Periodistas Unidos. Ciudad de México. 22 de enero de 2025.- El Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) demandó la creación de una Mesa Federal de Justicia que investigue los crímenes cometidos contra decenas de sus integrantes y sancione a los responsables. En conferencia de prensa, el organismo señaló que esta medida desmentiría la narrativa de los gobiernos federal y de Oaxaca que atribuyen la violencia en la región triqui a problemas aislados.

Pascual de Jesús González, representante del MULT en la capital del país, subrayó la necesidad de incluir en la Mesa a instancias como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Fiscalía General de la República, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Gobernación.

El MULT denunció que, pese a las denuncias por asesinatos y desapariciones, la Fiscalía de Oaxaca no ha esclarecido ninguno de los casos, lo que calificaron como protección hacia los agresores, presuntamente vinculados al Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI).

Contexto histórico y agravios recientes

El MULT recordó el legado de lucha de Genaro Vázquez Rojas y denunció la persistencia de prácticas represivas. Según el Comité Cerezo México, entre 2018 y 2024, Oaxaca concentró el 40.4% de las ejecuciones extrajudiciales del país, con 34 casos documentados, mientras que el actual sexenio ya registra seis, de los cuales cuatro ocurrieron en Oaxaca.

El 5 y 11 de noviembre de 2024, tres miembros del MULT, incluidas las defensoras de derechos humanos Adriana y Virginia Ortiz García, fueron asesinados, sumándose a una lista de 17 homicidios sin resolver en el actual gobierno estatal.

Movilización anunciada

El MULT anunció una marcha-caravana que partirá el 1 de febrero desde Tlaxiaco y llegará al Zócalo de Oaxaca el 2 de febrero. La movilización incluirá a mujeres, niños y ancianos, exigiendo justicia para los asesinados, la presentación con vida de las niñas desaparecidas Virginia y Daniela Ortiz Ramírez, y el cese de los ataques contra comunidades triquis.

Exigencias del MULT

La organización demanda:

• Esclarecimiento de las ejecuciones extrajudiciales de sus miembros.
• Presentación con vida de desaparecidos.
• Alto a la militarización y criminalización de los territorios indígenas.
• Defensa del territorio y los recursos naturales frente al despojo.

El MULT reafirmó su compromiso con la paz, el desarrollo comunitario y el respeto a los derechos humanos, al tiempo que rechazó las narrativas oficiales que pretenden desviar la atención de las problemáticas estructurales en la región.

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EFE. Ciudad de México. 19 de septiembre de 2023.-  El número de homicidios dolosos en México se redujo un 5,08 % interanual en agosto hasta los 2.483, consolidándose como el mes de igual nombre menos letal de los últimos seis años, según informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

“En el homicidio doloso tenemos una disminución de 19,2 % (desde que inició la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador en diciembre de 2018). Se trata del mes de agosto más bajo de los últimos seis años”, afirmó la titular de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez, en la conferencia matutina del Gobierno.

Los asesinatos de agosto pasado son menores a los 2.616 del mismo mes de 2022, pero representan un incremento mensual de 0,77 % frente a los 2.464 de julio.

En lo que va del año, han ocurrido 20.076 homicidios, un promedio de 83 diarios, una media 6 % menor a los 88 asesinatos al día registrados en 2022.

La secretaria indicó que 47,4 % de los homicidios ocurren en solo seis estados: Guanajuato, Estado de México, Baja California, Chihuahua, Jalisco y Michoacán, que en conjunto suman 9.512 en lo que va del año.

Más delitos federales y menos robos

Por otro lado, los datos de la SSPC mostraron un aumento interanual de 0,6 % en los delitos federales, que ascendieron a 6.987 en agosto.

La secretaria de Seguridad reconoció crecimientos interanuales en los primeros ocho meses del año de 25,5 % en delitos fiscales y de 3,6 % en los relacionados con armas de fuego y explosivos.

Pero señaló decrementos de 40,8 % en los crímenes de contrabando de personas, de 21 % en los de delincuencia organizada, de 28,1 % en delitos financieros y de 5,8 % en los cometidos por servidores públicos.

En cambio, en delitos del fuero común, el número total de robos decreció un 7,64 % interanual en agosto hasta los 49.003.

En los primeros ocho meses del año, hubo reducciones de 12,2 % en robo de transporte individual, de 13,4 % en robo a transporte público, de 8,4 % en robo a negocio y 11,3 % en robo a transeúnte, aunque el robo a transportistas se elevó un 9,7 %.

Menos feminicidios

En cuanto a feminicidios, asesinatos de mujeres por razones de género, la SSPC registró 67 en agosto pasado, una caída frente a los 72 de julio pasado y los 74 del octavo mes de 2022.

“En el caso del feminicidio, tenemos una baja de 33,6 % (desde el inicio de la Administración), seguimos intensificando las acciones de prevención y persecución y sanción de la violencia feminicida”, manifestó Rodríguez.

Estas cifras se reportan tras la caída anual de 7,1 % en homicidios en 2022, cuando México tuvo 30.968 asesinatos tras los dos años más violentos de su historia, bajo el mandato de López Obrador, con 34.690 víctimas de asesinato en 2019 y 34.554 en 2020, seguidos de 33.308 en 2021.

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EFE. Washington, Estados Unidos. 23 de agosto de 2022.- Estados Unidos valoró este lunes la voluntad del Gobierno de México para resolver los asesinatos contra periodistas, y rehusó comentar las críticas del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, contra Washington por haber expresado preocupación por la violencia contra la prensa.

«Acogemos con beneplácito las declaraciones que hemos escuchado del Gobierno mexicano condenando los ataques contra las voces de los medios», declaró el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.

