• La organización califica como positivo el compromiso de la presidenta Sheinbaum de no modificar la ley ni otorgar nuevas concesiones, pero urge la reglamentación

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 10 de febrero de 2026.- La Colectiva Cambiémosla Ya consideró positivo el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum de que no habrá modificaciones a la Ley de Minería de 2023, ni se otorgarán nuevas concesiones mineras. Sin embargo, la organización señaló que para hacer más efectivo el cumplimiento del nuevo marco legal minero aprobado en 2023, es urgente que se publique el Reglamento de la Ley de Minería, con estricto apego a las nuevas disposiciones.

La Colectiva señaló que esta es una responsabilidad conjunta de la Secretaría de Economía, que encabeza el secretario Marcelo Ebrard, y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que dirige la secretaria Alicia Bárcena, dependencias que deberían haber emitido la regulación correspondiente, a más tardar, 180 días después de la entrada en vigor de la ley. «Hoy siguen en incumplimiento», denunciaron.

El movimiento destacó que el Reglamento de la nueva Ley de Minería es fundamental para la correcta implementación de ese ordenamiento legal, especialmente en materia de protección de los derechos de las comunidades y del medio ambiente.

Entre los artículos que deben reforzarse en el reglamento están: la obligación de contar con el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas antes de asignar una nueva concesión minera en sus territorios; contar con la autorización de una manifestación de impacto ambiental, planes de cierre y post cierre de minas y un estudio de impacto social previamente a la asignación de una concesión; o la prohibición de minería en zonas de estrés hídrico, en Áreas Naturales Protegidas y en el fondo marino.

«El reglamento debe también contribuir a dar plena garantía a los derechos de pueblos y comunidades que resisten frente a proyectos mineros, salvaguardar el agua, el aire, los bosques y el suelo de los graves impactos de la minería; garantizar el resarcimiento y reparación de los daños que genera dicha actividad durante las fases de exploración, explotación, cierre y post-cierre de las minas. He ahí la urgencia de su publicación», señalaron.

La Colectiva expresó su preocupación porque la Secretaría de Economía, además de no haber publicado el reglamento, ha presumido reiteradamente su cercanía y comunicación con la industria minera en el proceso de elaboración del reglamento de la Ley de Minería, lo que contrasta con la indiferencia y hermetismo que mantiene con las comunidades afectadas por esa industria y las organizaciones que las acompañan.

Con respecto al Plan de Acción sobre Minerales Críticos entre Estados Unidos y México, la organización consideró que el proceso sobre minerales críticos con los Estados Unidos y cualquier otro país debe ser transparente. «Es importante que los eventuales acuerdos no contravengan la decisión de la presidenta Sheinbaum de evitar poner en riesgo la soberanía sobre los recursos naturales, ni favorecer un mayor avance del extractivismo en el territorio nacional», subrayaron.

Asimismo, respecto al anuncio de la presidenta de recuperar 200 concesiones, la Colectiva señaló que «este es sin duda un paso inicial para cancelar un número mayor de las 22,245 concesiones mineras vigentes que, según la Secretaría de Economía, existían en el país en 2025 y que abarcan una superficie de poco más de 10 millones de hectáreas. En ningún caso, los dueños de los territorios fueron consultados, ni siquiera informados sobre la imposición de dichas concesiones sobre sus territorios».

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• Organizaciones y comunidades advierten que el acuerdo intensificará el extractivismo minero y el despojo de territorios comunitarios

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 05 de febrero de 2026.- La Colectiva Cambiémosla Ya denunció que la firma del Plan de Acción sobre Minerales Críticos entre Estados Unidos y México compromete la soberanía sobre los recursos minerales del país y profundizará los impactos socioambientales provocados por la minería en los territorios. El movimiento calificó el acuerdo como «un paso de regreso al neoliberalismo que evitó regular una de las industrias más contaminantes y violatoria de derechos».

El objetivo del Plan, firmado este 4 de febrero entre Marcelo Ebrard, secretario de Economía de México, y Jamieson Greer, Representante de Comercio de Estados Unidos, es asegurar el suministro de los denominados minerales críticos para Estados Unidos y garantizar su preferencia como comprador con los precios pactados.

Este acuerdo, que entrará en vigor en 60 días, contempla incorporar estándares regulatorios para facilitar la explotación, procesamiento y comercialización de los minerales críticos, lo que según la Colectiva «significa que intentarán debilitar los avances en la regulación sobre la exploración y explotación minera y abrir nuevamente las puertas para el despojo, el desplazamiento y la destrucción de comunidades, ecosistemas y territorios».

