Periodistas Unidos. Campeche, México. 16 de julio de 2025.- En un polémico fallo judicial, la jueza de control interina del Sistema Penal Oral y Acusatorio del Estado de Campeche, Ana Maribel de Atocha Huitz May, dictó medidas cautelares que prohíben al periodista Jorge Luis González Valdez y al periódico digital Tribuna referirse a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román. Además, se les impuso la intervención de un censor oficial designado por el Tribunal Superior de Justicia para supervisar y aprobar previamente cualquier contenido que publiquen, en lo que ha sido calificado como un acto de censura abierta y una grave violación a la libertad de expresión.

El caso tiene su origen en una denuncia presentada por Sansores contra González Valdez y Tribuna por el presunto delito de incitación al odio, derivado de publicaciones que, según la gobernadora, contenían contenido misógino y discriminatorio que habría generado violencia psicológica en su contra. En junio de 2024, la jueza Guadalupe Martínez Taboada vinculó a proceso al periodista y al medio, imponiendo inicialmente una prohibición de dos años para que González ejerciera el periodismo y la suspensión de las actividades de Tribuna. Estas medidas fueron revertidas por el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, que las consideró inconstitucionales por vulnerar los derechos humanos protegidos por los artículos 5, 6 y 7 de la Constitución mexicana, relacionados con la libertad de trabajo, expresión y prensa.

Sin embargo, en una audiencia celebrada el 15 de julio de 2025, la jueza Huitz May estableció nuevas medidas cautelares que, según el periodista, son aún más drásticas. Estas incluyen la prohibición expresa de mencionar a Sansores en cualquier formato, ya sea en publicaciones, declaraciones, opiniones o imágenes, y la supervisión previa de todo el contenido publicado por González Valdez y Tribuna por parte de un interventor judicial. La jueza argumentó que estas medidas buscan “salvaguardar los derechos de la víctima”, refiriéndose a la gobernadora, y afirmó que no se trata de una restricción a la libertad de expresión, sino de proteger la dignidad de Sansores.

El periodista, de 71 años y con más de 40 años de trayectoria, calificó las medidas como “aberrantes” y una clara violación a sus garantías constitucionales. “Esto se llama censura oficial. No se había visto en años recientes una decisión que ataque tan directamente la libertad de expresión”, declaró González Valdez a diversos medios, incluyendo Milenio y Proceso. Por su parte, Tribuna anunció que se abstendrá de publicar contenido mientras esté vigente lo que han denominado “la ley mordaza de Layda Sansores”.

Organizaciones de defensa de la libertad de prensa y periodistas locales han denunciado este caso como parte de un patrón de hostigamiento judicial contra comunicadores críticos en Campeche. Rafael Cano Franco, analista para Tribuna Campeche, señaló que existe “una persecución orquestada contra periodistas no alineados” al gobierno de Sansores, quien ha sido señalada por recurrir a instrumentos legales para silenciar críticas a su administración. Asimismo, Enrique Pastor Cruz Carranza, otro periodista, denunció que el gobierno estatal ha manipulado el sistema judicial, incluyendo cambios de jueces, para perseguir a González Valdez con fines políticos.

El caso ha generado indignación en redes sociales, donde usuarios y medios como Radio Fórmula y Etcétera han criticado la decisión judicial. “Un tribunal federal le recordó a Layda Sansores que criticar a los políticos no es delito, sino deporte nacional”, escribió la periodista Bere Aguilar en X, resumiendo el sentir de muchos que ven en este caso un intento de acallar la prensa crítica.

Aunque el Tribunal Colegiado otorgó una suspensión provisional contra las medidas iniciales, las nuevas restricciones impuestas por la jueza Huitz May han reavivado el debate sobre la libertad de prensa en México. González Valdez y Tribuna han anunciado que continuarán apelando estas medidas, mientras que la comunidad periodística exige la intervención de organismos nacionales e internacionales para proteger los derechos fundamentales de los comunicadores.

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