberación no fue absolutoria. En ella reconoce textualmente que la investigación “se mantiene viva” y que “desde el día siguiente de mi libertad y hasta noviembre de 2018 el Ministerio Público ha realizado 154 diligencias”. Este hecho que fue publicado por Homero Campa en la revista Proceso (https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/10/1/el-proceso-contra-echeverria-sigue-vivo-pero-estancado-comite-del-68-273177.html) es una prueba contundente de la falsedad de las versiones del abogado Juan Velázquez y de algunos periodistas en el sentido de que el expresidente había sido exonerado.

3.- No se tendría la resolución judicial inapelable que dejó establecido de forma definitiva que el 2 de octubre de 1968 se configuró el delito de genocidio (Sentencia dictada por el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito en el Amparo en Revisión 132/2007).

4.- Nadie habría tenido acceso a la extensa y documentada información que contiene el Informe Histórico presentado por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP).

5.- Esta misma fiscalía no habría integrado (concluido) las investigaciones previas en contra de 52 altos mandos del Ejército que tuvieron a su cargo distintas tareas, como borrar las pruebas del crimen y recoger los cuerpos de la Plaza de las Tres Culturas, etc.

6.- La FEMOSPP no habría iniciado más de 450 investigaciones previas por la desaparición de más de 500 opositores políticos durante la guerra sucia.

7.- Habría sido imposible evitar que con motivo de su fallecimiento, se le prodigaran elogios y honores de distinto tipo al exmandatario, lo cual habría sido un nuevo agravio al pueblo de México y una burla, especialmente para los familiares de las víctimas mortales de las masacres de 1968, del halconazo de 1971 y para los sobrevivientes de la Guerra Sucia, la cual infringió las más crueles torturas, desapariciones y demás atrocidades, como parte del Plan Condor, concebido y hegemonizado por EEUU para América Latina.

8.- La lucha jurídica que emprendió Raúl en contra de Luis Echeverría contribuyó de forma definitiva a que se rompieran las relaciones que éste había gestionado con diversas personalidades políticas en el ámbito nacional e internacional para convertirse en el líder de los países del “Tercer Mundo”, con la bandera de un “Nuevo Orden Económico Internacional”

9.- Los litigios judiciales han sido y seguirán siendo una contribución indeleble para preservar la memoria y hacer prevalecer la verdad.

Falta mucho qué investigar, no el hilo negro

Sin duda, falta mucho por develar y son necesarias otras líneas de investigación. Quienes pretendan hacer nuevas indagatorias deben tener acceso a los documentos que contienen los resultados del trabajo de la FEMOSPP, los cuales están siendo ocultados de la siguiente forma:

1.- La PGR subió a su página web (quizá por error) el Informe Histórico de la FEMOSPP (referido en el punto 5), pero unos días después lo retiró. Afortunadamente el Comité 68 ya lo había descargado y lo publicó en un libro.

2.- En cuanto a las 52 averiguaciones previas integradas (referidas en el punto 5), la PGR en lugar de consignarlas ante un juez, decretó la desaparición de la FEMOSPP y hasta la fecha la FGR no las ha consignado.

3.- Y las 450 averiguaciones previas por la desaparición de más de 500 opositores políticos durante la guerra sucia (referidas en el punto 6) fueron clasificadas por la FGR como confidenciales, por cinco años. (https://www.jornada.com.mx/2022/09/11/politica/005n1pol)

Es necesario que movimientos sociales, así como agrupamientos de carácter académico y periodístico exijan que no sigan ocultándose estos documentos y que todos estos materiales se pongan en la página electrónica de la FGR, pues sin tener acceso a ellos se corre el riesgo de que quienes investiguen sólo logren descubrir el hilo negro; así seguiría postergándose la acción de la justicia.

[1] Gilberto Guevara fue delegado de la Facultad de Ciencias de la UNAM al CNH. Ya para la década de los 70 había tomado un camino político muy distinto al que siguió Raúl Álvarez Garín. Sus diferencias ideológicas e incluso de personalidad hacen doblemente loables sus palabras testimoniales

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Se reedita el debate: comisiones transicionales contra juicios

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 20 de agosto de 2021.- A la luz de la consulta del 1 de agosto, cobra un nuevo impulso la discusión que se inició en 1998, cuando integrantes del Comité 68 interpusieron una demanda judicial por el crimen de Estado cometido el 2 de octubre de 1968.

