Periodistas Unidos. Ciudad de México. 10 de julio de 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos otorgó una prórroga de 45 días, hasta el 4 de septiembre, para la entrada en vigor de las restricciones a las transferencias de fondos de CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, instituciones señaladas por presunto lavado de dinero vinculado al narcotráfico. La decisión, gestionada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), responde a la necesidad de proteger fideicomisos y evitar afectaciones a usuarios, según explicó Sheinbaum en su conferencia matutina.

La prórroga, confirmada por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro estadounidense, es resultado del diálogo y la colaboración entre ambos gobiernos. La SHCP asumió la gestión temporal de las tres entidades, escindiendo los negocios fiduciarios de CIBanco e Intercam para transferirlos a bancos de desarrollo, con el objetivo de reforzar la supervisión y garantizar la estabilidad del sistema financiero mexicano.

“Es una pesadilla”: Hallazgo de 386 cuerpos en crematorio clandestino de Juárez

Ciudad Juárez, Chihuahua, 10 de julio de 2025 – Un macabro descubrimiento ha conmocionado a Ciudad Juárez: 386 cuerpos fueron encontrados en el crematorio clandestino Plenitud, tras una denuncia ciudadana por olores fétidos el 26 de junio. Olga Sáenz, viuda de Arturo Morales Galindo, expresó su angustia: “Es una pesadilla de la que nadie me despierta”, al temer que los restos de su esposo, entregados a la funeraria en 2022, estén entre los acumulados sin identificar.

El hallazgo reveló que al menos seis funerarias, incluyendo Plenitud, cobraban por incineraciones que nunca realizaron, apilando cuerpos en condiciones deplorables, algunos desde 2020, sin refrigeración adecuada. La Fiscalía de Chihuahua intensifica las investigaciones para identificar a las víctimas y determinar responsabilidades, mientras familiares exigen justicia y claridad en este escándalo que ha estremecido a la comunidad.

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EFE. Ciudad Juárez, México. 10 de julio de 2025.- La cifra de cuerpos hallados en el crematorio clandestino a las afueras de Ciudad Juárez aumentó de 383 a 386, entre la creciente indignación y dolor de los familiares como Olga Sáenz, viuda de un ciudadano peruano entregado a la funeraria Plenitud, investigada en el caso, quien calificó como «una pesadilla» los días buscando respuestas sin éxito por parte de las autoridades.

«Esto es peor, esto para mí es una pesadilla y nadie me despierta», subrayó Sáenz a EFE con la voz quebrada.

Su esposo, Arturo Morales Galindo, murió en 2022 y fue entregado para cremación a la funeraria, por lo que teme que sus restos estén entre los cuerpos acumulados sin identificar.

Tras el descubrimiento de 386 cadáveres apilados en el crematorio Plenitud de Ciudad Juárez el 26 de junio, las autoridades confirmaron que al menos otras seis funerarias están involucradas en el cobro por incineraciones que nunca se realizaron, lo que ha dejado a cientos de familias en la incertidumbre sobre las cenizas recibidas.

“Mi esposo falleció en abril del 2022, el siete de abril, y la principal inquietud que tuvimos fue que utilizamos la funeraria y el crematorio Plenitud (…) Se tardó un mes prácticamente en entregarme las cenizas. Me daba pretextos como que no tenían gas, que el señor que hacía las cremaciones estaba enfermo”, relató.

«La espera es horrenda»

Sáenz presentó su denuncia en la Fiscalía y se comunicó con el Consulado de Perú en Ciudad de México, pero afirma que la incertidumbre es especialmente dolorosa.

“La espera es muy, muy cruel. Pienso yo que es la primera vez que sucede en el mundo algo así”, lamentó.

La duda persiste por autenticidad de las cenizas entregadas: «Mi hijo y yo abrimos la urna, y lo que parecen cenizas, pues, más bien es como mortero. Es como material de construcción revuelto con agua (…) se hicieron piedritas».

Envió un mensaje a las autoridades federales, tanto en Ciudad de México como en el estado de Chihuahua, fronterizo con Estados Unidos: «Me gustaría si usted (la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum) en algún momento tiene la oportunidad de venir aquí a la Fiscalía, pues, para que nos apoye, en el sentido de que se agilice la identificación de los cuerpos», lamentó.

La Iglesia Católica de Ciudad Juárez también alzó la voz ante el hallazgo, calificándolo como una tragedia «inhumana».

