EFE. Ciudad de México. 16 de febrero de 2026.- El Gobierno de México solicitó a Estados Unidos la detención provisional con fines de extradición del exgobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca (2016-2022), después de que un juez federal mexicano rechazara el recurso con el que buscaba evitar su arresto por acusaciones de delincuencia organizada, lavado de dinero y fraude fiscal.

La solicitud fue tramitada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ante la Embajada estadounidense y notificada al Juzgado Séptimo de Distrito en Tamaulipas, donde el pasado 11 de febrero un juez mexicano resolvió no concederle protección judicial al exmandatario, además de a cuatro integrantes de su familia.

Cabeza de Vaca se encuentra fuera de México y es considerado prófugo por las autoridades mexicanas. Según reportes de medios locales, el expolítico reside en Estados Unidos, país en el que hasta ahora no se ha informado de su detención ni del inicio formal de un proceso para entregarlo a México.

Según fuentes federales citadas por el diario Reforma, la Fiscalía General de la República pidió activar el trámite diplomático con base en una orden de captura emitida en octubre de 2022 por presuntos vínculos con el crimen organizado y manejo de recursos ilícitos. Existe además una segunda orden dictada en febrero de 2024.

Por ahora, autoridades estadounidenses no han comunicado si darán curso a la solicitud, mientras que la primera orden de arresto sigue bajo revisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tras un recurso promovido por la defensa.

La resolución judicial más reciente mantiene activas las órdenes de captura al considerar que existen elementos suficientes para continuar el proceso penal. El juez señaló que la información presentada por la Fiscalía justifica la medida en esta etapa.

En 2025, el exgobernador afirmó que la Interpol retiró la ficha roja en su contra, mientras que la Fiscalía sostuvo que solo fue suspendida temporalmente por decisiones judiciales.

En un comunicado publicado este lunes por sus abogados, el exgobernador aseguró que cuenta con protección judicial contra su arresto y anunció que su equipo de litigantes recurrirán la resolución ante un tribunal superior.

García Cabeza de Vaca, quien gobernó Tamaulipas entre 2016 y 2022 y buscó una candidatura federal en 2024, enfrenta dos órdenes de captura por cumplimentarse, una emitida en 2022 por los delitos de delincuencia organizada, -como operaciones con recursos de procedencia ilícita y otros-, y otra de 2024 por delincuencia organizada.

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Periodistas Unidos. Bangkok/Ciudad de México. 20 de diciembre de 2025.- La Organización Miss Universo enfrenta una severa crisis institucional tras la emisión de órdenes de arresto contra sus dos principales propietarios en México y Tailandia. La tailandesa Jakkaphong “Anne” Jakrajutatip, dueña del 50% del concurso, es buscada por fraude financiero, mientras que el mexicano Raúl Rocha Cantú, propietario del otro 50% y presidente del certamen, enfrenta cargos por presuntos vínculos con delincuencia organizada, incluyendo tráfico de drogas, armas y combustible.

El escándalo se intensificó después de la edición 2025 celebrada en Bangkok, donde la mexicana Fátima Bosch fue coronada, amid acusaciones no probadas de manipulación en la votación. En Tailandia, un tribunal emitió en noviembre una orden de captura contra Jakrajutatip por supuestamente falsear información financiera en su conglomerado JKN Global Group, engañando a inversionistas por cerca de un millón de euros. La empresaria, en paradero desconocido y considerada prófuga, renunció a cargos directivos en junio, pero mantiene su participación accionaria. JKN será expulsada de la Bolsa de Tailandia el 27 de diciembre.

En México, un juez federal dictó orden de arresto contra Rocha Cantú como parte de una investigación por delincuencia organizada transfronteriza con Guatemala. Medios locales reportan congelamiento de cuentas bancarias y señalamientos de nexos con familiares de la ganadora Bosch. La organización anunció recientemente el cierre de oficinas en Ciudad de México y traslado a Nueva York, citando inestabilidad.

