Por Renán Martínez Casas

AMEXI. Ciudad de México. 06 de octubre de 2025.- El periodismo ya no es simplemente incómodo para el poder: se ha vuelto intolerable. En regímenes democráticos debilitados, así como en sistemas autoritarios, se ha perfeccionado una arquitectura de hostilidad que asfixia la función crítica de la prensa sin necesidad de censura formal. El objetivo no es silenciar, sino saturar; no desaparecer la verdad, sino diluirla entre ruido, desinformación y descrédito. El periodismo ha dejado de ser un contrapeso para convertirse en un obstáculo, y el poder ha aprendido a neutralizarlo no por la fuerza, sino por el desprestigio.

La figura del periodista ha sido convertida en blanco de sospechas, ataques digitales, estigmatización oficial y campañas de difamación. En muchas partes del mundo, ejercer el oficio con rigor es una actividad de alto riesgo, no solo por la amenaza directa, sino por el aislamiento simbólico. Se permite que la información circule, pero se le priva de impacto. La verdad, aun cuando se dice, llega tarde o es descartada por una ciudadanía fatigada, emocionalmente saturada, que ya no distingue entre el dato verificado y el discurso fabricado.

Los nuevos dispositivos de control no necesitan cerrar medios ni encarcelar periodistas para imponer su narrativa. Les basta con colapsar el valor social de la información verificada. La velocidad con que circulan los contenidos, el sensacionalismo algorítmico y la multiplicación de fuentes opacas han contribuido a disolver la autoridad del periodismo profesional. Se le acusa de parcialidad, se le reduce a una opinión entre muchas, se le iguala con el bullicio de las redes. En ese ambiente, todo es opinable, todo es disputado, todo es sospechoso. Y si todo es sospechoso, nada importa.

Esta crisis no es sólo consecuencia de la tecnología. Es una estrategia política activa. El poder ha descubierto que no necesita perseguir la verdad: le basta con desprestigiar a quien la enuncia. La estigmatización del periodista como “enemigo del pueblo”, “vocero de intereses” o “saboteador” forma parte de una gramática global de la desconfianza. En muchos países, esta narrativa se institucionaliza desde el propio Estado: se desacredita a los medios críticos, se premia a los incondicionales, se utiliza el aparato público para montar canales oficiales de propaganda que simulan pluralismo y transparencia.

Este escenario ha generado un ecosistema informativo desequilibrado, donde el periodismo independiente lucha por sobrevivir entre el descrédito y la precariedad. La financiación se reduce, la publicidad se concentra en medios afines al poder, y la ciudadanía, confundida por la sobrecarga informativa, tiende a refugiarse en discursos afines a sus emociones o ideologías. La verdad pierde centralidad, y el dato se vuelve decorativo.

En paralelo, el lenguaje del poder se vuelve performático. Los gobernantes no comunican: actúan. Convierten cada declaración en un evento, cada conferencia en un show, cada desmentido en una confrontación teatral. Se apropian del lenguaje mediático para encubrir la ausencia de argumentos. De este modo, los gobiernos ya no necesitan responder a la prensa: les basta con sobrepasarla en espectáculo.

En este contexto, el periodismo se ve obligado a reinventar su función. Ya no basta con informar. Se requiere desmontar narrativas falsas, resistir la tentación del impacto fácil, construir audiencias críticas. Muchos medios han optado por el modelo colaborativo, por alianzas transnacionales, por la investigación de largo aliento. Otros han migrado a formatos nuevos, tratando de recuperar la atención del público sin renunciar al rigor.

Pero estas formas de resistencia tienen un alto costo. En países democráticos debilitados y en dictaduras abiertas, el periodista que no obedece es castigado. Se le persigue judicialmente, se le bloquea el acceso a la información, se le margina de los circuitos de legitimidad. En muchos casos, se le empobrece deliberadamente. La libertad de prensa sobrevive, pero a un precio cada vez más alto.