«Lo menos que podemos decir es que es una situación indignante, porque no solamente estamos hablando de un tema que es ilegal o inmoral (…) porque nadie merece ser tratado así, ni sus restos mortales», declaró el vocero diocesano, Juan Carlos López, en la ciudad fronteriza.

Por su parte, la Fiscalía de Chihuahua continúa con las diligencias en el inmueble donde se localizó el crematorio. A la fecha se han detenido a Luis Arturo Arellano Cuarón, presunto responsable, y continúan las investigaciones.

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EFE. Ciudad de México. 08 de mayo de 2025.- El fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, confirmó este jueves que a José Ascensión Murguía Santiago, alcalde del municipio de Teuchitlán, estado de Jalisco, oeste de México, le fue dictada prisión formal por su presunta responsabilidad en el caso del narcorrancho Izaguirre.

“En la primera parte de la audiencia le decretaron prisión formal y él pidió una prórroga. Mañana vamos a continuar con la audiencia y vamos a demostrar, con todas las pruebas que tenemos, cuáles son nuestros criterios de responsabilidad penal en este caso”, apuntó el funcionario durante la conferencia de prensa presidencial.

Apenas el fin de semana, la Fiscalía confirmó la detención del alcalde, quien presuntamente estaría involucrado con el caso del rancho Izaguirre, denunciado por colectivos de buscadores como un “campo de exterminio”, aunque la dependencia lo ha negado y ha señalado como “campo de entrenamiento”.

José Ascensión Murguía Santiago está acusado de delincuencia organizada y desaparición de personas.

El 8 de marzo, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco denunció un supuesto “campo de exterminio” del narcotráfico tras hallar 400 pares de zapatos en dicho inmueble de Teuchitlán.

Sin embargo, la semana pasada el propio Gertz Manero confirmó que el rancho Izaguirre, ubicado a una hora de Guadalajara, era “un campo de adiestramiento” perteneciente al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y recalcó que “no hay evidencias” de que el lugar fuera utilizado como un crematorio clandestino.

El caso del rancho en Teuchitlán ha elevado la presión para que la presidenta Claudia Sheinbaum atienda la crisis de desapariciones en México, donde hay más de 120.000 personas no localizadas desde que hay registro en la década de 1960.

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Por Norberto Soto Sánchez

AMEXI. Ciudad de México. 14 de marzo de 2025.- La última semana hemos estado escuchando y leyendo en la mayoría de los medios de comunicación nacionales el horror inenarrable del Rancho Izaguirre, ubicado cerca de la comunidad de La Estanzuela, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco. Se le ha llamado campo de exterminio; crematorio clandestino; centro de reclusión ilegal y adiestramiento forzado; e incluso, “la escuelita del terror”.

Se trata de un inmueble cuyo terreno mide 200 metros de largo por 50 de ancho, según datos que arroja la herramienta “Google Maps” (https://acortar.link/xXcnNp). Se encuentra a alrededor de 1.4 kilómetros de la Estanzuela, a algunos cuatro kilómetros de la cabecera municipal, también llamada Teuchitlán, y a una hora de Guadalajara.

El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, tras recibir llamadas anónimas acudió al lugar el 5 de marzo. Encontraron cientos de prendas de vestir, accesorios personales de distinto tipo, restos óseos, objetos de culto a la Santa Muerte, casquillos, libretas donde se registraban a las y los secuestrados, cartas, instalaciones e instrumentos tanto para la instrucción paramilitar (https://acortar.link/XofRNa) como para incinerar cuerpos (https://acortar.link/rUiI0r), entre otras cosas (https://acortar.link/aKvyb8).

A su llegada, el Colectivo se percató de un importante detalle: Rancho Izaguirre no estaba asegurado ni sellado ni siquiera cerrado. Indira Navarro, quien forma parte de Guerreros Buscadores, mencionó que solo empujaron el portón para entrar (https://acortar.link/JNw3FN).

Lee: Caso Teuchitlán “no se trata de un asunto político, sino de hacer justicia”: Sheinbaum

Esto, a pesar de que en septiembre de 2024 elementos de la Guardia Nacional, junto con la Fiscalía de Jalisco, tuvieron un enfrentamiento en el lugar con sicarios, donde detuvieron a 10, encontraron a otra persona asesinada, e incautaron armas y droga.