Adicionalmente, en Bangkok avanza una demanda por difamación contra Bosch, presentada por el director tailandés Nawat Itsaragrisil. La controversia ha provocado la renuncia del CEO Mario Búcaro y críticas internacionales por opacidad.

Hasta el momento, ni Jakrajutatip ni Rocha Cantú se han pronunciado públicamente sobre las acusaciones.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 14 de diciembre de 2025.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, descartó que la explosión de un vehículo en Coahuayana, Michoacán, sea un acto de terrorismo, al confirmar que se trata de una pugna territorial entre células del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Cárteles Unidos, con posibles vínculos al Cártel de Tepalcatepec. El incidente, ocurrido el 6 de diciembre frente a la base de la Policía Comunitaria, dejó cinco muertos y 12 heridos, y la investigación fue atraída por la Fiscalía General de la República (FGR) bajo el delito de delincuencia organizada y tráfico de armas.

«Son actos criminales de grupos delictivos para ampliar sus actividades en territorio, trasiego de drogas, narcomenudeo, extorsión y minería ilegal. No es terrorismo, según la ley mexicana e internacional, que requiere objetivos políticos, ideológicos o religiosos», explicó Harfuch en la conferencia matutina, al detallar que no fue un ataque directo a la Policía Comunitaria —vinculada a uno de los líderes en disputa— ni el primer uso de explosivos en la zona este año. La FGR, a través de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada (FEMDO), realiza peritajes, incluyendo la posibilidad de detonación accidental, ya que la camioneta iba tripulada.

Paralelamente, la FGR impulsa una demanda de extinción de dominio para confiscar 1,595 millones de pesos (unos 87 millones de dólares) vinculados al CJNG, en un caso de lavado de dinero que involucra cuentas bancarias y propiedades, superando el triple de lo recuperado en el sexenio anterior por esta vía. Los fondos, en bancos como HSBC y Actinver, están ligados a presuntos operadores del cártel, incluyendo a un detenido en septiembre por delincuencia organizada.

Autoridades mantienen operativos en la costa michoacana, donde la violencia se ha intensificado por disputas territoriales, y aseguran artefactos explosivos en Michoacán y Sinaloa. La presidenta Claudia Sheinbaum exigió explicación sobre la reclasificación inicial de terrorismo, pero respaldó la línea de investigación federal.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 08 de diciembre de 2025.- La Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Ernestina Godoy, abrió una carpeta de investigación por delincuencia organizada tras la explosión de un vehículo cargado con explosivos el sábado en Coahuayana, Michoacán, que dejó cinco muertos y 12 heridos, descartando inicialmente clasificarlo como terrorismo pese a una confusión en el primer comunicado. La indagatoria está a cargo de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en coordinación con el Gabinete de Seguridad federal y autoridades estatales, con despliegue de peritos especializados en explosivos, balística y criminalística.

El atentado ocurrió frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria en el centro del municipio costero, cuando una camioneta tipo pickup fue detonada alrededor de las 11:40 horas, causando daños en viviendas, comercios y vehículos cercanos. Entre las víctimas fatales figuran tres elementos de la Policía Comunitaria y dos personas más aún sin identificar, posiblemente incluyendo al conductor del vehículo. La presidenta Claudia Sheinbaum exigió este lunes una explicación sobre la reclasificación inicial de terrorismo a delincuencia organizada, y anticipó más detalles en la próxima reunión del Gabinete de Seguridad, subrayando la necesidad de una investigación profunda para identificar autores materiales e intelectuales.

La FGR aclaró que la mención inicial a terrorismo se debió a que el caso fue atraído por la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas —adscrita a la FEMDO—, pero el modo de operación apunta a disputas entre grupos criminales. Fuentes locales señalan al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como posible responsable, en un contexto de pugnas por el control de rutas de tráfico de drogas en la costa michoacana, limítrofe con Colima. La Secretaría de Marina mantiene operativos en la zona por su relevancia en el trasiego de cocaína desde Sudamérica.

