Periodistas Unidos. Ciudad de México. 29 de agosto de 2026.- Este domingo 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, colectivos de madres y padres buscadores, familiares y organizaciones de derechos humanos realizarán marchas, pegadas de fichas, veladas, misas y actos de memoria en Ciudad de México, Culiacán, Guerrero, Sonora y otras entidades. La fecha, establecida por la ONU, se conmemora en un país que según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) mantiene más de 130 mil personas en esa condición; cifras recientes de organizaciones y reportes oficiales oscilan entre 132 mil 994 y más de 135 mil casos.

En la capital, la convocatoria principal parte a las 9:00 horas del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo. Colectivos como Luciérnagas Buscadoras CDMX, Corazones en Búsqueda y otros llaman a familiares, sobrevivientes y ciudadanía a visibilizar la crisis. En paralelo, en la Glorieta de las y los Desaparecidos (Glorieta del Ahuehuete, Paseo de la Reforma) se colocarán alrededor de 2 mil 300 fichas de búsqueda con fotografías y datos de personas de distintos estados, cifra que ha crecido de las 350 de las primeras jornadas en 2022. El programa incluye misa ecuménica y otras acciones de memoria.

En Culiacán, Sinaloa, la Brigada Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Zona Centro, programó una velada memorial el sábado 29 a las 17:00 horas en el mural de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y una marcha pacífica el domingo 30. La concentración será a las 8:30 en la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe (La Lomita), con salida a las 9:00 por Avenida Álvaro Obregón hasta el kiosco de Catedral y el Árbol de la Esperanza. El color distintivo será el amarillo, símbolo de esperanza y “regreso a casa”. Después habrá acto en el Jardín de la Memoria.

En Guerrero, familias y colectivos anunciaron jornada de lucha con marchas, pegada de fotografías, ofrendas y misas en Chilpancingo, Acapulco, Iguala, Atoyac, Tlapa y Huitzuco. En Chilpancingo las actividades inician a las 8:00 con pegada de fotos en la Alameda Francisco Granados Maldonado, seguida de marcha al Palacio de Gobierno. En Acapulco se prevé pegada en el Zócalo el 29 por la tarde. En Iguala habrá marcha por el centro a las 9:00.

Madres Buscadoras de Sonora, encabezadas por Ceci Flores, convocaron marcha en Hermosillo. También se reportan actividades en Nuevo León, Zacatecas y otros estados. El Diálogo Nacional por la Paz pidió a iglesias abrir templos y acompañar a las familias.

 En vísperas de la fecha, la Secretaría de Gobernación informó que desde julio de 2025 se localizaron más de 13 mil personas reportadas como desaparecidas (alrededor del 90 por ciento con vida) y que se detectaron 40 mil 628 coincidencias de trámites o actividades posteriores a la fecha del reporte, de las cuales 6 mil 939 ya cambiaron a localización. El gobierno presentó 10 acciones para reforzar el registro, la búsqueda inmediata y abatir el rezago forense. Las familias y colectivos insisten en que los avances son insuficientes y que persisten impunidad, riesgos para las buscadoras y falta de resultados en casos emblemáticos como el de los 43 de Ayotzinapa.

Las movilizaciones reiteran la consigna de “vivos se los llevaron, vivos los queremos” y demandan que las autoridades asuman de manera efectiva la búsqueda, investiguen con independencia y protejan a quienes buscan a sus seres queridos.

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EFE. Ciudad de México. 26 de mayo de 2025.- El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó este martes que compareció ante la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán, en el marco de la investigación abierta en México tras las acusaciones presentadas en Estados Unidos contra él y otros nueve funcionarios sinaloenses por presuntos delitos relacionados con tráfico de drogas y armas.

“Hoy comparecí ante la Fiscalía General de la República, con sede en Culiacán, Sinaloa. Respondí las preguntas que me formuló la Agente del Ministerio Público Federal”, escribió Rocha Moya en una publicación en la red social X.

