EFE. Ciudad de México. 12 de febrero de 2026.-  México ha recuperado 1.126 concesiones mineras que abarcan 889.502 hectáreas como parte de su política de revisión del sector extractivo, informaron este jueves autoridades de la Secretaría de Economía (SE).

“Al día de hoy hemos recuperado 1.126 concesiones mineras que representan 889.502 hectáreas”, señaló José Fernando Aboitiz Saro, jefe de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas de la SE.

Durante su participación en la conferencia presidencial, Aboitiz subrayó que una parte relevante de la superficie recuperada corresponde a zonas protegidas “dentro de estas concesiones se han recuperado casi 250.000 hectáreas en áreas naturales protegidas”.

De acuerdo con el responsable de la coordinación del sector extractivo, las cancelaciones se han sustentado principalmente en incumplimientos legales por parte de concesionarios.

“Fundamentalmente las razones por las cuales se han estado haciendo estas cancelaciones es por falta de derechos de pagos”, explicó, al detallar que la legislación contempla la revocación en caso de atrasos prolongados.

“Si hay un retraso de dos años en el pago de derechos es objeto de cancelación y en las omisiones de informes y estadísticos y de obras”, precisó.

Según describió, estos informes son esenciales para acreditar actividad en los proyectos.

“Si no hay este tipo de informes, quiere decir que estos bienes están ‘ociosos’ y que solo sirven para la especulación”, apuntó.

El funcionario añadió que también ha habido devoluciones voluntarias en el marco del diálogo con la industria minera.

“Adicional a esto también ha habido un diálogo con la industria para que voluntariamente, en un acuerdo de partes, se devuelvan también concesiones”, dijo, aunque matizó que estas representan “un número menor este volumen total”.

En cuanto a la distribución territorial, explicó que las cancelaciones se han realizado en todo el país.

“Se ha hecho un trabajo pues casi en todo la República Mexicana, exceptuando Campeche, Quintana Roo y Tabasco (todas en el sureste del país), que virtualmente son estados que no tienen absolutamente nada de minería”, detalló.

Finalmente, indicó que las mayores reducciones de concesiones se concentran en entidades tradicionalmente mineras como Coahuila, Chihuahua, Sonora, Zacatecas, Durango y Jalisco, que han sido los lugares “donde más reducción de concesiones ha habido”, concluyó.

Las revisiones forman parte de la política minera impulsada en los últimos años por el Gobierno mexicano, que ha priorizado el control administrativo de concesiones, la protección ambiental y el combate a la especulación sobre terrenos concesionados sin actividad productiva.

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• La organización califica como positivo el compromiso de la presidenta Sheinbaum de no modificar la ley ni otorgar nuevas concesiones, pero urge la reglamentación

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 10 de febrero de 2026.- La Colectiva Cambiémosla Ya consideró positivo el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum de que no habrá modificaciones a la Ley de Minería de 2023, ni se otorgarán nuevas concesiones mineras. Sin embargo, la organización señaló que para hacer más efectivo el cumplimiento del nuevo marco legal minero aprobado en 2023, es urgente que se publique el Reglamento de la Ley de Minería, con estricto apego a las nuevas disposiciones.

La Colectiva señaló que esta es una responsabilidad conjunta de la Secretaría de Economía, que encabeza el secretario Marcelo Ebrard, y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que dirige la secretaria Alicia Bárcena, dependencias que deberían haber emitido la regulación correspondiente, a más tardar, 180 días después de la entrada en vigor de la ley. «Hoy siguen en incumplimiento», denunciaron.

El movimiento destacó que el Reglamento de la nueva Ley de Minería es fundamental para la correcta implementación de ese ordenamiento legal, especialmente en materia de protección de los derechos de las comunidades y del medio ambiente.

Entre los artículos que deben reforzarse en el reglamento están: la obligación de contar con el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas antes de asignar una nueva concesión minera en sus territorios; contar con la autorización de una manifestación de impacto ambiental, planes de cierre y post cierre de minas y un estudio de impacto social previamente a la asignación de una concesión; o la prohibición de minería en zonas de estrés hídrico, en Áreas Naturales Protegidas y en el fondo marino.

