Periodistas Unidos. Ciudad de México. 05 de diciembre de 2025.- Nerviosa acaso esté la dirigencia panista –con todo y el logotipo y lema nuevos (“Patria, familia y libertad”), un corrimiento más al conservadurismo a cargo de la Organización Nacional del Yunque–, con la elección por el Senado de la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, a propuesta de la presidenta Clara Sheinbaum como parte de la terna integrada por féminas, materializada por su mayoría calificada y que ampliaron los legisladores de Movimiento Ciudadano y los de Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro, gobernados por el Partido Acción Nacional.

Nerviosa porque fue la fiscal capitalina Godoy la que condujo la investigación sobre el llamado “Cártel Inmobiliario” que llevó a prisión a varios funcionarios y que involucró al hoy presidente Jorge Romero Herrera, como presunto jefe del grupo delincuencial. Y ellos como venganza bloquearon a Godoy Ramos en el Congreso de la Ciudad de México para que no repitiera en el cargo.

Muy felices se veían los blanquiazules que hicieron posible que la fiscal capitalina no reuniera la mayoría calificada y ésta se integró al comité de campaña presidencial de la doctora, ocupó una candidatura al Senado, la ganó y ejerció unas cuantas semanas debido a que fue designada titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia. Involuntariamente, el grupo dirigente del PAN coadyuvó en el vertiginoso ascenso de Godoy. Es válido preguntarse en dónde estaría la abogada si los panistas hubiesen actuado sin ánimos vengativos.

Los del “Cártel Inmobiliario” pueden estar tranquilos si los propósitos enunciados por la jefa de la FGR al igual que los conceptos vertidos el miércoles 3 en Reforma e Insurgentes, cobran vida.

A título de ejemplo: “No fabricaremos culpables y no habrá persecución política, pero desde ahora les digo: tampoco habrá impunidad. Vamos a avanzar en el fortalecimiento integral de los protocolos de atención que nos aseguren tolerancia cero a la tortura y tratos crueles. Se perfeccionarán los mecanismos rigurosos de control y supervisión”, destacó al comparecer ante el pleno senatorial, antes de la votación. Y la oposición, como es su papel, criticó lo previsible y acelerado del proceso legislativo, pues la terna propuesta por Sheinbaum Pardo fue recibida la mañana del día 3 y horas después comparecieron Godoy y las otras dos candidatas.

Godoy Ramos recibió 97 votos favorables del bloque legislativo de la Cuarta Transformación, Movimiento Ciudadano y de tres panistas, lo que superó con amplio margen la mayoría calificada.

A juicio de la abogada “Quien ha cometido un delito debe saber que será perseguido, procesado y sentenciado, y quien haya sido víctima debe saber que será protegida y defendida y el daño reparado”. Es decir, “no se acusará a nadie injustamente, porque en la procuración de justicia no caben ni por asomo las acciones parciales ni con tintes políticos. La procuración de justicia que propongo es aquella sin ninguna posibilidad de negociación, porque la justicia no se negocia”. Tal y como lo demostró cuando los panistas le ofrecieron su voto en el Congreso capitalino a cambio de favorecer a sus socios.

También se comprometió a elaborará el Plan Estratégico de Procuración de Justicia e instalar el Consejo Ciudadano, a lo que por ley está obligada, para revertir “la percepción de opacidad en las instituciones de procuración de justicia y al mismo tiempo garantizar el derecho humano a participar en los actos públicos”.

El propósito básico es convertir a la FGR en institución “capaz de incorporar a las carpetas de investigación evidencia sólida, peritajes científicos y análisis de inteligencia, además de argumentos técnico-jurídicos que se traduzcan en la judicialización fuerte de esas carpetas, pero sobre todo en hacia la obtención de sentencias ejemplares”. Amén.

Acuse de recibo

La ONU exige el fin de la ocupación israelí de Palestina con 151 votos a favor, 11 en contra y 11 abstenciones en la Asamblea General con una resolución que demanda la retirada de la ocupación israelí del territorio palestino, incluida Jerusalén Este, y la realización de los derechos inalienables del pueblo palestino, principalmente el derecho a la autodeterminación y el establecimiento de su Estado independiente… Afirmación de Julio Hernández López (3-XII-25): “Las insuficiencias de este proceso (de la 4T), los incumplimientos gubernamentales, sobre todo por carencias presupuestales, y la pretensión de mantener una ‘unidad’ regida por complicidad de élites, más algún apretón desde Washington en materia económica, comercial y de crimen organizado, pueden (sic) darle al mandatario gringo más materia de chantaje”. ¿Pretende justificar las fechorías de Trump contra México?… “Juan Becerra Acosta @juanbaaq 2h. Homicidios dolosos. En el sexenio de Felipe Calderón aumentaron 148%. De Enrique Peña Nieto aumentaron 42%. Con AMLO reducción de 9% En la actual administración reducción de 28% De octubre de 2024 a octubre de 2025 la reducción es de 37%”.