El mandatario de Sinaloa (noroeste), que solicitó su separación temporal del cargo mientras dura la investigación, añadió que mantendrá disposición para atender cualquier requerimiento de las autoridades.

“Tengo la firme determinación de acudir a todo llamado que me haga la autoridad investigadora, en el momento que así lo juzgue necesario”, expresó.

Rocha Moya sostuvo además que confía en el sistema judicial mexicano y en el Estado de derecho, al tiempo que defendió las instituciones de justicia y las reformas impulsadas por el movimiento de la llamada Cuarta Transformación, movimiento impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

«Por ello y con la frente en alto no dejaré de luchar porque la verdad prevalezca», subrayó.

Asimismo, expresó respaldo a la presidenta, Claudia Sheinbaum, de quien dijo «lucha con inteligencia y profundo patriotismo por el absoluto respeto a nuestra Soberanía Nacional, frente a cualquier intento de mancillarla».

La comparecencia ocurre días después de que Sheinbaum asegurara que, de acuerdo con la información proporcionada por la FGR, las diligencias abiertas no implican imputaciones contra los funcionarios llamados a declarar.

“Por lo que nos ha dicho la Fiscalía, no hay imputación a nadie, sino sencillamente entrevistas”, afirmó la mandataria el lunes durante su conferencia de prensa diaria.

Respecto al expediente de Sinaloa, Sheinbaum confirmó que han sido citados a declarar Rocha Moya; el senador morenista Enrique Inzunza Cázarez; y el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.

Las investigaciones en México derivan de la acusación presentada el pasado 29 de abril por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York contra diez funcionarios de Sinaloa, mientras que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha solicitado la detención con fines de extradición de una decena de ciudadanos mexicanos vinculados con delitos de tráfico de drogas y armas.

La FGR informó previamente que las personas relacionadas con el caso están siendo llamadas a rendir entrevista ministerial “con la finalidad de avanzar con seriedad y exhaustividad” en las investigaciones.

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EFE. Ciudad de México. 22 de mayo de 2026.- El joven cantante de reguetón Mario Alberto Barreto Domínguez, conocido artísticamente como Degezeta, fue asesinado a tiros la noche del jueves en Culiacán, capital del estado mexicano de Sinaloa (noroeste), en un ataque armado en el que también murió un integrante de su equipo de trabajo, informaron este viernes medios locales.

De acuerdo con los medios, la agresión ocurrió alrededor de las 21.00 hora local (03.00 GMT del viernes) en el cruce de las calles Constitución y Jesús Andrade, en el barrio Miguel Alemán, frente al estadio Ángel Flores, sede del equipo de béisbol Tomateros de Culiacán y cerca del Monumento a la Pelota.

Según reportes preliminares, el artista de 22 años viajaba en un automóvil Nissan Versa gris junto a Iván Marlon, de 45 años, cuando hombres armados aprovecharon una parada obligada en un semáforo para acercarse al vehículo y disparar en repetidas ocasiones contra sus ocupantes.

Tras el ataque, el automóvil quedó con el motor encendido y mal estacionado, mientras efectivos del Ejército mexicano y de la Guardia Nacional acordonaron la zona. Técnicos forenses de la fiscalía estatal incautaron el vehículo y recabaron evidencia balística.

Inicialmente, las autoridades no confirmaron la identidad de las víctimas, pero horas después trascendió que uno de los fallecidos era Degezeta, nombre con el que Mario Alberto Barreto era conocido en redes sociales y plataformas musicales.

El cantante, originario de Hermosillo, Sonora, se había trasladado tiempo atrás a Culiacán para impulsar su carrera dentro de la música urbana.

Según versiones difundidas tras el atentado, momentos antes de la agresión había salido de un estudio de grabación y minutos previos compartió en Instagram una historia desde el lugar, que se convirtió en su última publicación.

La muerte del intérprete generó reacciones en redes sociales, especialmente después del mensaje difundido por Hyphyurban, sello musical que representaba al artista.

