EFE. Ciudad de México. 20 de julio de 2023.- Diputados del partido oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) presentaron este miércoles una demanda de juicio político contra los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México por su negativa a reducir su salario.

En la citada demanda aparecen los nombre de los ministros de la SCJN Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán y Javier Laynez Potisek.

Además de Norma Lucía Piña, Juan Luis González Alcántara, Margarita Ríos Farjat, Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Arturo Zaldívar.

En conferencia de prensa, el diputado de Morena Manuel Alejandro Robles anunció que junto a otros compañeros de bancada presentaron la demanda contra los ministros por la presunta violación sistemática del artículo 127 constitucional, al no bajarse el sueldo y lograr amparos.

Reducir los sueldos de los altos funcionarios del sector público fue una de las principales promesas de «austeridad republicana» que realizó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien impulsó la reforma legal para ello en noviembre de 2018, un mes antes de asumir la Presidencia el 1 de diciembre de ese año.

La Suprema Corte invalidó la reforma en 2019 tras controversias constitucionales promovidas por la Cofece, el Banco de México y el INE, pero el Congreso aprobó una nueva con modificaciones en 2021.

“En esta demanda se propone hacer conciencia en los ministros para que se sujeten a lo que dice nuestra Constitución, hay una definición que se tomó por parte del pueblo de México en 2018 y es precisamente que hay austeridad de parte de todo el servicio público”, expuso Robles.

El pasado 3 de julio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aclaró al Gobierno mexicano que los salarios de los ministros no podrán ser reducidos por actos provenientes de otros poderes.

Una semana antes, la nueva titular de la Secretaría de Gobernación (Interior), Luisa María Alcalde, pidió a la SCJN un informe sobre las acciones que ha realizado el máximo tribunal para cumplir con el mandato de que ningún funcionario gane más que el presidente mexicano.

“Las percepciones que reciben los ministros de la SCJN no pueden ser diferenciadas ni pueden ser disminuidas por actos provenientes de los otros poderes”, señaló la Corte en su informe.

Sin embargo, recordó que desde el 8 de enero de 2019, los ministros del Supremo mexicano decidieron reducir su salario un 25 %, al hacer uso de su autorregulación bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

Aunque la SCJN detalló que el artículo 94 de la Constitución mexicana establece que la remuneración de los juzgadores mexicanos no podrá ser disminuida durante su encargo y el 123 establece el principio de que “a trabajo igual debe corresponder salario igual”.

En México que los funcionarios o servidores públicos reciban un sueldo mayor al del presidente está prohibido por la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos que él reformó.

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EFE. Washington, Estados Unidos. 02 de marzo de 2023.- Activistas y abogados presentaron este jueves una demanda contra el Gobierno del presidente Joe Biden en una corte federal con el argumento de que no ha presentado registros sobre cómo se tramitan las solicitudes de alivio migratorio temporal para facilitar la entrada de inmigrantes por razones humanitarias.

La demanda ante el Tribunal Federal del Distrito de Masschusetts fue iniciada en Boston por el Proyecto Florence de Derechos de Migrantes y Refugiados (FIRRP) y el grupo Abogados por los Derechos Civiles (LCR).

La querella contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) indica que esas organizaciones, amparándose en la Ley de Libertad de Información (FOIA), solicitaron la documentación hace más de un año.

La documentación que piden los grupos se refiere al manejo del llamado «Humanitarian parole», una autorización de ingreso al país “por razones humanitarias o beneficio público significativo”.

FIRRP ha expresado su preocupación porque la CBP «no adjudica las solicitudes a tiempo y a menudo no completa el trámite de esas solicitudes», indicó un comunicado de las organizaciones.

«La autorización de ingreso por razones humanitarias salva la vida para muchos migrantes», afirmó Miriam Albert, abogada de LCR. «Pero hay muchos cuestionamientos significativos acerca de la forma en que la CBP toma decisiones sobre los pedidos».

Los demandantes alegan que en años recientes el marco legal de inmigración ha resultado en una erosión gradual de los derechos de asilo, empezando por los Protocolos de Protección de Migrantes (MPP) y el Título 42.