Muchos de los opinadores que suelen ocuparse del tema de los derechos humanos calificados como “progresistas” intentaron desalentar la decisión del Comité 68 de judicializar el caso, calificándola de “ingenua” y afirmaban que lo que procedía era demandar que se creara una comisión de la verdad que investigara lo ocurrido en Tlatelolco. No obstante, el Comité no desistió en su empeño y la entonces Procuraduría General de la República –que inicialmente adujo que los posibles delitos de 1968 ya habían prescrito– tuvo que admitir la demanda, después de que el poder judicial le ordenó hacer la investigación.

Cuando Vicente Fox llegó a la Presidencia de la República creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP). El entonces canciller Jorge Castañeda Gutman se opuso a su creación arguyendo, al igual que los otros opinadores progresistas, que no era procedente la judicialización del caso y que, por el contrario, lo que había que hacer era una comisión de la verdad. No tuvo éxito: el secretario de Gobernación, Santiago Creel le ganó esa disputa.

La Fiscalía enriqueció el trabajo de documentar la verdad histórica que ya habían desarrollado los demandantes y muchos otros y concluyó –entre otras averiguaciones previas– la correspondiente a Luis Echeverría Álvarez, al que consignó por el delito de genocidio.

Los mismos personajes que habían pugnado en contra de que se judicializara el caso de 1968 hicieron una campaña en los medios de información con una nueva argucia: aseguraban que el delito de genocidio (que es un crimen de Estado y no prescribe) no correspondía a los hechos del 2 de octubre y presionaron directa e indirectamente al titular de la FEMOSPP, Ignacio Carrillo Prieto, para que “reclasificara” el delito. Como él no cedió a sus presiones, lo acusaron públicamente de que lo que realmente pretendía era que el poder judicial resolviera en favor de Echeverría, para dejarlo impune. No fue así.

La consignación de la averiguación previa en contra del expresidente logró que se reconociera –en las tres resoluciones judiciales consecutivas– que los hechos del 2 de octubre de 1968 constituyeron un GENOCIDIO y que Echeverría haya pasado más de dos años en prisión domiciliaria, indiciado precisamente por este delito. Esto es un paso en la perspectiva de la “no repetición” de conductas delictivas se contra el pueblo. Hay muchos de los perpetradores que, por poderosos que sean, han perdido la tranquilidad que tenían suponiendo que la justicia jamás los alcanzaría y hay también más funcionarios y personal subordinado que se sentirán inhibidos a participar en actos delictivos.

Aunque el expresidente NUNCA FUE EXONERADO, no fue declarado inocente ni fue perdonado, sino que puede regresar a prisión, dado que su liberación se dio “con las reservas de la ley”, la libertad condicional en que ahora se encuentra exhibe la inconsistencia judicial al dictar la existencia del genocidio y a al mismo tiempo negarse a reconocer a sus responsables. ¿Un genocidio sin genocidas? Para identificar a éstos, a los juzgadores les habría bastado –por tratarse de un crimen de Estado–referir la cadena de mando.

La posverdad que niega la sentencia

Los partidarios de las “comisiones de la verdad” propias de la “justicia transicional” inventaron que Echeverría había sido exonerado y niegan que el genocidio haya quedado reconocido y establecido jurídicamente por lo sucedido el 2 de octubre de 1968.

Han logrado engañar por un tiempo a muchas personas y generalizar relativamente, en la opinión pública su versión, porque cuentan con los medios para repetir mil veces esa mentira, pero no para convertirla en verdad. Tanto la configuración del delito de genocidio, como el hecho de que la liberación del expresidente no fue absoluta, sino bajo las reservas de ley constan en la sentencia del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito sobre el AMPARO EN REVISIÓN: 132/2007 interpuesto infructuosamente por Luis Echeverría.[1]

La PGR extinguió a la FEMOSPP el último día del gobierno foxista y congelo las 52 averiguaciones previas que ésta había integrado en contra de igual número de militares de alto rango por el genocidio del 2 de octubre.

