Por José Luis Camacho Acevedo

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 08 de noviembre de 2025.- De una fuente muy cercana a la secretaria de gobernación, Rosa Icela Rodríguez, sé que la política potosina es una de las integrantes del gabinete presidencial que está las 24 horas del día pendiente de los asuntos que representan la posibilidad de generar una inestabilidad mayor que la que causan muchos de sus compañeros de gabinete.

Decíamos el pasado lunes que la presente se presagiaba como una semana anticlimática para el gobierno de Claudia Sheinbaum.

Y efectivamente la suma de acontecimientos ocurridos en apenas cinco días puso contra la pared el modelo de conducción política que desarrolla la presidenta Claudia Sheinbaum y se cumplió el presagio, a causa de las ineficiencias de algunos de sus colaborados y de las traiciones de aquellos que, estando en su equipo, no dejan de voltear a La Chingada para ver si de ese lugar salen algunas señales que manda el habitante encuevado en la selva, para tratar de interpretar que es lo que sugiere como acción para enfrentar los problemas que ocurrieron en el país en el hebdomadario periodo que mencionamos.

Es obvio que las señales políticas que puede enviar el ex presidente López Obrador son, primordialmente, de carácter defensivo.

Estados Unidos le vuelve a mandar mensajes intimidatorios al tabasqueño.

Un caso que ejemplifica lo anterior es la decisión del gobierno de Donald Trump de cancelar la visa al hijo del mandatario de Sonora, Alfonso Durazo, por tener presuntas ligas con el crimen organizado y participar en acciones que son las más condenables para los sabuesos del vitriólico mandamás norteamericano.

Durazo fue el primer jefe de la secretaria de seguridad en la pasada administración.

Se le conocieron actos de tráfico de influencias, señaladamente en la adquisición de patrullas y otros vehículos para la Guardia Nacional. Pero su poderosa relación con López Obrador le permitió tener una interlocución con identificados integrantes del crimen organizado acogiéndose al mandamiento de abrazos y no balazos.

Alfonso Durazo tiene relaciones peligrosas que comprometen la relación de México con Estados Unidos en materia del combate a los carteles de la droga.

Si Ramírez Bedolla tiene encima los reflectores por su manifiesta incapacidad para gobernar Michoacán, una ineficiencia que explotó a nivel internacional con el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Pero es solo eso, un político incapaz y ya sin autoridad moral ante sus gobernados.

Cuando Durazo se fue de candidato al gobierno de Sonora lo sustituyó Rosa Icela Rodríguez.

Desde esa posición la potosina inició una limpia de corruptelas que ahora como secretaria de gobernación completa con una tarea incansable, pero sobre todo completamente leal a Claudia Sheinbaum.

Si el destino político de Rosa Icela es ir a gobernar su estado natal en el 2027, la verdad sería un sacrificio para el gabinete de Claudia Sheinbaum.

No se ve en el panorama de los cuadros del entorno de Claudia Sheinbaum a nadie con la entrega, la eficiencia y la lealtad política que caracteriza a Rosa Icela Rodríguez.

Es ya una pieza insustituible en el gabinete de Claudia Sheinbaum. Una política que ya supo asumir el papel de jefa del gabinete, condición no legal, pero sí indiscutiblemente moral, en favor de la conducción del país en momentos en que, cada semana, se abren flancos al gobierno. Unos flancos que son producto de las traiciones o de las tentaciones transexenales de los que no quieren dejar el poder.

El poder es algo que se ejerce sin aspavientos.

Rosa Icela no es de ninguna manera Fernández Noroña o Félix Salgado Macedonio o Alfonso Durazo con todos los muertos que el mandatario sonorense tiene guardados en su clóset.

Afortunadamente, para las posibilidades de recuperar la estabilidad social del país, Rosa Icela ya es una secretaria de gobernación fuerte.

Nada más.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 08 de noviembre de 2025.- A una semana del devastador incendio en la tienda Waldo’s del centro de Hermosillo, que ha cobrado la vida de 24 personas y dejado 14 heridos graves, familiares de las víctimas y sobrevivientes mantienen un clamor unificado por justicia y prevención, temiendo que la falta de mantenimiento en instalaciones eléctricas de inmuebles históricos propicie una nueva catástrofe. En medio del duelo, marchas masivas y denuncias contra la negligencia de autoridades y empresas han paralizado el corazón de la capital sonorense, exigiendo no solo castigo a los responsables, sino reformas estructurales para evitar que el horror se repita.