“Anoche nos tocó despedir a alguien que no solo era artista de la disquera… era nuestro hermano”, escribió la empresa en una publicación acompañada de una fotografía del cantante.

La disquera recordó además que el joven dejó Sonora para perseguir su sueño musical en Sinaloa. “Dejó su tierra en Hermosillo para irse a Culiacán persiguiendo un sueño. Hacer música, salir adelante y ganarse un lugar con su talento”, expresó.

Degezeta inició escribiendo canciones de rap desde los 10 años y comenzó formalmente su carrera musical en 2020. En 2023 optó por enfocarse en el reguetón, influenciado por exponentes como Daddy Yankee, Don Omar y Wisin y Yandel.

Con más de 38.000 oyentes mensuales en Spotify, el cantante emergía como una promesa del género urbano, con temas como ‘Welcome To The Club’, ‘Chanel’, ‘TOSTO NAZO’ y ‘Mentira Buena (Versión Tumbada)’ entre sus canciones más reproducidas.

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Periodistas Unidos. Culiacán, México. 20 de mayo de 2026.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó la detención de Omar Alonso Chávez Carrasco, de 36 años, conocido como “El Businessman” y uno de los hijos del excampeón mundial de boxeo Julio César Chávez.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, el pugilista fue asegurado alrededor de las 8:53 horas de este miércoles por elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) en Culiacán, Sinaloa. Posteriormente fue trasladado al Centro Penitenciario Estatal de Aguaruto, donde quedó a disposición de las autoridades.

Hasta el momento, las autoridades no han hecho público el motivo de la detención ni los posibles delitos que se le imputan. La ficha oficial solo registra la captura y el traslado al penal estatal.

Omar Chávez, boxeador profesional en la categoría de peso supermediano con un récord destacado, es hermano del también pugilista Julio César Chávez Jr. La detención ha generado gran atención en redes sociales, donde circula la imagen de la ficha del Registro Nacional de Detenciones.

Este es el segundo hijo del “Gran Campeón” que enfrenta problemas legales en los últimos tiempos. Fuentes cercanas a la familia aún no han emitido declaraciones oficiales sobre el caso.

La SSPC y la Fiscalía de Sinaloa no han proporcionado más detalles sobre la situación jurídica de Chávez Carrasco. Se espera que en las próximas horas se dé a conocer información adicional sobre los cargos que enfrenta.

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Periodistas Unidos. Culiacán, México. 24 de octubre de 2025.- Fuerzas federales y estatales desmantelaron células delictivas ligadas al Cártel de Sinaloa en un operativo coordinado que dejó un saldo de 18 personas detenidas, un arsenal de armas confiscado y más de 13.850 litros de sustancias químicas para la producción de drogas sintéticas aseguradas, equivalentes a un perjuicio económico de 281 millones de pesos para la organización criminal. Las acciones, realizadas en los municipios de Culiacán y Navolato, forman parte de la estrategia nacional contra el narcotráfico impulsada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y representan uno de los golpes más significativos a la producción de fentanilo y metanfetaminas en la región.

El primer incidente ocurrió en el fraccionamiento Residencial Roma de Culiacán, donde agentes de la Guardia Nacional (GN) y otras fuerzas realizaban patrullajes de vigilancia y fueron agredidos con disparos de armas de fuego. Tras repeler la agresión conforme a protocolos, controlaron la situación en minutos y detuvieron a siete presuntos integrantes del grupo armado, asegurando cinco armas largas, 818 cartuchos útiles, 33 cargadores, 11 chalecos tácticos, 22 placas balísticas y un vehículo. En el mismo municipio, las autoridades localizaron un sitio clandestino de concentración de materiales para la elaboración de drogas sintéticas, donde incautaron los 13.850 litros de precursores químicos, como acetona y tolueno, esenciales para la síntesis de opioides y estimulantes.

