Periodistas Unidos. Ciudad de México. 29 de mayo de 2025.- En un contexto donde se han registrado al menos 131 agresiones contra personas defensoras del medio ambiente en la Península de Yucatán entre 2012 y 2023 —muchas dirigidas específicamente a mujeres—, el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) en conjunto con el Centro de Derechos Humanos Utsil Kuxtal presentaron una herramienta fundamental: la Guía Práctica de Seguridad Comunitaria para Mujeres Defensoras de Derechos Económicos,  Sociales y Culturales.

La presentación se llevó a cabo en el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM (CEPHCIS) ante defensoras comunitarias, organizaciones aliadas y comunidad académica, con el objetivo de impulsar estrategias de protección colectiva que respondan a la violencia sistemática que enfrentan quienes defienden la tierra, el agua y los bienes comunes frente a megaproyectos extractivos y el despojo.

“La seguridad de las mujeres defensoras no puede depender de mecanismos estatales que muchas veces ni siquiera existen. En Yucatán, por ejemplo, no hay un mecanismo local de protección, lo que agrava aún más los riesgos. Por eso esta guía nace desde el territorio, desde las experiencias reales de mujeres organizadas que se cuidan entre sí”, afirmó Alejandra Ancheita, directora ejecutiva de ProDESC.

Durante el evento, se compartieron datos que reflejan la magnitud de esta problemática: solo en 2024, se documentaron 94 eventos de agresión y 25 agresiones letales en México en contra de personas defensoras. En la Península de Yucatán, según datos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) se registraron 11 eventos de agresión en ese mismo año, de los cuales 4 ocurrieron en Yucatán, donde la ausencia de instituciones de protección hace aún más urgente fortalecer las estrategias comunitarias de seguridad.

En tanto, la activista Leydy Pech compartió su experiencia como defensora en la Península, señalando que cuando las mujeres comienzan a reclamar su derecho a participar y decidir, enfrentan diferentes violencias; “​​sin embargo, ante todo lo que está sucediendo en nuestro territorio vemos amenazada la vida y esto nos hace organizarnos y romper los roles establecidos”.

En un contexto como el de Mérida, donde crece la presión de actores económicos con fines de despojo y extractivismo, contar con una guía como esta resulta fundamental. Así lo expresó Fernández Mediburu durante la presentación, donde también subrayó que las mujeres enfrentan condiciones especialmente difíciles en entornos patriarcales y de exclusión sistemática, donde violencias como la difamación buscan minar su ánimo y frenar su lucha por la defensa del territorio.

“Esta guía no es una receta. Es una herramienta viva, construida colectivamente, con enfoque feminista e interseccional, que busca fortalecer los liderazgos de las mujeres y su poder organizativo en defensa del territorio y los derechos humanos”, concluyó Ancheita.

Durante el evento, se compartieron datos que reflejan la magnitud de esta problemática: solo en 2024, se documentaron 94 eventos de agresión y 25 agresiones letales en México en contra de personas defensoras. En la Península de Yucatán, según datos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) se registraron 11 eventos de agresión en ese mismo año, de los cuales 4 ocurrieron en Yucatán, donde la ausencia de instituciones de protección hace aún más urgente fortalecer las estrategias comunitarias de seguridad.

En tanto, la activista Leydy Pech compartió su experiencia como defensora en la Península, señalando que cuando las mujeres comienzan a reclamar su derecho a participar y decidir, enfrentan diferentes violencias; “​​sin embargo, ante todo lo que está sucediendo en nuestro territorio vemos amenazada la vida y esto nos hace organizarnos y romper los roles establecidos”.

En un contexto como el de Mérida, donde crece la presión de actores económicos con fines de despojo y extractivismo, contar con una guía como esta resulta fundamental. Así lo expresó Fernández Mediburu durante la presentación, donde también subrayó que las mujeres enfrentan condiciones especialmente difíciles en entornos patriarcales y de exclusión sistemática, donde violencias como la difamación buscan minar su ánimo y frenar su lucha por la defensa del territorio.

“Esta guía no es una receta. Es una herramienta viva, construida colectivamente, con enfoque feminista e interseccional, que busca fortalecer los liderazgos de las mujeres y su poder organizativo en defensa del territorio y los derechos humanos”, concluyó Ancheita.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 07 de diciembre de 2023.- Nosotras, organizaciones diversas de defensa de los derechos ambientales y los derechos humanos, denunciamos el asesinato del Sr. Higinio Trinidad de la Cruz, defensor indígena del territorio de la Sierra de Manantlán. Higinio fue primero víctima de desaparición forzada y después víctima de homicidio, siendo encontrado su cuerpo en la ranchería de “Las Marías” en la comunidad indígena de Ayotitlán, en el estado de Jalisco, a la cual pertenecía y defendía.