En un primer momento el Colectivo comunicó una estimación: al menos 200 víctimas. Después, recabando más testimonios y datos que fueron saliendo en el transcurso de los días, hablan de alrededor de mil 500 durante los últimos tres años, no obstante, se cree que el lugar fungió como crematorio clandestino y centro de reclusión ilegal y adiestramiento forzado desde el 2012 (https://acortar.link/M8kWkv).

En la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum del 11 de marzo, Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República, fue cuestionado en torno al tema. Su respuesta, buscando evadir la responsabilidad de su dependencia y del Gobierno Federal, fue:

“El 95% de los delitos son del fuero común, el otro 5% es del fuero federal y en ese contexto, todo lo que significan los problemas, los graves problemas de la delincuencia organizada no nacen de la nada, nacen y crecen de los problemas locales”.

Y continuó afirmando que es inverosímil que las autoridades locales ─tomando en cuenta la temporalidad, primero con el gobierno estatal del priista Aristóteles Sandoval, luego con las administraciones de los emecistas Enrique Alfaro y Pablo Lemus─ no supieran lo que pasaba en el lugar, aunque no dijo nada del mencionado cateo que la Guardia Nacional ─es decir, una fuerza federal─ llevó a cabo en el inmueble hace unos meses. Sus palabras recuerdan los inicios de la confección del falaz relato de la “Verdad Histórica” del gobierno de Peña Nieto tras los hechos de Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014, en los que sicarios, policías de todos los niveles y militares desaparecieron de manera forzada a los 43 normalistas de Ayotzinapa y asesinaron e hirieron a más personas.

Esa “Verdad Histórica” buscaba difuminar la responsabilidad de los tres niveles de gobierno en el caso Ayotzinapa, en particular el papel de altos mandos del Ejército y la entonces Policía Federal. Hoy parece que se busca lo mismo. En ese y este caso, como en muchos otros, se trata de crímenes de Estado.

No solo es inverosímil que las autoridades locales no supieran, también lo es que las Fuerzas Armadas, con toda su tecnología ─especialmente la referente a espionaje de telecomunicaciones─ y capacidad operativa, no lo supieran tras más de una década y miles de denuncias por desapariciones forzadas en la entidad ─Jalisco ocupa el primer lugar a nivel nacional en el tema (https://acortar.link/n8LAhI) ─. La propiedad en cuestión se encuentra a aproximadamente 27 kilómetros de las instalaciones del Batallón 32 de Infantería, en Ameca, y a alrededor de 38 kilómetros de la Base Aérea Militar N°5, ubicada en Zapopan, Jalisco.

Hay quienes dicen que el Izaguirre no era un campo de entrenamiento forzado, y que solo se le debe llamar “finca para el exterminio de jóvenes” (https://acortar.link/was0IR), sin embargo, de acuerdo con el testimonio que comparte Indira, es más que pertinente no dejar de señalar lo primero: se trató de un centro de adiestramiento en el que, contra su voluntad, ante la precarización de la vida y la falta de empleo, engañados por la ilusión de un trabajo, cientos de jóvenes, tal vez miles a lo largo de los años, fueron capturados, recluidos, sometidos una pedagogía del terror, de la tortura, capturando sus cuerpos para sobajarlos, moldearlos, disciplinarlos, así como para obligarlos a cometer todo tipo de prácticas inhumanas y ser objeto de ellas tanto dentro como fuera del Rancho, instrumentalizándolos ─la mayoría de las veces acabando con su vida en el proceso─ en aras de la acumulación del capital de empresarios ─nacionales y muy probablemente extranjeros, si tomamos en cuenta la multiplicidad de relaciones de las estructuras de la economía criminal─ que se mueven, oscilantes, entre la legalidad y la ilegalidad.

Esta pedagogía del terror al servicio del capital emana del imperialismo estadounidense, desde lugares como el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad (antes Escuela de las Américas), el Fuerte Hood (en Texas) e instalaciones militares del sionismo en Israel, pero también de espacios en México como el Campo Militar N°1, entre otros que desconocemos.

