• Son necesarios 350 mil millones de pesos anuales para garantizar un uso eficiente, equitativo y sostenible del recurso hídrico.

• La reforma debería incluir incentivos para mejorar la eficiencia del uso del líquido, especialmente en el sector agrícola, que consume 76% del inventario nacional.

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 10 de diciembre de 2025.- Expertos que integran el Consejo Consultivo del Agua, Agua Capital y la Red del Agua UNAM coincidieron en que es positiva para el país de la aprobación de la nueva Ley General de Aguas y las modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales, al considerar que el nuevo marco legal en materia hídrica, aprobado por el Congreso, siempre y cuando vaya acompañado de un presupuesto suficiente para materializar la intención de recuperar la rectoría del Estado y garantizar un uso eficiente, equitativo y sostenible del recurso.

Los expertos consideraron que las reformas establecen nuevas reglas, refuerzan la prevención de delitos hídricos y clarifican las facultades de la autoridad federal. Sin embargo, “no incluyen incentivos que hubieran sido muy pertinente incluir, para mejorar la eficiencia en el uso del agua, especialmente del sector agrícola, que consume 76% del recurso nacional”, estableció Eduardo Vázquez, director ejecutivo de Agua Capital.

Por su parte, Raúl Rodríguez, presidente del Consejo Consultivo del Agua celebró que el tema hídrico sea prioritario en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya que “no era una prioridad nacional en administraciones pasadas y ahora sí lo es. Son leyes que dan certidumbre, transparencia y orden en el uso del agua. Sin embargo, será necesario que se defina de dónde saldrán los recursos para poder cumplir con las metas que establecen tanto el Plan Nacional Hídrico, como las necesidades de infraestructura para este tema que tiene el país”.

Organismos internacionales como el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) establecen que los países deben invertir al menos 1% de su PIB en materia hídrica. En el caso de México, esto representa alrededor de 350 mil millones de pesos por año. Sin embargo, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 se destinó alrededor de 36 mil 200 millones de pesos, apenas 10% de esa cantidad, lo que resulta claramente resulta insuficiente para los fines de las leyes aprobadas.

Al respecto, Jorge Arriaga Medina, coordinador ejecutivo de la Red del Agua de la UNAM, subrayó que estamos viviendo lo que podría convertirse en la transformación jurídica más profunda del sector hídrico mexicano en más de una década, pues desde la incorporación del Derecho Humano al agua y al saneamiento en 2012, el país no había enfrentado una revisión tan amplia y compleja de su marco legal.

“Sabemos que no basta con tener una ley: necesitamos construir rutas claras para su implementación, fortalecer capacidades y dejar explícitos los derechos y responsabilidades de todos los usuarios. Solo así podremos avanzar hacia una verdadera  Seguridad Hídrica basada en equidad, sostenibilidad y responsabilidad pública”, explicó Arriaga.

Entre los puntos considerados positivos por los expertos destacan la incorporación explícita del derecho humano al agua como eje de la Ley; un enfoque más estricto para el uso y recuperación de acuíferos y el esfuerzo por ordenar la relación entre autoridades federales, estatales y municipales en materia de gestión.

En ese sentido, Raúl Rodríguez, presidente del Consejo Consultivo del Agua, advirtió que el país enfrenta un reto estructural que va más allá del diseño normativo: “México vive una crisis hídrica que no se resolverá sólo con una nueva Ley, y será indispensable fortalecer capacidades técnicas, presupuestales y de infraestructura para que cualquier reforma tenga efectos tangibles”.

Los expertos coincidieron en que el desafío con esta nueva Ley es lograr que las disposiciones legales se transformen en acciones efectivas de gestión, distribución, protección de acuíferos e infraestructura. Pues solo entonces podrá afirmarse que el país avanza hacia una gobernanza del agua más justa, moderna y sostenible.

En relación al reciente diferendo entre los gobiernos de Estados Unidos y México sobre la entrega de aguas fronterizas de acuerdo con el tratado binacional en la materia, los especialistas consideraron que el Gobierno de México está tomando cartas en el asunto como lo explicó la propia Presidenta Sheinbaum, para cumplir con en los plazos y términos contemplados en el propio Tratado, sin comprometer la disponibilidad.

Este tema, así como la aprobación de las reformas al marco legal en materia hídrica resaltan la importancia del trabajo coordinado entre sociedad, academia, sectores productivos y gobierno, para garantizar que sea efectivo el derecho humano al agua, en un contexto de justicia social y desarrollo para todos.

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AMEXI. Ciudad de México. 04 de diciembre de 2025.- Después de más de 24 horas de debate, cruce de acusaciones y connatos de violencia, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y particular, la reforma a la Ley de Aguas Nacionales y la nueva Ley General de Aguas, que prevé un catalogo de delitos hídricos.

El dictamen avalado por 324 votos a favor por parte de Morena, PT y PVEM, así como 118 sufragios con votos en contra del PAN, PRI, MC, considera 72 modificaciones a la iniciativa original de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Entre insultos y acusaciones

En un debate polarizado, plagado de insultos y acusaciones, la morenista María del Carmen Bautista acusó a un grupo de seis panistas de pertenecer a lo que llamó el “Cártel del Agua”, acaparadores del líquido en diversas entidades.