El siniestro, ocurrido el 1 de noviembre alrededor de las 14:00 horas en la sucursal de Waldo’s ubicada en la calle Matamoros y Doctor Noriega, inició por la explosión de un transformador eléctrico sobrecargado, según la Fiscalía General del Estado de Sonora (FGES). El fuego se propagó rápidamente por el edificio de tres pisos —conocido por su antigüedad y valor histórico—, atrapando a clientes y empleados en un laberinto de humo y llamas. Entre las víctimas fatales se cuentan familias enteras, estudiantes y trabajadores: Johana Guadalupe Hernández, de 20 años, cajera y estudiante; Zelma Quintero, enfermera de 35 años; Carmen Aguilar, de 42, empleada pública; y Marcos Segundo Reyes, de 81 años, quien falleció el 7 de noviembre tras cinco días en coma. Dos heridos permanecen en estado crítico en el Hospital General del Estado.

Familiares como Eusebio Arias, tío de Johana Hernández, han liderado las protestas, acusando a Waldo’s, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Gobierno municipal de omisión. «Queremos respuestas: comercios obsoletos, muy viejos, necesitan mantenimiento. Es responsabilidad del gobierno, la tienda y la CFE; se sobrecalentó y explotó», denunció Arias a EFE, señalando que el Centro Histórico de Hermosillo alberga decenas de edificios sin planes de inspección eléctrica actualizados. Aurelia Galván Beltrán, de 67 años, madre y suegra de dos víctimas, clamó: «No estamos protegidos por las autoridades ni por la tienda. ¡Ojalá la justicia de los hombres sea justa, porque la de Dios llegará a su tiempo!».

Las manifestaciones escalaron el 6 de noviembre con una marcha organizada por la Asociación de Estudiantes Universitarios Sonorenses (Adeus), que reunió a cientos en el Centro Histórico, partiendo del Palacio de Gobierno hacia el sitio de la tragedia. Vestidos de negro y con carteles como “Por ellos marchamos, no los olvidamos” y “Justicia para las 24 almas”, los participantes —incluyendo sobrevivientes y estudiantes— exigieron la creación de la Ley 1ro de Noviembre, una iniciativa para obligar a comercios, escuelas y negocios a implementar medidas rigurosas de seguridad, como inspecciones anuales de instalaciones eléctricas, planes de evacuación y observatorios ciudadanos. «No queremos impunidad; queremos que el Congreso de Sonora legisle a favor de Protección Civil«, gritaron los manifestantes, culminando en un altar improvisado con velas y fotos de las víctimas.

Tatiana Soriano Castro y Azul Castro Fernández, familiares de una de las fallecidas, se unieron al reclamo: «Johana era una estudiante, una amiga, una hermana; no solo una cajera. Exigimos que se recuerde como tal, no como estadística». La marcha del 7 de noviembre, con participación de empleados del Hospital San José —donde laboraba Zelma Quintero—, incluyó un mitin frente al ayuntamiento, donde el padre de la enfermera exigió justicia y reparación integral para las familias.

La FGES ha detenido a tres personas relacionadas con el mantenimiento eléctrico de la tienda, imputadas por homicidio culposo y lesiones, pero las familias cuestionan la profundidad de la investigación, alegando que Waldo’s no contaba con salidas de emergencia adecuadas ni extintores funcionales. El Gobierno de Sonora, encabezado por Alfonso Durazo, anunció un fondo de 50 millones de pesos para apoyos a damnificados y una auditoría a 200 comercios históricos, pero activistas lo tildan de «insuficiente». La presidenta Claudia Sheinbaum, en su conferencia del 8 de noviembre, expresó condolencias y prometió apoyo federal: “Esta tragedia nos obliga a fortalecer la prevención; nadie debe temer por su vida en un simple paseo de compras”.

Expertos en Protección Civil, como los del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), atribuyen el incendio a la obsolescencia de la red eléctrica en Sonora —rebasada por el calor extremo de 2025, con temperaturas superiores a 45°C— y urgen una reforma nacional a normativas de seguridad en comercios. Mientras el altar en Waldo’s crece con ofrendas diarias, Hermosillo llora a sus 24 ausentes y clama por un futuro sin fuego. En un noviembre de luto colectivo, estas voces recuerdan que la justicia no es solo castigo: es prevención, para que una chispa no vuelva a apagar vidas enteras.

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