EFE. Ciudad de México. 20 de mayo de 2026.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México anunció este miércoles que está investigando a doce personas y dos entidades legales señaladas por Washington por sus vínculos con el Cartel de Sinaloa, por lo que realizó un análisis financiero, fiscal y corporativo para identificar posibles redes o operaciones con recursos de procedencia ilícita.

A través de un comunicado, el organismo de la Secretaría de Hacienda de México informó que está «reforzando» las acciones contra estas personas, sancionadas por el Departamento del Tesoro estadounidense por estar relacionadas con el tráfico de fentanilo y con grupos criminales del Cartel de Sinaloa, también conocido como el del Pacífico.

«Las acciones coordinadas entre autoridades mexicanas y estadounidenses fortalecen los mecanismos de cooperación internacional para prevenir el uso indebido del sistema financiero, combatir el lavado de dinero y debilitar las estructuras financieras de la delincuencia organizada», apuntó la dependencia del Gobierno federal.

En este sentido, recordó que la UIF mantiene «coordinación permanente» con autoridades internacionales para «proteger la integridad del sistema financiero y mitigar riesgos asociados a operaciones con recursos de procedencia ilícita».

En concreto, Washington acusa a estas personas de tráfico de drogas y lavado de dinero derivado de la venta de fentanilo mediante criptomonedas.

Una de las redes está liderada por Armando de Jesús Ojeda Avilés, señalado como responsable de coordinar la recolección de grandes cantidades de efectivo procedentes de la venta de fentanilo y otras drogas en Estados Unidos, que posteriormente eran convertidas en activos digitales para su transferencia a México.

Entre los sancionados figuran también Jesús Alonso Aispuro Félix, identificado como operador financiero clave en transacciones con criptomonedas; Rodrigo Alarcón Palomares, acusado en Estados Unidos de lavado de dinero; y el empresario Alfredo Orozco Romero, junto con empresas y familiares que presuntamente actuaban como testaferros.

El Cartel de Sinaloa es una de las organizaciones mexicanas del narcotráfico que la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, designó como terrorista desde su llegada a la Casa Blanca.

Recientemente, el Departamento de Justicia estadounidense solicitó la detención urgente de diez funcionarios mexicanos, incluido el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al acusarlos de narcotráfico por colaborar, supuestamente, con Los Chapitos a cambio de sobornos y favores políticos.

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AMEXI. Ciudad de México. 30 de septiembre de 2025.- En una operación conjunta del Gabinete de Seguridad, fuerzas federales detuvieron en Badiraguato, Sinaloa, a Juan Pablo Vargas Báez, alias “Chuki”, presunto piloto aviador al servicio de la facción de “Los Chapitos” del Cártel del Pacífico, sobre quien pesaba una orden de aprehensión por delincuencia organizada en materia de tráfico de armas.

Operativo en la sierra de Sinaloa

La captura se realizó en la localidad serrana de Surutato, municipio de Badiraguato, considerada bastión histórico del narcotráfico en México.

De acuerdo con el informe oficial, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), así como la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional (GN) desplegaron un operativo de vigilancia con base en trabajos de inteligencia que habían permitido identificar al señalado.

Las investigaciones revelaron que Vargas Báez, de 26 años, fungía como piloto de aeronaves empleadas para operaciones ilícitas relacionadas con el trasiego de armas y drogas.

Además, es un operador logístico clave para el traslado de integrantes y recursos de la organización criminal.

Durante patrullajes de seguridad, los agentes localizaron al presunto delincuente, le marcaron el alto y, tras corroborar su identidad, procedieron a cumplimentar la orden judicial. En el lugar no se reportaron enfrentamientos ni uso de violencia.

Vinculado con líderes del Cártel del Pacífico

Las autoridades señalaron que Vargas Báez está implicado en la misma causa penal en la que están señalados 12 objetivos de alto nivel del Cártel del Pacífico.

Entre ellos Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”; Iván Archivaldo Guzmán Salazar.; Julio César Chávez Jr., identificados como parte de la cúpula de “Los Chapitos”, la facción que mantiene una disputa interna y externa por el control del cártel fundado por Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Su papel como piloto lo coloca dentro del círculo cercano de operadores encargados de mantener activa la red de movilidad aérea de la organización, un componente estratégico para el tráfico de armas como para el envío de cargamentos de droga hacia Estados Unidos.

Compromiso del Gabinete de Seguridad

Al detenido se le informaron sus derechos y puesto a disposición de la autoridad judicial, instancia que determinará su situación legal en las próximas horas.

El Gabinete de Seguridad destacó que esta captura es parte del reforzamiento permanente en Sinaloa para desarticular células vinculadas a la violencia y al crimen organizado.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 11 de agosto de 2025.- En un operativo coordinado en Los Mochis, Sinaloa, fuerzas federales mexicanas detuvieron este lunes a cuatro presuntos integrantes de las Fuerzas Especiales Avendaño (FEA), un grupo criminal ligado a la facción “Los Mayos” del Cártel del Pacífico. Entre los capturados se encuentra Jesús Miguel Avendaño Jiménez, alias “Chendo” o “El 16”, identificado como uno de los principales líderes logísticos y operativos de la organización.

