Periodistas Unidos. Ciudad de México. 26 de noviembre de 2025.– La FGR informó que mantiene abierta una investigación contra el empresario Raúl Rocha Cantú, copropietario y presidente de la Organización Miss Universo, por su probable participación en una red de delincuencia organizada dedicada al narcotráfico, tráfico de armas y huachicol (combustible robado).

La carpeta de investigación FED/FEMDO/UNAI-CDMX/0000928/2024 fue iniciada el 29 de noviembre de 2024 tras una denuncia anónima. El 15 de noviembre de 2025 un juez federal libró orden de aprehensión contra Rocha Cantú y otras 12 personas, entre ellas una funcionaria federal. El empresario se presentó cuatro días después ante la FEMDO y se acogió al criterio de oportunidad como testigo colaborador, por lo que la orden de captura quedó suspendida mientras aporta información y pruebas.

Según la indagatoria, la red operaba el trasiego de combustible robado desde Chiapas y Tabasco hacia Querétaro, utilizando lanchas por el río Usumacinta y pipas en territorio mexicano. Los cateos realizados en domicilios vinculados a Rocha Cantú, incluido su residencia en San Miguel Chapultepec, Ciudad de México, permitieron asegurar documentación contable, contratos y notas de pagos relacionados con estas actividades.

La FGR precisó que la investigación sigue en curso y que la situación jurídica definitiva de Raúl Rocha se determinará una vez que se ratifiquen los datos de prueba que está entregando. Fuentes ministeriales indicaron que la red también habría facilitado el suministro de armas a grupos delictivos que operan en el Golfo de México y el sureste del país.

Hasta el momento no se ha precisado si los hechos investigados tienen relación con la reciente edición de Miss Universo 2025, celebrada en Tailandia y ganada por la mexicana Fátima Bosch. La Organización Miss Universo no ha emitido declaración oficial sobre el caso.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México, 18 de julio de 2025.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, desmintió categóricamente cualquier complicidad de la Secretaría de Marina (Semar) o la Fiscalía General de la República (FGR) con redes dedicadas al robo de hidrocarburos, en respuesta a señalamientos surgidos tras el desmantelamiento de una organización criminal en el centro del país. “No hay un solo indicio o prueba sobre una colusión de las instituciones referidas”, afirmó García Harfuch en conferencia de prensa, calificando como “falsa” la información que circula en algunos medios y redes sociales.

El pasado 29 de junio, un operativo conjunto liderado por la Secretaría de Seguridad, en colaboración con la Semar, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional y la FGR, resultó en la detención de 32 personas, incluyendo a Cirio Sergio Rebollo, alias “Don Checo”, líder de una red dedicada al robo y distribución ilícita de combustibles en el Estado de México, Hidalgo, Querétaro y la Ciudad de México. Se decomisaron 16 millones de pesos, decenas de vehículos, armas y hasta animales exóticos, además de combustible sustraído de ductos de Pemex. La organización operaba perforando ductos para extraer gasolina y gas LP, almacenándolos en bodegas y distribuyéndolos a gasolineras mediante documentos falsos y vínculos con autoridades locales.

La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó las declaraciones de García Harfuch, asegurando que su administración no encubrirá a ningún funcionario, empresario o particular involucrado en el “huachicol”. “No vamos a cubrir a nadie. Hay un delito y, si hay alguien involucrado, se procederá”, afirmó, destacando que las investigaciones iniciadas en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador han permitido avances significativos en el combate a este ilícito. Sheinbaum señaló que, además del robo físico en ductos, se indaga el tráfico de combustibles a través de puertos marítimos y terrestres, con el objetivo de erradicar por completo el huachicol.

El secretario García Harfuch detalló que la red desmantelada operaba desde hace más de cuatro años, y las investigaciones continúan para determinar responsabilidades de servidores públicos, aunque hasta el momento no se han encontrado pruebas de colusión institucional a nivel federal. Sin embargo, audios difundidos en redes sociales han generado especulaciones sobre posibles protecciones a la red, lo que fue desmentido por el funcionario, quien instó a no dar crédito a información sin fundamento.

El combate al robo de combustibles ha sido una prioridad desde 2018, con operativos que han resultado en la incautación de millones de litros de hidrocarburos, como los 10 millones de litros de diésel decomisados en Altamira, Tamaulipas, en marzo, y 8 millones en Ensenada, Baja California. Según especialistas, el “huachicol fiscal” representa una pérdida anual de 177 mil millones de pesos para el Estado mexicano, operando mediante redes sofisticadas que incluyen facturación falsa y complicidades en aduanas.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) reconoció los avances en los operativos, pero urgió a fortalecer medidas regulatorias, como modificar el punto de recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) al momento de la venta final, para desincentivar el mercado ilegal. Mientras tanto, las autoridades mexicanas, en coordinación con agencias estadounidenses como la DEA y el FinCEN, continúan investigando redes transnacionales vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y otras organizaciones criminales.

El gobierno federal reiteró su compromiso de erradicar el robo de combustibles, destacando que los esfuerzos conjuntos han debilitado las capacidades operativas y financieras de estas redes, aunque reconocen que el problema persiste debido a su complejidad y la participación de diversos actores, desde grupos criminales hasta posibles cómplices en el sector privado.

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