Por Alejandro Meléndez

• Vecinos del pueblo originario denunciaron despojo, acoso y consumo desproporcionado de agua por parte del megaproyecto

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 29 de noviembre de 2025.- Miembros de la Asamblea Ciudadana del Pueblo Originario de Xoco realizaron ayer, una clausura simbólica de Plaza Mitikah, seguida del cierre de avenida Universidad a la altura de Mayorazgo, en protesta por los impactos de la gentrificación y las violaciones a derechos humanos derivadas del desarrollo inmobiliario.

La manifestación, que contó con el respaldo de diversas organizaciones como el Frente Antigentrificación, el Frente por la Vivienda Joven, PRODESC y el Frente de Defensa de los Derechos de los Pueblos Originarios de la Cuenca del Valle de México, buscó visibilizar el despojo que enfrentan los habitantes originarios ante la llegada de megaproyectos como Mitikah.

 

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Crisis del agua y privatización del espacio

Carmen, fundadora de la Asamblea de Xoco, denunció que el complejo Mitikah consume el 12% del agua de todo el pueblo con solo cuatro tomas, mientras los reportes por falta del líquido se dispararon 1,740% entre 2018 y 2022. El complejo representa ya el 18.4% del territorio de Xoco.

«Estos datos muestran una realidad innegable: esta ciudad está priorizando la especulación inmobiliaria por encima del derecho a una vida digna», afirmó Carmen ante decenas de manifestantes.

La vecina denunció además que Mitikah privatizó calles históricas como Real de Mayorazgo, vulnerando el derecho a la movilidad de personas mayores, con discapacidad, niños y peatones. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México emitió en septiembre la recomendación 11/2025 que acreditó estas violaciones.

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Agresiones y clasismo cotidiano

Silvia Chapa, también fundadora de la Asamblea, compartió testimonios sobre las agresiones que vecinos han sufrido desde las torres del complejo: piedras, botellas, celulares y hasta una pelota de golf han sido arrojados desde los balcones de los edificios.

«Pudieron haber matado a alguien. No estamos exagerando, es un riesgo real y constante», relató Chapa, quien denunció que al acudir a la alcaldía a reportar daños en su vivienda, las autoridades le exigieron identificar el departamento exacto y el nombre del agresor, dejándola en completa indefensión.

La vecina señaló que las autoridades no han implementado campañas de mediación comunitaria ni acciones para frenar el clasismo creciente en la zona.

 

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Crisis de vivienda estructural

El representante del Frente Antigentrificación contextualizó el problema como una crisis estructural: durante las últimas dos décadas, la vivienda en la zona metropolitana se encareció 330%, mientras los salarios reales cayeron 44%.

«En los años noventa, más de la mitad de los jóvenes eran dueños de su casa. Hoy, lo más que se podría aspirar es a un pequeño departamento», denunció el activista, quien señaló que en la Ciudad de México la mitad de las viviendas se venden en 4 millones de pesos, cantidad que solo puede pagar el 2% de la población.

El colectivo responsabilizó directamente a Fibra Uno, el vehículo financiero detrás de Mitikah, de impulsar la gentrificación en Xoco al introducir torres de oficinas y viviendas de lujo sin considerar la opinión de vecinos ni normas de construcción.

Demandas y acciones legales

La Asamblea de Xoco presentó cinco exigencias centrales:

1. Aceptar la recomendación 11/2025 de la CDHCM

2. Revisar subsidios fiscales que benefician a grandes desarrollos

3. Garantizar agua suficiente y transparentar consumo de megaproyectos

4. Detener autorización de proyectos de alto impacto en territorio originario

5. Reconocer y proteger derechos de pueblos originarios

Guillermo Torres, coordinador legal de PRODESC, informó que el pueblo presentó un amparo en 2023 alegando violación al derecho de consentimiento libre, previo e informado, aunque el Poder Judicial falló a favor de las inmobiliarias.

El abogado anunció que se prepara una nueva acción legal para obligar a las autoridades a garantizar el derecho al agua en condiciones de accesibilidad y no discriminación.

«La lucha del pueblo de Xoco revela una crisis estructural de la Ciudad de México», concluyó Torres, haciendo un llamado a la ciudadanía a no consumir en lugares que lucran con la exclusión.

La manifestación concluyó con consignas: «Xoco no se vende, se organiza y se defiende» y «Agua, vivienda y ciudad para quienes la viven, no para quien quiera especular».

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 04 de agosto de 2025.- A una década del brutal asesinato de cinco personas en un departamento de la colonia Narvarte, incluida la activista Nadia Vera y el fotoperiodista Rubén Espinosa, las familias de las víctimas han enviado una carta a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, solicitando una reunión urgente para abordar la falta de avances en la investigación del caso conocido como “Caso Narvarte”.

En la misiva, Perla Patricia Espinosa Becerril, hermana de Rubén Espinosa, recuerda que el 31 de julio de 2015, sujetos armados irrumpieron en un edificio residencial en la Ciudad de México, donde torturaron y asesinaron con arma de fuego a Rubén, Mile Virginia Martín, Yesenia Quiroz, Olivia Negrete y Nadia Vera. Espinosa, quien había huido de Veracruz tras recibir amenazas del entonces gobernador Javier Duarte, fue una de las víctimas de este crimen que, según la carta, evidencia un “operativo bien estructurado” para ejecutarse y mantenerse en la impunidad.

La carta denuncia una investigación plagada de irregularidades, filtraciones y omisiones por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. A pesar de la recomendación 04/2017 emitida por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), que señaló la falta de un plan de investigación, las familias aseguran que no ha habido avances significativos. “La resistencia de la Fiscalía para llegar a la verdad se reflejó en la falta de iniciativa, dejando esa carga a las familias”, señala Espinosa Becerril, quien también critica la pérdida de pruebas por el paso del tiempo y errores en las diligencias.

Las familias, acompañadas por la organización Artículo 19, destacan que en 2022, cuando Sheinbaum era jefa de Gobierno de la Ciudad de México, solicitaron una reunión sin recibir respuesta. Ahora, dirigiéndose a ella como presidenta de la República, reiteran su petición para dialogar sobre el caso, enfatizando la necesidad de verdad, justicia y reparación del daño tras una década de revictimización y falta de resultados.

“Entendemos que la investigación corresponde a la Fiscalía, pero una reunión con usted podría marcar un cambio para las familias”, subraya la carta, firmada por Espinosa Becerril y respaldada por su representante legal, Edgardo Calderón Sánchez. Las familias también han enviado copias de la solicitud a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y a la fiscal Bertha Alcalde Luján, instando a las autoridades a atender las recomendaciones de la CDHCM y avanzar en el esclarecimiento del caso.

A pocos días de conmemorarse el décimo aniversario de los hechos, las familias del Caso Narvarte mantienen su lucha por justicia, exigiendo ser escuchadas y obtener respuestas sobre uno de los crímenes que marcó la historia reciente de la Ciudad de México.

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