Periodistas Unidos. Ciudad de México. 17 de diciembre de 2024.- Layla Sánchez habla con Jorge Meléndez sobre el caso de Christian de Jesús «N» extraía sangre de Melanie para detectar si había sido infiel en el programa «Después de la Letra… la Palabra» de Periodistas Unidos.

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EFE. Ciudad de México. 09 de diciembre de 2024.- Las estudiantes mexicanas víctimas de violencia sexual digital con Inteligencia Artificial (IA) pidieron este lunes el respaldo de la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, para que no haya impunidad en el primer juicio de este tipo en América Latina, que podría resultar en una sentencia pionera en el mundo.

Ahora que el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia ya está en la Constitución mexicana como parte de las primeras reformas enviadas por Sheinbaum al Congreso, las alumnas del Instituto Politécnico Nacional (IPN) solicitaron a la gobernante respaldar y defender su lucha.

«Necesitamos que esto haga más ruido de lo que ya está haciendo, y ella (la presidenta) nos podría apoyar y ayudar (…) Le hacemos un llamado a Claudia (Sheinbaum) y a Clara (Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México) para que nos apoyen a todas nosotras», expuso una de las víctimas, quien prefirió resguardar su identidad.

La tercera audiencia de vinculación contra Diego ‘N’, el exalumno del IPN acusado de alterar miles de fotos de sus compañeras con IA para venderlas, estaba programada para este lunes, pero fue aplazada para el próximo 29 de enero.

La abogada de las víctimas, Valeria Martínez Modragón, explicó que la audiencia fue pospuesta debido a que la defensa del acusado solicitó más tiempo para integrar su carpeta.

Además, señaló que el próximo 8 de enero se llevará a cabo una cuarta audiencia de vinculación, correspondiente a la cuarta víctima, de las ocho que denunciaron a su compañero de clases.

La audiencia por violencia digital contra el estudiante del @IPN_MX Diego «N» fue aplazada para el 29 de enero de 2025; era por una tercera carpeta de investigación en su contra.

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— Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) December 9, 2024

«De esas ocho víctimas, dos han llegado hasta juicio oral, donde el juez Francisco Salazar Silva decidió dictar una sentencia absolutoria, pero todavía tenemos seis carpetas de investigación», recordó Martínez.

Asimismo, remarcó que Diego ‘N’ permanecerá en prisión ya que también afronta cargos por trata de personas en modalidad de pornografía infantil, carpeta a cargo de la Fiscalía de la Ciudad de México, que ya está en espera de juicio oral.

La resolución del primer juicio contra Diego ‘N’ el miércoles pasado ha provocado indignación, ya que el juez consideró que no había pruebas «suficientes», a pesar de los más de 160.000 videos e imágenes hallados en un dispositivo de su propiedad, incluido contenido sexual infantil.

El exalumno de la Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA) descargó sin permiso las fotografías de sus compañeras y las utilizó para generar ‘deepfakes’, es decir, desnudos con IA que después vendía en plataformas.

Pese a que el acusado está detenido desde octubre de 2023, sus familiares e integrantes de la agrupación ‘No más presos inocentes’ han continuado violentado a las víctimas, al interrumpir sus protestas.

Una de las denunciantes fue agredida físicamente en una de las protestas, por lo que obtuvo una orden de protección de las autoridades, sin embargo, este lunes han continuado las acusaciones de hostigamiento.

«Me sumieron dos costillas y tengo una tercera lastimada. Me duele bastante, pero pues tengo que seguir viniendo a todo esto por mí y por mis compañeras. Lo que nosotras queremos es justicia», sostuvo la joven.

Además, la estudiante del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, Unidad Santo Tomás (CICS-UST) del IPN denunció falta de apoyo de los directivos y profesores para atender los asuntos propios de la denuncia penal, lo que la ha llevado a reprobar varias materias.

Paulina Zepeda, activista del Frente Nacional para la Sororidad, recapituló que la Ley Olimpia, aprobada hace cuatro años en la capital respalda esta lucha, bajo la consigna de que «lo virtual es real».

«Hablar de ello es importante ahora que todo el mundo tiene la mira en México con este proceso porque sería la primera sentencia por el tema de Inteligencia Artificial», agregó Zepeda.

