Periodistas Unidos. Ciudad de México. 22 de mayo de 2026.- Las garantías de seguridad para documentar la crisis humanitaria en el sur del país han sido suspendidas por las autoridades. Integrantes de la Misión Civil de Observación Sexta (MCO-S) emitieron una alerta urgente tras notificarse que las corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno cancelaron de última hora el acompañamiento policiaco y militar comprometido. El contingente, integrado por defensores de derechos humanos, observadores internacionales y periodistas, se dirigía a la comunidad de Alcozacán, en la región de la Montaña Baja de Guerrero, con el objetivo de documentar las agresiones y dar asistencia a la población afectada por la violencia armada.

De acuerdo con los reportes de las organizaciones civiles, el retiro del resguardo institucional ocurrió alrededor de las 10:00 horas de este viernes 22 de mayo de 2026, cuando la comitiva se localizaba a escasos 40 minutos de arribar al municipio de Tlapa de Comonfort. La cancelación de los protocolos de protección fue notificada directamente a Jesús Plácido, promotor del Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), así como al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y a los integrantes que cuentan con medidas cautelares del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

La urgencia de la documentación radica en la escalada de violencia iniciada el pasado 6 de mayo de 2026, fecha en que ataques armados contra las comunidades de Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán provocaron el desplazamiento forzado de más de mil personas. Dichos refugiados se concentraron inicialmente en el poblado de Alcozacán; sin embargo, este último punto sufrió una incursión violenta el 11 de mayo por parte del grupo delictivo conocido como «Los Ardillos». Esta segunda agresión derivó en un éxodo masivo que actualmente suma a más de 2,000 personas desplazadas en la región, quienes carecen de asistencia humanitaria regular y protección perimetral.

Ante el incumplimiento de los acuerdos previos de escolta y resguardo, la Misión Civil de Observación Sexta responsabilizó formalmente al Estado Mexicano y a las administraciones municipales y estatales por cualquier atentado que vulnere la integridad física de sus colaboradores en los caminos rurales de la entidad. Activistas de derechos humanos hicieron un llamado urgente a la comunidad civil internacional y a los organismos solidarios para presionar a las dependencias federales, exigiendo la restitución inmediata de los esquemas de seguridad que permitan el ingreso seguro de la ayuda a las zonas de conflicto.

 

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