Periodistas Unidos. Ciudad de México. 15 de enero de 2026.– En el marco del tercer aniversario de la desaparición forzada de los defensores del territorio Ricardo Arturo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia, familiares, colectivos de búsqueda y organizaciones de derechos humanos instalaron un memorial en el Zócalo capitalino para visibilizar su ausencia y exigir su presentación con vida.

El acto se realizó esta mañana en las inmediaciones de la Catedral Metropolitana y Palacio Nacional, donde se colocó una estructura con fotografías de Ricardo, Antonio y decenas de otras personas desaparecidas en distintos contextos del país. El memorial forma parte de una jornada de memoria que busca recordar que, detrás de cada caso, hay seres amados y no solo carpetas de investigación, en un contexto nacional que supera las 130 mil personas desaparecidas.

Lucía Lagunes, hermana de Ricardo, leyó un emotivo comunicado en el que expresó el dolor de llegar a tres años sin respuestas: “Estamos aquí en contra de toda nuestra voluntad, así como Ricardo y Antonio no están aquí en contra de la suya. No quisiéramos que se los hubieran llevado ése domingo en la noche, no quisiéramos que siguieran desapareciendo personas”.

📢 A 3 años de la desaparición de los defensores Ricardo Lagunes y Antonio Díaz en Colima, nos sumamos a la exigencia de sus familias de contar con una búsqueda diligente.

Hoy en el Zócalo de la CDMX, junto a otros colectivos de búsqueda instalaron un memorial para continuar… pic.twitter.com/kgAVNtfZJe

— Centro Prodh (@CentroProdh) January 15, 2026

El texto destacó el amor y la fuerza que impulsan la búsqueda, así como la necesidad de transformar una sociedad que prioriza intereses económicos y abuso de poder sobre la vida digna. Recordó reconocimientos internacionales al caso, como las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (MC 422/23), recomendaciones en el Examen Periódico Universal y el informe del Grupo de Trabajo de la ONU sobre desapariciones en contextos de defensa de la tierra y recursos naturales (septiembre 2025), que identifica patrones vinculados a intereses económicos y responsabilidades empresariales.

A pesar de estas advertencias, las familias denuncian persistente impunidad, intentos de invisibilización, burocracia y un “pacto de silencio”. Criticaron la falta de seguimiento efectivo y rendición de cuentas, incluso ante la macrocriminalidad y la crisis forense que vive el país.

Durante el evento se distribuyeron semillas como símbolo de la fragilidad y potencia de la vida, inspiradas en la sensibilidad de Ricardo y Antonio hacia el territorio, su legado para las nuevas generaciones y su compromiso con la justicia y la solidaridad comunitaria.

Las familias reiteraron exigencias clave: búsqueda efectiva e integral de Ricardo y Antonio, esclarecimiento de los hechos, procesamiento de todos los responsables (incluyendo actores estatales y privados), ampliación de investigaciones, cooperación con expertos independientes y un mecanismo internacional para recuperación humanitaria. También llamaron a la rendición de cuentas empresarial, con tolerancia cero a la violencia contra defensores, y a sumarse al mes de acción global contra la impunidad.

El comunicado culminó con consignas colectivas: “Antonio Díaz Valencia ¡Presente, ahora y siempre!”, “Ricardo Arturo Lagunes Gasca ¡Presente, ahora y siempre!”, “Vivos los llevaron, vivos los queremos” y “Porque los buscamos, porque los amamos”.

Ricardo Lagunes, abogado defensor de derechos humanos, y Antonio Díaz, líder nahua de la comunidad indígena de San Miguel Aquila (Michoacán), fueron desaparecidos el 15 de enero de 2023 tras participar en una asamblea comunitaria. Viajaban hacia Colima cuando su vehículo fue hallado con impactos de bala en Cerro de Ortega, zona limítrofe entre ambos estados. Su caso se vincula a conflictos por la defensa del territorio frente a proyectos mineros, particularmente de la empresa Ternium.

Organizaciones como el Centro Prodh, A dónde van los desaparecidos y diversas colectivas respaldaron el acto, enfatizando la urgencia de verdad, justicia y no repetición en un país marcado por la violencia contra defensores ambientales y territoriales. El memorial busca clavar en el corazón de la Ciudad de México la memoria de los desaparecidos y mantener viva la exigencia colectiva de encontrarlos con vida y darle dignidad y amor a las palabras de Lucía Lagunes «Llegamos a tres años sin Antonio y Ricardo, que forman parte de la lista de más de 130 mil seres amados. No son carpetas de investigación, son seres amados. Cada una de estas personas es valiosa y nos hace falta a quienes nos quedamos sin ellas. Nos toca aferrarnos a la vida y la esperanza.».