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Por Alejandro Meléndez

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 27 de noviembre de 2025.- En un país donde la impunidad se ha convertido en la norma y la violencia en el pan de cada día, la renuncia de Alejandro Gertz Manero como Fiscalía General de la República (FGR) este 27 de noviembre de 2025 no es solo el cierre de un capítulo controvertido, sino una oportunidad histórica para replantear el sistema de procuración de justicia en México. Tras seis años al frente de la FGR, su salida —formalizada ante el Senado de la República con una carta que lo destina a un ambiguo puesto diplomático— deja un legado de omisiones, encubrimientos y casos estancados que han profundizado la desconfianza en las instituciones. Pero, paradójicamente, este vacío abre la puerta a una depuración profunda de las fiscalías a nivel nacional y a la implementación de una justicia transicional que priorice la verdad, la reparación y la no repetición, con el objetivo de resolver los primeros casos emblemáticos y, sobre todo, contribuir a atenuar la ola de violencia que azota al país.

Gertz Manero, designado el 18 de enero de 2019 con un mandato que se extendía hasta 2028, se va tres años antes de tiempo, envuelto en una nube de críticas que no son nuevas, pero que hoy resuenan con mayor fuerza. Su gestión, marcada por ausencias prolongadas y un estado de salud precario que lo alejó de sus responsabilidades durante meses, se caracterizó por una “justicia selectiva” que priorizó venganzas personales sobre la imparcialidad. Uno de los escándalos más notorios fue el caso de su sobrina política, Alejandra Cuevas Morán, detenida arbitrariamente en 2020 por la muerte de su hermano Federico en 2015. La FGR, bajo su mando, inventó la figura de “garante accesoria” para imputarle homicidio por omisión, manteniéndola presa 528 días hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la liberó en 2022, calificando la detención como ilegal. Audios filtrados revelaron incluso insultos del fiscal hacia Cuevas, exponiendo cómo la institución se convirtió en un “despacho particular” para rencillas familiares.

Pero los fallos no se limitan a lo personal. Gertz Manero dejó un rastro de casos no resueltos que claman por justicia. En el escándalo de Odebrecht y la Estafa Maestra, heredados del sexenio de Peña Nieto, la FGR mostró pasividad crónica: Emilio Lozoya sigue en un limbo judicial pese a confesiones que implican a altos funcionarios priistas. El caso Ayotzinapa avanzó a cuentagotas, con tensiones constantes entre la FGR y la Comisión para la Verdad, y sin avances concluyentes en la identificación de responsables estatales. La exoneración exprés del general Salvador Cienfuegos en 2020, acusado en EE.UU. de nexos con el narcotráfico y absuelto en 72 horas por “falta de pruebas”, generó acusaciones de encubrimiento a mandos militares. Y no olvidemos el espionaje con Pegasus, donde la FGR archivó investigaciones contra opositores y periodistas sin profundidad, o las reformas fallidas para excluir a la fiscalía del Sistema Nacional de Búsqueda de Desaparecidos, rechazada por colectivos de derechos humanos. Estas omisiones no solo perpetuaron la impunidad —que en delitos como tortura y desaparición roza el 100 %—, sino que alimentaron la corrupción interna y la politización de la justicia, convirtiendo a la FGR en un instrumento de agendas personales y políticas.

En este contexto, la renuncia de Gertz Manero no debe ser un relevo cosmético, sino el catalizador para una depuración radical de las fiscalías estatales y federales que logren por primera vez «una colaboración entre la 4T y la Fiscalía», como apunta José Reveles en una entrevista con Julio Astillero.  México arrastra una red de impunidad sistémica que no solo está en las fiscalías locales: la propia FGR sigue operada, en sus niveles medios y altos, por una mezcla tóxica de exfuncionarios y agentes del Ministerio Público que vienen de los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Muchos de ellos fueron formados o protegidos durante los años de los pactos documentados (y no tan documentados) con grupos del crimen organizado, desde la “guerra” calderonista hasta los arreglos peñistas. Son precisamente estos cuadros los que han sabido dónde archivar, cómo extraviar y cuándo “congelar” las carpetas que podrían exhibir los acuerdos de impunidad entre Estado y cárteles. Junto con las bases trabajadoras heredadas de Mancera en la CDMX —que mantienen vínculos con redes locales como La Unión Tepito o el Cártel de Tláhuac—, conforman el verdadero muro que ha impedido cualquier avance real en casos de desapariciones, ejecuciones y corrupción de alto nivel.