El MPP fue una política iniciada por el Gobierno del ahora expresidente Donald Trump por la cual los migrantes que buscaban asilo debían esperar en México la resolución de sus casos. Esa medida concluyó en agosto de 2022.

Muchos migrantes siguen sujetos a la aplicación de la norma sanitaria Título 42, que autoriza la expulsión inmediata en la frontera por razones de salud pública.

«Esta erosión ha dejado a los inmigrantes con limitadas vías para un alivio», según el comunicado. «Con las restricciones propuestas recientemente al acceso al asilo, la autorización de ingreso por razones humanitarias seguirá siendo una válvula de seguridad importante para personas en situaciones de emergencia».

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• Señalan responsabilidad de instituciones y de minera Ternium para lograr su liberación

• Hacen llamado a sanar tejido social y a remediar graves deficiencias del sistema de justicia agraria

• Movilización masiva de comunidades, organizaciones y ciudadanos en respaldo de sus demandas

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 19 de enero de 2023.- En una conferencia de prensa a la que se sumaron personas de diversos Estados, Ana Lucía Lagunes Gasca, hermana de Ricardo Lagunes, afirmó: “Demandamos al estado mexicano y cada uno de los actores estatales y locales pongan en acción todos los mecanismos a su alcance para recuperar con vida a Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, desaparecidos hace cuatro noches. Pedimos que la Fiscalía Genera de la República atraiga el caso, dada las limitaciones de las fiscalías estatales, y realice investigaciones y búsquedas exhaustivas, como las rutas que siguió la camioneta en la que iban Ricardo y Antonio y que el C5 de Colima, no ha brindado.”

“Señalamos asimismo que la empresa minera Ternium debe asumir su responsabilidad para la presentación con vida de mi hermano Ricardo Lagunes y Antonio Díaz; por ser el actor con más poder en la región y los impactos de su operación no solamente afectan al medio ambiente, sino al tejido social, generando conflictos y violencia. La empresa tiene relación con todos los actores locales, incluyendo los probables perpetradores de la desaparición.”

María de Jesús Ramírez Magallón, esposa de Ricardo Lagunes y originaria del municipio de Aquila, no pudo asistir a la conferencia de prensa, pero mandó el siguiente mensaje: “A las instituciones estatales y federales, además de localizar oportunamente a Ricardo Lagunes y a don Antonio Díaz, les corresponde resolver esta situación desde sus causas estructurales. El abandono, exclusión y desigualdad que mantiene a nuestras comunidades en la pobreza nos hace vulnerables a dinámicas de violencia y al deterioro de nuestros territorios. El objetivo final de defensores como mi esposo y el profesor Antonio es transformar esta realidad, pero a menudo las instituciones en lugar de coadyuvar, obstaculizan el trabajo que podría impactar en la justicia social. Es nuestro deseo que la búsqueda y presentación con vida de estos defensores sea el principio de acciones interinstitucionales para transitar al ejercicio pleno de derechos sociales, económicos, culturales y ambientales. Con ello, se podrían abrir procesos comunitarios de sanación del tejido social. A los captores de mi esposo Ricardo Lagunes les pido que lo dejen en libertad. Ustedes y yo compartimos el dolor de perder a un ser amado, pero no podemos sacrificar más vidas inocentes. Deseo asimismo expresar el agradecimiento de la familia a todas las personas, comunidades y organizaciones que se han volcado en apoyo a la liberación de nuestros familiares, y a la movilización comunal e intercomunal que está llevando a cabo acciones pacíficas en solidaridad con esta causa.”

María Dolores Lagunes Moreno, tía de Ricardo Lagunes Gasca, describió el lado humano de su sobrino: “Ricardo es una persona muy comprometida con las causas sociales. Desde su tesis de licenciatura, relativa a los derechos de los migrantes, fue fijando su trayectoria, siempre relacionada con la protección de derechos humanos y del medio ambiente. Para él es importante hacerse uno con la causa de la comunidad, con las personas que representa. Está convencido de que las personas, cuando son atendidas y acompañadas en sus problemas legales, cambian su forma de vivir y sanan su enojo con la vida, esto lo ha visto en su trabajo con comunidades en todo el país. Sufrimos mucho con esta situación, en especial por su hija pequeña, a quien aún no sabemos cómo explicar la situación.”