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EFE. Ciudad de México. 05 de diciembre de 2024.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este jueves que prometió en una reunión con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa una «nueva visión» de la investigación sin «confrontación» para encontrar a los jóvenes, abrir los archivos del Ejército y castigar a los culpables.

«No se tata de entrar de nuevo a un esquema de decir una cosa o la otra, sino que encontremos nuevos lugares de búsqueda a partir de esta nueva visión de la investigación y nueva revisión de todas las carpetas de investigación», declaró la mandataria en su conferencia matutina.

La gobernante mexicana se refirió a la primera charla que tuvo en el cargo este miércoles con los padres de los 43 desaparecidos en 2014, quienes sostuvieron que fue «un buen inicio» tras romper el diálogo con el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), quien incumplió su promesa de resolver el caso.

«Fue una buena reunión, la idea es no confrontarnos sino buscar las salidas, les planteé que yo estoy de acuerdo con las cartas que en su momento envió el presidente», aseveró Sheinbaum.

Los padres aseguraron que la mandataria acordó enviar “una carta a los militares exigiendo los 800 folios que hacen falta” para desestancar las investigaciones del hecho, considerado un «crimen de Estado» por la implicación de autoridades de todos los niveles, incluyendo el Ejército, según la Comisión de la Verdad del caso.

Además, reportaron el compromiso de Sheinbaum de insistir en la extradición desde Israel de Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la extinta Agencia de Investigación Criminal (AIC), acusado de ocultar pruebas y torturar testigos del caso.

El caso Ayotzinapa ocurrió durante la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando 43 estudiantes de la Escuela Rural de Ayotzinapa desaparecieron mientras se dirigían a Ciudad de México para manifestarse por el aniversario de la matanza de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968.

La presidenta prometió que «hasta que se encuentre a todos los jóvenes, no debe cerrarse esa carpeta nunca”.

«Vamos a seguir hablando con ellas y con ellos, se están siguiendo nuestros instrumentos de investigación, que está revisando un nuevo equipo de trabajo, para poder llegar a más detenciones y a la verdad y a la justicia», reafirmó.

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Por Jorge Meléndez

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 07 de noviembre de 2024.- Desde enero del 2023, la señora Lucía Meléndez Ortiz presentó una demanda contra el señor Emilio Antonio Valcárcel Bello (juicio de controversia de arrendamiento: Expediente 43/2023), pues éste último no le pagaba lo pactado en el   arrendamiento, del inmueble de Cerro de Macultepec 346, colonia Campestre Churubusco.

Esto se presentó en el  Décimo Segundo Juzgado de lo Civil de la Ciudad de México con el togado Arturo González Cortés, y ante la secretaria, licenciada Rosa Rojas González.

Este  año, luego de 14 meses le indicaron a Meléndez Ortiz que podía “cobrar lo que le adeudaban”, pero el señor Valcárcel Bello ya no está en México y dejó en manos de otra persona la casa.

Luego de casi dos años y engorrosos trámites, el Actuario: Juan Carlos Díaz Reséndiz, fue a notificar el desalojo del predio.

El miércoles 6 vence el plazo para que se entregue el segundo escrito, pero el mencionado Actuario pide cinco mil pesos para hacer su trabajo y 40 mil pesos más para ejecutar el desalojo.

Así la Justicia mexicana en tiempos donde a los jueces y magistrados se les quiere proteger por realizar, según algunos Ministros de la Suprema Corte, “muy bien su trabajo”.

¿Será?

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AMEXI. Ciudad de México. 07 de octubre de 2024.-  La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que se analiza que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga la investigación sobre el asesinato del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán.

En conferencia de prensa, Sheinbaum Pardo lamentó este crimen del que se dio cuenta ayer domingo, y recalcó que se están llevando a cabo todas las investigaciones necesarias.

“Sobre el lamentable suceso del presidente municipal de Chilpancingo, se están haciendo las investigaciones necesarias para saber cuál fue el móvil y por supuesto hacer las detenciones correspondientes”, puntualizó.

