EFE. Sarajevo, Bosnia y Herzegovina. 21 de julio de 2023.- Las Naciones Unidas, la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), el Consejo de Europa y la Unión Europea (UE) expresaron en una declaración conjunta su «consternación» por la aprobación en el ente serbio de Bosnia-Herzegovina de una ley que criminaliza la difamación.

«Las enmiendas representan un lamentable e innegable gran paso atrás en la protección de los derechos fundamentales y socavan el funcionamiento efectivo de la democracia en la República Srpska», indica el comunicado de esas instituciones internacionales en el país balcánico.

«La libertad de expresión es un derecho fundamental y un valor europeo fundamental», señala la nota, y añade que la ley serbobosnia «contraviene los compromisos internacionales de derechos humanos de Bosnia-Herzegovina» y las aspiraciones del país a integrarse en la UE.

El comunicado conjunto señala que las leyes que criminalizan la difamación, dondequiera que existan, pueden emplearse contra periodistas, defensores de los derechos humanos y la sociedad civil por su trabajo de investigar e informar de asuntos de interés público, «algo fundamental para el funcionamiento de una sociedad democrática».

El Parlamento serbobosnio aprobó el jueves una polémica enmienda del Código Penal que tipifica como delito la difamación, medida que ha desatado las críticas y protestas dentro y fuera del país.

La enmendada ley estipula penar con multas de entre 1.000 y 3.000 euros el delito de la difamación.

La oposición advirtió de que la ley perjudica a la democracia y a las libertades en el ente serbio de Bosnia-Herzegovina, que junto con el común de musulmanes y croatas conforma el Estado bosnio.

Las asociaciones de prensa consideraron que afecta negativamente al periodismo de investigación y sofoca la libertad de expresión, y exigían retirar el proyecto de ley de la agenda parlamentaria.

La entidad serbobosnia y su líder, el nacionalista y prorruso Milorad Dodik, ha lanzado varias iniciativas legales separatistas que cuestionan el poder de las instituciones centrales bosnias.

Hace varios meses Dodik anunció que también se estaba preparando una denominada «ley de agentes extranjeros», que restringiría las actividades de las ONG financiadas desde fuera del país, una propuesta criticada por la UE y Estados Unidos.

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EFE. Ciudad de México. 22 de abril de 2021.- La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) denunció este jueves que los acuerdos de Estados Unidos con el Gobierno mexicano, Honduras y Guatemala criminalizan a los migrantes y los exponen al crimen organizado y la covid-19.

«Mientras Estados Unidos deporta masivamente y en caliente a los recién llegados, México reprime y detiene también masivamente”, expresó Antonino Caradonna, coordinador en México del proyecto de migrantes de MSF, en un comunicado.

El pronunciamiento de MSF ocurre después de que la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, reveló el 12 de abril un acuerdo con México, Honduras y Guatemala para que movilicen a miles de militares y policías en sus fronteras para frenar la migración hacia Estados Unidos.

El enviado especial de Washington para el Triángulo Norte de Centroamérica, Ricardo Zúñiga, negó días después la existencia de un acuerdo, pero México admitió el despliegue de 12.000 personas, entre soldados, agentes migratorios y otros funcionarios, para frenar a los centroamericanos.

En este contexto, Médicos Sin Fronteras afirmó haber atestiguado la repetición de redadas y detenciones arbitrarias en la frontera sur de México así como deportaciones masivas desde Estados Unidos, escudadas en argumentos sanitarios por la pandemia de covid-19.

«Estamos viendo de nuevo la edificación de muros físicos, policiales y burocráticos al asilo y al libre tránsito de personas que huyen de la violencia en sus países de origen, tanto en la frontera norte como en la sur de México», comentó Caradonna.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza Estadounidense (CBP, en inglés) documentó cifras récord de detenciones de migrantes en su frontera con México, con más de 172.000 en el mes de marzo, entre ellos casi 19.000 menores de edad.

El Gobierno de México también registró en marzo un número histórico de 17.445 migrantes presentados ante las autoridades migratorias y 3.139 menores no acompañados detectados por el Sistema Nacional para del Desarrollo Integral de las Familias (DIF), en su mayoría de Guatemala y de Honduras.

Asimismo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México reportó un aumento anual de 70 % en el primer trimestre de 2021 de los delitos migratorios, hasta alcanzar los 357, que incluyen tráfico de personas.

Pese al riesgo que afrontan los migrantes, MSF argumentó que las políticas de militarización agudizan la falta de protección, la falta de asistencia humanitaria, la falta de inclusión de la población migrante en la prevención de la covid-19 y los exponen a organizaciones mafiosas.

«Estas políticas las hemos visto en el pasado, sabemos que no desalientan a los migrantes, sino que solo sirven para que se oculten, vayan por caminos más peligrosos, se tengan que exponer más al crimen organizado, recurran a traficantes de seres humanos, arriesguen sus vidas», concluyó Caradonna.

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