El funcionario evitó entrar en detalle sobre las recurrentes críticas de López Obrador contra el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, por un tuit que hizo en febrero condenando la violencia contra periodistas en México.

Price afirmó que Blinken, a quien López Obrador acusa de estar mal informado, señaló el «peligro que enfrentan los periodistas de todo el mundo».

El portavoz añadió que «no hay duda» de la existencia de crímenes contra periodistas en México y que «tampoco hay duda de que el presidente López Obrador ha expresado su apoyo a la rendición de cuentas por estos asesinatos».

«Seguiremos trabajando con nuestros socios mexicanos para abordar los desafíos en materia de seguridad», concluyó.

El periodista Juan Arjón López fue asesinado la semana pasada en el norteño estado mexicano de Sonora, convirtiéndose en el decimocuarto reportero asesinado en lo que va de año en México, el país del mundo donde mueren más informadores.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidió el pasado lunes a López Obrador, a quien algunos colectivos acusan de minimizar la violencia contra la prensa, medidas urgentes para defender a los periodistas.

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AP: Ciudad de México. 30 de abril de 2022.- Aunque los investigadores mexicanos intentan dilucidar las causas de la muerte de una joven de 18 años cuyo caso conmocionó a México, cada vez son más los que temen que su caso se sume a los muchos en la historia reciente del país que siguen sin respuestas claras.

El mal manejo de las pruebas, la distorsión de investigaciones, el encubrimiento, los intereses políticos o la simple incompetencia han dejado muchos crímenes sin esclarecer, incluso algunos de fuertes implicaciones para México. Las encuestas de distintos centros de estudio del país afirman que en torno al 90% de los asesinatos quedan impunes en México.

En el último caso que ha suscitado una gran polémica ha sido el de Debanhi Escobar, cuya foto de noche y en mitad de una carretera del norte del país se hizo viral. Se la tomó el taxista de cuyo vehículo descendió por causas no claras el 9 de abril. El 21 de ese mes se encontró su cuerpo en un depósito de agua subterráneo de un motel cercano.

La autopsia determinó que llevaba muerta entre cinco días y dos semanas, que no tenía agua en los pulmones y que estaba viva dentro de la cisterna. El médico forense dijo que podía haberse puesto de pie y que la causa de la muerte fue un golpe en la cabeza. Su bolso se encontró en un despósito contiguo, y sus llaves y teléfono móvil en un tercero. Comprender lo que pasó es imposible todavía.

Los casos son muchos pero estos son quizás algunos de los más notorios misterios por resolver -al menos en la mente del público- durante años o incluso décadas:

CARDENAL JUAN POSADAS OCAMPO 1993

El cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo fue asesinado de 14 disparos a corta distancia el 24 de mayo de 1993. Estaba dentro de su coche en el aeropuerto de la ciudad de Guadalajara.

El gobierno dijo que los pistoleros del cártel de la droga confundieron el vehículo del cardenal con el de un narcotraficante rival pero las autoridades eclesiásticas creen que Posadas Ocampo, que vestía ropa clerical, fue asesinado porque conocía relaciones entre narcotraficantes y funcionarios.

Aunque algunos de los implicados fueron acusados de delitos relacionados con las armas o las drogas y reconocieron haber participado en el asesinato, nadie ha sido condenado por el homicidio.

LUIS DONALDO COLOSIO 1994

El candidato presidencial del partido gobernante Luis Donaldo Colosio fue asesinado a tiros en un acto de campaña en 1994. Mario Aburto, trabajador de una fábrica de 23 años, fue detenido en el lugar de los hechos y rápidamente confesó los disparos, afirmó que había actuado solo y fue condenado a 45 años.

Sin embargo, Aburto ha denunciado desde entonces que fue torturado para que confesara, y en octubre la Comisión Nacional de Derechos Humanos del país pidió que se reabriera su caso, diciendo que había pruebas que corroboraban su denuncia de tortura.

JOSE FRANCISCO RUIZ MASSIEU 1994

José Francisco Ruiz Massieu era el líder del gobernante Partido Revolucionario Institucional. Fue asesinado a tiros en la puerta de un hotel durante la disputada campaña presidencial de 1994. Raúl Salinas -cuñado de Ruiz Massieu y hermano del entonces presidente Carlos Salinas- fue condenado por ordenar el asesinato. Pero esa condena fue anulada en 2005 y nunca se condenó a nadie por pagar al pistolero que apretó el gatillo.

MANUEL MUÑOZ ROCHA 1994

Muñoz Rocha, un senador oficialista, fue acusado de ayudar a Salinas a organizar el asesinato de Ruiz Massieu y desapareció poco después del asesinato. En un extraño giro de los acontecimientos, un fiscal federal contrató a un vidente que condujo a los investigadores hasta un cráneo enterrado en un rancho propiedad de Salinas en 1996. Pero el cráneo resultó ser de uno de los familiares fallecidos del vidente y presentaba signos de haber sido sometido a una autopsia. El vidente fue encarcelado por ayudar a plantar pruebas falsas, Muñoz Rocha nunca fue visto de nuevo, ni vivo ni muerto.

ABRAHAM POLO USCANGA 1995

Polo Uscanga era un juez de Ciudad de México que afirmó haber recibido amenazas de funcionarios del gobierno tras negarse a ordenar la detención de miembros de un sindicato disidente de conductores de autobuses. Fue encontrado muerto en su despacho con dos heridas de bala en la cabeza. Las autoridades dictaminaron rápidamente que se trataba de un suicidio, pero la conclusión fue ampliamente ridiculizada.

DIGNA OCHOA 2001

La abogada de derechos humanos Digna Ochoa fue encontrada muerta en el suelo de su despacho de Ciudad de México en 2001, y los grupos de derechos humanos sospecharon que sus enemigos en el ejército, el gobierno o la industria maderera la habían silenciado.