El gobierno de Michoacán, a través de la Fiscalía estatal, colabora en las diligencias, mientras se revisan cámaras de seguridad y se analizan restos del artefacto. Este incidente resalta el recrudecimiento de tácticas violentas con explosivos en la región, en medio de confrontaciones entre policías comunitarias y organizaciones delictivas.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 26 de noviembre de 2025.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo solicitó este miércoles a la Fiscalía General de la República (FGR) que aclare e informe de manera oficial si existe una investigación u orden de aprehensión en contra de Raúl Rocha Cantú, copropietario y presidente de la Organización Miss Universo, tras la publicación de una nota periodística que lo vincula con delitos graves.

Durante su conferencia matutina «Mañanera del Pueblo» en Palacio Nacional, Sheinbaum enfatizó la necesidad de transparencia institucional: «Si hay una investigación a esta persona, pues tiene que informar la Fiscalía. Hoy sale en un medio, pero tiene que informarse». La mandataria insistió en que el posible proceso legal contra Rocha Cantú es independiente del reciente triunfo de la mexicana Fátima Bosch en el certamen de belleza, celebrado el 21 de noviembre en Tailandia, y rechazó cualquier intento de vincularlos para deslegitimar el logro de la concursante.

El llamado de Sheinbaum surge a raíz de una revelación del diario Reforma, que reportó que Rocha Cantú, empresario tabasqueño de 58 años, fue imputado por la FGR por su presunta responsabilidad en una red de delincuencia organizada dedicada al tráfico de drogas, armas y combustible robado (huachicol) entre Guatemala y México. Según el medio, la organización criminal cruza el río Usumacinta en lanchas desde Guatemala y transporta el combustible en pipas desde Chiapas y Tabasco hasta Querétaro, con Rocha Cantú como uno de sus presuntos líderes. La indagatoria, identificada como la carpeta FED/FEMDO/UNAI-CDMX/0000928/2024, se inició en noviembre de 2024 tras una denuncia anónima y derivó en una orden de aprehensión el 15 de noviembre de 2025, suspendida temporalmente por su colaboración como testigo.

Sheinbaum reiteró que corresponde exclusivamente a la FGR confirmar o desmentir las versiones periodísticas, sin hacer referencia al contenido específico de la presunta pesquisa. «Otra cosa muy distinta es este tema de esta persona y ahí, pues si hay una investigación, pues que se diga que hay una investigación y que se informe por parte de la Fiscalía», sostuvo la presidenta, al tiempo que defendió el mérito propio de Bosch y criticó los esfuerzos por restarle validez a su victoria.

Hasta el momento, la FGR no ha emitido un comunicado oficial sobre el caso, pese a la solicitud presidencial. La Organización Miss Universo tampoco ha respondido públicamente, en un contexto donde el escándalo amenaza con afectar la reputación del certamen, apenas días después de la coronación de Bosch como la cuarta mexicana en ganar el título.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 26 de noviembre de 2025.– La FGR informó que mantiene abierta una investigación contra el empresario Raúl Rocha Cantú, copropietario y presidente de la Organización Miss Universo, por su probable participación en una red de delincuencia organizada dedicada al narcotráfico, tráfico de armas y huachicol (combustible robado).

La carpeta de investigación FED/FEMDO/UNAI-CDMX/0000928/2024 fue iniciada el 29 de noviembre de 2024 tras una denuncia anónima. El 15 de noviembre de 2025 un juez federal libró orden de aprehensión contra Rocha Cantú y otras 12 personas, entre ellas una funcionaria federal. El empresario se presentó cuatro días después ante la FEMDO y se acogió al criterio de oportunidad como testigo colaborador, por lo que la orden de captura quedó suspendida mientras aporta información y pruebas.