Se dice que “La verdad y la justicia tardan, pero siempre llegan”, no obstante es necesario combatir y desterrar las maniobras retardatarias para hacer valer el derecho irrenunciable a que la justicia sea pronta, expedita y completa.

* Integrante del Comité 68

[1] En su página web, la Judicatura mantiene una escueta nota informativa: “El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, integrado por los Magistrados Rosa Guadalupe Malvina Carmona Roig, María Eugenia Estela Martínez Cardiel y Manuel Bárcena Villanueva, al resolver el recurso de revisión 132/2007 interpuesto por el Agente del Ministerio Público de la Federación y el quejoso Luis Echeverría Álvarez contra la sentencia dictada por el Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, confirmó la resolución impugnada en la que se consideró que la acción penal no había prescrito, que se acreditó el cuerpo del delito de genocidio, no así la probable responsabilidad de Luis Echeverría Álvarez en su comisión”. https://www.cjf.gob.mx/documentos/notasInformativas/docsNotasInformativas/notaInformativa27.pdf

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Abstención no es apatía

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 16 de agosto de 2021.- Es comprensible la frustración que ha expresado una parte de los participantes en la consulta por la alta abstención que privó el 1 de agosto, sobre todo porque esperaban que la afluencia de votantes sería muy grande, dado que en tan sólo unos días un grupo promotor había logrado la firma de 2 millones 700 mexicanos con credenciales de elector que entregaron al IFE para así garantizar que la consulta se realizara. ¿Cómo suponer que por cada firma no acudirían a las urnas ni siquiera 3 personas?

Quienes de buena fe pensaron que éste sería el camino para procesar y sancionar a los últimos expresidentes vivos de México por sus actos delictivos hoy saben que eso no ocurrirá y hemos visto y escuchado a personas que atribuyen esto a la falta de participación ciudadana e interpretan que los mexicanos que no acudieron a las urnas, pudiendo haberlo hecho, son apáticos, indiferentes o están otorgando el perdón a los exmandatarios cuyas políticas y acciones han atentado contra la soberanía nacional, contra el bienestar del pueblo, su seguridad e incluso contra la vida de cientos de miles de víctimas mortales.

Los que sostienen semejante interpretación, parecen desconocer que muchos de quienes decidieron no acudir a votar siguen formado parte de combativos grupos que realizan actos y manifestaciones para exigir “esclarecimiento de los hechos y castigo a los culpables” de distintos actos delictivos, pero consideraron que para continuar luchando por la justicia no necesariamente se tenía que participar en la consulta y que ésta, en los términos en los que fue planteada, era un paso en la dirección incorrecta.

Para entender el tamaño de la abstención que imperó en la el ejercicio se requiere un balance crítico en el que, además de los señalamientos al papel del INE y otros odiadores de derecha, se reconozcan los tremendos errores de los impulsores de la consulta.

Las inconsistencias del Ejecutivo.

Desde que el presidente López Obrador tomó posesión no volvió a plantear su intención de someter a consulta popular lo que había anunciado en una entrevista que le dio a Carmen Aristegui el 21 de agosto de 2018: “¿Crees que Andrés Manuel López Obrador, presidente de México debe promover que se juzguen, para que haya justicia y no sólo se persiga a chivos expiatorios, y se revisen las responsabilidades en delitos de corrupción y otros delitos a Carlos Salinas, a Zedillo, a Fox, a Calderón y a Peña Nieto? ¿ SI o NO?”

Dado que ley no establece que el propio presidente es quien en lo personal debe fungir como la parte acusadora o promovente de los juicios, esta pregunta sí tiene sentido y si hubiera sido mantenida y dado a conocer en los medios con los que cuentan

los promotores de la consulta sin duda habría concitado un gran entusiasmo en la sociedad.

Pero en la segunda formulación que hizo de la pregunta, ya como presidente en funciones, eliminó el aspecto clave (que él sería quien asumiera la promoción de los juicios) y así generó que personas y grupos con posiciones políticas muy diversas, coincidieran en caracterizar a la consulta como innecesaria.¹

Además contuvo y casi anuló las expectativas de que ese ejercicio pudiera conducir a la aplicación de las sanciones que correspondieran a los delitos de los exmandatarios.