Las circunstancias eran extrañas. Una nota anónima encontrada cerca de su cuerpo parecía amenazar a otros activistas de derechos humanos. Ochoa había recibido dos disparos con su propia pistola y no había señales de que se hubiera forzado la entrada. Los investigadores no encontraron ninguna huella dactilar inusual y se preguntaron por qué Ochoa llevaba guantes de goma y por qué había harina esparcida por toda la escena.

El investigador principal del caso se vio obligado a dimitir tras concluir que Ochoa se disparó para convertirse en una mártir de los derechos humanos. Nunca se ha condenado a nadie por el caso.

BRADLEY WILL 2006

Bradley Will, de 36 años, videoperiodista y activista independiente estadounidense, fue asesinado a tiros mientras acompañaba a activistas radicales que tomaron la ciudad de Oaxaca, en el sur de México, durante unas protestas masivas.

Las autoridades acusaron rápidamente a uno de los manifestantes — no a los partidarios del gobierno — del asesinato de Will, a pesar de que los dos bandos se estaban enfrentando cuando le dispararon. En 2019, los tribunales habían liberado a los únicos hombres encarcelados en el caso, y nadie más ha sido llevado ante la justicia.

PAULETTE GEBARA FARAH 2010

El fiscal del Estado de México, Alberto Bazbaz, dimitió en 2010 después de anunciar que, tras una extensa búsqueda de nueve días de una niña de 4 años desaparecida, el cuerpo de Paulette Gebara había sido finalmente encontrado en su propia cama y, aparentemente, fue pasado por alto por la policía.

Bazbaz afirmó que se había asfixiado accidentalmente en su propia ropa de cama y que los agentes de la fiscalía la encontraron sólo después de que el cuerpo empezara a oler. Un año después, Bazbaz fue nombrado director de la agencia nacional de inteligencia del país.

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AP. Bucha, Ucrania. 04 de abril de 2022.- Rusia enfrentaba el lunes una nueva ronda de condenas internacionales, al conocerse pruebas de lo que parecían asesinatos deliberados de civiles en Ucrania. Algunos líderes occidentales pidieron más sanciones en respuesta a las supuestas atrocidades, mientras Moscú continuaba su ofensiva en el este del país.

La ministra alemana de Defensa sugirió que la UE hablara de un veto a las importaciones rusas de gas, aunque funcionarios de mayor rango indicaron que no era posible aplicar un boicot inmediato. La discrepancia apuntaba a que los líderes occidentales podrían tener problemas para endurecer en el corto plazo las ya firmes sanciones sobre Rusia.

Las autoridades ucranianas dicen haber encontrado los cuerpos de 410 civiles en localidades en torno a la capital, Kiev, que estuvieron tomadas por fuerzas rusas.

En Bucha, al noroeste de la capital, periodistas de Associated Press vieron 21 cuerpos. Un grupo de nueve, todos vestidos de civil, estaban esparcidos alrededor de un lugar que las tropas rusas utilizaron de base, según indicaron los residentes. Parecían haber sido ejecutados a quemarropa. Al menos dos de ellos tenían las manos atadas a la espalda, uno de ellos recibió un disparo en la cabeza, y otro tenía las piernas atadas.

Las imágenes de cuerpos maltratados tirados en las calles o en tumbas improvisadas desencadenaron una indignación que podría marcar un punto de inflexión tras casi seis semanas de guerra.

Pero hasta ahora, las sanciones no han logrado detener la energía y los crecientes precios de la energía, junto con lo estrictos controles sobre el mercado ruso de divisas, han mermado su impacto, ya que el rublo se ha recuperado con firmeza tras un desplome inicial.

Líderes occidentales y ucranianos han acusado a Rusia de crímenes de guerra antes, y la fiscalía de la Corte Penal Internacional ha abierto una pesquisa para investigar el conflicto. Pero los últimos reportes aumentaron el nivel de condena. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, y algunos líderes occidentales llegaron a acusar a Rusia de genocidio.

“Rechazamos con contundencia las acusaciones”, afirmó el lunes el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, que afirmó que los reportes ucranianos no eran confiables.

El Ministerio ruso de Defensa afirmó que las imágenes y videos de los cadáveres “han sido escenificados por el régimen de Kiev para los medios occidentales”. El Ministerio añadió que “ni un solo civil” en Bucha sufrió ninguna violencia.

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, pidió en un video mostrado en la gala de los premios Grammy en Las Vegas que músicos y otros artistas “llenen el silencio con su música”.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que “hay pruebas claras de crímenes de guerra” en Bucha.

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AP. Moscú, Rusia. 04 de abril de 2022.- El diplomático ruso de mayor rango ha rechazado las acusaciones ucranianas de que tropas rusas cometieron atrocidades contra sus civiles, que describió como una provocación escenificada.

Al inicio de su reunión el lunes con el subsecretario de Naciones Unidas, Martin Griffiths, Sergey Lavrov dijo que Moscú ve las acusaciones ucranianas de una masacre de civiles en Bucha, a las afueras de Kiev, como una “provocación que plantea una amenaza directa para la paz y la seguridad global”.

Lavrov señaló que Rusia ha pedido una reunión urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero que Gran Bretaña, que preside el organismo en este momento, se ha negado a convocarla. Prometió seguir reclamando que se celebrara.

Las autoridades ucranianas dicen que se han encontrado los cuerpos de al menos 410 civiles en las afueras de la capital ucraniana tras la retirada de tropas rusas la semana pasada, muchos con manos atadas, heridas de bala a quemarropa y marcas de tortura. Líderes internacionales han condenado las supuestas atrocidades y pedido sanciones más duras contra Moscú.