Aquí radica la esperanza: su salida habilita la implementación de una justicia transicional, un marco probado en contextos de violencia masiva como el nuestro. La justicia transicional —con pilares como la verdad, la justicia penal, la reparación integral y la no repetición— no es un lujo académico, sino una necesidad para sociedades saliendo de ciclos de represión o conflicto armado. En México, donde la “guerra contra el narco” desde 2006 ha dejado más de 100 mil desaparecidos y decenas de miles de víctimas, este enfoque permitiría esclarecer hechos en casos prioritarios como Ayotzinapa o los feminicidios en Guerrero y Jalisco. Una comisión de la verdad podría escuchar a víctimas y perpetradores, como en Sudáfrica o Perú, reconstruyendo narrativas que fomenten la reconciliación y prevengan la polarización. Al mismo tiempo, reformas institucionales —como capacitar a fiscales en perspectiva de género y derechos humanos— garantizarían la no repetición, atacando raíces de la violencia como la militarización de la seguridad. Resolver estos primeros casos no solo honraría a las víctimas, sino que enviaría un mensaje disuasorio, contribuyendo a desmantelar economías criminales y reducir la incidencia delictiva en zonas focalizadas.

En este panorama, el nombre que más resuena como posible sucesora es Ernestina Godoy Ramos, actual consejera jurídica de la Presidencia y exfiscal de la CDMX. Su trayectoria incluye logros como la reducción de delitos de alto impacto en la capital y el destape del cártel inmobiliario. Sin embargo, su gestión en la Fiscalía capitalina no estuvo exenta de sombras: dejó un rezago de 228 mil carpetas pendientes (entre ellas el multifeminicidio y homicidio de la colonia Narvarte) y fue criticada por no depurar la base trabajadora heredada de Mancera —un equipo con presuntos vínculos a redes de protección para cárteles locales como La Unión Tepito o el Cártel de Tláhuac. Acusaciones de persecución política y un “carpetazo” selectivo en casos como la Línea 12 alimentaron dudas sobre su imparcialidad.

Aun así, Godoy tiene ante sí una oportunidad redentora. Al frente de la FGR podría romper con ese legado mancerista y, sobre todo, con la estructura calderonista-peñista que aún controla buena parte de la institución nacional, depurando fiscalías estatales, implementando protocolos de justicia transicional y priorizando casos de violencia de género y desapariciones. Sería su forma de sanar la deuda que dejó en la Ciudad de México y de no repetir los fracasos del pasado: la Fiscalía Especial (FEMOSPP) de Ignacio Carrillo Prieto en el sexenio de Fox, que no consignó a ningún alto responsable de la guerra sucia, y la Comisión para el Acceso a la Verdad coordinada por Alejandro Encinas en el gobierno de AMLO, que tampoco llegó a traducirse en justicia penal ni reparación efectiva.

La salida de Gertz Manero no es un fin, sino un comienzo. Si el Senado de la República ratifica un liderazgo comprometido con la depuración y la justicia transicional, México podría dar sus primeros pasos hacia una paz sostenible. De lo contrario, la violencia seguirá cobrando vidas, y la impunidad, riéndose de nosotros. Es momento de elegir: ¿continuamos el ciclo o rompemos la cadena?

Creo que es momento de elegir por la la justicia de las víctimas y la paz de México.

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Por Eduardo Ibarra Aguirre

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 13 de febrero de 2025.- Conforme los resultados en el abatimiento de la inseguridad pública son más nítidos, más complicados de refutarse con argumentos igualmente claros, las oposiciones, así en plural porque son muchas y diversas, afinan críticas y objeciones y anuncian que presentarán una propuesta de reforma que establezca reglas y formatos en la presentación de cálculos de incidencia en homicidios para evitar “manipulación en las cifras”, al decir de Jorge Romero, presidente de Acción Nacional y presunto jefe del denominado “cártel inmobiliario” capitalino; así como los coordinadores parlamentarios Elías Lixa, de los diputados, y Ricardo Anaya, de los senadores.