Según la indagatoria, la red operaba el trasiego de combustible robado desde Chiapas y Tabasco hacia Querétaro, utilizando lanchas por el río Usumacinta y pipas en territorio mexicano. Los cateos realizados en domicilios vinculados a Rocha Cantú, incluido su residencia en San Miguel Chapultepec, Ciudad de México, permitieron asegurar documentación contable, contratos y notas de pagos relacionados con estas actividades.

La FGR precisó que la investigación sigue en curso y que la situación jurídica definitiva de Raúl Rocha se determinará una vez que se ratifiquen los datos de prueba que está entregando. Fuentes ministeriales indicaron que la red también habría facilitado el suministro de armas a grupos delictivos que operan en el Golfo de México y el sureste del país.

Hasta el momento no se ha precisado si los hechos investigados tienen relación con la reciente edición de Miss Universo 2025, celebrada en Tailandia y ganada por la mexicana Fátima Bosch. La Organización Miss Universo no ha emitido declaración oficial sobre el caso.

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Por Alejandro Meléndez

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 11 de noviembre de 2025.- La comunidad de Coahuayula, municipio de Chinicuila, Michoacán -junto con localidades vecinas como El Ranchual y La Laguna de Calvillo-, ha sido escenario de una escalada de violencia armada por más de un año y medio. El epicentro de esta crisis humanitaria se remonta a la desaparición del maestro rural José Gabriel Pelayo Zalgado, ocurrida en marzo de 2024. El hecho desencadenó una serie de ataques perpetrados por grupos armados identificados como integrantes de la delincuencia organizada. Por razones de seguridad, y para no vulnerar la integridad de los pobladores, en esta nota se omite el nombre específico de los grupos criminales involucrados, refiriéndonos a ellos como «miembros de la delincuencia organizada». Esta medida busca proteger a las comunidades afectadas, evitando exponerlas a mayores riesgos en un contexto donde la identificación directa podría intensificar la intimidación o represalias. Habitantes, organizaciones defensoras de derechos humanos y comunicados comunitarios denuncian el uso sistemático de explosivos lanzados desde drones, armas de grueso calibre, bazucas y minas terrestres, que han dejado a la población civil en asedio constante, con bloqueos de accesos, desplazamientos forzados y daños a viviendas.

El profesor Pelayo Zalgado, docente de primaria rural, fue privado de su libertad el 19 de marzo de 2024 en el pueblo de Coalcomán, Michoacán, mientras compraba víveres y atendía asuntos familiares. Desde entonces, su paradero es desconocido, y los habitantes de la comunidad de Coahuayula –donde residía y trabajaba– han interpretado este suceso como el inicio de una campaña de intimidación por parte de grupos criminales que buscan controlar la zona. Familiares y vecinos han exigido investigaciones exhaustivas a las autoridades federales y estatales, pero a la fecha no se han reportado avances significativos. «La desaparición del maestro no fue un hecho aislado, fue el detonante de una violencia que ha transformado nuestra vida cotidiana en un infierno», expresó un habitante anónimo de esta comunidad indígena, en redes sociales.

Tras la desaparición del profesor rural, las comunidades han sufrido ataques recurrentes que han afectado principalmente a civiles, incluyendo niños, mujeres y personas mayores. Según reportes de la Red Solidaria de Derechos Humanos y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes» (Red TDT), estos incidentes incluyen detonaciones directas contra viviendas, bloqueos de carreteras con troncos y minas, y enfrentamientos que han cobrado vidas, como la de dos miembros de la policía comunal, en agosto de 2024. La guardia comunal ha asumido un rol defensivo, evacuando a residentes y conteniendo avances de los agresores, pero a un alto costo: heridos, daños materiales y un aislamiento que suspende actividades laborales y sociales.