Sheinbaum Pardo precisó que “se está colaborando con la Fiscalía del estado y se está viendo si es necesario atraer el caso para la FGR y saber cuál fue el móvil”.

Cabe mencionar que Alejandro Arcos Catalán fue localizado decapitado la tarde del domingo en Chilpancingo. Había asumido como presidente municipal hace una semana.

La Fiscalía General de Justicia de Guerrero informó que abrió una carpeta de investigación sobre este crimen para ubicar a los perpetradores de lo consideró un homicidio calificado.

Esta semana se presentará Estrategia de Seguridad

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que está semana se presentará la Estrategia de Seguridad con el fin de atender la situación que se registra en estados donde hay un mayor número de incidencia delictiva.

“Vamos a trabajar en algunos estados en particular con mayor presencia, inteligencia e investigación en coordinación con las y los gobernadores”, comentó.

Presenta programa Salud Casa por Casa para adultos mayores y personas con discapacidad

En la conferencia matutina, se presentó el programa Salud Casa por Casa con el objetivo de llevar servicios médicos a las personas adultas mayores o con discapacidad en el territorio nacional.

La titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel informó que los médicos brindarán atención personalizada, por lo que este lunes los servidores de la nación llevarán a cabo un censo para la implementación del programa.

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AMEXI. Ciudad de México. 23 de septiembre de 2024.- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) publicó un comunicado donde se pueden consultar una serie de resoluciones que obligan a diversas autoridades a entregar información previamente reservada sobre el caso Ayotzinapa.  

Estas resoluciones incluyen la divulgación de una versión pública de la averiguación previa, declaraciones de personal militar, informes de la Policía Federal, órdenes de aprehensión y detalles sobre la participación de la Marina en la búsqueda de los estudiantes. Incluso se ha ordenado la entrega de un informe proveniente de Estados Unidos.

«El INAI advirtió que el personal de esa Secretaría tiene la obligación normativa de informar a sus superiores respecto de las actividades o eventos realizados y ordenó buscar y entregar los documentos», señaló la institución.

En el comunicado el INAI señaló que el acceso a la información es fundamental para garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la no repetición en casos de graves violaciones a los derechos humanos, como la desaparición de los 43 estudiantes normalistas en 2014.

🔟 años de resistencia en la Escuela Normal «Isidro Burgos» de #Ayotzinapa 🕊️ Estudiantes y familiares de los 43 desaparecidos colocaron veladoras y sillas para recordar a sus compañeros. ✊🏽🌹 #Ayotzinapa10Años #JusticiaParaLos43 📸: Alejandro Meléndez @alexmelon pic.twitter.com/iatBjnHHjZ

— Periodistas Unidos (@PeriodistasU) September 23, 2024

Padres intensifican acusaciones contra el Ejército y exigen información clave

A pocos días de que se cumplan diez años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los padres de los estudiantes redoblan sus esfuerzos para obtener respuestas, insistiendo en la responsabilidad del Ejército en los trágicos sucesos ocurridos entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, sin embargo las fuerzas armadas lo han negado. Los familiares exigen al Ejército la entrega de más de 800 folios de información relacionada con el caso, que consideran crucial para esclarecer lo ocurrido.

El pasado sábado 21 de septiembre,  los padres, junto a alumnos de la Escuela Normal Rural «Raúl Isidro Burgos» y diversas organizaciones sociales, se concentraron frente al Batallón 27 en Iguala, Guerrero. Durante el mitin, los manifestantes expresaron su descontento con la negativa de las autoridades militares a entregar los documentos, luego la protesta escaló cuando los jóvenes lanzaron petardos al interior de las instalaciones y derribaron una barda con una camioneta, incendiándola después, lo que provocó que los soldados respondieran con gases lacrimógenos para dispersar a la multitud.

La postura ante el ejército

Los padres de los normalistas desaparecidos consideran que el Ejército tuvo un papel en los hechos de esa noche y critican al gobierno de Andrés Manuel López Obrador por, según ellos, proteger a las Fuerzas Armadas, igualmente, en el mitin, denunciaron que el presidente ha fallado en su promesa de obtener justicia y que la Comisión de la Verdad concluyó en 2022 que la desaparición de los 43 fue un «Crimen de Estado» en el que participaron autoridades de los tres niveles de gobierno, incluidas las Fuerzas Armadas.