El operativo, llevado a cabo por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se derivó de labores de inteligencia y patrullajes en la colonia Loma Dorada. Las autoridades detectaron dos vehículos de alta gama con hombres armados, quienes intentaron huir al ser interceptados, desencadenando una breve persecución que culminó en la carretera Culiacán-Los Mochis, a la altura del kilómetro 201.

Además de Avendaño Jiménez, de 38 años, fueron detenidos Jayson Ariel Tapia Cárdenas, alias “Flaco Avendaño”, de 28 años, presunto encargado del trasiego de drogas y acciones violentas contra grupos rivales; José Antonio García Rodríguez, de 48 años; y José Vizcarra Cervantes, de 40 años. Durante la inspección, se aseguraron cuatro armas largas, un paquete de cocaína, cartuchos, cargadores y dos vehículos, uno de ellos con reporte de robo.

La FEA, según las autoridades, se dedica a la producción y tráfico de drogas, lavado de dinero y homicidios contra grupos antagónicos en Sinaloa, un estado marcado por la violencia derivada de la pugna interna entre las facciones “Los Mayos” y “Los Chapitos” del Cártel del Pacífico. La captura de “Chendo” representa un golpe significativo a la estructura operativa de “Los Mayos”, aunque expertos advierten que los cárteles suelen reorganizarse rápidamente tras este tipo de detenciones.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público federal, que determinará su situación jurídica e integrará la carpeta de investigación por delitos como delincuencia organizada, narcotráfico y portación de armas. Las autoridades subrayaron que estas acciones refuerzan el compromiso del Gabinete de Seguridad para combatir la violencia y garantizar la paz en la región.

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EFE. Ciudad de México. 08 de mayo de 2025.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, acusó este jueves a varios jueces de favorecer a presuntos delincuentes, lo cual consideró “inaceptable”, pues aseguró que existe un “alarmante” número de determinaciones judiciales que han beneficiado a criminales.

“Se tiene registro de 193 determinaciones, casi 200 decisiones de órganos jurisdiccionales que favorecieron o pretendieron beneficiar a presuntos delincuentes con traslados, liberaciones y egresos definitivos”, señaló el funcionario durante la conferencia de prensa presidencial. El funcionario destacó que debido a estas determinaciones se han concretado 164 egresos por cambio de medida cautelar y dos definitivos, “lo que significa más de 100 delincuentes que regresaron a las calles”.

Además, se han dado 27 traslados de personas privadas de la libertad a otros centros penitenciarios sin que se cumplieran con las formalidades del proceso.

Todo ello, afirmó, pese a que Prevención y Reinserción Social de la SSPC los consideró como “no viables” para estas medidas, por delitos como secuestro, privación ilegal de la libertad, homicidio, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.

“Es inaceptable que órganos jurisdiccionales cuya misión es salvaguardar el orden y la justicia, tomen determinaciones para favorecer a los delincuentes”, dijo García Harfuch.

Destacó el caso del líder de los Zetas, Miguel Ángel ‘N’, requerido por el Gobierno de Estados Unidos por delitos como asociación delictuosa, contra la salud, lavado de dinero e introducción de armas de fuego, cuya extradición fue bloqueada en más de 79 ocasiones por siete jueces.

También señaló directamente al juez Gregorio Salazar Hernández, con sede en el Estado de México, quien habría otorgado beneficios a Gerardo Pince Alanís, presunto operador del Cartel del Pacífico, y al ‘Contador’, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cartel del Golfo.

Ante ello, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que por las denuncias contra los candidatos a la próxima elección judicial, que presuntamente tendrían nexos con el narcotráfico, será el Instituto Nacional Electoral (INE) o el Tribunal electoral los que tomen la decisión en última instancia, pero destacó que hasta ahora las denuncias se han hecho en redes sociales.

El mes pasado, Sheinbaum pidió al Tribunal Electoral invalidar a los candidatos de la primera elección popular del Poder Judicial que tengan nexos con el narcotráfico, después de que el Senado reconoció que hay aspirantes con estos vínculos.

Además, la agrupación civil Defensorxs documentó 13 «candidatos relacionados con el crimen organizado, delitos sexuales, sectas político-religiosas y otras irregularidades» en el sitio ‘Justicia en la mira’, donde resalta, entre otros, a Silvia Rocío Delgado, exabogada del capo Joaquín el ‘Chapo’ Guzmán Loera.

Los hechos reflejan la polémica en torno a la primera elección popular del Poder Judicial en México, cuando un récord de 99,7 millones de votantes están llamados a elegir por primera vez 881 cargos de entre 3.422 candidatos, que incluyen la Suprema Corte, el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y el Tribunal Electoral.

Las campañas comenzaron el pasado 30 de marzo y terminarán el 28 de mayo, con alertas de la oposición, organismos internacionales como la ONU, actuales jueces y asociaciones civiles de una posible intromisión del Ejecutivo y del crimen organizado en los comicios.

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