Frente a este sitio persistente, cabe preguntarse por el lugar de la verdad en el espacio público. La verdad ya no es una conquista social compartida, sino un campo de disputa. Decir la verdad implica desafiar narrativas oficiales, desafiar emociones dominantes, desafiar la inercia de la indiferencia. En un mundo donde el poder construye realidades paralelas, sostener los hechos es una forma de disidencia.

No se trata de idealizar al periodismo ni de negar sus fallas. Se trata de reconocer que, en este ciclo histórico, la verdad ha dejado de ser inofensiva. Se ha vuelto un obstáculo para quienes gobiernan desde el engaño. Por eso el periodismo está sitiado: porque donde hay verdad, hay posibilidad de resistencia.

El sitio no es solo institucional o económico. Es simbólico y moral. Se busca quebrar la voluntad del periodista, volverlo irrelevante, convertir su trabajo en un ruido más. Pero allí donde estorba, el periodismo se vuelve imprescindible. No por heroísmo, sino por necesidad democrática.

Porque cuando el periodismo incomoda, cumple su función. Cuando desafía, demuestra que la conciencia crítica no ha muerto. Y cuando resiste, recuerda que el poder no lo es todo. En ese gesto, aunque solitario, sobrevive la posibilidad de otro lenguaje: uno que no niegue la verdad, sino que la ponga de nuevo en el centro de lo público.

La figura del periodista ha sido convertida en blanco de sospechas, ataques digitales, estigmatización oficial y campañas de difamación. En muchas partes del mundo, ejercer el oficio con rigor es una actividad de alto riesgo, no solo por la amenaza directa, sino por el aislamiento simbólico. Se permite que la información circule, pero se le priva de impacto. La verdad, aun cuando se dice, llega tarde o es descartada por una ciudadanía fatigada, emocionalmente saturada, que ya no distingue entre el dato verificado y el discurso fabricado.

Los nuevos dispositivos de control no necesitan cerrar medios ni encarcelar periodistas para imponer su narrativa. Les basta con colapsar el valor social de la información verificada. La velocidad con que circulan los contenidos, el sensacionalismo algorítmico y la multiplicación de fuentes opacas han contribuido a disolver la autoridad del periodismo profesional. Se le acusa de parcialidad, se le reduce a una opinión entre muchas, se le iguala con el bullicio de las redes. En ese ambiente, todo es opinable, todo es disputado, todo es sospechoso. Y si todo es sospechoso, nada importa.

Esta crisis no es sólo consecuencia de la tecnología. Es una estrategia política activa. El poder ha descubierto que no necesita perseguir la verdad: le basta con desprestigiar a quien la enuncia. La estigmatización del periodista como “enemigo del pueblo”, “vocero de intereses” o “saboteador” forma parte de una gramática global de la desconfianza. En muchos países, esta narrativa se institucionaliza desde el propio Estado: se desacredita a los medios críticos, se premia a los incondicionales, se utiliza el aparato público para montar canales oficiales de propaganda que simulan pluralismo y transparencia.

Este escenario ha generado un ecosistema informativo desequilibrado, donde el periodismo independiente lucha por sobrevivir entre el descrédito y la precariedad. La financiación se reduce, la publicidad se concentra en medios afines al poder, y la ciudadanía, confundida por la sobrecarga informativa, tiende a refugiarse en discursos afines a sus emociones o ideologías. La verdad pierde centralidad, y el dato se vuelve decorativo.

En paralelo, el lenguaje del poder se vuelve performático. Los gobernantes no comunican: actúan. Convierten cada declaración en un evento, cada conferencia en un show, cada desmentido en una confrontación teatral. Se apropian del lenguaje mediático para encubrir la ausencia de argumentos. De este modo, los gobiernos ya no necesitan responder a la prensa: les basta con sobrepasarla en espectáculo.

En este contexto, el periodismo se ve obligado a reinventar su función. Ya no basta con informar. Se requiere desmontar narrativas falsas, resistir la tentación del impacto fácil, construir audiencias críticas. Muchos medios han optado por el modelo colaborativo, por alianzas transnacionales, por la investigación de largo aliento. Otros han migrado a formatos nuevos, tratando de recuperar la atención del público sin renunciar al rigor.