El testimonio reciente de una persona que trabajó en la comunidad de Coahuayula –cuyo nombre se omite por cuestiones de seguridad– destaca la persistencia de esta crisis y los esfuerzos por mantener viva la memoria del maestro desaparecido. Según la fuente, en conmemoración del primer aniversario de la desaparición, en marzo de 2025, se realizó una actividad simbólica que incluyó la plantación de un «Árbol de la Memoria» con una placa conmemorativa dedicada a Pelayo Zalgado y a otros defensores del territorio. También, se crearon letras gigantes con el nombre «Pelayo» para visibilizar la causa. Además, se organizaron mítines culturales enfocados en las infancias y el público en general, con el objetivo de difundir la situación del maestro y el contexto de violencia en la Sierra Costa de Michoacán. «Hasta la fecha, que ya es año y medio, seguimos sin tener mesas de trabajo ni nueva información; la investigación sigue prácticamente igual, sin avances significativos. De lo contrario, la violencia en Coahuayula se ha recrudecido con ataques hasta de 48 horas», relató la persona anónima.

El ambiente de zozobra y miedo es la constante para los pobladores. No se sienten seguros en su espacio ni para salir a comprar víveres o medicinas.  Viven en una comunidad con caminos de terracería y difícil acceso, sin acceso al agua ni señal telefónica, lo que han agravado la situación y vulnera todavía más los traslados. «Los dronazos que avientan caen en los sembradíos; es toda una estrategia para irlos dejando con mucha hambre y con miedo», agregó. Los ataques pueden durar uno, dos, tres o cuatro días, impidiendo las actividades cotidianas del día a día. En Coahuayula, los pobladores habitan con casas cubiertas de lámina o teja, que significan poca protección en un clima caluroso. Aquí, la gente padece el sistema de salud. Hace apenas unos días, una niña fue picada por un alacrán, mientras ocurría un ataque. No hubo posibilidad de llevarla al doctor en medio de la balacera. En los caminos de terracería, las personas son amedrentadas, incluso amenazadas de muerte. No hay doctores, botiquines ni paliativos disponibles, y durante los ataques, el ejército, la Guardia Civil o la Guardia Nacional no intervienen: «No bajan hasta la comunidad; se quedan en algún tramo y esperan a que se acaben los ataques para llegar hasta cierto pedazo, decir que fueron y nada más. Parece más bien una simulación». Esta problemática es sistemática en toda la Sierra Costa, con casos variados en zonas como Ostula, Xayacalan y Aquila, pero respondiendo a un problema de macro criminalidad.

Un post en Instagram de la cuenta @coahuayulaycomunidadesvecinas, publicado el 19 de octubre de 2025, alertó sobre un ataque. La amenaza se extendió por más de 48 horas, con disparos y explosivos dirigidos contra la población. No hubo distingo entre hombres, mujeres o infantes. «Las comunidades permanecen bajo asedio, sin presencia de autoridades que contengan la violencia», se lee en el mensaje, que hace un llamado a la solidaridad y a compartir información para generar «ruido mediático». Al día siguiente, el 21 de octubre, la Red TDT emitió la Acción Urgente 008, documentando el patrón de violencia y exigiendo intervención inmediata del gobierno de Michoacán, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH-México) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Los antecedentes citados en el comunicado incluyen acciones previas de la Red TDT, como la documentación de asedios en enero de 2025 y ataques con drones en julio de 2024 en Santa María de Ostula, una comunidad vecina. Entre los riesgos destacados se encuentran: el desplazamiento forzado, ejecuciones, lesiones por explosivos, la falta de protección estatal y la muerte. Las exigencias incluyen el cese de ataques, despliegue de fuerzas de seguridad con enfoque civil, desactivación de minas, medidas de protección colectivas y atención humanitaria integral.