Lavrov afirmó que el acalde de Bucha no había mencionado las atrocidades contra civiles al día siguiente de las tropas rusas abandonaran Bucha el miércoles, pero dos días después decenas de cuerpos fueron fotografiados en las calles, en lo que el ministro ruso describió como “una provocación antirusa escenificada”.

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RSF. Ciudad de México. 02 de noviembre de 2021.- «La impunidad no es solo una violación de la obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos, sino que también prevé la repetición crónica de las violaciones de estos derechos y la total indefensión de las víctimas y sus familiares». Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, 2008)

El 2 de noviembre, Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, Reporteros Sin Fronteras recuerda los innumerables casos de asesinatos contra comunicadores y trabajadores de los medios que siguen sin resolverse hasta el día de hoy. Desde junio de 2021, en el marco del proyecto Bajo Riesgo, que analiza los programas de protección a periodistas en América Latina, la organización honra, en el aniversario de su muerte, a comunicadores que perdieron la vida en la última década como resultado del ejercicio de su libertad de expresión. La iniciativa se prolongará durante más de un año, recordando las historias de periodistas de Brasil, Colombia, Honduras y México, los cuatro países donde más asesinan a comunicadores en América Latina – al menos 139 entre 2011 y 2020 – y donde las tasas de impunidad son alarmantes.

Sin embargo, los delitos contra periodistas comienzan mucho antes de que se lleve a cabo un asesinato; antes vienen amenazas, intimidación, agresión física y digital, secuestro, y amenaza a familiares, entre muchos otros. Sobre esto, la ausencia sistémica de investigación y rendición de cuentas de los perpetradores de este tipo de ataques deja el camino abierto para la escalada y perpetuación de la violencia. En sentencia dictada en 2001, la Corte Interamericana de Derechos Humanos manifestó que la impunidad – entendida como la falta de investigación, enjuiciamiento, arresto, enjuiciamiento y condena – conduce a la repetición crónica de violaciones de derechos.

Los estándares internacionales para garantizar el ejercicio de la libertad de expresión también prevén que las investigaciones sean ágiles, exhaustivas y llevadas a cabo por los órganos con las mejores condiciones para resolverlas, en términos de autonomía e independencia de persecución. También deben tomarse medidas para proteger a los investigadores, fiscales, jueces y testigos de presiones externas como amenazas e intimidación.

En el caso de los periodistas, es fundamental que las investigaciones del Estado verifiquen todas las hipótesis relacionadas con su labor periodística antes de descartar una posible relación entre el delito y el ejercicio de libertad de expresión y tratar el caso como una causa personal. Otros aspectos estratégicos del proceso de acceso a la justicia se relacionan con el derecho a la participación de las víctimas y / o sus familiares y a la rendición de cuentas no solo de los autores materiales de los delitos, sino también de los autores intelectuales y otros colaboradores involucrados en la violación.

Para Naciones Unidas, cuando la gravedad de la situación así lo requiera, especialmente en casos de delitos frecuentes y repetidos, se debe evaluar la posibilidad de establecer unidades de investigación específicas especializadas en delitos contra la libertad de expresión.

Esto es lo que hizo México en 2010, por recomendación expresa de la ONU. Históricamente presente en las encuestas sobre el tema – en el recién lanzado Índice Global del Comité de Protección a Periodistas, el país ocupa la sexta posición -, el Estado mexicano creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), vinculado a la Procuraduría General de la República (PGR).

Diez años después, según datos de la propia FEADLE, la Fiscalía Especial reconoció su competencia para atender solo 27 de los 92 homicidios contra periodistas registrados desde 2010 hasta julio de este año. En los demás, no consideró que los delitos tuvieran relación con la actividad periodística. En el mismo período, solo se alcanzaron cinco condenas. Si se consideran otros delitos, hubo 25 condenas.

Colombia, por su parte, creó una subunidad de investigación de los asesinatos de periodistas, subordinada a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación en 1999, pero el organismo aún carece de fiscales especializados en libertad de expresión y un gran número de casos de asesinatos y ataques contra periodistas sigue sin respuesta. En 2010, el país aprobó una ley que amplía de 20 a 30 años la condena para los delitos de asesinato de periodistas, defensores de derechos humanos y sindicalistas, aumentando las posibilidades de llegar a condenas. Y el Código Procesal Penal prevé, además de trasladar la jurisdicción para juzgar los casos en que las circunstancias atenten contra la imparcialidad o independencia de la justicia y la seguridad de los involucrados, un agravante para los asesinatos, secuestros, extorsiones, torturas, desplazamientos forzados y amenazas contra periodistas.

Más recientemente, Colombia ha adoptado una Estrategia de Investigación y Judicialización de delitos contra defensores y defensoras de derechos humanos y una metodología específica para estos casos, orientando mejor la actuación de la Fiscalía General de la Nación. Este año, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos declaró que la agencia había avanzado en el esclarecimiento de alrededor del 63% de los casos que involucran a defensores y periodistas cometidos desde 2016, pero que menos del 15% habían sido condenados. Según la FLIP (Fundación para la Libertad de Prensa), de los 161 homicidios registrados en el país asociados al ejercicio de la actividad periodística, más del 78% se encuentran en total impunidad, siendo más de la mitad presos sin condena.

En Honduras, la Fiscalía Especial para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia (FEPRODDHH), se creó recién en 2018, como parte del Sistema Nacional de Prevención y Protección. La creación fue el resultado de la presión internacional y las recomendaciones expresas de la CIDH, considerando los índices de violencia en el país. En general, las víctimas y las organizaciones de derechos humanos dicen que ni siquiera tienen acceso a la información sobre la tramitación de sus denuncias, y la impunidad ha consolidado un cuadro de autocensura y profunda incredulidad en el Estado por parte de las comunicadoras y los comunicadores. Este contexto se ha agravado desde 2009, luego del golpe de Estado, que hizo que la población en general no creyera en la capacidad institucional del país para hacer justicia dada la complicidad y corrupción de los servidores públicos. Según PEN International, menos del 4% de los delitos en general denunciados son investigados por la Policía.