Pero estas formas de resistencia tienen un alto costo. En países democráticos debilitados y en dictaduras abiertas, el periodista que no obedece es castigado. Se le persigue judicialmente, se le bloquea el acceso a la información, se le margina de los circuitos de legitimidad. En muchos casos, se le empobrece deliberadamente. La libertad de prensa sobrevive, pero a un precio cada vez más alto.

Frente a este sitio persistente, cabe preguntarse por el lugar de la verdad en el espacio público. La verdad ya no es una conquista social compartida, sino un campo de disputa. Decir la verdad implica desafiar narrativas oficiales, desafiar emociones dominantes, desafiar la inercia de la indiferencia. En un mundo donde el poder construye realidades paralelas, sostener los hechos es una forma de disidencia.

No se trata de idealizar al periodismo ni de negar sus fallas. Se trata de reconocer que, en este ciclo histórico, la verdad ha dejado de ser inofensiva. Se ha vuelto un obstáculo para quienes gobiernan desde el engaño. Por eso el periodismo está sitiado: porque donde hay verdad, hay posibilidad de resistencia.

El sitio no es solo institucional o económico. Es simbólico y moral. Se busca quebrar la voluntad del periodista, volverlo irrelevante, convertir su trabajo en un ruido más. Pero allí donde estorba, el periodismo se vuelve imprescindible. No por heroísmo, sino por necesidad democrática.

Porque cuando el periodismo incomoda, cumple su función. Cuando desafía, demuestra que la conciencia crítica no ha muerto. Y cuando resiste, recuerda que el poder no lo es todo. En ese gesto, aunque solitario, sobrevive la posibilidad de otro lenguaje: uno que no niegue la verdad, sino que la ponga de nuevo en el centro de lo público.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 15 de septiembre de 2025.- Nepal se sumerge en una espiral de violencia que amenaza la frágil democracia del país himalayo, donde protestas juveniles contra la corrupción y la censura digital han derivado en ataques devastadores contra la prensa. Al menos 19 personas murieron el 8 de septiembre por la represión policial, y el 9 de septiembre, más de una docena de medios de comunicación y tres organizaciones periodísticas fueron incendiados o vandalizados en al menos ocho localidades, dejando a cinco periodistas heridos, según denunció Reporteros Sin Fronteras (RSF). En medio del caos, el Ejército asumió el control de la seguridad nacional y una jueza de la Corte Suprema, Sushila Karki, fue designada primera ministra interina para intentar estabilizar un Gobierno tambaleante.

Las manifestaciones, impulsadas por jóvenes indignados contra la élite política y la suspensión de 26 plataformas de redes sociales –justificada por el Ejecutivo por incumplimiento de directivas de registro–, estallaron el 8 de septiembre en Katmandú y ciudades como Butwal, Pokhara y Chitwan. Exigiendo reformas electorales y el fin de la represión en línea, los protestantes chocaron con fuerzas de seguridad que respondieron con balas de goma y gases lacrimógenos, dejando un saldo trágico de 19 fallecidos, la mayoría por disparos. El día siguiente, la furia se volcó contra los medios, percibidos por algunos manifestantes como cómplices del statu quo, en una escalada que RSF califica de «inaceptable» y que ha silenciado voces clave en un momento de máxima inestabilidad.

En Katmandú, el epicentro de los disturbios, el Kantipur Media Group (KMG) –dueño de los diarios Kantipur, el portal ekantipur.com y The Kathmandu Post– vio sus oficinas en Thapathali reducidas a cenizas, al igual que las residencias de sus propietarios, Kailash Sirohiya y Rameshwor Thapa. En Tinkune, Kantipur TV y Radio Kantipur quedaron destruidos durante una transmisión en vivo: manifestantes irrumpieron en la sala de redacción, obligando al director de noticias Rupesh Shrestha a romper una puerta para evacuar al equipo; Shrestha y el periodista Aneel Bogati fueron agredidos físicamente. Avenues Television, ABC Television e ITV Nepal cesaron emisiones por daños irreparables, mientras el Annapurna Post fue incendiado tras la evacuación de su personal. El Babarmahal Press Center –organización de periodistas maoístas– y las oficinas de ThahaKhabar.com sufrieron saqueos y vandalismo.