Además, los padres señalaron que necesitan los documentos del Ejército para avanzar en la búsqueda de la verdad. Para ellos, esta información es esencial para esclarecer lo sucedido y exponer a los responsables.

Siguen las protestas

Las manifestaciones en Guerrero son parte de una serie de protestas que se han extendido por días, además, se espera que continúen hasta el 1 de octubre, cuando Claudia Sheinbaum asuma la presidencia de México. Sheinbaum ha prometido a los familiares que su administración dará continuidad a las investigaciones y que no habrá impunidad. Los padres de los normalistas confían en que la nueva presidencia mantenga su compromiso y ejerza la presión necesaria sobre el Ejército para liberar la información.

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EFE. Ciudad de México. 12 de septiembre de 2024.- Hace trece años Bolivia se convirtió en el primer país del mundo en el que los jueces son elegidos en votación popular. En estos momentos, México prepara una reforma en el mismo sentido. Ambos sistemas comparten la idea de democratizar la elección de jueces, pero Bolivia ya ha implementado el modelo con resultados cuestionables, mientras que en México la reforma es aún un debate abierto, con preocupación en algunos sectores sobre la independencia judicial y los riesgos de politización.

A continuación se ofrece una comparación entre ambos modelos.

Bolivia:

– En 2011 Bolivia se convirtió en el primer país del mundo en elegir jueces y magistrados mediante voto popular, como parte de un proceso impulsado por el Gobierno de Evo Morales para democratizar el sistema judicial y reducir la influencia de las élites.

– Los magistrados de tribunales nacionales, como el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental, son elegidos directamente por el voto ciudadano.

México:

– La reforma de México -aprobada ya en el Parlamento y la mayoría de los 32 estados-  busca que los jueces federales, magistrados e integrantes del Tribunal Electoral y la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean elegidos por votación popular, lo que sería un cambio radical en un sistema en el que tradicionalmente jueces y magistrados son designados por el Consejo de la Judicatura, y el presidente nomina a los integrantes de los máximos tribunales ante el Senado.

– La reforma es impulsada por sectores que buscan reducir la influencia política y presidencial sobre el poder judicial.

Proceso de elección

Bolivia:

– Los candidatos a jueces y magistrados son seleccionados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que propone listas de candidatos basadas en criterios de mérito y experiencia. Estas listas son luego sometidas a votación popular.

– La elección es universal y no se requiere formación jurídica para participar como votante, aunque la campaña política está estrictamente limitada, lo que restringe la publicidad y la proyección mediática de los candidatos.

México:

– La reforma en México elimina la llamada carrera judicial y establece que los candidatos propuestos por los tres poderes sean elegidos directamente por el voto popular. En 2025 se elegiría a los ministros de la Suprema Corte y la mitad de los jueces y magistrados de distrito, y la otra mitad, en 2027.

– Se espera que, de aprobarse, la reforma incluya una preselección de candidatos por parte de algún órgano judicial o legislativo antes de someter a los candidatos a votación pública

Transparencia y legitimidad

Bolivia:

– El sistema boliviano ha sido criticado por la falta de independencia, ya que la preselección de los candidatos está en manos de la Asamblea Legislativa, controlada generalmente por el partido mayoritario, lo que introduce un sesgo político.

– La baja participación en las elecciones judiciales (con un alto porcentaje de votos nulos y blancos) ha generado dudas sobre la legitimidad del proceso.

México:

– La reforma en México plantea dudas similares sobre la independencia judicial, ya que si los candidatos son seleccionados previamente por instancias políticas, podría comprometer la imparcialidad del proceso.

– Además, la reforma ha generado debate sobre si los jueces electos por voto popular serán menos técnicos y más susceptibles a presiones políticas y populistas.

Objetivos y argumentos

Bolivia:

– El objetivo declarado es democratizar el sistema judicial y permitir que los ciudadanos tengan una voz directa en la elección de los magistrados, combatiendo así la corrupción y los intereses de las élites.