Hace bien Roberto González Villarreal al decirnos en su libro “La Desaparición Forzada en México, de la represión a la rentabilidad” que el fenómeno estudiado en su obra ─donde, como vemos, desempeñan un papel crucial lugares como Rancho Izaguirre─,  es un proceso y una tecnología, es decir, un red de técnicas, acciones, espacios, procedimientos, conocimientos e, incluso, instituciones, donde participan no solo agentes criminales, sino también del Estado, mediante intervenciones u omisiones, brindando protección e impunidad, con el objetivo de detener y borrar a una persona ─o a varias─ de los circuitos políticos, negando hechos, fabricando versiones alternas (verdades históricas), escondiendo o suprimiendo pruebas, confundiendo y/o entorpeciendo las búsquedas para dar con el paradero de las víctimas.

Es una tecnología que tiene que ver con lo que González ha llamado la necro-acumulación del capital (https://acortar.link/TROKZ4). En dicho proceso el Estado Capitalista no pierde la rectoría, no es que sea “incompetente” o “negligente”, sino que despliega una racionalidad para la necrogobernanza. No es “Estado Fallido”, no es “Narco Estado”, es simplemente la faceta más cruda del Estado Capitalista en este momento histórico.

Uno podría pensar que esta tecnología, como producto cultural, es un rasgo de civilización; parafraseando a Walter Benjamin, “toda tecnología puede ser, también, un instrumento de barbarie”. Y es que muchas de las víctimas del campo Izaguirre, según lo dicho por Navarro, fueron obligadas a ir como carne de cañón a combatir en Zacatecas y zonas aledañas a Jalisco (https://acortar.link/NmB0vY). Son regiones donde las mineras, en colusión con organizaciones paramilitares como el llamado “Cartel Jalisco Nueva Generación” ─estructura de la economía criminal que se sospecha operaba el Rancho y esclavizaba a las y los jóvenes─, han despojado de sus tierras y viviendas a poblaciones enteras, generando oleadas de desplazamiento forzado interno, desaparición forzada, asesinatos y violaciones, entre otras atrocidades (https://acortar.link/MkUSAz).

¿Cuánto tiempo se nos ha dicho que el capitalismo ─particularmente en su etapa neoliberal─ nos iba a traer abundancia y bienestar a raudales?, ¿No se supone que sería un sueño? El imperialismo norteamericano no solo nos ha impuesto esa narrativa, nos ha impuesto guerras, persecuciones y calamidades: guerra contra las drogas; guerra contra el terrorismo; guerra de aranceles; homofobia; transfobia; xenofobia; persecución a hermanas y hermanos migrantes; criminalización de la pobreza; privatizaciones; despojo; saqueo; aniquilación de comunidades indígenas; paramilitarización; militarización; desempleo o, si hay empleo, mal pagado y precarizado en extremo. De salud y educación, ni hablar. Podemos seguir y seguir. El capitalismo es un sistema que, como especie, no tiene nada que ofrecernos.

Los gobiernos de la 4T, al igual que los del PRI y el PAN (en lo federal, pero en lo estatal de todos los partidos políticos), no han hecho más que subordinarse a los lineamientos imperialistas yankees, no solo en materia securitaria, sino también laboral, económica, ambiental y, en general, en prácticamente todos los rubros de la polis. La política de abrazos y no balazos nunca aplicó realmente. Fue pura retórica. La vorágine de violencia no ha parado. Cada vez hay más desaparición forzada, feminicidios y crímenes de odio. El ominoso legado de las políticas de todos los gobiernos anteriores, destacando entre ellos la administración de Felipe Calderón Hinojosa, sigue incólume.

Nos han impuesto guerras que no son nuestras; no son de la clase trabajadora, campesinos pobres, sectores populares, disidencias sexuales y comunidades indígenas. Si nos conciernen es solo en tanto que las y los muertos y desaparecidos pertenecen a estos amplios segmentos de la población, de los que formamos parte.

Solo en nuestras manos está el ponerle un alto a esta barbarie. ¿Cómo lo lograremos? Aún no hemos podido descifrarlo enteramente. Pero algo es seguro: tenemos que comenzar a organizarnos, en nuestros centros de trabajo y de estudio, en los sindicatos, en los movimientos sociales, en los barrios y vecindarios, y salir a tomar las calles, desbordándolas, con total e intransigente independencia política respecto a todos los partidos burgueses y, por supuesto, de los gobiernos de todos los niveles. No podemos confiar en ellos, pues ellos mismos forman parte de los intereses de aquellos que creen que sus ganancias valen más que nuestras vidas, sin embargo, nuestras vidas… valen más, infinitamente más, que sus ganancias.

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