Brenda Díaz Valencia, hija de don Antonio Díaz Valencia, habló desde Morelia: “Mi padre es profesor en educación primaria, originario del municipio de Aquila. Actualmente es supervisor de la zona escolar 126 en el municipio de Villa Madero, y tiene un acercamiento destacado con maestros, padres de familia, y sobre todo con los niños. Nuestro padre siempre dice que lo más preciado son los niños y por ello busca de manera sana, el cariño y protección para niños y maestros. Su vida la ha dedicado al magisterio y a la comunidad indígena de San Miguel de Aquila. Fue presidente municipal a sus 21 años, tiene mucho respeto y admiración por su gente, un amor incondicional hacia su comunidad. Por su actitud de servicio, los comuneros le pidieron encabezar el Consejo Comunal, un órgano de suma importancia para la Asamblea comunal. Mi padre solo busca la protección y defensa de los derechos comunales desde hace muchos años, él solo vela porque su gente esté bien, tenga justicia. Mi padre es el hombre MÁS completo que puede existir, ya que jamás he conocido a otro ser con semejantes cualidades. Si yo volviera a nacer, le rogaría a Dios que TOÑITO DÍAZ volviera a ser mi PADRE.”

Julián Vázquez Guzmán, miembro de Defensa Legal del Sureste, agregó desde Chiapas: “Los mega proyectos de gran escala han sido impuestos en el territorio de comunidades indígenas implantando tensiones económico-políticas, tal es el caso de la comunidad nahua de Aquila, Michoacán. En esta comunidad las empresas han intentado imponer sus reglas por medio de múltiples estrategias. En este contexto la violencia hacia los defensores es parte de la violencia sistemática realizada por parte de poderes del Estado que no garantiza la libre determinación de los pueblos y por el contrario entorpece la defensa de los pueblos por medio de tribunales agrarios lentos que se ven sometidos a presiones de las empresas extractivistas, como el caso del Tribunal Agrario No. 38 de Colima. La representación legal de Ricardo Lagunes en la comunidad de Aquila protestó en diversas ocasiones por la inconstitucionalidad y arbitrariedad con la que se han venido imponiendo grupos minoritarios de comuneros con la tolerancia del Tribunal Unitario.”

Sergio Oceransky, de la Fundación Yansa, hizo un recuento de las numerosas muestras de solidaridad y apoyo recibidas desde todo el país y el extranjero, detalladas en el anexo 3 de este comunicado. Además de los bloqueos de carreteras llevados a cabo por comuneros en el límite entre Michoacán y Colima, numerosas comunidades que fueron acompañadas por Ricardo en la defensa del territorio han hecho llegar mensajes de solidaridad. Hasta el momento de la conferencia de prensa, la petición subida en la plataforma change.org había recabado 11,438 firmas, además de adhesiones de numerosas organizaciones nacionales e internacionales, varias senadoras y diputadas, organismos e instituciones internacionales tales como la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y del Alto Comisionado para las Naciones Unidas en México, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y varios relatores especiales, comités y grupos de trabajo de Naciones Unidas.

Como ejemplo de este apoyo, se realizaron tres intervenciones por parte de comunidades que Ricardo representa o ha representado en procesos de defensa del territorio.

Bettina Cruz Velázquez, de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT), señaló: “Los pueblos indígenas y comunidades agrarias también tenemos derecho a defender nuestra tierra y territorio por la vía legal, y el compañero Ricardo nos ha acompañado por esa ruta en el istmo de Tehuantepec, en la defensa del territorio lagunar ikoots/binniza, contra los proyectos eólicos de Mareña renovables y eólica del Sur, propiedad de empresas multinacionales como vestas , Mitsubishi, iberdrola, Gamesa. Demandamos su presentación con vida y la de Antonio Díaz.”

Trinidad Cisneros, a nombre de Defensores y Protectores del Futuro de Ixil, en Yucatán, agregó: “Ricardo ha apoyado a la comunidad de Ixil en la defensa del territorio y del medio ambiente, con su asesoría evitamos el despojo de 5300 hectáreas de tierras ejidales de uso común. Exigimos a las autoridades su aparición con vida y la del profesor Antonio Díaz”.

