Periodistas Unidos. Ciudad de México. 28 de octubre de 2025.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó este martes que el gobierno de México ha solicitado a las autoridades estadounidenses la extradición de Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la exconductora de televisión Inés Gómez Mont, detenido la semana pasada en Miami, Florida, por presuntos delitos de crimen organizado y lavado de dinero. «La idea es que sea entregado a México», enfatizó Sheinbaum durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, al tiempo que aguardó detalles adicionales de la Fiscalía General de la República (FGR) para precisar si se trata de una deportación o extradición formal.

Álvarez Puga, de 48 años y empresario inmobiliario originario de Oaxaca, fue arrestado el 27 de septiembre por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en el Centro de Procesamiento y Servicios de Krome North, en las afueras de Miami. Según reportes iniciales del periodista Darío Celis en su columna del lunes, el detenido enfrenta acusaciones migratorias que facilitan su posible repatriación, pero el gobierno mexicano busca vincularlo directamente a un expediente penal abierto desde 2021 por la FGR. La pareja, prófuga desde entonces, es señalada por presuntamente operar una red de empresas fantasma que desvió alrededor de 3 mil millones de pesos de fondos públicos destinados a la construcción de cárceles federales durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

En su intervención, Sheinbaum evitó profundizar en los pormenores del caso, pero reiteró que la FGR, como autoridad encargada, determinará las condiciones de la entrega. «Estamos esperando toda la información de la fiscalía y del gabinete de seguridad; espero que en unas horas la tengamos para saber si se pide extradición, deportación o bajo qué condiciones fue detenido, y si está involucrada Inés Gómez Mont», precisó la mandataria. Fuentes cercanas al caso indican que la solicitud de extradición ya fue enviada a través de canales diplomáticos, con base en el tratado bilateral de 1978 entre México y Estados Unidos, que permite la entrega de prófugos por delitos graves como delincuencia organizada y defraudación fiscal.

El escándalo estalló en septiembre de 2021, cuando la entonces Procuraduría General de la República (hoy FGR) libró órdenes de aprehensión contra Álvarez Puga y Gómez Mont por lavado de recursos de procedencia ilícita, peculado y asociación delictuosa. La investigación reveló un esquema de «factureros» que infló contratos para prisiones en estados como Sinaloa y Hidalgo, generando un perjuicio millonario al erario público. Inés Gómez Mont, de 42 años y conocida por su participación en programas como «Ventaneando» en TV Azteca, pagó en 2018 un adeudo fiscal de 10.9 millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para cerrar un caso de fraude, pero su huida a Estados Unidos complicó su situación legal. Hasta la fecha, la conductora permanece prófuga, y no se ha confirmado su detención junto a su esposo, aunque Sheinbaum aludió a la posibilidad de su implicación.

La detención de Álvarez Puga representa un avance significativo en la persecución de casos de corrupción heredados del gobierno anterior, en un contexto de mayor cooperación bilateral en materia de extradiciones. Bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador y ahora Sheinbaum, México ha recibido a más de 200 prófuges de Estados Unidos en los últimos años, incluyendo figuras como Joaquín «El Chapo» Guzmán. Analistas como el experto en derecho penal Ricardo Raphael destacaron que este caso podría sentar precedente para agilizar procesos contra «fugitivos de cuello blanco» que operan en territorio estadounidense. «Es un mensaje claro: la impunidad transfronteriza se acaba», comentó Raphael en una entrevista con medios locales.

Organizaciones civiles como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) aplaudieron la respuesta rápida del gobierno, pero exigieron transparencia en el proceso para evitar impunidad. Mientras tanto, la FGR anunció que, una vez en México, Álvarez Puga será procesado en el Centro de Justicia Penal Federal de Reclusión Preventiva, donde ya hay solicitudes de prisión preventiva justificada. Sheinbaum cerró el tema subrayando el compromiso de su administración con la rendición de cuentas: «No hay fuero ni privilegios; la justicia llega a todos». El desenlace de esta extradición podría definirse en las próximas semanas, dependiendo de la respuesta de las autoridades estadounidenses.

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