En paralelo, en Navolato, elementos de seguridad interceptaron dos vehículos –uno con blindaje artesanal– ocupados por 11 personas, a quienes se les decomisaron dos ametralladoras, siete armas largas, tres armas cortas, 21 cargadores, 868 cartuchos útiles y equipo táctico variado. Este aseguramiento no solo desarma a los operadores locales, sino que interrumpe cadenas de suministro clave para el tráfico hacia Estados Unidos, donde las drogas sintéticas generan miles de muertes anuales por sobredosis.

El operativo involucró a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la SSPC y la GN, en coordinación con autoridades estatales de Sinaloa, bajo labores de inteligencia previas. La SSPC estimó que el valor de los precursores químicos en el mercado ilícito asciende a 281 millones de pesos (aproximadamente 15.2 millones de dólares), lo que debilita financieramente al cártel en un bastión histórico como Sinaloa, epicentro de la producción de fentanilo y metanfetaminas.

Expertos en seguridad destacan que estas acciones responden al aumento de operativos contra laboratorios clandestinos en el noroeste del país, donde el Cártel de Sinaloa ha intensificado su enfoque en drogas sintéticas ante la presión sobre cultivos tradicionales como la amapola. En redes como X, usuarios y analistas celebraron el decomiso, con publicaciones de cuentas como @lopezdoriga y @ElUniversal_Mx enfatizando el impacto en la reducción de flujos hacia el mercado estadounidense. No obstante, persisten desafíos, ya que Sinaloa registra frecuentes enfrentamientos entre facciones rivales del cártel, exacerbados por la ausencia de líderes clave desde 2024.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la FGR para su proceso judicial, mientras que los bienes asegurados serán destruidos conforme a la ley. La presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que la prioridad es la inteligencia sobre la confrontación, pero estos resultados subrayan la efectividad de la coordinación federal en zonas de alto riesgo. Con este golpe, México refuerza su compromiso en la lucha contra el narco, en un contexto de cooperación binacional con Estados Unidos para frenar la crisis de opioides.

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AMEXI. Ciudad de México. 15 de septiembre de 2025.- Pese a haber promovido los festejos por el Grito de Independencia desde hace semanas atrás, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, anunció que se cancelan las actividades musicales y las programadas para el 15 de septiembre en la explanada del Palacio de Gobierno en Culiacán.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el mandatario estatal explicó que tras reunirse con las autoridades gubernamentales se decidió realizar solo un acto cívico protocolario a puerta cerrada con funcionarios de los tres niveles de gobierno y con las Fuerzas Armadas.

En este sentido, explicó que la decisión se tomó con el objetivo de garantizar el bienestar, la seguridad y los derechos de las y los sinaloenses e invitó a la ciudadanía a festejar las Fiestas Patrias desde sus hogares, para lo cual, el operativo de seguridad especial continuará activo para proteger a la población.

Por su parte, algunas y algunos usuarios de redes sociales respaldaron la decisión del gobernador, ya que desde la Marcha por la Paz del pasado 7 de septiembre fue una exigencia conjunta al asegurar que “no hay nada que festejar” al cumplirse un año del inicio de la disputa interna del Cártel de Sinaloa.

Otra jornada violenta

La cancelación de los festejos por el 215 Aniversario de la Independencia de México se da en una jornada violenta en este fin de semana, en la que al menos 10 personas perdieron la vida, incluida una maestra identificada como Jesamel Rodríguez Zazueta, auxiliar académica en la Supervisión de la Zona Escolar 057 de Primarias Federalizadas.

De acuerdo con los informes periciales, la docente circulaba en su automóvil con su esposo y sus dos hijas por la carretera Altata-Nuevo Altata cuando sujetos armados atacaron el vehículo.

La maestra perdió la vida en el lugar al recibir un impacto de bala, mientras que el resto de la familia resultó ilesa. Hasta el momento se desconoce si hay detenidos por los hechos.

La situación de violencia e inseguridad en el estado también llevó a cancelar las Fiestas Patrias en los municipios de Navolato, San Ignacio y en tres sindicaturas de Culiacán: Angostura, Culiacancito y Costa Rica. 