– Sin embargo, los críticos argumentan que el proceso no ha mejorado significativamente la administración de justicia ni ha reducido la influencia política en los tribunales.

México:

– Los defensores de la reforma en México argumentan que la elección popular de jueces fortalecería la independencia judicial, al reducir la intervención del Ejecutivo y el Legislativo en los nombramientos, y combatiría el nepotismo que consideran que se ha instalado en su seno.

– Los opositores temen que la reforma politice aún más la justicia y que los jueces, al ser electos, puedan inclinarse hacia posiciones populistas en lugar de interpretar la ley de manera imparcial, y algunos sectores incluso advierten del riesgo de penetración del crimen organizado.

Impacto en el sistema judicial

Bolivia:

– La implementación del voto popular ha resultado en un sistema judicial que sigue enfrentando críticas por su ineficiencia y falta de independencia.

– La elección de jueces mediante el voto popular no ha resuelto los problemas crónicos de corrupción ni la percepción pública negativa hacia el sistema de justicia en Bolivia.

México:

– El impacto aún es incierto, pero los críticos advierten de que la elección directa de los jueces podría llevar a una mayor politización del sistema judicial, e incluso podría afectar a la certidumbre jurídica, necesaria para garantizar las inversiones extranjeras.

– Si se aprueba, la reforma podría cambiar la naturaleza de la justicia en México, influyendo en cómo los magistrados interpretan la Constitución y las leyes, dependiendo de las dinámicas electorales. Además, el Tribunal de Disciplina Judicial podría actuar contra los jueces cuyos fallos no fuesen del agrado del Ejecutivo.

Participación ciudadana

Bolivia:

– La participación en las elecciones judiciales ha sido históricamente baja. A pesar de que en Bolivia el voto es obligatorio, muchos ciudadanos optan por anular su voto o emitirlo en blanco, lo cual evidencia una desconfianza general hacia el sistema

México:

– Se espera que la participación ciudadana sea un tema central. Los críticos señalan que la complejidad de los temas judiciales, con más de 1.600 vacantes y al menos seis candidatos por cada una de ellas, pueda dificultar una elección informada por parte de la ciudadanía.

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Por Eduardo Ibarra Aguirre

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 09 de septiembre de 2024.- En el último informe sobre el desfalco a Seguridad Alimentaria Mexicana, mejor conocida por sus siglas de Segalmex –antes Conasupo–, se cuantificó en 2 700 millones de pesos por Roberto Salcedo Aquino, titular de la Secretaría de la Función Pública, lo que equivale al 28% de los 9,500 millones de pesos estimados como “posibles desvíos” por la Auditoría Superior de la Federación y la misma SFP.

          De los 9 500 millones de pesos originales, dijo el secretario Salcedo, 4 700 millones, cerca de 50%, “ya fueron aclarados con las evidencias pertinentes”. En tanto, 2 100 millones, 22%, “están en proceso de análisis para acreditación o no por parte de las instancias fiscalizadoras. En caso de no aclararse, se presentarán las denuncias correspondientes”.

En tanto que para la procuradora fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, por esas malversaciones hay 26 personas vinculadas a proceso penal, nueve exfuncionarios públicos y 17 particulares. Destaca que entre los procesados  no se encuentra Ignacio Ovalle Fernández, exdirector general de Segalmex.

Ovalle es un político y abogado que despuntó durante el gobierno de Luis Echeverría Álvarez (1970-76) al desempeñarse como titular de la Secretaría de la Presidencia. Y desde que empezó la historia del caso, hasta hoy el más escandaloso de corrupción en el gobierno del presidente Andrés Manuel, es público y se puede documentar el interés del Tabasqueño de Tepetitán (Macuspana) por poner a buen resguardo al destacado echeverrista al nombrarlo coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, dependiente de la Secretaría de Gobernación.

Llegó López Obrador al extremo de presentar a Ignacio Ovalle como víctima de engaños por parte de sus colaboradores que ocupaban cargos directivos en Segalmex y que ahora se encuentran bajo proceso, como René Gavira, exdirector Administrativo, y Manuel Lozano, exdirector Comercial, preso en Argentina y de quien se espera su extradición a México.