La organización señaló que el secretario de Economía debería cumplir con su mandato y publicar el reglamento de la Ley de Minería que permita implementar la protección de los derechos de las comunidades y el medio ambiente logrado en 2023, antes que intentar regresar los privilegios a la industria.

El Plan establece prioridades que incluyen: saber qué minerales críticos hay, dónde están y en qué cantidad; establecer medidas comerciales que faciliten el suministro de minerales críticos entre las partes; injerencia técnica y regulatoria; invertir en investigación y desarrollo de tecnología para procesar los minerales críticos; e identificar minerales específicos, proyectos mineros y de procesamiento de interés para Estados Unidos, México u otros países.

La Colectiva denunció que el Plan de Acción sobre Minerales Críticos evita mencionar los derechos colectivos de las comunidades y pueblos originarios, tampoco hace alusión a la protección de la salud humana, de la biodiversidad y del ambiente. «Para este acuerdo no existen los derechos humanos ni consideración alguna de las zonas de sacrificio ni de la crisis climática», señalaron.

La Colectiva Cambiémosla Ya urgió a garantizar los derechos de las comunidades, asegurar la protección del medio ambiente y avanzar en la regulación de la minería. «La firma de este Plan de Acción sobre Minerales Críticos es una traición a las promesas de campaña que proclamaron la ampliación de los derechos para los pueblos y comunidades de México. Vemos este Plan como una amenaza a México, a sus pueblos y sus bienes comunes», concluyeron.

La Colectiva Cambiémosla Ya reúne a comunidades, organizaciones civiles, personas académicas y defensores del territorio, incluyendo comunidades y pueblos afectados por proyectos mineros en BCS, Coahuila, Morelos, Oaxaca, Puebla, Sonora, Zacatecas, y organizaciones como CartoCrítica, CEMDA, Fundar, PODER, entre otras.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 22 de julio de 2025.- En el marco del Día Mundial Contra la Minería a Cielo Abierto, la Colectiva Cambiémosla Ya exige la prohibición de la minería metálica a cielo abierto, una práctica que ha devastado territorios, desplazado comunidades y contaminado suelos y cuerpos de agua en México. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum ha asegurado que no se otorgarán nuevas concesiones mineras, las 23,231 concesiones vigentes, que abarcan más de 13.4 millones de hectáreas, permiten la continuidad de esta actividad altamente perjudicial.

Actualmente, México cuenta con 874 operaciones mineras activas, de las cuales 249 extraen minerales metálicos. De estas, 95 emplean la técnica de tajo a cielo abierto, ocupando 61,172 hectáreas, incluyendo 5,510 hectáreas en cuatro áreas naturales protegidas y 1,541 hectáreas en humedales. Esta técnica, que remueve cobertura vegetal, consume grandes volúmenes de agua y genera residuos tóxicos, es la más destructiva para el medio ambiente y la salud humana. Alarmantemente, el 37% de estas operaciones no reporta las sustancias contaminantes vertidas en 17 años.

La minería a cielo abierto, además de sus impactos ambientales, ha provocado desplazamientos forzados de comunidades campesinas, violaciones de derechos humanos y la destrucción de modos de vida, como en el caso del Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí, devastado por la minera San Xavier, o en Concepción del Oro, Zacatecas, afectado por la mina Aranzazú de la canadiense Aura Minerals. Las empresas optan por esta técnica para reducir costos, evadiendo la responsabilidad por los daños causados.

En 2024, la Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional para prohibir la minería a cielo abierto, pero en junio de 2025, Sheinbaum expresó reticencias, argumentando que afectaría la extracción de materiales como el balastro o el litio. Sin embargo, expertos y activistas sostienen que es posible prohibir la minería metálica a cielo abierto con excepciones para materiales pétreos, que no requieren procesos tóxicos como la lixiviación con cianuro, usada en la extracción de oro, plata y cobre.

El reciente informe del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM) denuncia el “extractivismo depredador” que contamina, acapara agua y destruye territorios y comunidades. En México, ninguna de las concesiones mineras otorgadas fue consultada previamente con las comunidades afectadas, incumpliendo sus derechos. Solo a partir de la reforma a la Ley de Minería de 2023 se estableció la obligación de obtener consentimiento comunitario.

La Colectiva Cambiémosla Ya y otras organizaciones llaman a regular estrictamente la minería subterránea y prohibir la técnica a cielo abierto, un acto de justicia social y ambiental urgente para reparar el daño a las comunidades y proteger los ecosistemas mexicanos.

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