EFE. Ciudad de México. 16 de abril de 2024.- “Esta decisión impactaría en la presunta liberación de 68.000 delincuentes”, afirmó la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, durante la rueda de prensa matutina del presidente, Andrés Manuel López Obrador.

La funcionaria se refirió a la discusión de la SCJN sobre el tema, enlistada desde el 23 de enero pasado, que busca anular la prisión preventiva oficiosa, que se nieguen las órdenes de arraigo y que, en casos donde se denuncie tortura, se realice una investigación independiente.

La prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar y automática que se aplica ante delitos considerados graves como violencia sexual, homicidio doloso, feminicidio o delincuencia organizada, y que puede encarcelar a un imputado sin condena previa por un plazo máximo de dos años.

Alcalde advirtió que, de eliminarse la prisión preventiva oficiosa, impactaría en la posible liberación de 11.640 acusados de homicidio, 7.150 de secuestro, 7.617 de violación, 4.013 de narcotráfico, 3.800 de portación de armamento y explosivos, 1.450 de feminicidio, 1.273 de abuso infantil y corrupción de menores, y 405 por delincuencia organizada.

“La liberación de estas personas, como hemos dicho, pondría en riesgo primero a los testigos y a las víctimas, que son las personas que los han acusado, por supuesto al personal, desde policías, personal de la Fiscalía, los propios juzgadores. Vemos un riesgo también a la población en su conjunto”, señaló Alcalde.

Sostuvo que estas posibles liberaciones resultarían en la comisión de nuevos delitos y amenazarían la seguridad nacional porque son individuos, según dijo, asociados a grupos del crimen organizado que tienen capacidad económica y operativa, y un alto riesgo de fugarse.

Señaló que esta decisión vulnera la soberanía nacional porque la discusión empezó después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) instara al Estado mexicano a reformar su marco normativo respecto al arraigo preprocesal y la prisión preventiva oficiosa.

“Ningún Estado, Gobierno, organismo o tribunal extranjero puede ordenarle a México modificar su Constitución, modificar su régimen político ni su forma de gobierno. Hacerlo sería un acto inadmisible de injerencia y a quién le toca defender nuestra Constitución precisamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, zanjó Alcalde.

Finalmente, llamó a la SCJN a respetar la división de poderes y no excederse en sus facultades, además de considerar las “graves” consecuencias que tendría eliminar la prisión preventiva oficiosa para la seguridad nacional.

“Que valoren atacar, mejor, uno de los problemas de fondo, que es la enorme tardanza de la resoluciones de sus asuntos que hemos denunciado en este espacio en múltiples ocasiones”, concluyó.

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Foto: Especial

EFE. Nuevo Laredo, México. 30 de abril de 2020.- Siete presuntos miembros del Cartel de Noreste (CDN) fallecieron al intentar agredir a efectivos del Ejército mexicano en Nuevo Laredo, ciudad ubicada en la frontera con Estados Unidos, informó este jueves a Efe una fuente del gobierno de Tamaulipas.

«El evento sucedió al filo de las 17.30 hora local (20.30 GMT) de la tarde del miércoles en una avenida de la colonia (barrio) Manuel Cavazos Lerma, ubicada al norponiente (noroeste) de la ciudad», precisó un vocero del gobierno del nororiental estado mexicano.

La fuente mencionó que los criminales formaban parte de la Tropa del Infierno, el brazo armado del CDN, quienes se desplazaban en una camioneta e intentaron emboscar a una patrulla de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en una transitada calle de la zona.

Al término del enfrentamiento los efectivos del Ejército mexicano incautaron la camioneta y siete armas largas, que posteriormente fueron presentadas anoche en la delegación en Nuevo Laredo de la Fiscalía General de la República (FGR).

Horas después del violento suceso, sicarios de la Tropa del Infierno arribaron a un cuartel militar para disparar armas de grueso calibre contra las instalaciones del ejército, sin que se registraran  bajas, sólo daños materiales, precisó el vocero.

Desde que comenzó el confinamiento de la población por la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, la Tropa del Infierno circula abiertamente por barrios y avenidas del noroeste de Nuevo Laredo.

En mensajes que difunde el Cartel del Noreste a través de grupos de la red social WhatsApp, advierten a la población que no salgan de sus domicilios y quien lo haga podría ser castigado con golpes con una tabla que usan para torturar a rivales y víctimas.

Otros grupos del crimen organizado como el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) o el grupo Los Rojos, que operan en el estado sureño de Guerrero, también hacen llamados  a la población para que «se mantegan en el interior de sus hogares» y advierten que el que no respete la cuarentena será castigado.

Para advertir a la población sobre los castigos, los grupos del crimen organizado cuelgan mantas en diversas avenidas de las ciudades y a través de mensajes en páginas y cuentas de redes sociales.

Además, en algunas otras zonas del país distintos grupos criminales han repartido despensas de comida para los más necesitados, lo que ha generado reacciones contrarias del propio presidente, Andrés Manuel López Obrador.

«Aprovecho para decirle a los que están en las organizaciones que se dedican a la delincuencia, que he estado viendo que reparten despensas, eso no ayuda. Ayuda el que dejen sus balandronadas (fanfarronadas)», expresó el mandatario el pasado 20 de abril.

Debido a la lucha entre narcotraficantes, México registró 3.000 asesinatos en marzo, siendo el mes más violento del mandato de López Obrador, que arrancó en diciembre de 2018. 

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