Dijo que según investigaciones, seis figuras del Partido de Acción Nacional (PAN), exgobernadores, exdirigentes e incluso un expresidente de la República, concentraron concesiones de agua, en Guanajuato, Querétaro, Jalisco y en Aguascalientes.

“¿Quieren los nombres?… Pues ahí les van: Miguel Márquez Márquez, exgobernador de Guanajuato; Luis Armando Reynoso Femat, exgobernador de Aguascalientes; Ignacio Loyola Vera, exgobernador de Querétaro; Francisco Javier Ramírez Acuña, exgobernador de Jalisco”, enumeró.

Desde la máxima tribuna de San Lázaro, la legisladora del partido guinda acusó también a Marco Cortes, expresidente del PAN, y a Vicente Fox, a quien calificó como el peor presidente en la historia del país.

“Todos ellos acapararon el agua bajo el argumento de uso agrícola, pero en realidad la vendían y construyeron un negocio multimillonario mientras millones de familias abrían la llave sin que cayera una gota de agua”, sentenció.

Olga Sánchez Cordero, en la lista de acaparadores

En respuesta, la diputada del PAN, Noemí Luna, arremetió contra Morena y los instó que cuándo hablen de explotación y sequía a manos de unos cuantos “¡voltéense a ver entre ustedes y véanse al espejo, porque no, no veo a Olga Sánchez Cordero –por cierto, no está aquí- quien sí acapara el agua!”

También reprobó que los legisladores oficialistas mientan al asegurar que la reforma fue consultada con los pueblos indígenas.

La panista reprochó que no hayan recibió a los agricultores que se manifestaron en las inmediaciones de la Cámara de Diputados.

“Aquí ¡ustedes mismos venían y, con caballos, entraban al Pleno! ¡Y ahora les da temor ver quien sí trabaja y a quien mantiene a la bola de holgazanes que se han cambiado de partido a partido, porque siguen siendo los mismos, los que tienen al sector campesino abandonado”, espetó.

Cártel del Huachicol de Agua de Morena

Mientras, los panistas exhibieron pancartas en el salón de sesión con las leyendas: “Acaparadora de agua”, con las fotografías de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, y del empresario Alfonso Romo; de Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (CADERR), y de la exministra Olga Sánchez Cordero.

En su participación, el panista Héctor Saúl Téllez, detalló que además de esos prominentes morenistas, están José López Beltrán, acaparador en Nayarit, Sonora, Guerrero, Quintana Roo.

Además, solicitó la renuncia del secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de México, Julio Berdegué Sacristán, por el desastre que hay en el campo mexicano.

Se atendió a agricultores: Monreal

Al presentar un paquete de 18 reservas, el líder de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que se atendió y escuchó a la gente de varios estados del país de distintos sectores.

Lamentó la desinformación en torno al dictamen que incluso, dijo, provocó la movilización de sectores del campo sin justificación.

Sobre el dictamen, dijo: “He visto, de verdad se los digo con honradez, bastante desinformación, incluso en varios legisladores y legisladoras que han llegado a atreverse a afirmar situaciones que no existen, que yo considero una especie de mito”.

Aclaró que es falso el mito del Fondo de Reservas de Aguas Nacionales que se va a usar para quitar el agua a la gente.

Pueblos originarios podrán impugnar ante la Corte

En respuesta, el líder de la bancada priista, Rubén Moreira, cuestionó que Monreal llame “mito” a las críticas, porque ello no significa que sean falsedades.

Advirtió que la reforma mantiene la negativa ficta en las concesiones y reprochó que no se consultó a los pueblos originarios, por lo que advirtió que cualquier comunidad indígena podrían reclamar la reforma ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Escala acusaciones a insultos y empujones

El debate polarizado, en el que participaron más de 220 legisladores en tribuna, escaló y derivó en insultos y empujones entre panistas y petistas.

No obstante, la Mesa Directiva llamó al orden, por lo que se calmaron los ánimos, pese a que en el discurso se mantuvo la dureza en acusaciones entre opositores y legisladores oficialistas.

¿Cuáles son las reservas presentadas por Morena y aliados, PT y PVEM?

• Ampliación de dos a tres años del plazo para solicitar la prórroga de una concesión
• Eliminar el requisito de disponibilidad de agua para emitir una nueva concesión cuando se venda una tierra
• Sanciones de dos hasta 14 años de prisión para servidores públicos que otorguen concesiones mediante cohecho
• Establece la pena mínima y máxima a quienes trasladen aguas nacionales con fines de lucro. Cuando el volumen sea menor o equivalente a 50 mil litros, la pena será de tres a cinco meses de prisión, y cuando el volumen sea mayor a 50 mil litros, de seis a ocho meses de cárcel

El dictamen se turnó al Senado de la República, donde se prevé la discusión de la minuta para este jueves.

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