Por Arturo Huerta González

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 18 de mayo de 2025.- En entrevista con La Jornada, publicada el 8 de mayo de 2025, el presidente saliente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Julio Carranza Bolívar, reconoció que el costo del crédito está vinculado al riesgo y la incertidumbre de recuperar los préstamos. En un contexto de altas tasas de interés y bajo crecimiento del ingreso nacional, no hay condiciones para asegurar la devolución de los créditos, lo que hace que la banca restrinja el financiamiento o lo otorgue con costos elevados. Esto, a su vez, perpetúa el estancamiento económico y el riesgo de impago.

El presidente saliente de la ABM también declaró que “las pequeñas empresas generan casi ocho de cada 10 empleos en México y reciben apenas 14 por ciento del crédito empresarial, pero eso no es culpa de la banca”. Sin embargo, si las pequeñas empresas no acceden al crédito es precisamente porque la mayoría no tiene flujo de ingreso asegurado para devolverlo, lo que explica las altas tasas que enfrentan.

Al final de la entrevista, afirmó: “Eso de que la banca no presta, claro que la banca presta. Eso de que la banca cobra tasas altas, no, la banca apoya mucho. Imaginemos un día sin bancos”. Pero si la banca realmente apoyara al país, la economía estaría creciendo y no estancada. De hecho, imaginar un día sin bancos podría ser benéfico: los bancos son responsables de la descapitalización de empresas, familias y del propio gobierno, lo que restringe su capacidad de gasto e inversión en beneficio de las ganancias bancarias. La banca comercial debería ser reemplazada por un banco central con funciones de desarrollo económico.

Durante la 88 Convención Bancaria, la gobernadora de Banxico reconoció que muchas empresas y personas “no ven el beneficio de participar en el sistema bancario”, pues los servicios no satisfacen sus necesidades y resultan costosos. Pero lo que no se menciona es que la política económica dominante —libre comercio, movilidad de capitales, desregulación bancaria, austeridad fiscal y altas tasas de interés— ha generado bajos ingresos para empresas e individuos. Esto los lleva a endeudarse sin poder pagar, lo que los excluye del sistema bancario. Mientras no se modifique el modelo económico, persistirá la baja inclusión financiera, el estancamiento y el riesgo de impago.

Por su parte, el secretario de Hacienda aseguró que hay un margen amplio para profundizar la intermediación financiera, especialmente en sectores productivos con poco acceso al crédito. No obstante, no reconoció que ello requiere condiciones que aumenten el ingreso y la demanda. Las decisiones de su propia dependencia —recortes presupuestarios, tasas altas, abaratamiento del dólar e importaciones baratas— han perjudicado a los productores e impedido que sean sujetos de crédito.

Gobierno y banqueros celebraron un acuerdo para incrementar en 3.5 % anual el financiamiento a las Mipymes. Sin embargo, más que ofrecer crédito, el gobierno debería garantizar ingresos a empresas y familias. Solo así podrían dejar de depender del crédito o, en su caso, tener capacidad para pagarlo sin caer en insolvencia.

El titular de Hacienda también sostuvo que el dinamismo moderado del primer trimestre se debe a “factores exógenos transitorios”. Como es habitual, los funcionarios atribuyen los problemas económicos a causas externas y no a las políticas que ellos mismos impulsan.

El nuevo presidente de la ABM expresó que buscará reducir la carga regulatoria administrativa para la banca, lo que significa una mayor desregulación para permitir que los bancos sigan priorizando su rentabilidad sin aportar al crecimiento o al empleo. También solicitó garantizar seguridad jurídica “para que cualquier controversia financiera tenga una resolución justa y rápida”. Esta demanda revela que la banca se prepara para una ola de insolvencias y busca que los tribunales agilicen su acceso a las garantías de los deudores en crisis, en vez de apoyar políticas que mejoren la capacidad de pago.

Sobre el tema del Fobaproa, la presidenta del país advirtió que no pagar esa deuda tendría “implicaciones gravísimas”. Sin embargo, dicha deuda ha sido pagada múltiples veces, beneficiando desproporcionadamente a la banca. Países como Italia han demostrado que es posible limitar esas ganancias sin afectar al sistema: en 2023 impusieron un impuesto del 40 % sobre las ganancias extraordinarias de los bancos, lo que fortaleció las finanzas públicas.

Finalmente, la presidenta justificó la política monetaria restrictiva del banco central para “mantener la estabilidad macroeconómica”, aun cuando ello implica sacrificar el crecimiento. En vez de aceptar tal estrategia, debería cuestionarla. Las altas tasas de interés han generado deuda pública y privada que frena el consumo, la inversión y el empleo, en beneficio exclusivo del sector bancario. El Banco de México debe ser funcional al desarrollo económico, y el Congreso tiene la responsabilidad de legislar en esa dirección.

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