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• La justicia agraria y la protección ambiental son asuntos prioritarios
• Comunidades Corcovada y El Peyote, ejemplos de resistencia y defensa legal

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 02 de julio de 2025.- Con el objetivo de fortalecer la coordinación interinstitucional en favor de la justicia agraria, la protección ambiental y la seguridad hídrica, se llevó a cabo una reunión de trabajo encabezada por los titulares de la Procuraduría Agraria (PA), Víctor Suárez Carrera, y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), Pedro Álvarez Icaza Longoria, con la participación de representantes agrarios, autoridades comunitarias y defensores del territorio de San Luis Potosí.

Durante el encuentro, se presentaron diversas propuestas comunitarias y técnicas orientadas a preservar las zonas de recarga hídrica, frenar procesos de privatización de tierras y avanzar hacia nuevos esquemas de protección ambiental. También se abordaron temas relacionados con la defensa legal de núcleos agrarios ante proyectos de urbanización, así como con la remediación de pasivos ambientales.

Las comunidades participantes reconocieron el respaldo de ambas instituciones federales en la defensa de los derechos agrarios y en la construcción de alternativas sustentables desde los territorios. En particular, se subrayó la importancia de detener la expansión urbana desordenada y los proyectos extractivos que amenazan los acuíferos que abastecen a la mayor parte de la población potosina.

Se denunció que persisten prácticas de presión y desinformación contra ejidos para forzar la venta de tierras, así como la fragmentación de procesos de consulta ambiental. Asimismo, se compartieron experiencias de resistencia y defensa legal en comunidades como Corcovada y El Peyote, cuyos ejidatarios han detenido modificaciones de reglamentos internos y asambleas que buscaban legitimar privatizaciones.

Tanto la Procuraduría Agraria como la Conanp reiteraron su compromiso de acompañar técnica, jurídica y socialmente los procesos de protección territorial impulsados por las comunidades, así como de colaborar en el diseño de instrumentos normativos que reconozcan el papel estratégico de los ejidos y comunidades en la conservación de bienes comunes como el agua, el suelo y la biodiversidad.

También participaron de la reunión, el subprocurador general, Wolfgang Rodolfo González Muñoz; la directora general de Organización Agraria, Sandra Esther Barillas Arriaga; y la directora general de Operación Regional de la Conanp, Yadira Gómez Hernández.

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EFE. Ginebra, Suiza. 09 de junio de 2025.- La detención y posterior condena a 25 años de prisión por homicidio de cinco activistas indígenas en Chiapas (sur de México) violó el derecho internacional, por lo que los afectados deben ser liberados e indemnizados, dictaminó el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria.

La decisión del grupo de expertos, adoptada el 4 de abril pero publicada ahora, subraya que la detención en 2022 de Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Martín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar y Agustín Pérez Velasco contraviene la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Para remediar esto, el comité señala en su decisión no vinculante que las autoridades mexicanas deberían «poner a los cinco individuos inmediatamente en libertad y concederles el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional».

También conminan al Gobierno mexicano a investigar las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad de los cinco indígenas y adoptar medidas contra los responsables de la violación de sus derechos.

Los sujetos del caso fueron detenidos a finales de mayo y principios de junio de 2022 por el homicidio de una persona en el municipio de San Juan Caucuc, retenida por pobladores que le exigían una «multa» para permitirle el acceso y que le golpearon al no poder pagar, lo que le causó la muerte horas después.

El 17 de mayo de 2023 fueron condenados a 25 años, y tras solicitarse una repetición del juicio recibieron la misma pena el 19 de abril de 2024.

Al analizar este proceso el grupo de trabajo de la ONU observó varias irregularidades, como la no presentación de los acusados ante un juez inmediatamente después de su detención, o la desaparición forzada de algunos de ellos en las primeras horas de arresto.

Los cinco son indígenas del pueblo maya tseltal y habían participado en movimientos de defensa de los derechos humanos y del territorio en la zona de San Juan Caucuc.

Santiz Cruz, en particular, presidió un comité de derechos humanos local que ha promovido acciones de defensa de la tierra en contra de la construcción de un tramo de la carretera de San Cristóbal de las Casas a Palenque.

El comité local también se ha opuesto a la presencia de la Guardia Nacional y del Ejército en el municipio.

El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria está presidido por la ex jueza ucraniana del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Ganna Yudkivska, a quien acompañan los juristas Matthew Gillett (Nueva Zelanda), Miriam Estrada-Castillo (Ecuador) y Mumba Malila (Zambia).

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