Finalmente, en Brasil, un país que también aparece con frecuencia en el Índice Global de Impunidad del CPJ, los desafíos institucionales son mayores. El país no cuenta con unidades especializadas en delitos contra la libertad de expresión dentro de la estructura del Ministerio Público e incluso la aprobación de la ley que permite la federalización de delitos contra periodistas no avanza en el Congreso Nacional. En un estudio publicado en 2019, el Consejo Nacional del Ministerio Público analizó la investigación de más de 20 años de casos de asesinatos de comunicadores y concluyó que solo la mitad había llegado a algún tipo de solución.

El informe señaló que casi todos los actos violentos tuvieron lugar lejos de los grandes centros urbanos e involucraron a comunicadores de pequeños medios de comunicación, muchos blogueros y locutores de radio. Una de las principales demandas de las organizaciones de la sociedad civil brasileña en este campo es la garantía del control externo de la actividad policial por parte del Ministerio Público, para que las investigaciones se realicen con rapidez y eficacia, de manera que se esclarezcan los delitos y se responsabilice a los agresores. Los informes escuchados por RSF a lo largo del proyecto Bajo Riesgo muestran que ni siquiera las amenazas de muerte reciben un tratamiento adecuado. Las investigaciones son confidenciales e incluso los abogados de las víctimas no reciben información sobre el avance de los casos.

Sin cambios estructurales en este sentido, el 2 de noviembre deberá seguir siendo un día de lucha para que no se olviden estas vidas perdidas.

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EFE. Ciudad de México. 02 de noviembre de 2021.- El asesinato de dos reporteros mexicanos en menos de una semana marcó este martes el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas en un país teñido por una violencia desbocada que casi nunca encuentra justicia.

«La impunidad es el principal aliciente para que la violencia se perpetúe. Cuando el 98 % de las agresiones contra la prensa no son sancionadas, el mensaje que se manda a los perpetradores es que pueden seguir haciéndolo», dijo a Efe Lepoldo Maldonado, director de Artículo 19 para México y Centroamérica.

Desde hace años, México es considerado uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo por las constantes agresiones, amenazas e incluso asesinatos que sufren los informadores de parte de autoridades y el crimen organizado.

Los números hablan por sí solos. Según Reporteros Sin Fronteras, México encabezó en 2020 la lista mundial de periodistas asesinados con ocho crímenes, seguido de Afganistán e Irak, con seis.

Y en lo que va de año, han matado al menos a siete reporteros por su labor periodística.

Una lista a la que habría que añadir los nombres del periodista Fredy López, asesinado a tiros la semana pasada a las puertas de su casa en San Cristóbal de las Casas (Chiapas), y del fotorreportero Alfredo Cardoso, secuestrado en su domicilio de Acapulco (Guerrero), torturado y asesinado.

LAS FISCALÍAS NO INVESTIGAN

Pero no solo son asesinatos. Artículo 19 contabilizó en el primer semestre del presente año 362 agresiones contra la prensa, la inmensa mayoría intimidaciones y amenazas.

«Parece que son delitos menores, pero en realidad, son delitos que tienen una fuerte incidencia sobre la libertad de expresión», expresó Maldonado.

Si bien los asesinatos suelen ser perpetrados por el crimen organizado con algún tipo de vinculación con las autoridades, las amenazas, que son la mayoría de agresiones, provienen casi siempre de funcionarios públicos.

«La violencia contra la prensa tiene que ver principalmente con motivaciones políticas, y estas motivaciones empujan hacia la impunidad», manifestó Maldonado.

Según expuso, los responsables de las agresiones suelen estar vinculados con los ministerios públicos locales, y eso «condiciona la independencia de las fiscalías», que no tienen «ni capacidad ni voluntad» para resolver los crímenes.

Por su parte, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), creada en 2010 a nivel federal, actúa bajo «una excesiva discrecionalidad» a la hora de asumir los casos.

Como resultado, muchas investigaciones quedan incompletas, pues se rastrea a los autores materiales de los crímenes, pero no a los intelectuales ni a las cadenas de mando.

DE LAS PALABRAS A LOS HECHOS

El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador asumió el poder en diciembre de 2018 con la promesa de proteger a los periodistas, y justo al arrancar la Administración pidió disculpas en nombre del Estado a Lydia Cacho por haber sido torturada por policías en 2005 tras denunciar una red de pederastia.

Sin embargo, Cacho se tuvo que exiliar en 2019 después de que unos sujetos allanaran su domicilio y mataran a sus perros, mientras que José Kamel Nacif, el empresario que habría ordenado su tortura, está en libertad.

Como Lydia Cacho, muchos se sienten cada vez más desprotegidos bajo el Gobierno de López Obrador, especialmente desde que el año pasado suprimió, en aras de la austeridad y el combate a la corrupción, el fideicomiso del mecanismo de protección para periodistas y activistas, que cobija a 1.500 personas.

«Están tratando de quitar medidas a todo el mundo para amortiguar la cuestión económica. Quieren gastar lo menos que se pueda», denunció a Efe Omar Bello, periodista que se refugió en 2007 en la Ciudad de México tras un sinfín de amenazas del crimen y las autoridades locales en Zihuatanejo (Guerrero).

Bello recibe desde entonces un refugio y alimentación por parte del mecanismo de protección, pero las autoridades le informaron que en marzo se le levantarán estas medidas porque el alcalde de su pueblo ya no es el mismo.