A las y los sinaloenses: pic.twitter.com/Q325AgjNFT

— Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) September 14, 2025

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AFP. Ciudad de México. 09 de septiembre de 2025.- Tras un año de guerra entre narcos, en Sinaloa los muertos y desaparecidos se cuentan por miles. La economía está colapsada y un nuevo temor sobrevuela este estado mexicano: la amenaza militar de Estados Unidos contra los cárteles.

El conflicto, que enfrenta a dos facciones del Cártel de Sinaloa, estalló tras la captura de su líder histórico, Ismael “El Mayo” Zambada, de 75 años. Fue secuestrado en julio de 2024 por un hijo de Joaquín “Chapo” Guzmán, y llevado en un avión a Estados Unidos.

Balaceras, bloqueos de vías, restaurantes y negocios cerrados son parte de la vida diaria. La violencia obligó a suspender clases y apagar la vida nocturna: así transcurren los días en Culiacán, considerada la ciudad más peligrosa de México.

Ni el despliegue de miles de soldados, ni crecientes incautaciones de armas y drogas han frenado la violencia. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum reconoce que el cártel no está desmantelado y se ignora si alguna facción ha vencido.

Historias de víctimas como la de Karely Contreras, madre que tuvo que ocultar la fiesta de cumpleaños de su hijo, o la de Rafael Sánchez, quien perdió a su hermano en un enfrentamiento, muestran el impacto humano de la guerra.

La trama de venganza tras la captura de Zambada también involucra a sus hijos, los Chapitos, procesados por la justicia estadounidense. Zambada, al declararse culpable en agosto, admitió sobornos a policías, militares y políticos.

El conflicto escaló internacionalmente tras el ataque de un misil estadounidense contra una lancha supuestamente cargada con drogas en el Caribe, con saldo de 11 muertos, según el expresidente Donald Trump, quien ha designado a varios cárteles como terroristas.

En Sinaloa, el miedo a una guerra abierta crece. “Ganas no les faltan y razones tienen de sobra”, dice Mariana Urías, preocupada por que sus hijos vivan una guerra con bombas y misiles.

Trump ha redoblado su ofensiva contra el fentanilo, desplegando buques de guerra y ofreciendo recompensas millonarias contra líderes como Nicolás Maduro, mientras mantiene acuerdos de seguridad con el gobierno de Sheinbaum.

Analistas como Cecilia Farfán advierten que la captura de Zambada es un ejemplo de cómo acciones unilaterales pueden detonar consecuencias graves, reforzando la necesidad de cooperación binacional.

Mientras tanto, la violencia en Sinaloa ha destruido más de 20 mil empleos y hasta ha silenciado a los populares músicos de banda que animaban las fiestas.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 27 de agosto de 2025.- El gobierno mexicano, a través del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ha descartado que el Cártel de Sinaloa esté “terminado” tras la detención de Ismael “El Mayo” Zambada en julio de 2024 en Estados Unidos. Durante la conferencia matutina presidencial, Harfuch afirmó que, aunque algunas facciones del cártel están “mermadas”, la organización criminal sigue activa debido a su estructura de múltiples liderazgos. “No puede estar terminado el Cártel de Sinaloa porque hay varias cabezas. Todavía hay células y líderes importantes que tienen que ser detenidos”, señaló.

La captura de Zambada, cofundador y líder histórico del cártel, ocurrió en un aeropuerto privado en Nuevo México, donde fue llevado contra su voluntad por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, según la versión del propio capo. Este evento ha intensificado las tensiones entre las facciones rivales del cártel, conocidas como “Los Chapitos” (liderada por los hijos de El Chapo) y “La Mayiza” (encabezada por Ismael Zambada Sicairos, hijo de El Mayo), desatando una guerra interna por el control en Culiacán, Sinaloa. Desde la detención, se han reportado enfrentamientos, secuestros y al menos 50 muertes en la región, según analistas.