A pesar de los llamados reiterados, las autoridades no han realizado operativos efectivos de desminado ni proporcionado corredores humanitarios, lo que evidencia una inacción prolongada que perpetúa el recrudecimiento de la violencia. En Coahuayula, el miedo persiste: minas en caminos comunales, como el que lleva a la toma de agua potable detectadas en agosto de 2025, mantienen a la población sin acceso a recursos básicos. Organizaciones civiles urgen a la sociedad a firmar alertas y grabar videos de solidaridad para presionar por una resolución. Esta ausencia de intervención efectiva se conjuga con el reciente anuncio del «Plan Michoacán», presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum el 9 de noviembre de 2025, que promete atender las causas de la violencia, fortalecer la seguridad, la inteligencia y el despliegue de más militares, junto con una inversión millonaria en la entidad. Sin embargo, los pobladores y activistas ven con cautela sus posibles resultados, considerándolo una «política del déjà vu», similar a iniciativas previas que no han resuelto los problemas estructurales, como el control territorial por parte de la delincuencia organizada en sectores como el del aguacate y el limón, y donde la inacción hasta ahora ha sido la norma.

Esta situación evidencia la vulnerabilidad de comunidades rurales en Michoacán ante el crimen organizado, donde la ausencia estatal agrava el impacto humanitario. Mientras tanto, la búsqueda del maestro Pelayo Zalgado continúa. Es símbolo la lucha por justicia en una región asediada.

Cuadro Cronológico de Hechos Relevantes

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Por Humberto Musacchio

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 14 de noviembre de 2025.- Alfonso Ramírez Cuéllar propuso que la ratificación de mandato (revocación de mandato) establecida para 2028, se anticipe y se incorpore a la votación de junio de 2027, cuando habremos de elegir diputados federales y locales, a 17 gobernadores, más de dos mil presidentes municipales y jueces del Poder Judicial impuesto por Morena y sus pegotes.

Parece excesivo amontonar tantos procesos, pero, de acuerdo con Ramírez Cuéllar, eso permitiría un ahorro de cinco mil millones de pesos, una suma que resulta de vital importancia hoy que el erario se ha convertido en un andrajoso mendigo y los gastos aumentan, como lo muestra la anunciada erogación de 60 mil millones de pesos para aplacar a las mafias de Michoacán.

Está muy bien eso de ahorrarse unos pesos, pero se trata de un cambio constitucional, y no es recomendable que una reforma de esos alcances se apruebe al vapor, pues presenta riesgos políticos que deben advertirse. De ahí que Ricardo Monreal, líder de la mayoría en San Lázaro, señalara que la iniciativa debía analizarse debidamente, criterio que, al parecer, comparte la presidenta Claudia Sheinbaum. El problema no es si se aprueba o no la reforma, pues Morena y compañía disponen de su mayoría artificial. De ahí que la intervención de Monreal vea más adelante y se adviertan los efectos que tendría para Sheinbaum y para la plana mayor morenista uno u otro resultado.

Por supuesto, hay argumentos favorables al cambio. Como está dicho, el ahorro sería considerable, aumentaría la participación ciudadana en lo referente a la revocación o ratificación, pues el votante cumpliría con su deber cívico en una sola jornada y no en dos, como está dispuesto ahora. Pero el interés mayor para los cuatroteístas es aprovechar la popularidad de la Presidenta que, dicen, anda por 70%, pues existe un muy fundado temor de que diversos sectores le cobren a las autoridades morenistas —de todo nivel, no sólo federales— errores, corruptelas de muy distinguidos personajes, desorden administrativo, falta de previsión e ineficiencia gubernativa.

Se puede estar o no de acuerdo con esas supuestas razones, pues la fanaticada morenista piensa que todo es perfecto, pero los hechos contradicen en forma tajante esa visión. La respuesta de los michoacanos ante el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, ha sido un rudo golpe para la creencia de que todo está en orden y bajo control, cosa que se halla lejos de ser verdad.

Lo sucedido en tierras purépechas es muy grave, pero no se trata de un hecho aislado. Sinaloa, Guerrero, Chiapas, Tabasco y muchos otros lugares muestran que la delincuencia organizada despliega el terror en gran parte de México, que quita y pone alcaldes, que patrocina candidatos de Morena y otros partidos, y cuenta ya con una red de relaciones de todo nivel y base social que no tienen algunos de los partidos con registro.