Carlos Yamá, del Colectivo Cantukún, en Kichil, Yucatán, añadió: “La falta de una justicia pronta y expedita, aunado al tráfico de influencias que existe en los tribunales agrarios, trae como consecuencias de inestabilidad en las comunidades, rompe el tejido social y abona para la violencia en diversas manifestaciones. Exigimos al Estado cumpla con su responsabilidad garante de los Derechos Humanos y sea presentado con vida los compañeros retenidos.”

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AP. Seattle, Estados Unidos. 08 de enero de 2023.- El distrito de escuelas públicas de Seattle presentó una demanda en contra de los gigantes tecnológicos que poseen a TikTok, Instagram, Facebook, YouTube y Snapchat, en un intento por exigirles cuentas por la crisis de salud mental entre los jóvenes.

La demanda se interpuso el viernes en una corte federal. La denuncia de 91 páginas asegura que las empresas de redes sociales han creado una molestia pública al enfocar sus productos en los niños.

Culpa a las redes sociales del deterioro en la salud mental y trastornos de comportamiento, incluyendo ansiedad, depresión, trastornos alimenticios y acoso cibernético; complicando las labores de educar a los estudiantes; y obligando a las escuelas a tomar medidas como contratar a más profesionales en salud mental, desarrollar planes de estudio sobre los efectos de las redes sociales y proveer capacitación adicional al personal docente.

“Los acusados han explotado con éxito los cerebros vulnerables de la juventud, enganchando a decenas de millones de estudiantes en todo el país en ciclos de retroalimentación positiva por el uso excesivo y abuso de las plataformas de redes sociales de los acusados”, indicó la demanda. “Peor aún, el contenido de los acusados creado y dirigido a la juventud a menudo resulta dañino y explotador”.

Meta, Google, Snap y TikTok no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios.

Si bien la ley federal — sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones — ayuda a proteger a las compañías de internet de la responsabilidad como resultado de lo que terceros publican en sus plataformas, la demanda argumenta que la medida no protege el comportamiento de las empresas en este caso.

“La parte demandante no arguye que los acusados son responsables de lo que terceros han dicho en las plataformas de los acusados, sino la propia conducta de los acusados”, indica la demanda. “Los acusados recomiendan de forma afirmativa y promueven contenido dañino a los jóvenes, como el contenido a favor de la anorexia y los trastornos alimenticios”.

La demanda asegura que entre 2009 y 2019, hubo en promedio un aumento del 30% en el número de alumnos del distrito de escuelas públicas de Seattle que reportaron haberse sentido “tan tristes o desesperanzados casi todos los días durante al menos dos semanas en fila” al grado que dejaron de hacer sus actividades habituales.

El distrito escolar está pidiendo que la corte ordene a las compañías dejar de crear molestias públicas, otorgar compensación, y pagar por educación preventiva y tratamiento por uso excesivo y problemático de redes sociales.

Si bien cientos de familias han presentado demandas en contra de las empresas por daños que han sufrido sus hijos a causa de las redes sociales, de momento se desconoce si otros distritos escolares han interpuesto denuncias similares a la de Seattle.

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Periodistas Unidos/Peninsula360press. Nueva York, Estados Unidos. 08 de didiciembre de 2022.- Mas de mil trabajadores del sindicato del medio, iniciaron una huelga en The New York Times desde el primer minuto de este jueves, la cual durará 24 horas, luego de que una renegociación del contrato colectivo de trabajo fracasara, en el cual piden un aumento salarial, entre otros temas.

«Los últimos 20 meses hemos pedido a la dirección del New York Times, una y otra vez, que negocie de buena fe un nuevo contrato sindical y que proporcione a los empleados nuestra parte justa de los ingresos que la empresa ha obtenido de todo nuestro duro y diligente trabajo. Sus respuestas nos han llevado a un paro de 24 horas», señaló el sindicato en una carta abierta a los lectores del diario.

En el texto, se destaca que el paro no fue una decisión tomada a la ligera y que «la lucha por garantizar un salario digno para los más vulnerables de nosotros y una remuneración justa para todos, por evaluaciones libres de prejuicios raciales y por proteger nuestra asistencia sanitaria tiene que ver realmente con el futuro del periodismo en The New York Times».