Zambada, quien se declaró culpable de dos cargos de narcotráfico en un tribunal federal de Nueva York, admitió haber sobornado a políticos, policías y militares mexicanos durante más de cinco décadas, además de liderar el cártel desde 1989 hasta 2024. Estas declaraciones han generado reacciones en México, con la presidenta Claudia Sheinbaum abogando por investigar las acusaciones de sobornos, aunque enfatizó que cualquier señalamiento debe respaldarse con pruebas. “Estamos en contra de cualquier acto de corrupción, particularmente en seguridad. Cualquier investigación es buena”, afirmó la mandataria.

Por su parte, las autoridades estadounidenses han calificado al cártel como “decaptado” tras las recientes detenciones, esperando que Zambada proporcione información clave a cambio de beneficios carcelarios. Sin embargo, Harfuch insistió en que la organización sigue operando, destacando que nunca ha tenido un líder único, sino múltiples ramas, como las encabezadas por El Chapo, sus hijos, “El Guano” (hermano de El Chapo) y “El Chapo Isidro”. También descartó una alianza entre Los Chapitos y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), aclarando que ciertos indicios de colaboración eran intentos de amedrentamiento por parte de grupos de Sinaloa.

La situación en Sinaloa permanece volátil, con un reforzamiento constante de operativos de seguridad, incluyendo el despliegue de más de 200 soldados tras la captura de Zambada y la entrega de 100 patrullas el pasado fin de semana. Mientras tanto, el gobierno mexicano ha expresado su intención de solicitar a Estados Unidos parte de los 15,000 millones de dólares impuestos como multa a Zambada, para destinarlos a comunidades vulnerables, aunque Sheinbaum aclaró que dicho monto es un cálculo del Departamento de Justicia estadounidense y no necesariamente será pagado directamente por el capo.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 25 de julio de 2025.- A un año del inicio de la crisis de seguridad pública en Sinaloa, periodistas, organizaciones civiles y defensores de derechos humanos alzaron la voz para exigir a las autoridades federales y estatales acciones inmediatas que garanticen la paz, la seguridad y la libertad de prensa en la entidad. En un posicionamiento dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum, al gobernador Rubén Rocha Moya, secretarías federales, fiscalías y al Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, se denunció el impacto devastador de la violencia, con más de 1,500 asesinatos, igual número de desapariciones forzadas y cientos de personas desplazadas, según datos oficiales reportados por la prensa local.

La escalada de violencia, marcada por enfrentamientos entre grupos del crimen organizado, ha generado un clima de indefensión y ha puesto en riesgo a periodistas que, en cumplimiento de su labor, enfrentan condiciones extremas. Un ejemplo reciente ocurrió el 14 de julio en El Pozo, Imala, donde reporteros cubrieron enfrentamientos armados antes de la llegada de las autoridades, evidenciando una omisión institucional que pone en peligro su integridad.

El pronunciamiento, firmado por 23 organizaciones —como ARTICLE 19, la Asociación de Periodistas 7 de Junio y la Red Nacional de Periodistas—, 71 periodistas y 26 defensores de derechos humanos, destaca que la labor periodística es esencial para informar a la sociedad, promover la transparencia y fortalecer la democracia. Sin embargo, se subraya que los periodistas no deben asumir las consecuencias del abandono institucional ni de la tardía respuesta de las autoridades en la atención de delitos.

Entre las demandas se encuentran:

• Cumplimiento de la obligación constitucional de proteger a los periodistas, sin delegar en ellos la responsabilidad de su seguridad.

• Establecimiento de protocolos claros de coordinación entre fuerzas de seguridad, fiscalías y medios durante coberturas de alto riesgo.

• Garantizar la presencia ministerial oportuna en los lugares de los hechos para proteger a la comunidad y a los periodistas.

• Verificación de políticas de prevención y protección en los medios de comunicación, especialmente en zonas afectadas por la violencia.