«El reglamento debe también contribuir a dar plena garantía a los derechos de pueblos y comunidades que resisten frente a proyectos mineros, salvaguardar el agua, el aire, los bosques y el suelo de los graves impactos de la minería; garantizar el resarcimiento y reparación de los daños que genera dicha actividad durante las fases de exploración, explotación, cierre y post-cierre de las minas. He ahí la urgencia de su publicación», señalaron.

La Colectiva expresó su preocupación porque la Secretaría de Economía, además de no haber publicado el reglamento, ha presumido reiteradamente su cercanía y comunicación con la industria minera en el proceso de elaboración del reglamento de la Ley de Minería, lo que contrasta con la indiferencia y hermetismo que mantiene con las comunidades afectadas por esa industria y las organizaciones que las acompañan.

Con respecto al Plan de Acción sobre Minerales Críticos entre Estados Unidos y México, la organización consideró que el proceso sobre minerales críticos con los Estados Unidos y cualquier otro país debe ser transparente. «Es importante que los eventuales acuerdos no contravengan la decisión de la presidenta Sheinbaum de evitar poner en riesgo la soberanía sobre los recursos naturales, ni favorecer un mayor avance del extractivismo en el territorio nacional», subrayaron.

Asimismo, respecto al anuncio de la presidenta de recuperar 200 concesiones, la Colectiva señaló que «este es sin duda un paso inicial para cancelar un número mayor de las 22,245 concesiones mineras vigentes que, según la Secretaría de Economía, existían en el país en 2025 y que abarcan una superficie de poco más de 10 millones de hectáreas. En ningún caso, los dueños de los territorios fueron consultados, ni siquiera informados sobre la imposición de dichas concesiones sobre sus territorios».

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 22 de julio de 2025.- En el marco del Día Mundial Contra la Minería a Cielo Abierto, la Colectiva Cambiémosla Ya exige la prohibición de la minería metálica a cielo abierto, una práctica que ha devastado territorios, desplazado comunidades y contaminado suelos y cuerpos de agua en México. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum ha asegurado que no se otorgarán nuevas concesiones mineras, las 23,231 concesiones vigentes, que abarcan más de 13.4 millones de hectáreas, permiten la continuidad de esta actividad altamente perjudicial.

Actualmente, México cuenta con 874 operaciones mineras activas, de las cuales 249 extraen minerales metálicos. De estas, 95 emplean la técnica de tajo a cielo abierto, ocupando 61,172 hectáreas, incluyendo 5,510 hectáreas en cuatro áreas naturales protegidas y 1,541 hectáreas en humedales. Esta técnica, que remueve cobertura vegetal, consume grandes volúmenes de agua y genera residuos tóxicos, es la más destructiva para el medio ambiente y la salud humana. Alarmantemente, el 37% de estas operaciones no reporta las sustancias contaminantes vertidas en 17 años.

La minería a cielo abierto, además de sus impactos ambientales, ha provocado desplazamientos forzados de comunidades campesinas, violaciones de derechos humanos y la destrucción de modos de vida, como en el caso del Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí, devastado por la minera San Xavier, o en Concepción del Oro, Zacatecas, afectado por la mina Aranzazú de la canadiense Aura Minerals. Las empresas optan por esta técnica para reducir costos, evadiendo la responsabilidad por los daños causados.

En 2024, la Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional para prohibir la minería a cielo abierto, pero en junio de 2025, Sheinbaum expresó reticencias, argumentando que afectaría la extracción de materiales como el balastro o el litio. Sin embargo, expertos y activistas sostienen que es posible prohibir la minería metálica a cielo abierto con excepciones para materiales pétreos, que no requieren procesos tóxicos como la lixiviación con cianuro, usada en la extracción de oro, plata y cobre.

El reciente informe del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM) denuncia el “extractivismo depredador” que contamina, acapara agua y destruye territorios y comunidades. En México, ninguna de las concesiones mineras otorgadas fue consultada previamente con las comunidades afectadas, incumpliendo sus derechos. Solo a partir de la reforma a la Ley de Minería de 2023 se estableció la obligación de obtener consentimiento comunitario.