Higinio fue citado por el Presidente Municipal de Cuautitlán de García Barragán para una reunión el pasado 24 de noviembre. El defensor asistió a la reunión y se le vio entrar a la presidencia municipal, sin embargo, en ningún momento se le vio salir por el ingreso principal. Después de varias horas sin poder ubicarlo, su familia reportó su desaparición a las autoridades que integran el Mecanismo Federal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, del cual era beneficiario desde 2021, así como, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre otros actores estatales y organizaciones defensoras de derechos humanos.

El defensor fue hallado sin vida al día siguiente, el 25 de noviembre. Su desaparición forzada y homicidio impacta y afecta no solo a su familia y comunidad, sino a todo  México, que sigue siendo uno de los países más peligrosos para las personas defensoras indígenas que protegen su territorio y el ambiente, con al menos 31 personas defensoras ambientales asesinadas en el 2022.

Higinio fue Consejero del Consejo Estatal Indígena en Jalisco, y gestor de proyectos productivos para la comunidad indígena de Ayotitlán. Defendía su territorio contra la tala y minería ilegales, e impulsó y exigió el respeto y pago justo por la extracción de hierro de la minera Peña Colorada, propiedad de  Ternium y ArcelorMittal. También impulsó juicios sucesorios para el reconocimiento de los derechos de su comunidad. Fue un líder comunal respetado, querido y reconocido. Higinio trabajó en la defensa de la comunidad junto con Celedonio Monroy, lider desaparecido en el 2012.

Higinio venía recibiendo amenazas constantes. En febrero de este año, luego de haber concedido entrevistas a los medios de comunicación sobre la defensa del territorio y de haber estado en contacto con el Mecanismo Federal de Protección, gente armada ingresó a su domicilio y lo amenazó. Para su protección, el Mecanismo Federal cercó su casa con malla ciclónica, medida no idónea.

El 20 de mayo de 2022, Higinio Trinidad de la Cruz y otro defensor de la misma comunidad fueron extraídos de sus domicilios y trasladados a un crucero donde fueron agresivamente interrogados y amenazados. Ambos fueron liberados tras presiones de organizaciones de derechos humanos a autoridades federales y estatales.

El 11 de julio de 2021 otro defensor de la comunidad fue citado oficialmente por la misma Presidencia Municipal de Cuautitlán de García Barragán. Al llegar, fue secuestrado e interrogado sobre quiénes eran los defensores del territorio, siendo advertido de posibles ataques a quienes defendieron la comunidad.

El 4 de abril de 2021, el defensor J. Santos Isaac Chávez fue encontrado muerto con señales de tortura, tras amenazas y torturas a su familia. Higinio y J. Santos defendían juntos la comunidad.

Las personas defensoras del territorio de Ayotitlán han vivido una rutina de amenazas y violencia, en particular cuando han presentado acciones judiciales que podrían afectar los intereses de la empresa minera y de la minería ilegal que ocurre dentro de la misma concesión. En efecto, todos los autores de una demanda de amparo presentada en 2019 fueron amenazados, y en un caso incluso secuestrado, para forzarlos a desistir de la acción, tras una orden judicial para suspender las actividades mineras. En años anteriores desapariciones, secuestros, amenazas y otros delitos graves han tenido lugar en condiciones similares.

Las personas defensoras indígenas de la comunidad de Ayotitlán han denunciado en múltiples ocasiones las constantes amenazas y violencia que enfrentan a consecuencia de defender su territorio y medio ambiente, solicitando ser incluidas en el Mecanismo Federal de Protección de Personas Defensoras y Periodistas. Debido al grave nivel del riesgo también se solicitaron Medidas Cautelares a la CIDH, las que aún se espera que sean otorgadas.

Lamentamos que los crímenes cometidos en contra de personas líderes y defensoras de la comunidad permanezcan en la impunidad y que cada día aumente el riesgo al que están sometidas. En apenas 3 años fueron asesinados 3 líderes de esa misma comunidad, sin contar todos los otros delitos.

La violencia que enfrentan los miembros de la comunidad de Ayotitlán es totalmente inaceptable e indica que el estado Mexicano no ha podido garantizar la protección más básica de los derechos humanos de la comunidad, y en particular el derecho a la vida de sus líderes. Sin embargo, y a pesar de este contexto de serias y sistemáticas violaciones, las operaciones mineras de Peña Colorada siguen sin perturbarse, autorizadas por el mismo estado.

