Periodistas Unidos. Ciudad de México. 17 de abril de 2026.- En el marco del Día Internacional de la Persona Presa Política, la Coordinadora Internacional Base Oaxaca y el colectivo Mazatecas por la Libertad emitieron un enérgico pronunciamiento para denunciar una década de persecución sistemática contra la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón. Las organizaciones señalaron que, entre 2014 y 2024, una mujer indígena y veinte hombres mazatecos sumaron 91 años de prisión injusta, víctimas de un sistema judicial utilizado como herramienta de control político para desarticular la defensa de su territorio y del río Xangá Ndá Ge.

El comunicado identifica a la diputada Elisa Zepeda Lagunas como la principal impulsora de esta criminalización. Según las denunciantes, la legisladora ha instrumentalizado el aparato penal para someter a la asamblea comunitaria y facilitar el saqueo de recursos naturales, ocultando estas prácticas ante las estructuras de su partido (Morena) y las altas esferas judiciales. No obstante, el movimiento ha logrado hitos jurídicos en este 2026, incluyendo la obtención de un amparo federal contra 200 órdenes de aprehensión y una sentencia histórica a favor de Miguel Peralta, resoluciones que desenmascaran la fabricación de pruebas.

A nivel global, la movilización se suma a la jornada internacionalista que recuerda a miles de personas encarceladas por luchar en lugares como Palestina, el País Vasco, Argentina y regiones de México como Chiapas y el Estado de México. Citando al jurista Eugenio Raúl Zaffaroni, el comunicado explica que en estos casos se aplica el «derecho penal del enemigo», donde el Estado deja de juzgar hechos para perseguir identidades políticas. En Eloxochitlán, esta lógica ha dejado a más de 500 víctimas indirectas y mantiene a 14 defensores en el exilio, a quienes se les impide retornar pese a la falta de sustento en las acusaciones.

Las exigencias de las organizaciones incluyen el cumplimiento inmediato del amparo federal, el derecho de audiencia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el cese definitivo de todos los procesos penales contra quienes ya han sido absueltos pero siguen bajo acoso judicial. El colectivo enfatiza que la libertad de los 14 perseguidos políticos restantes es indispensable para restablecer la paz y la autonomía en la región. «La verdad y la demostración científica y jurídica han derrotado a la fabricación de delitos», sostuvieron en el texto compartido este 17 de abril.

Finalmente, el pronunciamiento hace un llamado a la solidaridad nacional e internacional para frenar el despojo del territorio mazateco. La lucha de Eloxochitlán se presenta hoy como un símbolo de resistencia frente a la criminalización de la protesta social en México, instando a las autoridades federales a intervenir para poner fin a una persecución que ha fracturado familias y comunidades durante más de diez años. La justicia para el Río Xangá Ndá Ge y el retorno de los exiliados son, concluyen, las condiciones mínimas para garantizar la dignidad de los pueblos originarios.

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