«¿Cómo me quitan las medidas si ellos mismos reconocen que Zihuatanejo es un lugar donde no se puede ejercer el periodismo en libertad? No lo pueden hacer», expresó el periodista, quien dijo que si le levantan la protección no le quedará «nada».

En medio de este clima, López Obrador ha sido señalado por múltiples organizaciones por sus constantes descalificaciones a la prensa crítica durante sus ruedas de prensa matutinas.

«Es muy difícil que conviva la condena a la violencia contra la prensa con el estigma cotidiano a la prensa desde la más alta tribuna del poder», reprochó el director de Artículo 19.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 11 de septiembre de 2021.- La hija de Rosendo Radilla Pacheco, líder social desaparecido durante la llamada “guerra sucia”, confía en que la Comisión de la Verdad sobre ese periodo, cuya creación anunció el presidente hace unos días, permitirá saber qué sucedió con sus familiares desaparecidos, pero también desencadenar otros procesos de verdad, justicia y reparación para las víctimas de las desapariciones del pasado y las actuales. 

“Nosotros vivimos una guerra. Las tanquetas estaban ahí y a las comunidades las amenazaban con bombardearles los cerros, desplazando a muchísima gente. Desaparecieron pueblos, cientos de personas y torturaron a muchísimas más”.

Así recuerda Tita Radilla, hija de Rosendo Radilla Pacheco —líder social al que desaparecieron el 25 de agosto de 1974, en Atoyac de Álvarez, Guerrero—, la “guerra sucia” en México, un periodo en el que la policía y las fuerzas armadas se dedicaron a combatir toda disidencia política.

Para la vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM), organización fundada en 1978 que ha documentado unas 1,200 desapariciones forzadas durante las décadas de los 60, 70 y 80, el Estado mexicano tiene una deuda pendiente con los sobrevivientes y los familiares de las víctimas de la represión. Personas que fueron detenidas y nunca volvieron a ser vistas.

“Ya es necesario que se esclarezcan estos crímenes. Mucha gente se ha ido sin conocer el paradero de su familiar y eso es demasiado doloroso. Nosotros estamos esperando, pero ya estamos enfermos, viejos, y aunque todavía están nuestros hijos, nietos y bisnietos, que ya están ahí integrándose a la lucha, se trata de que esto se resuelva”, dice Tita Radilla en entrevista. Ella empezó su lucha cuando tenía 24 años, hoy tiene 71. 

El pasado 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció, a través de un tuit, la creación de una Comisión Presidencial de Verdad, Justicia, Reparación, Memoria y No Repetición de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas por el Estado mexicano entre los años de 1965 y 1990, una propuesta que cuenta con el respaldo de diversos colectivos de familiares y sobrevivientes. 

Tita Radilla, en representación de las víctimas de Guerrero, ha participado en las mesas de trabajo que se han tenido con las autoridades mexicanas.

Hoy que se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas nos reunimos con familiares y sobrevivientes de la guerra sucia. Llegamos al acuerdo de crear una comisión presidencial de verdad, justicia, reparación, memoria y no repetición. pic.twitter.com/dERsRGlFbd

— Andrés Manuel (@lopezobrador_) August 30, 2021

Uno de los encuentros entre el presidente y los colectivos de familiares de víctimas y sobrevivientes de la “guerra sucia”.

“Trataron de exterminarnos”

Uno de los lugares más afectados por la “guerra sucia” fue Guerrero, y en especial Atoyac de Álvarez: el 40% de las personas que desaparecieron durante ese periodo en el país, proviene de este municipio. “Como dicen los compañeros [de AFADEM]: ‘nos refregaron’. Trataron de exterminar a la población”, explica Tita Radilla.

El deterioro de las condiciones socioeconómicas en ese estado, y la falta de espacios de participación ciudadana llevaron a que el descontento de la población creciera a lo largo de las décadas de los 50 y 60, al grado que se fueron articulando diversos movimentos populares con reivindicaciones por el territorio y en abierta oposición al modelo de desarrollo caciquil que no permitía el aprovechamiento inclusivo de la producción de café, la copra (pulpa seca del coco) o las concesiones forestales.

A pesar del tono pacífico y legal de esta primera etapa de insurgencia social, la respuesta de las autoridades fue desproporcionada, militarizando la región y apostando por el control de la población civil: plantones y mítines convocados para buscar una salida política fueron reprimidos por la policía y batallones del Ejército mexicano; algunos de los líderes de las organizaciones populares fueron encarcelados y decenas de campesinos fueron masacrados por agentes a sueldo (35 fallecidos y 150 heridos fue el saldo de la Masacre de la Coprera, en agosto de 1967).

En respuesta, comenzaron a surgir grupos guerrilleros con fuerte base social, como el Partido de los Pobres liderado Lucio Cabañas Barrientos (activo entre 1967 y 1974), y la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria de Genaro Vázquez Rojas (activo entre 1968 y 1972), ambos profesores normalistas egresados de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. 

A partir de este momento, las desapariciones forzadas se volvieron parte de lo cotidiano. Con la intención de aniquilar a la guerrilla, que se extendía sobre todo por la Costa Grande —región donde se encuentra Atoyac de Álvarez—, se realizaron al menos 14 campañas militares, se instalaron retenes en los caminos rurales y las comunidades comenzaron a sufrir incursiones, sitios y saqueos. 

La familia Radilla, tras la instalación de un campamento militar a un lado de su casa, no tuvo más opción que desplazarse a Chilpancingo. Rosendo, el padre de Tita, se quedó en Atoyac para cuidar a su madre enferma y conservar su trabajo, a pesar del recrudecimiento de la represión, que ahora se valía de detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. 