To our readers: We did not make this decision lightly. We are deeply committed to the success of the @nytimes. We also know that we produce our best work when we feel valued and are treated equitably. Thank you for standing by us today. pic.twitter.com/5Phd53ZeRP

— NYTimesGuild (@NYTimesGuild) December 8, 2022

Los trabajadores subrayaron que, sin esas protecciones y prestaciones, su periodismo se resiente mientras que su redacción se quedará rezagada respecto a las de sus competidores.

Aseguraron que la empresa puede permitirse invertir en sus empleados, pese al alarmismo de la dirección, pues la compañía está en camino de obtener un beneficio operativo anual de al menos 320 millones de dólares, y ha aprobado la recompra de 150 millones de dólares en acciones a los inversores.

«Esperábamos sinceramente que se evitara este paro, pero la dirección se ha negado a entablar una negociación intensa con nosotros para llegar a un acuerdo justo y evitar el paro», precisaron.

De igual manera, hicieron un llamado a los lectores a no consumir ningún contenido del medio mientras la huelga persista.

«Mientras los trabajadores del New York Times hayan abandonado sus puestos de trabajo, le pedimos que no participe en ningún contenido del New York Times en ninguna de las plataformas de la empresa, incluyendo leer y compartir historias, usar las aplicaciones de la empresa o jugar a juegos del New York Times como Wordle, Spelling Bee y los crucigramas».

If @NYTimesGuild members don’t have a deal soon, we’re asking readers to not engage in any @nytimes platforms tomorrow and stand with us on the digital picket line! Read local news. Listen to public radio. Pull out a cookbook. Break your Wordle streak. pic.twitter.com/gzQCL58ir7

— NYTimesGuild (@NYTimesGuild) December 7, 2022

Finalmente, detallaron que están comprometidos a conseguir el contrato sindical que todos los trabajadores merecen, «uno que realmente valore nuestro trabajo, y agradecemos su apoyo en esta lucha».

«Esperamos volver mañana a nuestros puestos de trabajo y seguir ofreciéndoles un periodismo excelente. Todo el mundo se beneficia cuando los trabajadores consiguen un trato justo, y por eso estamos luchando. estamos luchando», puntualizaron.

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Foto: Especial

•  Le envían una carta en la que advierten que la pandemia provocada por el COVID-19, sólo podrá contrarrestarse con todas las fuerzas del Estado Mexicano

Periodistas Unidos. Jalisco, México. 5 de junio de 2020.- Los gobernadores de Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas enviaron hoy una carta el presidente Andrés Manuel López Obrador para solicitarle un diálogo urgente, franco, real y abierto, pues advirtieron que la pandemia que tiene a México al borde de una de las crisis más profundas, sólo podrá contrarrestarse si es enfrentada por todas las fuerzas del Estado Mexicano.

Le refrendaron que se están ocupando en atender la crisis de salud en sus respectivas entidades, así como en realizar importantes esfuerzos para contener y salir delante de la crisis económica, pero sus recursos son escasos.

Por ello, los gobernadores le solicitaron al presidente un espacio de interlocución urgente, válido y directo en favor de sus estados y de México. Un diálogo “para exponer las consideraciones y acciones que, en conjunto, nos permitan encontrar el camino más adecuado para solventar las necesidades de las y los habitantes de nuestros estados”.

Los firmantes Miguel Ángel Riquelme Solís, de Coahuila; José Ignacio Peralta Sánchez, de Colima; José Rosas Aispuro Torres, de Durango; Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, de Guanajuato; Enrique Alfaro Ramírez, de Jalisco; Silvano Aureoles Conejo, de Michoacán; Jaime Rodríguez Calderón, de Nuevo León, y Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, reiteraron su compromiso de trabajar de forma conjunta en soluciones a los impactos de salud y las graves consecuencias económicas generadas por el coronavirus.

Reunidos aquí para como parte de su coordinación, comunicación y estrategia para atender la pandemia por el COVID-19, los ocho gobernadores dieron a conocer además un posicionamiento relacionado con los acuerdos alcanzados en esta ocasión.

