Periodistas Unidos. Guadalajara, México. 11 de octubre de 2026.- Una multitudinaria marcha por agua limpia en la Zona Metropolitana de Guadalajara terminó en represión policial frente a Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador Pablo Lemus. El operativo de antimotines dejó un saldo oficial de 52 personas detenidas y 31 civiles que recibieron atención médica.

Cerca de 10 mil personas de todas las edades —vecinos de al menos 320 colonias afectadas desde marzo, estudiantes, familias y organizaciones— marcharon desde la Glorieta de La Minerva exigiendo una alerta sanitaria y solución al suministro de agua contaminada con coliformes fecales, metales pesados (mercurio y cadmio), heces y sin clorar, según análisis del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad). Las consignas “¡El agua es un derecho, no un privilegio!” y “¡Agua limpia!” resonaron durante el recorrido pacífico por avenida López Mateos.

Enfrentamiento y uso de la fuerza

Al llegar a Casa Jalisco, protegida con vallas, el ambiente cambió. Según reportes de EFE y colectivos organizadores, los manifestantes retiraron las barreras y avanzaron; los antimotines respondieron con amenazas, violencia física, gases lacrimógenos y chorros de agua a presión por el cuerpo de bomberos. El forcejeo duró al menos dos horas. Hubo lanzamiento de piedras, agua sucia, palos y objetos por parte de algunos participantes, y se reportaron petardos. Un periodista del medio local Para esto fue golpeado y detenido, junto con otras personas llevadas al interior de la residencia oficial. Inicialmente se habló de al menos nueve detenidos y cuatro con paradero desconocido; activistas y la Red TDT elevaron la cifra a más de 52 detenciones arbitrarias y denunciaron lesiones por impacto directo de proyectiles de gas, polvo extintor y agua a presión, además de agresiones a la prensa.

El Gobierno de Jalisco, a través de Roberto Alarcón (coordinador de Seguridad) y Juan Pablo Hernández (secretario de Seguridad), sostuvo que la marcha fue pacífica hasta que un “grupo de choque” de unas 400 personas (muchas encapuchadas) irrumpió, retiró vallas, agredió a policías con piedras, palos, petardos y sustancias irritantes, y puso en riesgo a familias y menores. Afirmaron que la policía actuó de manera “escalonada y oportuna”. De los 28 elementos heridos, tres fueron trasladados; uno presenta fracturas de cráneo, pómulo y nariz, y otro perdió un dedo por un objeto con filo. Los 39 detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía del Estado.

Contexto de la crisis del agua y reacción institucional

El problema, documentado por organizaciones y medios, se agudizó en las últimas semanas con agua con olor a cloaca, espuma, nata azul y color café que afecta hogares, escuelas, comercios y hospitales (incluyendo suspensión de hemodiálisis). Vecinos como Juan Camacho y Fabiola Elvira relataron dermatitis, urticaria, ardor ocular y gastos extra en agua embotellada. El gobernador Lemus había anunciado la clausura temporal de la presa de Las Pintas (presuntas descargas ilegales), lo que reducirá el suministro hasta un 30 % y obligará a racionamientos.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) abrió el acta de investigación 41, recibió al menos cinco quejas por abuso de autoridad y dictó medidas cautelares para garantizar atención médica, cuidado de los detenidos y definición pronta de su situación jurídica. La Universidad de Guadalajara reportó la detención de tres estudiantes (dos del CUAAD) y, junto con el ITESO, exigió esclarecimiento y garantías. Observadores de la CEDHJ acompañaron a los arrestados.

La respuesta a una demanda legítima de derecho al agua —con raíces en contaminación, infraestructura obsoleta y cuestionamientos a la gestión del SIAPA— derivó en el uso de fuerza pública, detenciones masivas y heridos.