La Colectiva Cambiémosla Ya y otras organizaciones llaman a regular estrictamente la minería subterránea y prohibir la técnica a cielo abierto, un acto de justicia social y ambiental urgente para reparar el daño a las comunidades y proteger los ecosistemas mexicanos.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 16 de julio de 2025.- La Unión Wixárika de Centros Ceremoniales de Jalisco, Durango y Nayarit A.C. expresó su rechazo a la reciente inscripción de la Ruta Wixárika por los Sitios Sagrados hasta Wirikuta como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO, declarada el 12 de julio de 2025 durante la 47ª sesión del Comité del Patrimonio Mundial en París, Francia. En un pronunciamiento público, la organización señaló que el proceso careció de consulta previa, libre e informada, y calificó la declaratoria como “ajena a nuestra cultura, cosmovisión y autoridades tradicionales”.

La Ruta Wixárika, conocida como “El Camino de Nuestro Abuelo Fuego” (Tatehuarí Huajuyé), es un corredor biocultural de más de 500 kilómetros que conecta 20 sitios sagrados a través de Nayarit, Jalisco, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí. Este itinerario, que incluye peregrinaciones encabezadas por los maraka’ames (chamanes) para rituales relacionados con el ciclo agrícola y la espiritualidad wixárika, fue reconocido por la UNESCO como un Paisaje Cultural Asociativo, destacando su valor como una de las rutas precolombinas más representativas aún en uso en América. La Secretaría de Cultura de México, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la presidenta Claudia Sheinbaum celebraron la inscripción como un hito histórico, siendo la primera tradición indígena viva en América Latina en recibir este reconocimiento.

Sin embargo, la Unión Wixárika denunció que la candidatura, impulsada por la asociación civil Conservación Humana A.C., el INAH y la Secretaría de Cultura, se presentó sin el consentimiento de las comunidades wixaritari ni sus autoridades tradicionales. “El catálogo es un concepto y reconocimiento ajeno al pueblo Wixárika, ajeno a nuestras energías, ajeno a nuestros elementos sagrados, ajeno a nuestros Mara’akate, consejo de ancianos, ajeno a nuestras futuras generaciones”, afirmó la organización en su comunicado. Criticaron que el expediente técnico se elaboró en un idioma no accesible para las comunidades y sin seguir los protocolos de consulta establecidos por el Convenio 169 de la OIT y la legislación mexicana.

La Unión Wixárika cuestionó las implicaciones jurídicas y culturales de la declaratoria, temiendo una “apropiación simbólica” de sus rutas ancestrales. Exigieron que el reconocimiento se registre a nombre de las autoridades tradicionales wixaritari, no de instituciones externas, y pidieron al gobierno federal, la Suprema Corte y el Congreso de la Unión transparentar el expediente técnico y garantizar la protección del territorio frente a amenazas como la minería, el turismo inapropiado y la urbanización. Recordaron que, a pesar de un decreto de 2023 que prohíbe la minería en cinco sitios sagrados, más de 20 concesiones mineras en Wirikuta, otorgadas en administraciones pasadas, siguen suspendidas por amparos pero no canceladas.

El INAH, por su parte, defendió el proceso, afirmando que la declaratoria es resultado de tres décadas de trabajo conjunto con comunidades wixaritari, ejidatarios y el Consejo Regional Wixárika para la Defensa de Wirikuta. Diego Prieto Hernández, director del INAH, destacó que la inscripción refuerza la protección legal internacional del corredor, que incluye ecosistemas ricos con más de 300 especies de cactus, muchos endémicos o amenazados. No obstante, expertos como David Alan Gutiérrez Mannix advirtieron que, sin una declaratoria nacional que complemente la de la UNESCO, la protección podría quedarse en un reconocimiento simbólico, ya que corresponde al Estado mexicano garantizar su conservación.

La Unión Wixárika anunció que se reserva el derecho de impugnar la declaratoria y llamó a proteger su patrimonio cultural ancestral de manera autónoma.

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