Entre otros puntos, señalaron que las pocas reuniones virtuales que han tenido con los funcionarios federales no han sido útiles, porque no están autorizados para tomar decisiones, y sólo han servido para anunciar lineamientos y decisiones unilaterales ya tomadas, lo que evidencia que hoy no existe un mecanismo real de coordinación para atender la epidemia.

Agregaron que la ciudadanía ha sido muchas veces confundida por las múltiples contradicciones e imprecisiones en las que ha incurrido el vocero de la estrategia nacional en salud, y una muestra clara –expusieron- es la implementación equivocada del semáforo nacional, y su diferencia con los indicadores locales.

“La imprecisión y contradicciones de la autoridad federal en salud confundió a la ciudadanía y generó la percepción equivocada de que podían abandonar la cuarentena y salir a la calle partir del 1 de junio”, indicaron.

Consideraron que ello se reflejó en un incremento importante de la movilidad en los estados, hasta en un 30%, e informaron que ante el incumplimiento de la Federación para darles a conocer con anterioridad el semáforo nacional para poder ser revisado y retroalimentado, sus estados seguirán regulándose por semáforos locales en la estrategia regional que han denominado Nueva Convivencia Social.

“Somos un grupo de gobernadores electos democráticamente que nos resistimos a las políticas federales impuestas, porque consideramos que no atienden con recursos y solidaridad el fondo de las crisis de salud y económica que enfrenta todo el pueblo en nuestros estados”, indicaron.

Para concluir, consideraron urgente que ante las imprecisiones del vocero de la estrategia nacional en salud,  sea el Consejo de Salubridad General quien defina los lineamientos federales para la reapertura económica y social.

“Como autoridades constitucionales, los gobernadores nunca vamos a renunciar a la obligación y al interés legítimo de proteger a nuestra población, no vamos a permitir que nuestra gente muera sin haber hecho todo lo que esté a nuestro alcance para evitarlo”, puntualizaron.

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Foto: Cj Gunther /EFE

EFE. Washington, Estados Unidos. 17 de septiembre de 2019.- Estados Unidos demandó este martes a Edward Snowden por haber publicado su libro de memorias sin someterlo primero a una revisión de las agencias de inteligencia estadounidenses para las que trabajó, un paso con el que busca confiscar todos los ingresos procedentes de la venta de la obra.

El Departamento de Justicia informó en un comunicado de su demanda contra Snowden, que hoy sacó a la venta su libro «Vigilancia Permanente» («Permanent Record») en 23 países, entre ellos EE.UU., España, México, Colombia, Argentina, Brasil y Perú.

La demanda no busca «detener o restringir la publicación o distribución» del libro, pero sí «recuperar todos los ingresos ganados por Snowden debido a su fracaso a la hora de entregar su texto para su revisión previa a la publicación», indica el comunicado.

La acción judicial, por la vía civil, también afecta a «las entidades corporativas implicadas en la publicación del libro de Snowden», según el Departamento de Justicia, que toma esa medida «solamente para asegurar que no se transfiere ningún fondo a Snowden» mientras se resuelve el caso en el tribunal de EE.UU.

El texto de la demanda cita al grupo editorial responsable del libro en EE.UU., MacMillan, y a la matriz de la que depende, Holtzbrinck; pero no menciona a la española Planeta, que editó las memorias en español.

«Edward Snowden ha violado una obligación a la que se comprometió con los Estados Unidos cuando firmó acuerdos como parte de su trabajo en la CIA y como contratista de la NSA», dijo el fiscal general adjunto de EE.UU. para asuntos civiles, Jody Hunt, en el comunicado.

«No permitiremos que nadie se enriquezca a expensas de Estados Unidos sin cumplir con sus obligaciones de revisión previa a la publicación», agregó.

La demanda, presentada ante un tribunal federal en Alexandria (Virginia), alega que Snowden se comprometió a guardar los secretos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) estadounidenses en varios acuerdos que firmó cuando trabajaba para esas entidades entre 2005 y 2013.

Esos acuerdos obligaban a Snowden a permitir que esas agencias revisaran cualquier información que pretendiera publicar y que se basara en datos confidenciales «obtenidos como resultado» de su relación con la NSA y la CIA.