Ejemplo de ello fue lo sucedido en agosto de 1972 en el pueblo de El Quemado, donde fueron desaparecidas de forma transitoria y torturadas, al menos, 40 personas por supuesta pertenencia o simpatía con la guerrilla. Se les acusaba, además, de haber participado en las dos emboscadas tendidas contra elementos del Ejército ese mismo año en la sierra cafetalera de Atoyac, eventos que explican en parte por qué este municipio se convirtió en el foco nacional de las acciones de contrainsurgencia y de las desapariciones forzadas llevadas a cabo por las agencias del Estado. 

La Comisión de la Verdad para el estado de Guerrero (2012-2014), una de las instancias creadas para esclarecer ese periodo por mandato del Congreso local, dio cuenta de ello en su momento. En su informe final, sus integrantes llegaron a la conclusión de que en muchas comunidades lo que se vivió fue la “suspensión de las garantías individuales y un verdadero estado de sitio”. 

“Nos tuvimos que salir, todo el pueblo se salió porque el gobierno nos quemó las casas con todo: mis animales, gallinas, puercos y burros, todo se perdió y yo me salí con mis dos hijos y mi mujer embarazada de cuatro meses”, narra uno de los 409 testimonios recogidos por la comisión, integrada por dos defensoras de derechos humanos, dos académicos y un ex combatiente. 

La represión no se limitaba a la guerrilla. Ser profesor, estudiante, activista social, indígena, campesino, familiar o incluso llevar el apellido de algún guerrillero, se menciona en el informe final, era más que suficiente para ser considerado como una amenaza para el Estado. 

Bajo el supuesto de cortar el abastecimiento a los grupos guerrilleros, el Ejército limitó la compra de alimentos y artículos de primera necesidad a la población civil, la salida de sus comunidades e incluso la atención de sus parcelas.

“Te daban un papelito si ibas a Atoyac. Te decían a qué hora te ibas y a qué hora tenías que regresar. No era si querías. Te controlaban la comida, solamente podías llevar un kilo de frijol y dos kilos de maíz por persona a la semana; decían que si llevábamos más íbamos a alimentar a la guerrilla”, narra otro de los testimonios.

Quizá un diez por ciento de las personas que desaparecieron, dice Tita Radilla, eran guerrilleros. “No sabemos por qué le ocurrió a quienes no tenían nada que ver, por qué se los llevaron. A veces los líderes [de la guerrilla] pasaron, les pidieron de comer y les dieron, pero también pasaban los militares y les daban de comer porque iban armados”, explica.

Especial atención merece la represión dirigida hacia las mujeres, cuyos casos se conocen poco. A decir de la vicepresidenta de AFADEM, las escasas denuncias y la cultura machista del momento, impidieron saber quiénes eran y qué pasó con las mujeres que estuvieron detenidas con personas sobrevivientes que posteriormente ofrecieron sus testimonios. 

La Comisión de la Verdad del estado de Guerrero documentó 239 desapariciones forzadas, incluidas las de 16 mujeres, una de ellas menor de edad; además de 209 desapariciones forzadas transitorias, incluidas 16 mujeres, dos de ellas menores de edad. 

Cuatro mujeres de este último grupo sufrieron violencia sexual, según consta en su informe final, en donde también se da cuenta de la presión a la que fueron sometidas algunas mujeres detenidas y trasportadas en los llamados “vuelos de la muerte” (vuelos para tirar al mar a las personas desaparecidas), esto para intercambiar sexo a cambio de su vida o la de sus esposos. 

 El caso Rosendo Radilla 

“¡Ni vivo ni muerto aparece Rosendo Radilla Pacheco!”, gritaba un vendedor de periódicos a un costado de la casa de la familia Radilla aquel año de 1974. De esta forma, la madre de Rosendo se enteraría de la desaparición forzada de su hijo a manos del Ejército mexicano. 

El motivo de su detención: componer corridos alusivos a Lucio Cabañas. 

“El señor Lucio Cabañas, hombre de resolución, quiere salvar a su pueblo y se opone la reacción, han muerto muchos hermanos sin piedad ni compasión. Arriba Lucio Cabañas, el pueblo ya está contigo, a conquistar la justicia y a terminar al enemigo”, dice una de sus canciones más conocidas. 

—¿Y eso es delito? —le preguntó Rosendo al militar que estaba al mando del retén que paró el autobús en el que viajaba.

—No, pero mientras ya te chingaste —le contestó, según recuerda su hijo Rosendo Radilla Martínez, presente al momento de la detención. 

A Rosendo padre, cafeticultor y destacado líder social del municipio de Atoyac de Álvarez —del que fue presidente—, no hizo falta que se le comprobara militancia alguna; bastó su simpatía por los clamores de justicia que recorrían aquellas tierras para ser considerado una amenaza.

Lo último que se supo sobre su paradero —de acuerdo con un informe especial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que recupera un documento de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS), con fecha 8 de agosto de 1975— es que Rosendo, luego de ser detenido, “quedó a disposición de la [27] Zona Militar” del estado. En ese entonces, su hija Tita tenía 25 años.

La DFS, creada en 1947 por el presidente Miguel Alemán y dependiente de la Secretaría de Gobernación, fue la policía política del gobierno mexicano; disuelta en 1985, se convirtió en la Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional y, en 1989, en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), recientemente señalado por espiar, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, a periodistas y personas defensoras de derechos humanos. 

La búsqueda de Rosendo, por parte de su familia, no se limitaría al ex cuartel militar de Atoyac, ni a las oficinas de gobiernos locales y cárceles de Guerrero y la Ciudad de México, siguió su camino por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en 1990, la entonces Procuraduría General de la República (PGR), en el año 2000, y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), a partir de noviembre de 2001. 