El documento convoca a gobierno, sociedad, medios, instituciones de seguridad y organismos civiles a unir esfuerzos para garantizar el flujo seguro de información y construir una sociedad informada, protegida y participativa. “La seguridad y la tranquilidad no se imploran, se exigen. No podemos resignarnos a ser una sociedad derrotada”, sentencia el posicionamiento.

En un contexto de dolorosas secuelas por la violencia, el mensaje es claro: periodistas y sociedad deben ir juntos en la exigencia de paz y en apoyo a las víctimas. La normalización de la violencia no es una opción, y Sinaloa merece recuperar la paz social.

Firman: Organizaciones como #HastaEncontrarles, ARTICLE 19, Colectiva Feminista MAPAS, Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), entre otras; periodistas como Aimee Melo, Marcela Turati y Sonia de Anda; y defensores de derechos humanos como Balbina Flores y Esperanza Hernández Lugo, entre otros.

Aquí puedes leer el pronunciamiento completo: https://monitor.iniciativasinaloa.org.mx/un-ano-bajo-fuego-periodistas-y-activistas-exigen-paz-y-libertad-de-prensa-en-sinaloa/

La entrada Un año bajo fuego: Exigen en Sinaloa garantizar paz y libertad de prensa se publicó primero en Periodistas Unidos.

Periodistas Unidos. Culiacán, México. 14 de julio de 2025.- Un grupo de periodistas vivió momentos de extrema tensión este lunes al quedar atrapados en un fuego cruzado mientras cubrían un hecho violento en la comunidad de El Pozo, sindicatura de Imala, al oriente de Culiacán, Sinaloa. Según reportes, uno de los reporteros fue blanco directo de disparos, con impactos registrados en su vehículo de trabajo, aunque afortunadamente ningún comunicador resultó herido.

El enfrentamiento armado ocurrió alrededor de las 12:00 horas, cuando los periodistas acudieron a la zona para reportar sobre un incidente violento. De acuerdo con medios locales y publicaciones en redes sociales, el tiroteo involucró a una unidad blindada y una cuatrimoto con tres ocupantes, presuntamente pertenecientes a grupos antagónicos de la delincuencia organizada. Los reporteros, sorprendidos por las ráfagas, buscaron refugio en viviendas cercanas, donde fueron auxiliados por vecinos de la comunidad.

La Asociación de Periodistas 7 de Junio emitió un pronunciamiento lamentando los hechos y condenando los ataques contra los comunicadores: “Lamentamos los actos de violencia registrados en la sindicatura de Imala, donde algunos colegas fueron atacados a balazos por grupos antagónicos de la delincuencia organizada, mientras realizaban una cobertura periodística”. La organización exigió garantías para el ejercicio periodístico y llamó a las autoridades a investigar y esclarecer los hechos.

Este incidente se suma a la ola de violencia que azota Sinaloa, particularmente en Culiacán, donde los enfrentamientos entre facciones del Cártel de Sinaloa, como Los Chapitos y La Mayiza, han intensificado la inseguridad. Según reportes, el conflicto en El Pozo dejó al menos tres personas muertas, aunque las autoridades no han confirmado víctimas fatales entre los civiles o los periodistas.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que las fuerzas federales y estatales atendieron el incidente y trabajan para restablecer el orden en la zona. Sin embargo, los pobladores reportaron un ambiente de desolación, con calles vacías y casas cerradas, reflejo del miedo que persiste en la comunidad.

Este ataque resalta los riesgos que enfrentan los periodistas en Sinaloa, una de las regiones más peligrosas para el ejercicio periodístico en México. La Asociación 7 de Junio y diversos medios locales, como Noroeste y Meganoticias, reiteraron la importancia de proteger a los comunicadores y garantizar condiciones seguras para su labor.

Las autoridades continúan investigando los hechos, mientras la sociedad civil y los gremios periodísticos exigen medidas urgentes para frenar la violencia y salvaguardar la libertad de prensa en un contexto marcado por el fuego cruzado del narcotráfico.

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