La destrucción se extendió más allá de la capital. En Butwal, vehículos de News24 TV y Radio Jagaran fueron quemados; en el distrito de Kaski, motocicletas de Radio Dhorbarahi fueron destruidas y la cámara del redactor jefe de Kendrabhag.com, Govinda Subedi, dañada mientras cubría una protesta. En Chitwan, provincia de Bagmati, las oficinas de Safal Khabar.com y el diario Chure Sandesh fueron saqueadas e incendiadas, el equipo de comunicaciones de Kalika FM destruido, y la casa del director de Kapurbot Media, Santosh Deuja, arrasada. En Ilam, Nepalvani FM y el diario Ilam Express Daily fueron vandalizados; en Sarlahi, provincia de Madhesh, el periodista Rajeev Sah de Mero Shaan fue golpeado mientras filmaba el incendio de una comisaría; y en Saptari, las oficinas distritales de la Federación de Periodistas Nepalíes quedaron destrozadas. Public Service Broadcasting Nepal (PSBN), dueña de Radio Nepal y Nepal Television en Singha Durbar, también fue saqueada.

Los periodistas pagaron un alto precio desde el inicio: el 8 de septiembre, cuatro reporteros resultaron heridos por balas de goma en Katmandú mientras cubrían las protestas iniciales. Shyam Shrestha, camarógrafo de Kantipur TV; Dipendra Dhungana, fotoperiodista de Naya Patrika; Umesh Karki, de Nepalpress; y Shambhu Dangal, periodista independiente, sufrieron impactos que requirieron atención médica. Además, Barsha Shah, reportera de Deshsanchar, fue herida por una piedra lanzada durante los enfrentamientos.

RSF, que ubica a Nepal en el puesto 106 del Índice Mundial de Libertad de Prensa, condenó los hechos con dureza: “Estos violentos ataques contra medios de comunicación durante un levantamiento contra las autoridades son inaceptables. También lo es la violencia policial que ha causado heridas a cuatro periodistas. En tiempos de crisis e inestabilidad, es más importante que nunca proteger el derecho a informar y a estar informado”. La organización insta a la primera ministra interina Sushila Karki, al presidente Ram Chandra Paudel y al Ejército –que ahora controla el país– a garantizar la protección de los periodistas y restaurar la libertad de prensa como pilar de la democracia. “Es fundamental que la libertad de prensa se establezca como un derecho inalienable”, enfatizó RSF.

Nepal, con más de 1.400 diarios y 800 emisoras registradas, ha transitado de la monarquía absoluta a la república federal en 2008, pero persisten tensiones entre poder y medios. La Federación de Periodistas Nepalíes reporta un aumento del 40% en incidentes contra reporteros desde el estallido de las protestas, y teme que el control militar profundice el vacío informativo. Con elecciones anticipadas en el horizonte, esta crisis no solo destruye oficinas y equipos, sino la confianza en un sistema que depende de la verdad para reconstruirse. Para los periodistas nepalíes, heridos pero resilientes, el fuego ha cobrado su infraestructura, pero no su voluntad: en la fragilidad de la democracia, la prensa sigue siendo el faro que ilumina el caos.

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Periodistas Unidos. Mexicali, México. 04 de agosto de 2025.- Desde el emblemático edificio Scorpio en el Centro Cívico de Mexicali, periodistas de las plataformas Villalobo Informa, Jorge Eras Periodista y Ciudad Capital han denunciado una campaña de censura digital orquestada, presuntamente, por el Teniente Coronel Medina, coordinador de la Fuerza Estatal de Seguridad (FES), y posiblemente bajo órdenes del titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Laureano Carrillo. Según filtraciones obtenidas desde la propia corporación, se ha instruido a personal administrativo de la Secretaría en Mexicali, Tijuana y Ensenada a reportar masivamente las páginas de estos medios en redes sociales, con el objetivo de que sean suspendidas.