Los órganos internacionales han reconocido que las actividades extractivas transnacionales no deben tomar lugar en zonas de alto conflicto donde el estado no puede asegurar la protección más básica de las personas afectadas.  En estas zonas las operaciones extractivas a gran escala pueden exacerbar el conflicto y el riesgo para las comunidades afectadas y las personas defensoras.

Por lo tanto, exigimos: 

PRIMERO: Que las autoridades responsables realicen la investigación, esclarecimiento y castigo a los responsables por la desaparición forzada y asesinato de Higinio Trinidad de la Cruz, así como la verdad y la justicia.

SEGUNDO: Que la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera, investiguen y sancionen a las personas responsables por todos los anteriores homicidios, desapariciones y minería ilegal en el territorio de la comunidad de Ayotitlán.

CUARTO: Que el gobierno de la República suspenda las operaciones mineras de Peña Colorada hasta que pueda asegurar la protección y seguridad de los integrantes y personas defensoras de la comunidad de Ayotitlán.

Firman las siguientes organizaciones:

• Environmental Defender Law Center – EDLC
• Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales – ProDESC
• SteelWatch
• Open Briefing
• Revive México AC
• AfricanDefenders
• Grupo Gema del Mayab AC
• INCIDENCIA GLOBAL
• Fundar. Centro de Análisis e Investigación A.C
• Fiam México
• Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos A.C
• Jamaa Resource Initiatives
• Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER)
• Reclaim Finance
• Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Espacio DESCA)
• Coal Action Network
• Plataforma Internacional contra la Impunidad (Suiza)
• Protection International Mesoamérica
• National Lawyers Guild/Gremio Nacional de Abogadas y Abogados-rama en San Francisco, California-SF Bay Area chapter
• Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA)
• Just Ground
• International Rivers
• Global Witness
• Centro internacional de solidaridad obrera/Centre international de solidarité ouvrière (CISO)
• MiningWatch Canada
• National Lawyers Guild International Committee
• Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A.C. (IMDEC)
• COMALETZIN AC
• HR Clinic, HRREC, University of Ottawa
• Sahabat Alam Malaysia – Friends of the Earth Malaysia
• PEJC
• Dynamique pour le Droit, la Démocratie et le Développement Durable, en sigle D5
• ECOJUSTICIA
• Osgoode Environmental Justice and Sustainability Clinic
• Center for Transnational Environmental Accountability (CTEA)
• Adam Teva V’Din – Israel Union for Environmental Defense
• Justice Institute Guyana
• Friends of the Earth International
• Centre for Environmental Rights
• Green Legal Impact Germany e.V.
• Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA
• The Goa Foundation
• Community Resource Centre
• Ambiente y Sociedad (Colombia)
• ONG FIMA
• Territorios Diversos para la Vida, A.C.
• Indigenous Law Research unit
• Asia Pacific Network of Environmental Defenders
• Alianza Jaguar A.C.
• Observatory for Marine and Coastal Governance
• Comité para los Derechos Humanos en América Latina
• Conservación de Mamíferos Marinos de México A.C. (COMARINO)
• Americas Policy Group
• Plataforma Internacional contra la Impunidad
• Global Rights Advocacy
• Ensamble Verde AC
• Indigenous Peoples Rights International
• Canadian Network on Corporate Accountability
• Instituto de Estudos Amazônicos
• Kairos Canadá
• Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas. Las organizaciones que integran el Espacio OSC son:
  • ARTICLE 19;
  • Casa del Migrante Saltillo;
  • Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan;
  • Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL);
  • Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA);
  • Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos);
  • Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, (CMDPDH); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC);
  • Consorcio para el Diálogo Parlamentarios y la Equidad Oaxaca (Consorcio Oaxaca);
  • Instituto de Derecho Ambiental (IDEA);
  • Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT);
  • SMR: Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados;
  • Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz).
  • El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI) – Proyecto México.

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EFE. Ciudad de México. 29 de noviembre de 2022.-  La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) pidió este martes a las autoridades mexicanas proteger a las mujeres que buscan a desaparecidos y defensoras de los derechos humanos en medio de una ola de violencia y asesinatos.

Con motivo del Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos, que se conmemora el 29 de noviembre, la ONU-DH exhortó a redoblar esfuerzos para reconocer a estas mujeres ante “los múltiples y graves riesgos” que enfrentan en la búsqueda de sus familiares y la exigencia de justicia.

“Ellas son un permanente recordatorio de las miles de familias que no aceptan la resignación y exigen respuestas efectivas a sus derechos, sobreponiéndose al inmenso dolor ocasionado por la desaparición de un familiar”, declaró Guillermo Fernández-Maldonado Castro, representante en México de la ONU-DH, en un comunicado.

