AMEXI. Ciudad de México. 19 de noviembre de 2025.- Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), llamó a esclarecer las detenciones durante la marcha de la Generación Z del pasado sábado, tras las protestas de diversos sectores de que el gobierno federal busca criminalizar la manifestación.

Consideró indispensable conocer quiénes fueron detenidos y cuáles son las imputaciones concretas, y «se tendrán que llevar a cabo las investigaciones para determinar si realmente ellos fueron los que cometieron estos hechos de violencia y, de no ser el caso, se tendrá que buscar a los que realmente lo cometieron”.

Investigación a fondo de los hechos

En entrevista con los medios de comunicación tras participar en un foro realizado en el Senado en el marco el Día Mundial de la Filosofía de la República, Lomelí subrayó que las autoridades están obligadas a investigar a fondo y determinar si las personas arrestadas realmente participaron en actos de violencia.

Consultado sobre si la actuación de la policía capitalina fue la correcta, el rector señaló que no cuenta con elementos suficientes para emitir un juicio, pues no observó el desarrollo completo de la manifestación.

“Tendría que revisar con cuidado la información disponible”, dijo.

Movilización dentro de CU

El rector de la UNAM habló sobre la movilización convocada en redes sociales para este jueves dentro de Ciudad Universitaria.

Señaló que la Universidad no tiene claridad sobre el origen de la convocatoria, pues ni el nombre de la institución está correctamente mencionado en los mensajes que circulan.

“No sabemos si son realmente colectivos de la universidad o si son otras personas que están convocando a reunirse en la UNAM”, advirtió.

Comentó que los llamados identifican al plantel como “Universidad Autónoma de México”, nombre que la institución no utiliza desde hace varias décadas.

También detalló que la convocatoria es inusualmente amplia, sin precisar si se trata de una concentración o de una marcha.

UNAM ya recuperó la normalidad

Tras los recientes paros, suspensiones de labores y amenazas de bomba en algunos planteles, el rector de la máxima casa de estudios del país aseguró que, en términos generales, la UNAM ya recuperó la normalidad en su funcionamiento.

“La mayor parte de la universidad está trabajando con actividades presenciales, o sea que la estabilidad está ya recuperada”, destacó.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 28 de mayo de 2025.- Este miércoles, periodistas y comunicadores se manifestaron en el pleno del Congreso del Estado de Michoacán para exigir un parlamento abierto y frenar la aprobación de una reforma al Código Penal, impulsada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, que busca sancionar la apología del delito. La iniciativa, que se prevé sea discutida mañana en una sesión maratónica con 63 temas, ha generado alerta por su potencial para criminalizar el ejercicio periodístico y restringir la libertad de expresión en la entidad.

El colectivo #NiUnoMás Michoacán, junto con la Asociación Michoacana de Periodistas A.C., han denunciado que el dictamen, elaborado por la Comisión de Justicia y distribuido a los legisladores, podría aprobarse mediante un “albazo” parlamentario, sin debate ni foros previos, a pesar de no estar contemplado en la orden del día pública. Estas organizaciones advierten que la redacción ambigua de la reforma, que incluye términos como “expresar”, “promocionar” o “exponer” sin un alcance claro, podría criminalizar la cobertura de temas de seguridad y violencia, afectando no solo a periodistas, sino también a cronistas, investigadores y la sociedad civil que aborde fenómenos como los narcocorridos desde perspectivas sociológicas o artísticas.

A pesar de las promesas de la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Fabiola Alanís Sámano, y de los coordinadores del PT, PVEM y el presidente de la Mesa Directiva, Juan Antonio Magaña de la Mora, de realizar un ejercicio de parlamento abierto, estas no se han cumplido, lo que ha sido interpretado como una falta de voluntad y una postura cómplice ante la posible censura y violencia judicial contra periodistas.

🗣️ ¡#NiUnoMás Michoacán alza la voz! 📷 Hoy, periodistas protestaron en el Congreso de Michoacán contra la reforma al Código Penal que amenaza la libertad de expresión. 📷 Exigimos un parlamento abierto. 📷 #LibertadDePrensa #Michoacán 📹 pic.twitter.com/fevMAIr70j

— Periodistas Unidos (@PeriodistasU) May 28, 2025

El colectivo #NiUnoMás Michoacán ha enfatizado que la reforma no solo amenaza el derecho a la información pública y el acceso a la información, sino que busca invisibilizar el fenómeno delictivo en el estado a través de la censura. En este contexto, han hecho un llamado urgente a la sociedad civil y a la población en general para sumarse a la defensa de la libertad de expresión y la libre manifestación de las ideas.

Por su parte, el dirigente del PAN en Michoacán, Carlos Quintana Martínez, anunció que su partido se opondrá al dictamen, sumándose a las voces que alertan sobre los riesgos de esta reforma. Organizaciones como Article 19 también han publicado análisis que subrayan la ambigüedad del concepto de “apología del delito” y su potencial para ser usado como herramienta de censura.

La sesión de mañana en el Congreso de Michoacán será crucial, y la presión de los comunicadores y la sociedad civil busca garantizar que cualquier regulación cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos, como los establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que exigen claridad, necesidad y proporcionalidad en cualquier restricción a la libertad de expresión.

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Foto: Cristóbal Herrera / EFE

EFE. Ciudad de México. 17 de enero de 2020.– La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) calificó este viernes como un retroceso en México la posibilidad de castigar como delito penal la difamación «retrotrayendo al país a épocas en las que los periodistas podían ir a la cárcel por ejercer su derecho a informar, criticar u opinar».

La SIP, con sede en Miami, solicitó al gobierno y al poder legislativo en México que durante la discusión de la posible reforma en febrero ante el Senado de la República, «observen y mantengan su apego a los principios internacionales en materia de libertad de expresión».

Christopher Barnes, presidente de la SIP, y Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de esa organización instaron al Gobierno mexicano a observar la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Recordaron que el documento consigna que «la protección a la reputación debe estar garantizada solo a través de sanciones civiles».

Por décadas, la SIP junto a otras organizaciones dedicadas a la libertad de prensa han exhortado a los gobiernos a despenalizar la difamación para evitar que las penas de cárcel puedan ser utilizadas para neutralizar el ejercicio periodístico y la libertad de prensa.

En 2007, esta entidad regional había expresado su beneplácito cuando México despenalizó la difamación, «ayudando a crear una tendencia favorable a la libertad de prensa en América Latina».

En las Américas varios países han despenalizado la difamación: Argentina, Bermudas, El Salvador, Grenada, Jamaica, México, Panamá y Uruguay.

Chile y República Dominicana lo han hecho parcialmente, mientras que en Honduras y otros países de la región existen proyectos legislativos para que los delitos contra el honor también se disputen solo en tribunales civiles. 

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