La acción, calificada como un acto de represión digital, responde a las publicaciones críticas de estos medios, que han señalado presuntos operativos ilegales y actos de corrupción por parte de la FES en Mexicali. Los periodistas aseguran que las denuncias se han realizado de manera transparente, con nombre, apellido y rostro, sin incurrir en difamación ni campañas personales contra las autoridades. Sin embargo, la respuesta ha sido una estrategia para silenciarlos, utilizando los recursos de la Secretaría para atacar su labor informativa.

«Esto es un acto de censura en toda la extensión de la palabra, algo que no se debe tolerar en un Estado democrático. Tenemos pruebas de que en los grupos de WhatsApp de la FES y la Secretaría se está llamando a reportar nuestras páginas como si hubiéramos cometido algo ilegal», afirmó Jorge Eras, periodista de una de las plataformas afectadas.

Los comunicadores han hecho un llamado directo a la gobernadora y al secretario de Seguridad Ciudadana para que detengan estas acciones y asuman la responsabilidad de los señalamientos de corrupción en lugar de intentar acallar a la prensa. Además, han descartado recurrir al mecanismo estatal de protección a periodistas, al que consideran ineficaz y vinculado a las mismas autoridades que estarían detrás de esta campaña.

«Nuestra intención no es desestabilizar al gobierno ni personalizar campañas. Nuestro objetivo es informar sobre los errores evidentes de la autoridad desde una perspectiva periodística. Exhortamos a que dejen de perseguir e intimidar a los periodistas y se enfoquen en cumplir con su trabajo», añadieron.

Los periodistas advierten que esta represión digital no solo atenta contra la libertad de expresión, sino que desvía recursos que deberían destinarse a combatir la inseguridad en el estado. «En lugar de gastar energías en censurar medios, deberían detener a los responsables de las condiciones de inseguridad que vivimos», subrayaron.

El caso, según los denunciantes, está documentado y evidenciado, y constituye un precedente grave en un gobierno que, aseguran, no debería replicar prácticas represivas asociadas a administraciones anteriores. Los comunicadores han hecho un llamado a las autoridades estatales y a la sociedad para que se sumen al rechazo de estas acciones y se garantice el derecho a la información en Baja California.

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EFE. Ciudad de México. 25 de abril de 2025.- La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, prometió este viernes «corregir» la iniciativa de ley que permitiría el «bloqueo temporal a una plataforma digital», tras las acusaciones de censura de la oposición y llamamientos de organismos internacionales como la ONU.

“Ese artículo en particular tiene que modificarse para quedar claro, eliminarse, ese no es el objetivo de la ley. Si crea confusión y se piensa que es para censurar, nunca ha sido el objetivo y en todo caso se quita el artículo, se modifica la redacción», expuso la mandataria en su conferencia matutina.

La gobernante mexicana prometió rectificar la iniciativa que envió el miércoles con la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión «para que quede absolutamente claro que el Gobierno de México no va a censurar».

En su artículo 109, la nueva ley establece que «las autoridades competentes podrán solicitar la colaboración de la Agencia (de Transformación Digital) para el bloqueo temporal a una Plataforma Digital en los casos en que sea procedente por incumplimiento a disposiciones u obligaciones previstas» en «normativas aplicables».

Los partidos de oposición alertaron de que esto implica «autoritarismo digital» y «censura», mientras que la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos pidió «garantizar espacios de consulta y considerar estándares internacionales en libertad de expresión».

Sheinbaum respondió que esto «no tiene nada que ver con la censura por los contenidos», sino que da atribuciones a la agencia para implementar normas que ya pueden aplicar las instituciones de seguridad o el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a plataformas que incumplen su pago de impuestos.