El organismo recordó la situación de inseguridad que viven las mujeres buscadoras que se ha deteriorado en los últimos meses, en particular con agresiones y asesinatos de madres como Rosario Lilián Rodríguez, en Sinaloa; Blanca Esmeralda Gallardo, en Puebla y María del Carmen Vázquez, en Guanajuato.

Estos asesinatos reflejan la doble crisis de violencia homicida y de desapariciones en México, que en mayo pasado superó las 100.000 personas no localizadas desde que hay registro.

“Las madres buscadoras y todas aquellas mujeres que buscan a sus seres queridos saben que pueden pagar injustamente un alto precio por afectar intereses de estructuras poderosas, por romper estereotipos de género y denunciar aquellos esquemas imperantes de negligencia, complicidad, impunidad y revictimización”, agregó Fernández-Maldonado.

Asimismo, dijo que estas madres son motivo de inspiración al salir al espacio público y exigir a las autoridades a cumplir con sus obligaciones y tejer redes de solidaridad con otras familias de personas desaparecidas.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 24 de mayo de 2022.- El Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México informa su preocupación ante la aprobación, por parte de las autoridades y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que forman parte de la Junta de Gobierno, para ceder a la dirección del mecanismo la discrecionalidad de definir el catálogo de medidas para la protección de las personas beneficiarias.

Durante la Centésima Séptima Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno (JG), la Comisión Ejecutiva Nacional del Mecanismo de Protección anunció un nuevo contrato con la empresa RCU que incluye un anexo técnico que no fue aprobado por la Junta de Gobierno, lo cual es una violación a la Ley que da origen al Mecanismo.

Cabe señalar que el Anexo Técnico es un instrumento que recopila un catálogo de medidas preventivas, medidas de protección y medidas urgentes de protección que permiten establecer acciones institucionales que garantizan la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de las personas que se encuentran en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.

De acuerdo con la Ley vigente, La Junta de Gobierno es la instancia máxima del Mecanismo y principal órgano de toma de decisiones para la prevención y protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Asimismo señala que es la Junta de Gobierno quien tiene la atribución para “determinar, decretar, evaluar, suspender y en su caso, modificar las Medidas Preventivas y las Medidas de Protección, a partir de la información elaborada por las unidades de la Coordinación”.

Cabe mencionar, que durante el año 2019 se trabajó una propuesta con sociedad civil, periodistas y personas beneficiarias para ampliar el carácter de las medidas individuales pero también ampliar la cobertura a medidas de carácter colectivo y comunitarias bajo los principios de pro persona, perspectiva de género, intercultural y derechos humanos con el objetivo de mejorar las capacidades de la Junta de Gobierno para proveer mejores planes de protección.

Sin embargo, de manera sorpresiva el 29 de abril la Comisión Ejecutiva Nacional informó a la Junta de Gobierno de la firma de un nuevo contrato con RCU y un Anexo Técnico que limita la capacidad de la Junta de Gobierno de brindar mejores medidas de carácter individual y contar con medidas de carácter colectivo y comunitartio en los planes de protección, lo cual genera opacidad tanto en los procesos de contratación de medidas como en el otorgamiento de medidas complementarias e integrales. Hasta la fecha se desconoce el estado actual del instrumento, lo cual expone la discrecionalidad de las medidas tomadas y debilita su funcionamiento, además de limitar la participación de la sociedad civil a través del Consejo Consultivo.

Hacemos un llamado a la Coordinación Ejecutiva Nacional y a la Secretaría de Gobernación a respetar y fortalecer la gobernanza y autonomía de esta instancia máxima para la toma de decisiones del funcionamiento del Mecanismo. Así mismo, reivindicamos el compromiso del Consejo Consultivo de ser el órgano de consulta de la Junta de Gobierno y quienes promueven la defensa y protección de las personas defensoras de derechos humanos, colectivas, periodistas y sociedad en general.

Atentamente,
Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México

Alberto Xiconténcatl Carrasco
Defensor de Derechos Humanos

Atziri Ávila López
Defensora de Derechos Humanos

Araceli Dominguez Nava
Periodista

Araceli Magdalena Rodriguez Nava
Defensora de Derechos Humanos

Lucía Lagunes Huerta
Periodista y Defensora de Derechos Humanos

Sara Mendez Morales
Defensora de Derechos Humanos

Maurilio Santiago Reyes
Defensor de Derechos Humanos

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AP. Ciudad de México. 25 de noviembre de 2021.- La antigua Procuraduría General de la República ordenó investigar en 2015 y 2016 a tres prestigiosas mujeres que representaban a las víctimas de varias masacres contra migrantes o ayudaban a saber la verdad sobre esos crímenes como si fueran ellas las sospechosas de delincuencia organizada, denunciaron el miércoles colectivos de derechos humanos nacionales e internacionales.