Las memorias de Snowden son un recorrido por su vida y no incluyen nuevas revelaciones respecto a las que ya publicó en 2013, cuando abandonó Estados Unidos cargado con 1,7 millones de documentos que revelaron al mundo los programas de vigilancia masiva de teléfonos e internet de la NSA.

Además de esta demanda civil, el Departamento de Justicia sigue acusando a Snowden de cargos criminales relacionados con la publicación de esa información hace seis años, y el extécnico de 36 años vive en Moscú en régimen de asilo temporal.

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Notimex. Oaxaca, México. 21 de agosto de 2019.- El Observatorio de Participación Política de las Mujeres de Oaxaca y el Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres, pidieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) investigar con el protocolo de feminicidios, el asesinato de la alcaldesa de San José Estancia Grande, Carmela Parral Santos.

La fiscalía estatal informó que, el pasado viernes, fueron localizados los cuerpos sin vida de la presidenta municipal, Parral Santos, y del delegado en la Zona de la Costa de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Hugo Castellanos Ortega.

Detalló que ambos presentaban disparos de arma de fuego y se encontraban dentro de una camioneta en la carretera federal 200, a la altura de la desviación al poblado de El Faisán, municipio Villa de Tututepec de Melchor Ocampo.

Tras los hechos, y a través de un comunicado, la FGE informó que la Vicefiscalía Regional de la Costa inició la carpeta de investigación 28148/FC0S/R10/2019 por el delito de homicidio.

Ante ello, el Observatorio, integrado por funcionarios del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), el Tribunal Estatal Electoral (TEEO) y de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca (SMO), condenó el homicidio de la munícipe y señaló que dará seguimiento permanente al caso.

En tanto, el Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres, exigió que el asesinato de la presidenta municipal de San José Estancia Grande, Carmela Parral, sea investigado como un feminicidio relacionado con el ejercicio de sus derechos políticos y no como homicidio.

“Si el abordaje de este asesinato es como homicidio, no se está cumpliendo todo lo establecido en los logros, como lo es la tipificación del feminicidio”, añadió Claudia Ramírez, integrante de la agrupación.

La alcaldesa de San José Estancia Grande era maestra y fue la primera mujer en reelegirse como presidenta municipal, postulada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

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Notimex. Ciudad de México. 21 de mayo de 2019.- Familiares de periodistas presos en Tamaulipas enviaron una carta abierta al presidente Andrés Manuel López Obrador y a funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob), en la que solicitan ayuda para que se les haga justicia a los comunicadores.

En la misiva exponen que hace un año y dos meses, tres familiares que se desempeñaban como periodistas en el municipio de Nuevo Laredo, fueron vinculados a proceso por el asesinato del periodista Carlos Domínguez Rodríguez, ocurrido el 13 de enero del año pasado.

De acuerdo con el escrito, en las investigaciones, que duraron un mes, se constató que el caso se manejó con fines políticos, se fabricó, y hay tres presuntos culpables, entre ellos Rodolfo Jorge Alfredo Cantú García, quien es tío del ex presidente municipal de extracción panista Carlos Canturosas Villarreal.

Dicha persona iba a contender por Morena en las elecciones a alcalde en 2018, pero ante el arresto de su tío, fue presionado y se vio obligado a renunciar a la candidatura, así como los empresarios de Zacatecas Adrián Montes Fernández y David Mejía Bravo, quienes el día del asesinato del comunicador estaban en su entidad de origen.

De acuerdo con las declaraciones de las autoridades estatales, las investigaciones se basaron en un testigo protegido, Juan Carlos Yáñez Osornio, exconvicto por el delito de secuestro, quien cobró una recompensa de dos millones de pesos a cambio de decir que él escuchó a los zacatecanos decir que ellos habían ultimado al comunicador.

El otro testigo amañado es Rosa Nohemí Martínez Álvarez, nuera del occiso, quien rindió cuatro declaraciones a la Procuraduría y cayó en contradicciones, dando versiones diferentes en cada una de ellas.

Por lo anterior, señalan al presidente que ya transcurrió un año y dos meses de angustia, de injusticias, “de ver a nuestros familiares en la cárcel, de ver cómo mancharon su reputación porque ellos son profesionistas”.