Anaya, el presunto prófugo de la justicia en Estados Unidos hasta que la dirigencia de su partido le asignó una senaduría, sostiene que cuando el gobierno federal reportó una disminución de 16% en homicidios, se usó una “lámina plagada de trampas. La primera es que eligieron de manera arbitraria dos meses, los que a ellos se les pegó la gana. Diciembre contra septiembre, lo cual va contra cualquier norma estadística, porque se están comparando peras con manzanas”.

Bien por la denuncia y la iniciativa de ley del otrora joven promesa de la política del PRIAN con Enrique Peña Nieto hasta el punto de aprobarle todas las “reformas estructurales”, pero ya en la campaña presidencial de 2018 cometió el torpe error de ostentar “yo lo meteré a la cárcel” cual presidente autócrata –a lo Donald Trump, sinónimo de corrupto dictador imperialista– y entonces lo citaron a la Procuraduría General de la República y al ser derrotado amplísimamente en las urnas, huyó cómodamente a USA.

Pero que mal que el trío de panistas jóvenes en 2006-2012, aplaudió hasta el enrojecimiento de las manos la estrepitosamente fracasada “guerra contra el narcotráfico” que sometió al silencio a la dictadura mediática con pautas publicitarias respecto de las cifras y los crímenes cometidos por el gran jefe Genaro García Luna que hoy cumple una sentencia de 38 años por tráfico de drogas en EUA.

Es una lástima que no tengan el número de votos suficientes en las dos cámaras para aprobar las iniciativas, pues de lo que se trata es de borrar un poquito la imagen de opositores más que sistémicos, contreras; si se tratara de sacar adelante las dos propuestas primero las negociarían con sus pares del Revolucionario y Ciudadano, “la fuerza” dizque joven, e incluso con la mayoría legislativa.

No es casualidad que en la misma línea del golpeteo y la manipulación desinformativa, Ciro Gómez Leyva ponga en duda la veracidad de las plausible cifras de enero que en materia de homicidios dolosos son las más bajas en ocho años, y sabedor de que su credibilidad no está en el mejor momento, las acepta pero, dice, siguen siendo muy altas, a lo cual contribuye con su trabajo de privilegiar la nota roja por encima de todo y enaltecer el modo de vida de capos y lugartenientes.

“Partidizar” la inseguridad –que no es lo mismo que “politizar”, pues todo lo público es político– constituye una pésima apuesta que sólo favorece al crimen organizado y a quienes desde la Casa Blanca, el Departamento de Estado y el Pentágono la utilizan como arma de la geopolítica imperial hacia América Latina y para justificar la severa crisis de salud pública y social que padece Estados Unidos, en particular con el fentanilo que multiplicó el número de consumidores bajo el primer gobierno de Trump y que lo introducen al vigoroso mercado gringo ciudadanos estadunidenses en más de 80%, pero con apellidos hispanos.

Acuse de recibo

El doctor Santiago Nieto Castillo es ahora director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y como tal declaró que se destruirán las mercancías confiscadas a comerciantes que las expendían ilegalmente porque se consideraron “fayuca” y que a petición de la cámara textil serán destruidas… ¿No sabe el jurista y doctor que México tiene todavía a millones de paisanos en la pobreza extrema? ¿Los afectados por el contrabando carecen del más elemental sentido común para destinarlas a las regiones más pobres de México, como lo hizo Obrador?… Se requiere ser demasiado mezquino y burócrata para proceder de esta manera, dicho con todo respeto… “Más que cándida es peligrosa la propuesta de Alejandro Gallardo de que los que considera aliados penetren en el país invitados por el gobierno, y se lancen contra los cárteles. Y la da el muy torpe, en el momento en que la presidenta Claudia Sheinbaum señala que contra  la soberanía del país nada, ni nadie”; apunta la periodista Teresa Gil a propósito de la crítica hecha aquí: https://laregiontam.com.mx/2025/02/09/preguntas-muy-incomodas-para-trump/ (…) “¡Por la paz en el mundo! Fueron liberados tres rehenes, hombres, y 183 presos palestinos. Los primeros en malas condiciones físicas, parecían gazatíes, y algunos de los segundos en tan mal estado, que de inmediato fueron conducidos al hospital. ¡La gran tragedia humana!”: doctora Elba Pérez Villalba.

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