Si AMLO tiene razón en la explicación brindada en varias mañaneras, pues su todavía colaborador Ovalle fue un inepto en Segalmex al no enterarse de lo que armaban financieramente sus principales subordinados o bien un simple tontejo.

En cualquier caso no es atribución presidencial, sino exclusiva de Ministerio Público, abrir y cerrar carpetas  de investigación sobre presuntos ilícitos cometidos por funcionarios públicos o los ciudadanos, pero las inercias no desaparecen de la noche a la mañana, ni siquiera en seis años.

Como ya es habitual Obrador adelanta vísperas que en política no es lo más recomendable y en la misma mañanera del jueves 5 sentenció: “Es el único caso de corrupción que se nos presentó en el gobierno”.

En efecto, pero tal aseveración es válida hasta aquel día, pues en la muy enraizada costumbre mexicana las corruptelas sexenales se ponen al descubierto o se inventan al comenzar el nuevo sexenio. Y si bien vivimos tiempos de la Cuarta Transformación todavía está por verse si se superan aquellas deleznables prácticas del revanchismo político y los ajustes de cuentas encarcelando a funcionarios de  segundo y tercer niveles, pero muy identificados con el presidente que concluye su mandato.

Mientras tanto, a unas semanas del cierre del sexenio, los indicadores del avance en el combate a la corrupción no se han modificado como el gobierno estimó a finales de 2018 y muestran que lo alcanzado aún está lejos de las metas en la materia que se había propuesto AMLO con el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024.

Acuse de recibo

La dictadura mediática está a todo lo que da en contra de la limitada pero importante reforma judicial, escupe al cielo porque la pérdida de credibilidad que sufre no tiene precedente y la tendencia es pronunciada. Las audiencias ven sus canales, escuchan sus radiodifusoras y leen sus periódicos pero no les creen, de acuerdo con las mediciones de la británica Reuters y la Universidad de Oxford, fuera de toda sospecha como obradoristas… Otro estudio, a cargo de Salvador Frausto y Balbina Flores, concluye que 11 familias son propietarias de los medios que abastecen de información (desinformación) a la mitad de las audiencias… En la fiebre democratizadora que vive el país, Fernando Rivera Calderón propone que los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina sean electos por voto ciudadano. El conductor del programa televisivo Operación Mamut (11.1 y 14.1) y Me Canso Ganso (22.1), además de comediante, guitarrista, cantautor, baterista, entrevistador y analista en Desde el más Allá (22.1), no tiene claro que se elige al titular del Ejecutivo federal y no a los secretarios de Estado o encargados del despacho, a excepción del secretario de Relaciones Exteriores a quien lo ratifica el Senado. Son los riesgos que se corren por ejercer como “todólogo”. Allí está el ejemplo de Héctor Aguilar Camín a quien ya ni Emilio Azcárraga y Televisa soportaban.

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EFE. Ciudad de México. 02 de septiembre de 2024.-  El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expresó este lunes su esperanza de resolver el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa antes de que acabe su administración, el próximo 30 de septiembre, y ofreció una recompensa y protección a quien aporte información.

“Yo no pierdo la fe de que todavía en estos días podamos hacer algo porque hay muchos intereses que no quieren que se encuentre a los jóvenes”, señaló el mandatario durante su conferencia de prensa.

El gobernante mexicano se refirió así al caso, pese a que el domingo, durante su último informe de Gobierno oficial, había reconocido que dejaba como “pendiente” resolver el caso de los 43 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, aunque aseguró que los seguirían buscando.

“Estamos apurándonos. Hoy en la tarde tengo una reunión porque queremos seguir avanzando para encontrar a los jóvenes y todo lo que sea información para encontrar a los jóvenes”, insistió.

Asimismo, ofreció recompensas, protección y su reconocimiento a quien proporcione información sobre el caso.

La semana pasada se produjo un encuentro entre él y las familias, que el martes rompieron el diálogo ante la falta de avances y la presunta protección del presidente a los militares involucrados en la desaparición de los 43 jóvenes el 26 de septiembre de 2014 en Guerrero, estado del sur de México.