Aún así, prometió una mayor discusión de la reforma, por lo que se retrasará su aprobación definitiva en el Senado, donde estaba programada para la próxima semana.

“Ese artículo tiene que aclararse para que no demos ningún argumento a la oposición ni a nadie de que lo que queremos es censurar a una plataforma digital, como Facebook, YouTube, etcétera, siempre hemos estado en contra de la censura”, sostuvo.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 25 de abril de 2025.- El Senado de la República analiza un dictamen de las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía, Comunicaciones y Transportes, y Estudios Legislativos sobre la iniciativa para expedir la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Esta propuesta, que abroga la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014, busca modernizar la regulación del sector, pero genera un debate intenso sobre sus implicaciones para la libertad de expresión en México. A continuación, se detallan los pros y contras de esta iniciativa en materia de libertad de expresión, un derecho consagrado en los artículos 6 y 7 de la Constitución.

Beneficios para la Libertad de Expresión

• Fortalecimiento de Medios Comunitarios, Indígenas y Públicos

  La nueva ley reconoce el valor de los medios comunitarios, indígenas y públicos para promover la pluralidad y la diversidad cultural, proponiendo concesiones sin fines de lucro que podrían amplificar las voces de comunidades marginadas (artículo 2). Se destaca su rol educativo, cultural y en emergencias, como desastres naturales o pandemias, asegurando el acceso a información en contextos críticos.

• Impulso a la Inclusión Digital

  La iniciativa prioriza cerrar la brecha digital mediante el acceso universal a internet de banda ancha, especialmente en áreas rurales (artículo 46). La creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones busca implementar políticas de inclusión digital, permitiendo que más personas ejerzan su derecho a la libre expresión y accedan a información a través de plataformas digitales.

• Protección de los Derechos de las Audiencias

  Se establecen medidas como la obligación de los concesionarios de nombrar un defensor de las audiencias y emitir códigos de ética (artículo 279), además de prohibir la discriminación en los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión (artículo 2). Esto fomenta contenidos responsables y un acceso igualitario a los medios.

• Promoción de Contenidos Nacionales e Independientes

  La ley impulsa la producción nacional e independiente de contenidos audiovisuales (artículos 50 y 51), diversificando las narrativas y reduciendo la dependencia de grandes corporaciones, lo que enriquece la pluralidad de voces en los medios.

• Regulación de Publicidad

  Se imponen límites a la publicidad y sanciones por incumplimientos (artículo 279), evitando la saturación comercial y protegiendo el espacio para contenidos informativos y culturales de interés público.

Riesgos para la Libertad de Expresión

• Centralización del Control en el Poder Ejecutivo

  La extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la transferencia de sus funciones a la Agencia, dependiente del Poder Ejecutivo (artículos transitorios sexto y séptimo), plantea riesgos de influencia gubernamental en la asignación de concesiones, regulación de contenidos y supervisión de medios. Esto podría derivar en censura indirecta o favoritismo hacia medios afines, afectando la pluralidad.

• Ambigüedad en la Regulación de Contenidos

  Las disposiciones sobre contenidos audiovisuales y publicidad carecen de criterios claros (artículos 210 y 276), permitiendo interpretaciones subjetivas por parte de la Secretaría de Gobernación, que sancionará incumplimientos. Esto podría restringir la libertad de expresión en temas políticamente sensibles.

• Sanciones Severas y Autocensura

  Multas de hasta el 10% de los ingresos de los concesionarios (artículo 266, inciso F) y la posibilidad de revocar concesiones por causas amplias, como “ejecutar actos contrarios a la ley” (artículo 271, fracción II), podrían intimidar a medios, especialmente los pequeños, fomentando la autocensura para evitar sanciones económicas o la pérdida de licencias.