Ramírez Cuéllar considera que meter la revocación de mandato en la misma jornada electoral le daría el triunfo a los candidatos cuatroteros por contagio, pero de ningún modo es algo automático. Más bien lo que se advierte es un inmenso riesgo para la Presidenta, pues, por el cargo que ocupa, no faltarán quienes la acusen por todas las barbaridades de sus correligionarios o que, por lo menos, le reclamen por qué sigue Adán Augusto López al frente del Senado y por qué Bedolla en Michoacán y Rocha Moya en Sinaloa no han sido destituidos mediante el conocido recurso de la desaparición de poderes, pues esos gobernadores no gobiernan y han convertido las citadas entidades en tierra de nadie.

No se ignora que al adelantar y resultarle favorable el proceso de revocación-ratificación de mandato, Claudia Sheinbaum podría sacudirse la ominosa sombra de su antecesor, pero tampoco hay que dejar de lado la posibilidad de que la Presidenta resulte entrampada y que sus malquerientes aprovechen la oportunidad para retirarle todo apoyo o que la culpen si, como es esperable, le va mal a la coalición que encabeza Morena.

En suma, para modificar lo dispuesto en la revocación de mandato lo que debe contar para la Presidenta y las fuerzas sanas de Morena —que, por supuesto, las hay, aunque muy menguadas— es fortalecer a la mandataria y no arriesgarla a un desastre de gravísimas consecuencias para la nación.

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AMEXI. Ciudad de México. 09 de noviembre de 2025.- Para quienes tienen de 18 a 64 años de edad y viven en la Ciudad de México y perdieron su trabajo de manera temporal o definitiva pueden recurrir al Seguro de Desempleo 2025, que brinda un apoyo económico mensual hasta por tres meses.

El programa social de la Secretaría del Trabajo capitalina tiene la prioridad de dar protección social a quienes perdieron su trabajo por causas ajenas a su voluntad.

¿De cuánto es el apoyo?

Los capitalinos que no tengan empleo podrán recibir mensualmente un apoyo económico de 3 mil 439.46 pesos durante tres meses, y la inscripción a este programa es el 10 de noviembre, a partir de las 00:00 horas y hasta las 23:59 horas.

Pata ello, es necesario:

1. Vivir en la Ciudad de México
2. Tener entre 18 y 64 años cumplidos al momento de solicitar
3. Cumplir con al menos seis meses de trabajo formal en la Ciudad de México entre 2023 y 2024
4. Que la conclusión de la pérdida del empleo sea por causas ajenas, y a partir del 1° de enero de 2023
5. Presentar los siguientes documentos:

• • identificación del INE vigente
  • comprobante de domicilio en la Ciudad de México
  • Clave Única de Registro de Población (CURP) vigente
  • constancia de semanas cotizadas del IMSS
  • firmar la carta-compromiso del sistema
  • firmar la carta bajo protesta vía plataforma

Contar con una cuenta de Llave CDMX-Expediente

Asimismo deberás generar contar con una cuenta de Llave CDMX-Expediente de manera personal e intransferible en la página de www.llave.cdmx.gob.mx y realizar el registro de solicitud a través de la Plataforma del Programa Social Seguro de Desempleo 20025 en el siguiente enlace: www.tramites.cdmx.gob.mx/desempleo donde deberás adjuntar la documentación.

Cursos de capacitación

Adicionalmente, el programa contribuye con el desarrollo de habilidades para el empleo a través de cursos de capacitación, e implementa acciones de vinculación laboral como bolsas y ferias de empleo.

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Por Humberto Musacchio

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 09 de noviembre de 2025.- El asesinato del alcalde de Uruapan y la protesta generalizada de los michoacanos es una muestra, apenas una, de la insatisfacción popular. Si la primera responsabilidad de un gobierno es la seguridad de los ciudadanos, queda claro que, hasta ahora, las autoridades no han podido o no han querido poner orden. Ni lo pondrán, aunque quieran, si todo se reduce a tirar balazos.