Gabriel Garza Flores, con 33 años de servicio en el periodismo; Luis Ignacio Valtierra Hernández, más de 21 años en los medios de comunicación, Juan Jesús González Zúñiga, quien realizaba sus estudios universitarios.

Destacan que “es muy triste para nosotros sus familiares ver como el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca los tomó como prisioneros políticos, por ello solicitamos su ayuda, porque todas las instancias de justicia han pactado con el gobernador y por presiones de Cabeza de Vaca no se han apegado a la ley a pesar de que las pruebas contra los imputados son débiles y sin fundamentos”.

Detallan que “hay información que se dio a conocer en medios de comunicación que indica que el director general de Juicios Orales de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, Natanael Castelan Iturria, proporcionó información al testigo protegido, ya que éste fue su cliente en un caso en el estado de Tlaxcala”.

Cuatro de los seis detenidos interpusieron amparo contra la vinculación a proceso, trámite que se realizó ante el temor de llegar a juicio, porque existe la seguridad de que el gobernador García Cabeza de Vaca presione a los jueces para que dicten sentencia condenatoria.

Ya hay orden directa del gobernador tamaulipeco y del procurador Irving Barrios Mújica que se sentencie a las seis personas vinculadas a proceso, sin importar las pruebas a su favor que presentan los imputados.

Recalcaron que el gobierno del estado, especialmente la Fiscalía especializada de Ciudad Victoria que está a cargo de la imputación, no ha querido tomar en cuenta carpetas de investigación relacionadas con el aseguramiento de vehículos en los que hallaron documentos personales de la víctima, así como la probable arma homicida.

“Para nosotros esto es un caso con tintes políticos, la carpeta de investigación es una aberración que fabrica culpables, es una farsa, como las que acostumbra a hacer el procurador Irving Barrios Mojica, quien ya lo hizo en Michoacán en el caso conocido como el ‘Michoacanazo’”.

También responsabilizaron al gobernador García Cabeza de Vaca de la muerte del periodista Gabriel Garza Flores, quien falleció el 14 de abril pasado, al no autorizar atención médica en el centro penitenciario; sufrió un infarto en las instalaciones del CEDES, fue trasladado en una camioneta tipo van, que carecía de lo necesario para una urgencia, y murió en el traslado al hospital.

Finalmente, en la carta ruegan a López Obrador “su ayuda e intervención en este caso, esto es político, los detenidos tienen ya un año y dos meses en prisión por un delito que no cometieron”.

La misiva, firmada por las familias Garza Vielma, González Zuñiga y Valtierra Hernández, está dirigida también a la titular de la Segob, Olga Sánchez Cordero, y al subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de esa dependencia, Alejandro Encinas Rodríguez.

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Foto: AP / Shizuo Kambayashi,

Notimex. Ciudad de México. 14 de febrero de 2019.- Al menos 13 parejas de homosexuales presentaron hoy demandas ante un tribunal de esta capital, al considerar que es inconstitucional que Japón no reconozca el matrimonio entre personas del mismo sexo, coincidiendo con el Día de San Valentín.

Las parejas, cuyas edades oscilan entre los 20 y 50 años de edad, decidieron presentar las demandas en los tribunales de distrito de las ciudades de Nagoya, Osaka, Sapporo y Tokio, publicó el diario The Japan Times.

En las demandas las parejas señalaron que es una violación de la Constitución el hecho de que los oficiales a cargo de emitir licencias matrimoniales rechacen las solicitudes de parejas del mismo sexo, lo cual les ha causado angustia emocional.

Reclamaron una indemnización individual de un millón de yenes (unos nueve mil dólares) «con una retención adicional equivalente al 5.0 por ciento de los daños reclamados hasta que se complete el pago, así como fondos para cubrir los costos de litigios incurridos durante el proceso», destacó The Japan Times.

El periódico indicó que «técnicamente no hay leyes en Japón que prohíban el matrimonio entre personas del mismo sexo».

Sin embargo, añadió, «los gobiernos anteriores han interpretado que la Constitución significa que los matrimonios entre personas del mismo sexo son ilegales, lo que hace que los municipios que actualmente manejan documentos administrativos rechacen tales solicitudes».

El diario precisó que «en la actualidad 10 municipios en Japón emiten certificados de parejas del mismo sexo».

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