• Falta de Protección contra la Censura Digital

  Aunque se prohíbe restringir arbitrariamente el acceso a internet (artículo 266, inciso C), no hay mecanismos claros para prevenir la censura en plataformas digitales, esenciales para la libertad de expresión. La regulación de estas plataformas es limitada (artículo 44), dejando vacíos en la protección contra restricciones gubernamentales o comerciales.

• Riesgo de Concentración en la Asignación del Espectro

  La gestión del espectro radioeléctrico por la Agencia (artículo 7) podría concentrar el poder en el Ejecutivo, limitando el acceso de medios independientes o comunitarios a frecuencias. Aunque se proponen subastas, la falta de garantías de transparencia podría favorecer a grandes empresas.

• Suspensión Temporal de Trámites

  La suspensión de 60 días hábiles de trámites tras la entrada en vigor de la ley (artículo transitorio décimo séptimo) podría retrasar nuevas concesiones, afectando la entrada de nuevos actores y limitando temporalmente la pluralidad de voces.

Alertas de R3D: Amenazas a la Libertad de Expresión y Privacidad

La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) ha expresado serias preocupaciones sobre dos disposiciones específicas de la ley que amenazan derechos fundamentales:

Bloqueo de Plataformas Digitales sin Orden Judicial

El artículo 109 faculta a la Agencia a bloquear plataformas digitales enteras a solicitud de “autoridades competentes” –sin definirlas– por incumplimiento de normativas. R3D advierte que esta medida, comparable al cierre de una estación de radio o televisión, podría implementarse sin orden judicial, violando la prohibición de censura previa establecida en la Constitución y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Además, delegar a la Agencia la definición de procedimientos para estos bloqueos contraviene los estándares internacionales, que exigen que las restricciones a la libertad de expresión sean claras, precisas y establecidas por el Congreso, con criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.

Resurrección de un Registro de Usuarios Similar al PANAUT

El artículo 8, fracción LXV permite a la Agencia crear un registro obligatorio de usuarios de servicios de telecomunicaciones, sin especificar su finalidad ni los datos a recolectar. Este registro recuerda al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), declarado inconstitucional en 2022 por la Suprema Corte por violar la privacidad y la protección de datos. R3D señala que la vaguedad de la disposición y la falta de límites claros sobre el acceso de las autoridades a este registro generan riesgos de vigilancia masiva y uso indebido de datos personales, especialmente en un contexto donde otras iniciativas legislativas también proponen bases de datos similares.

Un Llamado Urgente al Senado

R3D urge al Senado a reconsiderar estas disposiciones para alinear la ley con los estándares constitucionales e internacionales de derechos humanos. La organización enfatiza que las restricciones a la libertad de expresión deben ser excepcionales y claramente definidas, y que medidas como el registro de usuarios deben respetar precedentes judiciales que protegen la privacidad.

Expertos y organizaciones de la sociedad civil han instado al Congreso a garantizar transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana en la implementación de la ley. También se recomienda establecer criterios precisos para sanciones, fortalecer la protección contra la censura digital y asegurar la independencia de la Agencia para evitar injerencias políticas.

El dictamen será debatido en el Pleno del Senado, en un momento crucial donde el equilibrio entre regulación, libertad de expresión y privacidad definirá el futuro del entorno digital y mediático en México.

«Es una medida lógica, es una medida natural; nada es contrario a la libertad de expresión», señala el profesor de la UAM Xochimilco, Gabriel Sosa Plata, sobre ley de telecomunicaciones tras anuncios de EU en tele mexicana. #FórmulaNoticias con @josecardenas1 pic.twitter.com/1D3dCwhTRI

— Grupo Fórmula (@Radio_Formula) April 25, 2025

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EFE. Ciudad de México. 24 de abril de 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó este jueves que la propuesta de ley que permitiría el bloqueo temporal de plataformas digitales implique un acto de censura, luego de que diversos sectores la calificaran como una amenaza a la libertad de expresión.

“En ningún momento estamos planteando la censura, estamos en contra de la censura. Entonces, hay una redacción que tiene que ver ahí con plataformas digitales, en todo caso hay que corregir la propia redacción”, explicó la mandataria durante su conferencia matutina.