Las pesquisas fueron contra Ana Lorena Delgadillo, abogada de la Fundación para la Justicia, que representa a cientos de familias de migrantes desaparecidos en México y Centroamérica; Mercedes Doretti, cofundadora del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y pieza clave, entre otras, de la investigación por los 43 estudiantes desaparecidos en México en 2014; y Marcela Turati, una destacada y premiada periodista mexicana especializada en temas de desaparecidos en México.

La procuraduría rastreó por más de un año sus llamadas, mensajes, contactos, información personal y datos de geolocalización como parte de la investigación sobre las 48 fosas clandestinas halladas con 193 cuerpos de presuntos migrantes en la localidad de San Fernando, en la frontera noreste de México, en 2011.

La antigua Procuraduría General de la República ordenó investigar en 2015 y 2016 a tres prestigiosas mujeres que representaban a las víctimas de varias masacres contra migrantes o ayudaban a saber la verdad sobre esos crímenes como si fueran ellas las sospechosas de delincuencia organizada, denunciaron el miércoles colectivos de derechos humanos nacionales e internacionales.

Las pesquisas fueron contra Ana Lorena Delgadillo, abogada de la Fundación para la Justicia, que representa a cientos de familias de migrantes desaparecidos en México y Centroamérica; Mercedes Doretti, cofundadora del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y pieza clave, entre otras, de la investigación por los 43 estudiantes desaparecidos en México en 2014; y Marcela Turati, una destacada y premiada periodista mexicana especializada en temas de desaparecidos en México.

La procuraduría rastreó por más de un año sus llamadas, mensajes, contactos, información personal y datos de geolocalización como parte de la investigación sobre las 48 fosas clandestinas halladas con 193 cuerpos de presuntos migrantes en la localidad de San Fernando, en la frontera noreste de México, en 2011.

Lo que hacían era denunciar irregularidades en algunas de las mayores masacres ocurridas en México en la historia reciente: la de los 72 migrantes asesinados en San Fernando (Tamaulipas) en 2010, las fosas de esa misma localidad halladas en 2011, los 49 migrantes despedazados también en el norte, en Cadereyta (Nuevo León) en 2012, o el caso de los 43 estudiantes de magisterio de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 en el sureño estado de Guerrero.

Parte de lo que se sabe de esos crímenes, sobre los que todavía hay más preguntas que respuestas, es que en la mayoría de los casos los cometieron miembros de la delincuencia organizada con la complicidad o la inacción de funcionarios y policías.

“La verdad es sanadora y esa verdad es dar a conocer muchas veces irregularidades”, agregó la perita argentina.

México tiene un serio problema de desapariciones con más de 93.000 personas no localizadas desde 2006, cuando inició la guerra frontal contra el crimen organizado, según los datos actualizados del gobierno federal. Además, tiene decenas de miles de restos sin identificar.

La investigación contra las defensoras tuvo lugar durante la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018) cuando, paradójicamente, tanto la fundación de Delgadillo como el EAAF trabajaban con las autoridades en algunos casos mencionados.

“Buscábamos que hubiera justicia, que no hubiera impunidad”, afirmó Delgadillo. Sin embargo, sobre las fosas clandestinas no hay una sola sentencia y las irregularidades fueron desde la incineración de cuerpos a la entrega de restos a familias equivocadas.

“Ojalá al crimen organizado y al Estado coludido con el crimen organizado lo investigaran con esa celeridad”, dijo Delgadillo tras recordar que tuvo que litigar seis años y llegar a la Corte Suprema solo para que le dieran copia del expediente de las fosas.

La abogada agregó que ya se ha puesto una denuncia ante la fiscalía federal para esclarecer los hechos y fincar las responsabilidades.

Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), recordó que muchos de los principales investigadores de la fiscalía federal en 2015 y 2016 están bajo investigación ahora por obstrucción a la justicia en el caso Ayotzinapa.

Bertila Parada, madre salvadoreña de uno de los migrantes hallados en las fosas de San Fernando, no ocultaba su indignación. Recordó que fue el equipo de Doretti el único que acudió a tomarles muestras de ADN y no el gobierno; que fue Delgadillo la que logró que la reconocieran como víctima, no el gobierno, y que fue Turati quien llegó a su casa “a difundir la verdad” .

“Si nos quitaran nuestras defensoras, ¿quién nos va a defender?”, se preguntó.

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