Finalmente, cuando aceptó la reformulación que hizo de la pregunta la Suprema Corte de Justicia aumentó y profundizó la percepción o convicción de muchas personas de que ese ejercicio no sería una vía para lograr que se sancionara a los expresidentes. Y esta convicción estuvo reforzada por el propio presidente, quien había declarado que no votaría y en caso de hacerlo lo haría por el “NO”.

Señalamientos desde la izquierda para evitar resultados indeseados

Hubo voces que desde posiciones de izquierda plantearon que la realización de la consulta, en los términos que se estaba impulsando, no sólo sería innecesaria sino también contraproducente para hacer realidad el anhelo de justicia que perdura en la sociedad.

Se hizo llegar al presidente López Obrador un llamado a retirar esa iniciativa, así como un listado de los preceptos legales que demuestran que para enjuiciar a los expresidentes, es superflua. Se argumentó que, de instrumentarse, sus efectos serían muy adversos aún en el remoto caso de que la participación alcanzara el 40% del padrón electoral.

Entre otros daños previsibles se destacó que: “Una consulta popular o ciudadana para decidir si se enjuicia a los expresidentes induciría a que muchas personas supusieran que los expresidentes cuentan con fuero constitucional; y por lo tanto atribuyeran la holganza de la Fiscalía y del Poder Judicial a una restricción o imposibilidad legal para realizar las diligencias o actuaciones, cuando en realidad se ha debido a la indolencia, ineptitud y corrupción de los encargados de garantizar la investigación y el castigo de los culpables de los delitos. De realizarse la consulta, se estaría poniendo en duda esta verdad que hoy está generalizada”.

“Es innecesario correr el riesgo de que quienes han venido impulsando la idea de que México es un país que debe ser intervenido, aprovechen la situación para argumentar que la debilidad institucional de nuestro país no permite hacer los cambios que se requieren para gobernar, dado que carece de los instrumentos jurídicos y de funcionarios capaces de desempeñarse con eficiencia y eficacia y sin corrupción” Con esto se hacía referencia a los supuestos argumentos que pretenden justificar la llamada justicia transicional.

Estas advertencias fueron desoídas y ahora vemos actores políticos trabajando para que el pueblo, que sigue sufriendo las consecuencias de los actos delictivos de los expresidentes y otros funcionarios, renuncie a que se les procese judicialmente y se conforme con comisiones de la verdad,

La propaganda del por qué y el para qué participar

Extensas recapitulaciones se difundieron sobre hechos comprobados que denuestan las conductas delictivas con las que los mandatarios han agraviado a los mexicanos. Se trata de verdades que se conocen en la sociedad, sobre las cuales ya existen juicios morales y políticos.

Estas recapitulaciones, sin duda son valiosas y bien fundadas, pues tienen como base los testimonios públicos de las víctimas, materiales periodísticos, videos, fotografías, denuncias y actos conmemorativos que los ofendidos y contingentes solidarios realizan para preservar la memoria histórica sobre los hechos delictivos que han quedado en la impunidad, además de los estudios académicos que se tienen publicados.

Durante décadas se han documentado toda clase de agresiones asociadas al cohecho, el peculado, el enriquecimiento ilícito y muchos otros delitos relativos a la destrucción del patrimonio nacional, al endeudamiento mafioso del país, al empobrecimiento de la población, a la inseguridad pública y sus víctimas mortales, a la desaparición de decenas de miles de personas, al desplazamiento obligado de poblados enteros.

Pero las organizaciones promotoras carecieron de elementos para hacer suponer que la garantía para derrotar la impunidad prevaleciente era que el 40 por ciento del padrón electoral acudiera a las urnas y que la mayoría votar por el “SI”. No existía sustento para argumentar, como se hizo, que no importa lo que se pregunte en las boletas, sino la respuesta que se dé en ellas.

Hacer creer que alguien indeterminado estaría obligado a enjuiciar a los expresidentes, porque una parte de los promotores de la consulta dijera que ese es el deseo de los votantes que contestaron afirmativamente a una pregunta cualquiera, es un esfuerzo poco convincente, por lo que es injusto atribuirle apatía, desinterés, indiferencia a quienes no se sintieron motivados a participar en una contienda con estas características.

*Integrante del Comité 68

1. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminada a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

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