En 2007, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un informe de fondo sobre el caso Radilla y en 2009, ante la falta de cumplimiento de las primeras recomendaciones, por parte de las autoridades nacionales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) emitió su histórica sentencia, la primera que reconoce la responsabilidad directa del Estado mexicano por la violación de ciertos derechos humanos (libertad personal, integridad personal, reconocimiento de la personalidad jurídica y a la vida), y la primera en el tema de desaparición forzada.

Entre otras cosas, el fallo obligó a que se reformara el Código de Justicia Militar y, junto con otros casos emblemáticos, contribuyó a la eventual reforma constitucional de 2011, que puso en primer plano los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales. 

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), organización que acompaña el caso, explica que el fallo también contribuyó a la adecuada tipificación del delito de desaparición forzada y a que las víctimas puedan exigir copias de sus averiguaciones previas/carpetas de investigación.

Sin embargo, recuerda Tita, “de Rosendo aún no se sabe nada”, ni de él ni de las otras personas que fueron desaparecidas de manera forzada. Esto sin mencionar que las medidas de reparación previstas por la Corte Interamericana, a casi 12 años de la sentencia, no han sido cumplidas en su totalidad, comenzando por la identificación y sanción de los responsables, así como la búsqueda de Rosendo.

Cabe recordar que una de las medidas de reparación, referente al reconocimiento público de responsabilidad internacional por parte del Estado mexicano, se dio por cumplida en noviembre de 2011, en el gobierno de Felipe Calderón, pese a que el acto se realizó sin la presencia de los familiares.

Una nueva Comisión de la Verdad

En la entrevista, al hablar sobre la creación de la Comisión Presidencial de la Verdad anunciada por López Obrador la semana pasada, Tita Radilla se mostró esperanzada de que ese mecanismo permita el acceso a los archivos oficiales y a las instalaciones militares para conocer qué sucedió con los desaparecidos. 

Incluso confía en que las familias están dispuestas a ofrecer, una vez más, su testimonio: “Creemos que se puede lograr. Tenemos ansias, hambre de saber qué pasó con nuestros familiares. Lo hemos dicho una y otra vez, y lo volveremos a decir. Al menos en la organización que yo represento están dispuestos a seguir luchando y a seguir hablando todo lo que sea necesario”.

En el caso de la familia Radilla, lo han dicho “una y otra vez” ante las autoridades de justicia locales, estatales y federales, la CNDH, la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), la Comisión de la Verdad para el estado de Guerrero. A la fecha no hay una sola sentencia y aunque se han realizado seis excavaciones en el ex cuartel militar de Atoyac entre 2008 y 2019, Rosendo continúa desaparecido.

Aunque la desaparición forzada como delito no prescribe, según la tesis de 2004 de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) y diversos instrumentos internacionales en la materia, el tiempo sí ha cobrado factura, tanto en las víctimas como en los perpetradores. 

Ante la posibilidad de saber qué pasó con su padre a 47 años de su desaparición, independientemente de las sanciones que puedan imputárseles a los responsables, muchos de ellos de edad avanzada, Tita comenta: “En otros países ha ocurrido que les han rebajado las sentencias o incluso se les ha otorgado el perdón [si colaboran]. La cuestión de la justicia, de las sanciones, es responsabilidad del Estado; nosotros sí les otorgaríamos el perdón [con tal de conocer la verdad]”.

Este proceso de esclarecimiento no sólo es para las víctimas y los sobrevivientes de lo que también se conoce como “terrorismo de Estado”, dice, es para las familias de los perpetradores –“para que sepan lo que han heredado”–, y para la gente que no vivió en carne propia la represión, se entere de lo sucedido. “La gente tiene que saberlo porque es su historia; terrible, pero es su historia”.

Las desapariciones del presente

¿Y qué pasa entonces con las desapariciones posteriores a 1990, con los crímenes cometidos o tolerados por el Estado mexicano desde entonces? ¿Qué diferencia hay entre la persecución, los toques de queda y la violencia desmedida que atestiguaron Tita Radilla y su familia durante la “guerra sucia”, y la violencia del presente que ha resultado en la desaparición de más de 90 mil personas? ¿Por qué no extender el mandato de la Comisión Presidencial hasta nuestros días?

Tita, quien ha acompañado junto con AFADEM las luchas emprendidas por familiares de personas desaparecidas cuyos casos ocurrieron en las últimas dos décadas, entiende las críticas que puedan elaborarse en ese sentido. Sin embargo, insiste, los casos de la “guerra sucia” son responsabilidad directa del Estado mexicano: “es algo que el Estado hizo, es el responsable de esas detenciones y desapariciones, y de todos los hechos aberrantes que sucedieron en aquel momento”.

Hechos que, por otro lado, guardan estrecha relación con la violencia de nuestros días, que suele atribuirse al crimen organizado. No tanto por las raíces castrenses que puedan tener algunos de los cárteles o la participación directa de agentes del Estado en las desapariciones recientes, dice Tita, más bien porque debido a la impunidad en la que han permanecido los crímenes cometidos durante la “guerra sucia”, como la desaparición forzada de su padre, es que los perpetradores de hoy pueden actuar con total libertad.

“Yo creo que si nosotros logramos tener verdad y justicia, también de ahí podrían desprenderse otros procesos que atiendan los hechos que ocurren actualmente”.

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*Marcos Nucamendi es reportero (@makonucamendi)). Actualmente colabora, como pasante del Instituto de Investigaciones Dr. José Luis María Mora, para el proyecto A dónde van los desaparecidos. 

www.adondevanlosdesaparecidos.org es un sitio de investigación y memoria sobre las lógicas de la desaparición en México. Este material puede ser libremente reproducido, siempre y cuando se respete el crédito de la persona autora y de A dónde van los desaparecidos (@DesaparecerEnMx).

La entrada “Ya es necesario que se esclarezcan los crímenes de la guerra sucia”: Tita Radilla se publicó primero en Periodistas Unidos.