La presión crece porque dentro de un mes se cumplen diez años del hecho y el 1 de octubre asume la nueva presidenta, Claudia Sheinbaum, con quien las familias esperan que «se pueda redireccionar y restablecer el diálogo».

La Comisión de la Verdad del Gobierno, creada por López Obrador, concluyó en agosto de 2022 que la desaparición de los jóvenes fue «un crimen de Estado» que involucró la participación de autoridades de los tres niveles de Gobierno, incluyendo el Ejército, en colusión con el crimen organizado.

Pero el presidente ha contradicho las conclusiones del organismo que él mismo encargó.

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EFE. Ciudad de México. 27 de agosto de 2024.-  Padres y madres de los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos hace casi una década en Ayotzinapa rompieron este martes el diálogo con el presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, tras reunirse por última vez antes de que termine su mandato sin resolver el caso, como prometió.

Vidulfo Rosales, vocero y abogado de las familias, declaró que no hubo avances sustanciales en las investigaciones, según el informe que les presentó el mandatario, excepto un par de detenciones que podrían detonar nuevas líneas de averiguación.

“Esperemos que con el nuevo Gobierno (de Claudia Sheinbaum, el 1 de octubre), se pueda redireccionar, se pueda restablecer el diálogo que últimamente cayó a los niveles más bajos”, dijo Rosales al salir del encuentro en el Palacio Nacional.

Entre las detenciones, indicó Rosales, está Marco Antonio Ríos Berber, alias ‘La Pompa’, uno de los implicados desde el inicio en el caso por parte del grupo criminal Guerreros Unidos.

«Ningún avance» sobre el Ejército

No obstante, el vocero afirmó que no hubo ninguna respuesta a las principales peticiones de los familiares, con respecto a los expedientes del Ejército o la detención de altos mandos implicados en el caso, que ocurrió el 26 de septiembre de 2014 en Guerrero, estado del sur de México.

“En las líneas de búsquedas nuevas que hay, no tuvimos ningún avance, ninguna respuesta”, señaló.

“En razón de lo cual, ya la posición de los padres es que esta es la última reunión”, agregó.

Expuso que las últimas reuniones fueron de confrontaciones, más que de avances reales, los que se estancaron en 2021, consideró.

Además, comentó que el presidente les dijo que en caso de que no haya nada relevante, en septiembre mandará él su último reporte y lamentó que haya incumplido su promesa de resolver el caso.

Sin respuestas

Clemente Rodríguez, padre de Christian Rodríguez, uno de los 43 estudiantes desaparecidos, comentó que el presidente no tocó varios temas, aunque se lo pidieron, como la extradición de desde Israel de Tomás Zerón, exdirector de la extinta Agencia de Investigación Criminal (AIC) y acusado de tortura en la investigación del caso.

“No lo tocó y se lo pedimos en esta participación, (pero) no contestó (…) Prácticamente, nosotros, como en otras reuniones, le pedimos los 800 folios (militares), la comunicación del (soldado) infiltrado (entre los normalistas), las cámaras de seguridad”, detalló.

“No nos dio ninguna respuesta, habló de otros movimientos, de luchas. Entonces, no tuvimos algo de avance”, aseguró Rodríguez.

Por ello, sostuvo que quedó “totalmente decepcionado de este presidente”, por quién votó en 2018 “pensando que venía de movimientos de lucha”.

En tanto, el fiscal especial en el caso Ayotzinapa, Rosendo Gómez Piedra, aseveró a su salida del encuentro que continúan las investigaciones y búsquedas en campo, lo que se informó a los familiares.

“Ellos no están conformes y no van a estar conformes nunca hasta que no se encuentren los cadáveres sus hijos”, declaró Rosales.

Además, el fiscal descartó que se contemple la extradición de España del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), a quien Zerón acusó de instruirles a formular la llamada «verdad histórica» para encubrir el caso.

El 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Rural de Ayotzinapa desaparecieron mientras se dirigían a Ciudad de México para manifestarse por el aniversario de la matanza de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968.

La Comisión de la Verdad, creada por López Obrador, declaró en 2022 que fue un «crimen de Estado» en el que estuvieron involucradas autoridades de todos los niveles, incluyendo el Ejército.

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