La polémica gira en torno a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, cuya iniciativa fue enviada el miércoles por el Ejecutivo al Senado. En su artículo 109, se establece que “las autoridades competentes podrán solicitar la colaboración de la Agencia de Transformación Digital para el bloqueo temporal a una Plataforma Digital”, cuando ésta incumpla las disposiciones legales que le sean aplicables.

Además, se indica que será la Agencia quien emita los lineamientos regulatorios para este procedimiento, lo que ha desatado preocupaciones sobre el alcance y el uso de esta facultad.

El líder del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, criticó la iniciativa al considerarla un acto de “autoritarismo digital” que “pone en riesgo la libertad de expresión en México”.

En respuesta, Sheinbaum argumentó que el propósito de la norma no es intervenir en los contenidos, sino regular casos en los que existan sanciones por otras entidades, como en materia de seguridad, evasión fiscal o violaciones a otras leyes. “La Agencia tiene atribución para avisarle a la plataforma que va a bajar la publicación, pero no tiene nada que ver con el contenido”, insistió. “Jamás sería nuestra intención censurar, pues siempre hemos estado en contra de la censura”.

La propuesta también contempla una prohibición explícita a televisoras y radiodifusoras de “transmitir propaganda política, ideológica, comercial o de cualquier tipo de gobiernos o entidades extranjeras”. La medida busca frenar influencias externas como los comerciales recientes en contra de la migración ilegal, promovidos por la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem.

Asimismo, se establece que las plataformas digitales que operan en territorio mexicano “no podrán comercializar espacios publicitarios para la difusión de publicidad, propaganda o cualquier información de gobiernos extranjeros”, lo que refuerza el objetivo de preservar la soberanía comunicacional y evitar injerencias políticas.

La discusión legislativa sobre esta ley será observada de cerca por organizaciones civiles, empresas tecnológicas y usuarios de plataformas, que exigen claridad en los términos y garantías para evitar abusos en la aplicación de estas nuevas regulaciones.

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AMEXI. Ciudad de México. 17 de febrero de 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este lunes que sería importante transparentar las cuentas en redes sociales como X, de Elon Musk, para contrarrestar las campañas negativas contra personalidades o gobiernos, aunque aseguró que no está a favor de la censura digital.

“El problema de, particularmente, esta red social es que se ha cargado mucho con bots, con troles, que están vinculadas muchas veces a campañas negras, particularmente contra personalidades o contra gobiernos. Yo creo que allí sí tendría que haber una transparencia de qué cuentas son reales y qué cuentas no”, señaló la mandataria.

Cuestionada por el debate internacional que ha despertado el rol de X durante su conferencia de prensa matutina, la gobernante mexicana señaló que la dificultad es que siempre se está al límite de la censura en este tipo de temas.

“Nosotros obviamente estamos en contra de cualquier tipo de censura. Pero el problema es este crecimiento de las cuentas falsas que hacen tendencias que, la verdad, en México ya cada vez tienen menos impacto”, afirmó.

Recordó que durante el periodo de campaña electoral hubo campañas con etiquetas de ‘narcopresidente’ y ‘narcocandidata’ que la acusaban a ella y al expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) de tener nexos con el narcotráfico mexicano.

“En realidad no tuvo ningún impacto, también porque lo denunciamos a tiempo y mostramos cómo la mayoría de eso pues eran cuentas falsas. Pero pues debería de haber alguna regulación de la propia red realmente en términos de la cantidad de cuentas que son compradas para generar tendencias”, aseveró.

Al igual que su antecesor, Sheinbaum ha sido crítica de las redes sociales, al asegurar en varias ocasiones que cuentas de bots han creado campañas digitales en su contra.

En X, donde la mandataria hace múltiples anuncios gubernamentales, cuenta con más de 4,1 millones de seguidores, mientras que en YouTube, donde emite sus ruedas de prensa diarias, cuenta con 1,14 millones de adeptos.

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