Periodistas Unidos. Ciudad de México. 25 de febrero de 2025.- En un contexto donde el ejercicio del periodismo en Sinaloa enfrenta riesgos constantes debido a la alta incidencia delictiva y la presencia del crimen organizado, legisladores locales han presentado una iniciativa para reforzar la protección de periodistas y defensores de derechos humanos. La violencia contra comunicadores se ha convertido en una amenaza latente que limita la libertad de expresión y el derecho a la información en la entidad.

Los diputados Yeraldine Bonilla Valverde, Karina Isabel Franco Meza, Erika Rubí Martínez Rodríguez, Pedro Alonso Villegas Lobo y Ambrocio Chávez Chávez, integrantes de la 65 Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa, presentaron una propuesta para reformar la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Sinaloa, así como el Decreto 154 por el que se expide dicha ley y el Código Penal estatal.

El objetivo principal de esta iniciativa es que la Vicescalía en materia de Derechos Humanos del Estado de Sinaloa asuma la responsabilidad de atender e investigar las agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos. Además, se propone modificar su denominación para incluir explícitamente la protección de estos sectores vulnerables.

Esta propuesta surge en un escenario donde, a pesar de la existencia de marcos legales diseñados para proteger a estos grupos, como la ley aprobada en mayo de 2022 que creó el Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en Sinaloa, persisten desafíos en la implementación efectiva de mecanismos de protección y en la investigación de agresiones.

La iniciativa busca fortalecer la estructura institucional, otorgando a la Vicescalía en materia de Derechos Humanos la competencia específica para abordar estos casos, con el fin de mejorar la respuesta ante las agresiones y garantizar una protección más efectiva.

La Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior del Congreso del Estado de Sinaloa ha determinado que esta iniciativa cumple con los requisitos establecidos, lo que permitirá que continúe su proceso legislativo.

De ser aprobada, se espera que las reformas fortalezcan el marco legal e institucional para la protección de periodistas y defensores de derechos humanos en la entidad, asignando responsabilidades claras a la Vicescalía y buscando una mayor eficacia en la atención e investigación de las agresiones que enfrentan estos colectivos.

Con esta reforma, se pretende garantizar que los ataques contra periodistas sean atendidos con mayor celeridad y especialización, evitando la impunidad que ha caracterizado muchos de estos casos. La iniciativa representa un paso importante en la lucha por la libertad de expresión y el derecho a la información en una de las regiones más complejas de México.

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