Terribles momentos los que le han tocado a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien, al llegar a su actual cargo, encontró las arcas vacías, todas las obras del sexenio anterior sin terminar, una deuda pública que ya anda arañando los 20 billones de pesos, una economía hundida en algo menos que la mediocridad, 54% de la población económicamente activa en la informalidad, inseguridad en toda la República, presiones de todo tipo provenientes de Estados Unidos, pobreza y mil problemas más.

La doctora Sheinbaum culpa de la situación a periodistas que llama “comentócratas” y a Felipe Calderón, quien dejó la Presidencia hace 13 años. Si así fuera, los problemas tendrían pronta y eficaz solución. Pero el diagnóstico es equivocado. El principal responsable de la situación del país es Andrés Manuel López Obrador, quien renunció a la aplicación de la ley y, en lugar de eso, ofreció abrazos a los criminales.

Los periodistas pueden advertir problemas, estimar su alcance y, si se quiere, hasta proponer soluciones, aunque eso no está en sus deberes y generalmente tampoco en sus capacidades. De modo que nada se puede solucionar llamando al linchamiento de todos aquellos que discrepan del optimismo gubernamental.

Felipe Calderón fue un mandatario nefastísimo, pues militarizó el país dizque para combatir el crimen, pero puso al frente a un sinvergüenza que ahora purga una larga condena en Estados Unidos. Impuso a los militares deberes que no les corresponden y el resultado lo conocemos todos: la delincuencia no ha disminuido, siguen las matanzas y, día a día, crece el número de “desaparecidos”, como les llaman ahora a las víctimas que, vivas o muertas, son incineradas o sepultadas ilegalmente.

Policías municipales, estatales y federales, así como cuerpos militares o militarizados, hasta ahora, no han podido contener la criminalidad y cubre a la nación un aire de inseguridad, miedo y peligro cierto. De poco sirve detener a dos o tres capos y mandarlos a Estados Unidos para que allá los juzguen, lo que implica una renuncia del Estado mexicano a la impartición de justicia.

Pero hay algo peor. Centrarse en el combate y captura de los capos hace que sus lugartenientes se repartan el pastel, y donde había una mafia surgen dos, tres o más. Por supuesto, en la ley está la obligación de combatir la delincuencia empleando toda la fuerza y los recursos de que dispone el Estado, pero igualmente ha de buscar caminos políticos que eviten la reproducción aumentada de las pandillas y le resten a los malos base social, que la tienen y es amplia y poderosa.

El Chicago de los años veinte es un caso que cabe analizar en las condiciones del México actual. Eran los días de la prohibición y la producción, importación y tráfico de bebidas alcohólicas estaban prohibidos. Esa ley generó una corrupción generalizada entre los políticos y policías, beneficiados por el dinero que recibían de los gánsteres.

Como resultado, las medidas de fuerza, lejos de reducir el delito, promovieron que aumentara, hasta que Franklin Delano Roosevelt, una vez electo presidente en 1933, envió agentes confidenciales a pactar con las mafias —hoy diríamos cárteles— y, a cambio de que abandonaran las actividades criminales, les propuso amnistiarlos y que invirtieran sus fortunas en un lugar de Nevada donde los trenes se detenían para obtener agua. Así nació Las Vegas.

Para entonces, Al Capone ya estaba en la cárcel, de modo que él no se benefició del ofrecimiento rooseveltiano, pero la mayoría de los capos recibieron con buena disposición la oferta, pues ellos y sus pistoleros podrían tener una vida aceptable dentro del marco legal, lo que les permitió vivir en paz con sus familias y convertirse en poderosos hombres de empresa.

Los que no aceptaron fueron minoría y se les persiguió de manera implacable. ¿Podremos ver algo semejante en México?

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